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Victoria popular: ¡Oswaldo Quispe en libertad!
Una vez más, la defensa llevada adelante por la Gremial de Abogados, junto a las organizaciones que se movilizaron, logramos frenar la persecución del estado peruano contra un luchador popular.
Las únicas pruebas que había remitido el estado peruano para sostener su acusación contra Quispe eran las declaraciones de los otros imputados, obtenidas bajo tortura en la dependencia de la DINCOTE (la Dirección Nacional contra el Terrorismo) más las de dos policías; aunque uno luego declaró no poder reconocer a ninguno de los acusados.
Hay que tener en cuenta que Perú adoptó, desde hace tiempo, la doctrina Garzón de “todo es ETA", reemplazando ETA por Sendero Luminoso, y que tiene legalizada la pena de muerte. Eso era suficiente para rechazar el pedido de extradición, y sin embargo, se le dio trámite. Oswaldo estuvo detenido más de ocho meses, tuvo que soportar que el juez que instruyó la causa fuese el mismo que lo juzgase, que rechazara prueba de la defensa, que en vez de resolver con las pruebas que estaban al momento del juicio, le otorgase 45 días al estado peruano para que mejorase su acusación…
A pesar de ello, ni el compañero Oswaldo, ni los compañeros que llevaron adelante la defensa, ni las organizaciones que formamos parte del Comité de apoyo y solidaridad con el pueblo peruano y los presos políticos, bajamos la guardia. Y finalmente, el juez en su sentencia, hubo de escribir que rechazaba el pedido de extradición “por razones de orden público y por considerar que no habían ofrecido suficientes garantías de cumplimiento de la normativa internacional que conforma el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, particularmente aquella contra la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos, así como la vinculada al respeto suficiente de las garantías judiciales”.
Es decir, lo que denunciamos desde el inicio: que Oswaldo era un perseguido político y que el estado peruano aplica la tortura.
Sabemos que el estado peruano seguirá llevando adelante su política de perseguir a los luchadores más allá de sus fronteras, de hecho aún está pendiente el caso del compañero Juan Manuel Laurente Carranza, abogado defensor de presos políticos en el Perú. En el caso de Juan Manuel, como en el de Oswaldo, consideramos que es una tarea de primer orden para las organizaciones obreras y populares ponerse a la cabeza de la defensa de los compañeros represaliados por el Estado burgués, independientemente de las diferencias tácticas y estratégicas que nos separen, y muy en particular teniendo en cuenta el contexto continental y global de avances represivos sobre los luchadores bajo la rúbrica de la 'lucha contra el terrorismo'.
Ahí esteramos para darle batalla y pelear por su no extradición, pero hoy estamos de festejo, Oswaldo está con nosotros, y sumará su fuerza para esa pelea.
