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Uruguay: La ?inseguridad? como ideología dominante
Editorial Nº 1118, 4 de abril 2010
"Cuando quede abolida la propiedad privada, no habrá necesidad del crimen, nadie se interesará por él; dejará de existir."
(Oscar Wilde. El alma del hombre bajo el socialismo)
La “inseguridad” se ha constituido en uno de los ejes centrales de la política nacional, a tal punto que integra la cuarteta de temas sobre los cuales gobierno y oposición se proponen acordar. Seguridad, Energía, Medio Ambiente y Educación, son las estrellas de la película. El presidente José Mujica no se cansa de repetirlo: uno de los objetivos estratégicos de su gobierno es construir "políticas de Estado". Y la cuestión de la "inseguridad ciudadana" viene como anillo al dedo para juntar a los partidos que se ubican en la defensa del orden capitalista.
El consenso
La "inseguridad" ya es tema de la campaña electoral para las municipales de mayo. Blancos y colorados, por ejemplo, priorizan la cuestión. Javier De Haedo plantea que la IMM puede disponer de U$S 6 millones para que el Ministerio del Interior pueda contratar 800 nuevos policías. Ana Lía Piñeyrua tiene la idea de crear una guardia desarmada para apoyar a la Policía. Ney Castillo propone que la IMM pague al Ministerio del Interior por servicios policiales en lugares estratégicos como se hace en Maldonado. José Villar toma como referencia la experiencia chilena donde los municipios invirtieron en sistemas de alarmas para que los vecinos avisen al cuerpo de Carabineros (policía militarizada) si consideran que se está cometiendo un delito.
Como si esto fuera poco, el ministro de Seguridad de Israel en su reciente visita a Uruguay, recomienda al gobierno de Mujica considerar “a los delincuentes como terroristas”, utilizar la “tecnología de punta” como hacen ellos en la guerra contra el pueblo palestino, e “involucrar a la población civil en forma voluntaria” en la lucha contra la “delincuencia” (en Israel hay 70 mil “voluntarios” que ejercen tareas policiales).[i]
Desde los medios de comunicación se instala el bombardeo. Hay que lograr un consenso para derrotar a los mal vivientes y salvar el “bien común” (que por lo general se lo vincula a la propiedad privada). Desde la llamada “sociedad civil” (partidos políticos, sindicatos, corporaciones patronales, asociaciones barriales, Ongs, entidades religiosas, etc.), se acusa recibo. Unos y otros quieren poner fin al “flagelo del delito”, en especial los copamientos, los hurtos y las rapiñas. Es decir, todos quieren “mano dura”. Aunque disfracen el discurso.
El nuevo ministro del Interior, Eduardo Bonomi, hombre de confianza del presidente de la República, recoge el guante. Continuando y profundizando la política represiva iniciada bajo el mandato de Daysi Tourné.
El discurso hegemónico ha logrado hacer encauzar la “sensación de inseguridad” hacia la “delincuencia marginal”, los “jóvenes infractores”, los “drogadictos” y hacia todos aquellos que habitan los barrios más pobres. En ningún, este discurso hegemónico interpela las causas socio-económicas del problema: desempleo masivo, precariedad laboral, salarios de hambre.
La solución represiva avanza. Desde encerrar a prepo a los “drogadictos” como plantea Mujica, (ya se anuncia la presentación de un proyecto de Ley al parlamento por el diputado Semproni y otro por Lacalle Pou), hasta la expulsión y detención de personas que “tengan antecedentes y carezcan de trabajo y residencia fija”, como hizo la jueza Adriana Graziuso de Maldonado sustentada en la Ley de Procedimientos Policiales (aprobada en el gobierno de Vázquez por unanimidad), y en algunos artículos del Código Penal sobre "Vagancia, Mendicidad y Estados Afines" que está vigente desde 1941.[ii] Experiencia penalizadora que se quiere extender a todo el país.
La coerción
Fue Antonio Gramsci, quien intentó explicar que el Estado tenía una tarea educativa y formativa además de la coercitiva. Con el objetivo de asimilar a las masas populares en el continuo desarrollo del aparato económico de producción (capitalista). Era esa relación pedagógica, relación de hegemonía que tenía en mente Gramsci cuando destacaba tal tarea educativa y formativa del Estado.
Para ello, el Derecho cumple una importante función. Pero no solo como “dispositivo jurídico” que actúa por medio de sanciones legales. El análisis del marxista sardo tenía una concepción integral del Derecho que abarcaría también: “aquellas actividades que hoy son comprendidas con la fórmula de ‘indiferente jurídico’ y que son del dominio de la sociedad civil, que opera sin ‘sanciones’ y sin ‘obligaciones’ taxativas, pero que no por eso deja de ejercer una presión colectiva y obtiene resultados objetivos de elaboración en las costumbres, en los modos de pensar y de operar, en la moralidad, etc.” [iii]
La idea que Gramsci intenta desarrollar, es que la presión colectiva no deja de ser una forma de coerción. Y que la coerción se encuentra también en la “sociedad civil”, es decir que la violencia privada es coetánea y coextensiva a la violencia jurídico-estatal. Que puede tener como resultado la aprobación de leyes con profundo contenido represivo. Esta concepción abarcativa del Derecho no es el resultado de una abstracción mecanicista o de un fatalismo determinista sino de una determinada relación de fuerzas entre las clases sociales.
