2021 en Argentina, pobreza, deuda, protesta

Lo que debería estar claro es que las respuestas contra el orden capitalista de desigualdad e injusticia no puede depender de los poderosos sino de “los de abajo”.

A principios de 2021 se pensaba que este sería el año del final de la pandemia. Como todxs sabemos, nada más erróneo que esa creencia. El Covid-19 registró nuevos picos. Y en nuestro país el año culminó con un nivel récord de contagios diarios.

El gobierno nacional puede ufanarse de que Argentina presente altos niveles de vacunación, con una mayoría que recibió dos dosis y una minoría no desdeñable que tuvo acceso a una tercera aplicación, a modo de refuerzo.

Primero el escándalo del llamado “laboratorio VIP” y luego la aparición de la famosa foto del festejo en la quinta de Olivos echaron una sombra [convenientemente aumentada por los grandes medios] sobre esos logros. Quedaron en duda la coherencia y sentido de la ética del presidente de la nación y de algunos de sus colaboradores. Un manto de desprestigio cuyos efectos el gobierno logró atenuar. sin que se diluyan por completo.

En tácita desmentida de los pronósticos optimistas que menudearon al principio de la dispersión mundial del coronavirus, el mundo se ha tornado más desigual y las ganancias de las corporaciones se incrementaron como pocas veces en la historia. Argentina no fue la excepción, al contrario.

Las medidas para aliviar la penosa situación en que la “cuarentena” y otros trastornos relacionados con el virus dejaron a buena parte de la población fueron retiradas o disminuidas apenas las restricciones comenzaron a levantarse. En el año que termina ya no hubo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y una política de reducción del déficit fiscal buscó recortar gastos.

Quedaron sí los efectos nocivos en los vínculos afectivos y la organización de la vida cotidiana, la educación y el bienestar psíquico. Éstos acompañaron al confinamiento y al justificado temor de enfermar e incluso morir por efecto del virus. Las respuestas de los poderes públicos al respecto fueron escasas.

A la hora de transferir alguna carga al sector más rico de la sociedad, el aporte extraordinario sobre las grandes fortunas fue proyectado en 2020 y pagado en 2021. Quedó como iniciativa un tanto solitaria hasta que sobre el final de este año el Congreso aprobó una suba de alícuotas aplicable a las grandes fortunas en el impuesto a los bienes personales.

La acertada actitud de los diputados de la izquierda de votar a favor de ese último proyecto desató las desmedidas iras de los medios del establishment, que reaccionaron como si estuvieran ante el preludio de una revolución social.

Para los dueños del capital, la crisis del covid fue una oportunidad más para defender a rajatabla sus intereses. Usufructuaron las compensaciones que dispuso el gobierno para la preservación de sus negocios e instaron todo el tiempo al total levantamiento de las restricciones a la actividad económica. Y prosiguieron con las presiones para aplicar su programa de máxima: Facilidades para despedir trabajadores, precarización generalizada y reducción del gasto público, incluido el “social”.

También apuraron al gobierno para acordar el pago de la deuda, con la apenas velada expectativa de que un acuerdo con el principal acreedor imponga condiciones que favorezcan sus intereses, como una reforma laboral o una restricción generalizada del gasto estatal.

Las negociación con el Fondo, en medio del sufrimiento

La gestión en búsqueda de un arreglo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), acreedor por 45 mil millones de dólares de un préstamo fraudulento e impagable se arrastró a lo largo del año. Mientras tanto, se propagaban fantasías sobre un “nuevo” FMI menos ortodoxo. También acerca de los supuestos efectos de la buena relación del ministro Martín Guzmán con la conductora del Fondo, Kristalina Georgieva.

También se ensayaron las posiciones “firmes”, como la de negociar la prórroga a 20 años del acuerdo a suscribir. O la eximición de las “sobretasas” que se cobrarían por el elevado importe del crédito tomado durante la gestión presidencial de Mauricio Macri. Todo fue esfumándose a lo largo del año.

No se arribó a ningún acuerdo y sobre el próximo mes de marzo se cierne la amenaza de un vencimiento de capital por 4.000 millones de dólares. A esa altura no habrá remanentes de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que proporcionó el propio FMI. Ni reservas líquidas en el Banco Central que permitan una erogación de tal magnitud.

El pronóstico se agrava si se toma en cuenta que el calendario de vencimientos previsto para el año entrante suma un total próximo a los 20 mil millones de dólares.

La acentuada zozobra del gobierno y sus partidarios tuvo una capitalización impiadosa por la oposición de derecha: Rechazaron de plano el proyecto de presupuesto para 2022. Más allá de las complejidades técnicas acerca de los efectos financieros de la prórroga obligada del presupuesto de este año, fue un serio golpe para el oficialismo.

Hubo recuperación económica, heterogénea y no acompañada por los ingresos populares, atosigados siempre por la elevada inflación. La que primero devora el poder adquisitivo de los sueldos. Y recién después da lugar a algún aumento compensatorio. El que sólo en los casos de sectores asalariados con elevado poder de negociación logra una equiparación con los índices de incremento de precios.