Es esta relación de fuerzas desfavorable que ha implicado un “giro conservador” en la sociedad. La pérdida de conciencia democrática se retroalimenta con la acción represiva del Estado.
La realidad
Según el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad dependiente del Ministerio del Interior el incremento porcentual de los delitos totales entre enero-junio de 2007 y 2008 fue del 4,7% y entre enero – junio 2008 y 2009 fue negativo -5,0%. Esta última cifra es resultado de un aumento de los delitos contra la persona; 3,9% y sexuales 7,7% y de una caída de los delitos contra la propiedad – 8,2% y el contrabando -12%.
Dentro de los delitos contra la persona los que más aumentaron son los homicidios 44,9% (138 en enero – junio 2008 y 200 en enero – junio 2009) y la violencia doméstica 10,2%. [iv]
El estudio del sociólogo Javier Donnangelo “La relación entre el desempleo y la criminalidad” publicado en el libro “El Uruguay desde la Sociología VI”, presentado en noviembre de 2008 en la Facultad de Ciencias Sociales, revela que en los últimos 17 años la evolución de la tasa de desempleo y las denuncias y procesamientos tanto de hurtos como de rapiñas forman dibujos similares. En términos técnicos “las variables se relacionan en forma positiva”.
Los enfoques dominantes colocan a la pobreza y al consumo de drogas como disparadores del delito. Al respecto, el psiquiatra y criminólogo Luis Bibbó director del Instituto Nacional de Criminología dice: “Una cosa es que en la población joven haya una alta presencia de consumo problemático. Pero el consumo problemático y la delincuencia tienen causas comunes. Lo mismo que lo lleva a consumir, lo lleva a delinquir. Pero no delinque porque consumió.” Y en relación a la incidencia de la pobreza añade: “Hoy el consumo y el placer son casi exigencias que nos alcanzan a todos y paralelamente aumentan la desigualdad y queda más expuesta. Ni la pobreza ni la droga, por sí solas, explican el delito y la violencia.”
El discurso dominante centra la problemática en el delito y el delincuente, cuando hay que centrarlo según Bibbó: “En la conflictiva social, vivimos en una sociedad en conflicto. Una forma de resolverlos es jurídica, construimos el delito, los delincuentes. Es una forma de mirar el problema. Otra forma es pensar que hay una sociedad con desigualdades y conflictos, que violenta a muchos que aparecen como violentando, que penaliza unas cosas y otras no. Pensemos en lo que pueden haber robado todos los que están en la cárcel más superpoblada del país comparado con lo que pueden haber robado los Peirano y lo que pagaron unos y otros.”[v]
También forma parte del discurso dominante la necesidad de bajar la imputabilidad a los menores de 18 años. El diputado Jorge Orrico desmiente este punto de vista. No es cierto que los jóvenes en nuestro país sean inimputables. Según el Código de la Niñez y Adolescencia un joven entre 13 y 18 años que delinque puede ser sancionado con penas que pueden llegar hasta la pérdida de la libertad por cinco años. Ni hablemos de las condiciones de esa reclusión. Desmiente también que el grueso de la violencia esté ligado a los delitos contra la propiedad. Según el diputado de Asamblea Uruguay, desde hace unos diez años los homicidios, el delito más grave, ronda los 207 en promedio. Entre el 85 y 90% de ellos se da entre conocidos los que en la prensa se publican “por cuestiones del momento” es la primera causa de homicidio, la segunda causa son por peleas familiares y recién la tercer causa está relacionada a otro delito como los robos.
El delito más violento en el país es la violencia doméstica. Se comete dentro de los hogares y las principales víctimas son los niños y las niñas de esos hogares. [vi] Según datos del Poder Judicial en 2007 los asuntos penales iniciados a adolescentes fueron un 4,5% (2.122) del total (44.342).
No obstante estos datos, una encuesta de Equipos Mori realizada en 2009 mostró que el 42% de los uruguayos está de acuerdo con reducir la imputabilidad penal a los 14 años y un 28% cree que hay que llevarla a los 16. El 24% manifiesta que debería mantenerse en los 18 años. [vii] Vale decir, que una mayoría de la población es favorable a la criminalización de los jóvenes. No importan las penosas condiciones de vida de cientos de miles de jóvenes y la ausencia de todo futuro decente: el estigma contra la delincuencia “infanto-juvenil” ha logrado imponerse. Con la complicidad del “progresismo”.
Por el contrario, Fernanda Albistur directora del Programa de Medidas Socioeducativas del INAU, demuestra que las penas alternativas a la privación de libertad son mucho más idóneas para la rehabilitación de los jóvenes. Y agrega un dato relevador: de los 300 jóvenes a los que se les están aplicando este régimen solo el 0,5% reinciden. [viii]
Mientras el “tejido social” no deja de fracturarse, los aspectos más conservadores y reaccionarios de la “opinión pública” no paran de manifestarse. Lo que alimenta (y justifica) las propuestas derechistas de Francisco Gallinal (blanco) y Germán Cardozo (colorado), en el sentido de bajar la imputabilidad a los 16 años, darle facultad al juez de decidir si a un joven entre 16 y 18 años se le puede aplicar el Código Penal, de aprobar una Ley Penal Juvenil para los jóvenes entre 16 y 18 años.
La represión
El Ministro Bonomi ha explicitado las líneas que van a orientar la política represiva del gobierno: “Está la del desarrollo de información de inteligencia, la inteligencia en el combate de estos delitos. No el policía uniformado sino el policía que no está uniformado y que uno no puede tener como punto de referencia porque no sabe que está ahí. El policía puede actuar porque está de otra forma, no está visible. Esto hay que desarrollarlo, nosotros tenemos planteado el desarrollo de la policía comunitaria, el desarrollo de la inteligencia y el fortalecimiento de los consejos ciudadanos de convivencia y seguridad, porque el problema no se soluciona si no es con participación de la ciudadanía; la policía de proximidad tiene que participar en esa mesa.” [IX]
Las prerrogativas de los policías aumentan. Según el nuevo director nacional de Policía Julio Guarteche los policías detectarán sospechosos utilizando “indicadores de comportamiento” como se está haciendo en Maldonado con absoluta discrecionalidad de los uniformados. Se pretende también modificar la Ley de Procedimientos Policiales para dotar a la policía de “verdaderas herramientas de prevención”, por ejemplo la “presunción de actividad pre -delictiva o preparatoria de un delito” [x] de una persona en actitud sospechosa, en especial los jóvenes.
El plan incluye el involucramiento de los vecinos por medio de Consejos de Vecinos o Mesas de Convivencia, la disposición del número de celular del comisario y de un formulario que entregarán a los policías comunitarios de la zona y que centralizarán las comisarías y las Jefaturas de Policía de cada departamento.
El complemento “lógico” es la política penitenciaria, todos proponen más encierro: construyendo nuevas cárceles y/o reciclando establecimientos militares que antes sirvieron como campos de concentración de la dictadura.
Las causas
La izquierda siempre vio el delito y la criminalidad ligada al orden social existente, y siempre privilegió combatir las causas del fenómeno. Entendía la sociedad burguesa como una sociedad criminal. Aunque se presente como una sociedad democrática, igualitaria, respetuosa de los derechos humanos.
Es decir, que la “inseguridad” tiene una base material. Que no se produce por un espasmo de la naturaleza ingobernable e irreductible. Como diría Marx, “la naturaleza no produce por una parte poseedores de dinero o mercancías y por otra, personas que simplemente poseen sus propias fuerzas de trabajo.” (El Capital, Tomo 1). Por los tanto, la “inseguridad” se produce, siempre, por políticas gubernamentales que producen efectos inhumanos a todo nivel y que expanden los miedos sociales que están presentes en la vida diaria de las personas.
No se puede entonces analizar la “inseguridad” por fuera del orden capitalista que la genera.
Como la serpiente que se muerde la cola, la solución represiva va a dar lugar a otra y a otra. Se reciclará cambiando de ministros y jefes de policía en tanto las causas socio-económicas se reproduzcan. Y el gobierno “progresista” es garantía de ello. Por la vía de un programa económico que reproduce la acumulación del Capital, la explotación del trabajo asalariado, y la defensa irrestricta de la propiedad privada. O sea, que reproduce todas las causas políticas, sociales y económicas de la pobreza, la “inseguridad” y la violencia social.
Notas
[i] Yizhak Aharonovitch. Entrevista en El País, 10/03/2010.
[ii] El País, 29/12/2009
[iii] Alvaro Bianchi, O Laboratorio de Gramsci. Alameda, Sao Paulo, 2008.
[iv] Observatorio Nacional sobre violencia y Criminalidad. Ministerio del Interior Julio de 2009.
[v] Luis Bibbó, entrevista de Alejandro Nogueira, diario El País, 17/08/2008.
[vi] Jorge Orrico entrevista en el programa Asuntos Pendientes de Radio El Espectador, versión en archivo de voz.
[vii] La edad de la polémica. Gabriela Vaz. El País, 14/03/2010
[viii] El País 16/13/2010.
[ix] Eduardo Bonomi, entrevista de Emiliano Cotelo en En Perspectiva, radio El Espectador, 29/12/2009.
[x] La convivencia en la mira de la Policía. El País, 28/03/2010.