Todo en el cuadro de una pérdida de poder adquisitivo que tuvo su punto de partida a más tardar en 2018.

Es cierto que la tasa de desempleo disminuyó en el transcurso del último año. Los capitostes sindicales, siempre prestos a resignar derechos de sus “representados” no dicen nada sobre la muy baja calidad de la generación de empleos en los tres primeros trimestres del año. El 80% de los puestos incorporados son “informales”, sea en la modalidad de “trabajo asalariado no registrado” (en negro) o de “cuentapropismo” de bajos ingresos.

Entretanto, las cifras de pobreza por encima del 40% de la población ratifican que un crecimiento anual del producto bruto Interno que bordeó el 10% no redundó en mejora de los ingresos populares.

Las largas elecciones del 21

Todo el proceso electoral reflejó cierto hartazgo de la ciudadanía. La trivialidad de las campañas, pobladas de anécdotas irrelevantes y falsas sonrisas, remarcó el divorcio entre quienes aspiran a ser “representantes del pueblo” y el conjunto de los ciudadanos. Los mismos que sólo son convocados a votarlos para que la dirigencia pueda mantener su cuota de poder y sus privilegios.

Fue la fuerza que ejerce el gobierno nacional, como es lógico, la que sufrió el principal castigo por la incapacidad o falta de disposición para atender necesidades sociales acuciantes. Por cierto que incidieron las consecuencias de la pandemia, pero no fueron lo único determinante. Perdió más de cinco millones de votos en la comparación con las elecciones presidenciales de 2019. Y sufrió una aplastante derrota en las primarias.

Aliviar ese resultado adverso le costó un gran despliegue, sin que le alcanzara para evitar el deterioro de su representación en ambas cámaras legislativas, aunque mucho menor de lo esperado.

Otro dato saliente de los comicios fue el elevado índice de abstención. El porcentaje de participación electoral fue el más bajo desde la recuperación del sistema constitucional. Ello contribuyó a que la pérdida de sufragios de la coalición gobernante no se viera reflejada en un aumento de la votación a favor de la alianza opositora.

Las elecciones trajeron asimismo el dato de que, pese al incremento de la abstención, el “bicoalicionismo” sigue por el momento incólume. Entre “Juntos por el Cambio” (JxC) y el Frente de Todos (FdT) orillaron el 75% de los sufragios emitidos.

Son alianzas que mientras escenifican debates de aspecto encarnizado, tienen por encima de todo un acuerdo fundamental: El pago de la deuda y el pacto con el FMI como requisito para hacerlo viable.

El potenciado caudal de votos de la coalición de izquierda reveló en parte el descontento de sectores lanzados a la búsqueda de alternativas novedosas. También incidió a favor de esa alianza un discurso de denuncia conjunta a ambas expresiones mayoritarias, en medio del descontento generalizado.

No debe descartarse el aporte en el mismo sentido de la acertada selección de candidatos, más cercanos al perfil de los votantes que el grueso de los postulantes de las listas mayoritarias. La excelente actuación de Alejandro Vilca, indígena y recolector de residuos, marcó un hito inédito en la provincia de Jujuy, al norte del país.

Por su parte, la extrema derecha tuvo un crecimiento acentuado, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Los desafueros de su primer candidato, Javier Milei, no impidieron ese ascenso. Tampoco el perfil de la segunda en la lista, Victoria Villarruel, abogada dedicada al cuestionamiento a los juicios de lesa humanidad y a la reivindicación del accionar dictatorial. Un 17% en la CABA no marca una cifra relevante para el plano nacional. Pero es un toque de atención acerca del potencial de “ultras” como Milei de alcanzar repercusión entre lxs votantes.

El representante “ultraliberal” en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, logró un porcentaje de sufragios mucho menor que el de su par porteño, pero el número de votos distó de ser desdeñable.

Después de los comicios comenzó de inmediato la especulación para las elecciones presidenciales de 2023, con una nutrida ronda de posibles candidatos, sobre todo en el ámbito de la oposición de derecha. En el oficialismo el ritmo y variedad de las elucubraciones no fue tan febril. Acaso contribuyó a morigerarlas la difícil digestión de la derrota electoral.

Esa profusión de ambiciones en competencia ostenta un tinte de obscenidad para un conjunto social que tiene muchas y más que justificadas preocupaciones. Entre las que es notorio que no se cuenta la que pudiera provocar la próxima elección presidencial.

Ya son cada vez más generalizadas las acusaciones a la dirigencia política de que tiende a ignorar las necesidades de la sociedad. Valga como ejemplo, entre muchos posibles, el empeño desplegado en la provincia de Buenos Aires para modificar una ley que habilite más reelecciones para los intendentes.

Es difícil encontrar un adjetivo más suave que “desvergonzada” para calificar esa actitud. Lo que no obstó para que la aspiración fuera satisfecha mediante la aprobación de una ley provincial con esa finalidad.

Abusos y conflictos

Desde el lado de instancias gubernamentales y patronales, siguieron rampantes durante el año las acciones contra trabajadores y pobres. Las represalias hacia los más perjudicados continuaron a la orden del día.

La provincia de Buenos Aires fue uno de sus escenarios más frecuentes. Se cuentan allí desalojos de barrios precarios como el 1º de noviembre de La Matanza. O el de una empresa dirigida por sus trabajadoras y trabajadores, como la Cooperativa Nueva Generación de Wilde. Quedó expuesto el sesgo antiobrero y antipopular del poder judicial y también de funcionarios como el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, al que el “progresista” gobernador de la provincia mantiene en su puesto.

El 30 de diciembre un juez se expidió a favor del desalojo de una fábrica de alfajores cuyxs trabajadoras y trabajadores lograron en su momento rescatar su fuente de trabajo frente a un empresario estafador.

Volkswagen “rescindió el contrato” a 300 trabajadores el mismo 30 de diciembre. Habían sido tomados bajo la figura de un contrato temporario.

Esta modalidad fue implementada por la patronal con acuerdo del sindicato SMATA, en una muestra de las “reformas laborales” que los gremios más burocráticos acuerdan con los empleadores, modificando en contra de los asalariados la legislación laboral.

El sur del país fue en el año que termina un ámbito de conflictividad creciente; de protestas, y de acciones represivas como respuesta. Como ocurre desde hace unos años los empeños de las comunidades mapuche por recuperar tierras tuvieron una presencia continua.

El lof fue cercado por fuerzas policiales. La presencia de las fuerzas de “seguridad” no fue óbice para que en el interior del espacio recuperado ingresaran personas de civil que asesinaron a un miembro de la comunidad, Elías Garay Yem. La protesta y movilización para defender las tierras sigue adelante.

La muy reciente rebelión popular en Chubut marcó un límite a la impunidad de los gobiernos para ignorar sus compromisos. E intentar avasallar a una voluntad popular antiminera que ha tenido múltiples manifestaciones en esa provincia a lo largo de muchos años. Varios edificios públicos y un diario conservador fueron objeto de la ira popular, en la capital provincial.

La reacción inicial del gobierno local fue represiva, con el resultado de numerosos heridos. Tuvieron después que ceder y derogar la ley de habilitación de la megaminería que desató el conflicto. Un indudable triunfo popular que habrá que proteger de nuevos zarpazos “prominería”.

Foto de Radio Gráfica

Sobre el fin de año, esta vez en la provincia de Buenos Aires, comenzó a crecer la protesta por la autorización, emitida por el gobierno nacional, a la exploración petrolera off shore (en espacios marítimos), frente a las costas de Mar del Plata. Esto equivale nada menos que a realizar explosiones en inmediaciones de las playas de la ciudad.

 Al igual que en el caso chubutense, se manifiesta el choque entre la aspiración popular a la preservación del medio ambiente y los bienes comunes y la desenfrenada carrera gubernamental y empresaria para generar recursos exportables sin que ninguna consideración los detenga.

Una vez más, la pretensión de “honrar” con dólares “frescos” la deuda odiosa asoma en el horizonte inmediato.

Las perspectivas en tiempos de incertidumbre

El último mes del año marcó el momento de fuertes movilizaciones en contra del pago de la deuda y de rechazo al pacto en ciernes con el FMI. Destacó la jornada del 11 de diciembre, con una manifestación multitudinaria, llamada por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U). Se nuclearon allí diversos partidos y otras organizaciones de la sociedad civil, como la Autoconvocatoria por la suspensión del pago y la investigación de la deuda.

Quedó expresado el repudio a una política en la que coinciden los poderes fácticos y las fuerzas políticas predominantes. Lo que parecía un monólogo de los poderosos se quebró con esa irrupción. Habrá que ver la continuidad de esa lucha.

El vigésimo aniversario de la rebelión popular de diciembre de 2001 constituyó una ocasión propicia para múltiples reflexiones. En particular las centradas en que la paciencia popular es maleable, pero puede tener un límite. Sobre todo cuando se la somete a una retahíla de atropellos que parecieran no tener fin.

Algunos recordatorios también llamaron la atención acerca de que hace dos décadas la “clase política” sólo a duras penas consiguió escapar del extendido reclamo de “que se vayan todos”. Y eso gracias a una propuesta política imprevista, que tuvo la lucidez de adoptar como propias parte de las demandas de la movilización popular.

Prever que 2022 puede ser un año de elevado nivel de conflictividad no parece ser una hipótesis aventurada. El curso que sigan las confrontaciones económicas, políticas y culturales será fundamental para oponer un dique a la permanente ofensiva del gran capital, avalada y fortalecida por el grueso de las elites políticas y los grandes conglomerados mediáticos.

Otro cantar es el de la conformación de una alternativa política eficaz. La consolidación de una propuesta de izquierda es un dato relevante. Lo que no invalida la constatación de que la dispersión, las derivas “posibilistas” y las tentaciones sectarias siguen predominando en el vasto y heterogéneo campo del pueblo. La superación de esas circunstancias por vía del fortalecimiento de propuestas anticapitalistas es un requisito ineludible. Y resulta indispensable para habilitar una mirada que sea a la vez esperanzada y realista.

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