Amenazas de terroristas

Por parte del régimen narcoparaterrorista colombiano, encabezado por Álvaro Uribe Vélez. El presidente paraco pidió en días anteriores a la fiscalía colombiana que inicie un proceso judicial contra los integrantes del MCB por los supuestos delitos de concierto para delinquir y exaltación del terrorismo.

El general Freddy Padilla, Comandante de las Fuerzas Militares colombianas hizo público un pronunciamiento en el cual advertía a las y los integrantes del MCB de abstenerse de presentar el saludo del Comandante de las FARC-EP, Alfonso Cano, al Congreso Constitutivo de dicho movimiento, celebrado en Caracas, Venezuela los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2009. De igual manera, con tono desafiante, señalaba que en caso de que el MCB manifieste su apoyo a las FARC-EP, se considerará un delito puesto que lo que se estaría haciendo es avalar a un grupo “delincuencial”, “terrorista”.

La respuesta de la dirección del MCB fue contundente:

General:

Como un atrevimiento y una inútil amenaza de criminalización a nuestro naciente Movimiento Continental Bolivariano (MCB) valoramos su carta solicitándole a este Congreso Constitutivo no aceptar el digno mensaje del comandante en jefe de las FARC-EP a nuestro evento. En su infeliz comunicación usted además hace un uso descarado del chantaje.

No solo ratificamos orgullosamente la recepción de referido mensaje del comandante Cano, sino que además le recordamos que las FARC-EP forman parte de la diversidad revolucionaria de este movimiento y el Comandante Cano, como el fallecido y admirado comandante Manuel Marulanda Vélez, están integrados a su presidencia colectiva.

Los generales de horca y cuchillo, comprometidos con el narco-paramilitarismo y la guerra sucia no nos merecen el menor respeto, ni tienen la más mínima calidad para calificar a las fuerzas revolucionarias del continente.

Por su parte, el ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva Luján, ha expresado en reiteradas ocasiones que Venezuela se ha convertido en refugio de varios líderes de las FARC-EP, señalando además que los gobiernos que apoyen a dicha organización deben ser considerados como cómplices del terrorismo. Asimismo, Silva expresó que “si un país teme que las Fuerzas Militares de Colombia realicen un ataque similar al de la operación Fénix es porque reconocen la presencia de grupos al margen de la ley en su territorio”, lo cual constituye una seria amenaza de ataque a territorio venezolano, puesto que según los informes de inteligencia colombianos, Iván Márquez, miembro del secretariado de las FARC-EP, estaría refugiado en dicho país.

En días pasados un juez colombiano emitió una orden de captura contra el presidente alterno del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), el ciudadano venezolano Amílcar Figueroa, acusándole de haber incurrido en los delitos de apoyo a organización terrorista, concierto para delinquir con fines de secuestro, financiación de terrorismo y entrenamiento de grupos ilegales.

Como parte de esta campaña de persecución, el gobierno colombiano lleva adelante un sinnúmero de acciones contra Narciso Isa Conde, miembro de la presidencia colectiva del actual MCB, quien incluso se ha constituido en blanco de las fuerzas militares y paramilitares colombianas.

De igual manera, el régimen que gobierna desde el “paracio” de Nariño ha atacado a personalidades comprometidas con la concreción de acuerdos que encaminen a Colombia hacia un mejor destino, como son la senadora Piedad Córdoba y el periodista Jorge Enrique Botero.

La industria mediática ha respaldado las decisiones del régimen uribista, puesto que constantemente lleva adelante campañas propagandísticas contra las FARC-EP y sus integrantes, convirtiéndose en el instrumento adecuado para la manipulación de las personas respecto a lo que piensan sobre la organización revolucionaria colombiana.

Estos hechos concretos demuestran que el régimen narcoparaterrorista colombiano respaldado por los EE.UU., ha puesto en marcha abiertamente una campaña internacional para criminalizar, judicializar, perseguir y atentar contra quienes manifiesten su apoyo a la insurgencia y lucha revolucionaria en Colombia. Sólo basta recordar la captura del académico Miguel Ángel Beltrán en México, la solicitud de extradición de Lucía Moret, sobreviviente del ataque criminal perpetrado contra el campamento de Raúl Reyes en Angostura, así como la detención en España de Rosario García Albert por su presunta colaboración con las FARC-EP.

Tras el golpe militar perpetrado por los gorilas del ejército chileno, comandado por el criminal Augusto Pinochet contra el gobierno socialista del presidente Salvador Allende en 1973, se puso en ejecución un plan conjunto con las dictaduras del cono sur, la CIA y los servicios de inteligencia del mundo entero para perseguir a las y los revolucionarios que se enfrentaban a esos regímenes criminales. El secuestro, las detenciones ilegales, la extradición, el encarcelamiento, la tortura, las desapariciones fueron las acciones llevadas a cabo por las fuerzas represivas contra toda persona considerada enemiga de las dictaduras y de formar parte de organizaciones revolucionarias de izquierda.

Hoy, con el pretexto de defender la democracia, el régimen criminal uribista tiene el mismo objetivo político que el que se trazaron los dictadorzuelos en América Latina en la década de 1970 con el Plan Cóndor: desmovilizar a las organizaciones populares, paralizar a los colectivos en base al terror ejercido por las fuerzas represivas y socavar las bases de apoyo a los movimientos revolucionarios, en armas o no, mediante la criminalización de cada una de las actividades que se lleven a cabo como parte de la solidaridad internacionalista con esos movimientos.

El narcoparamilitar vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, acuso a las fuerzas revolucionarias aglutinadas en el MCB de pretender implantar un totalitarismo en la región, atentando contra la “democracia”, por lo cual pidió tomar acciones judiciales contra sus integrantes, a la vez que solicitó se proscriban esos movimientos.

Los mafiosos que gobiernan Colombia acusan al MCB de ser el brazo político de las FARC-EP, desconociendo que esa agrupación revolucionaria es no sólo un ejército del pueblo, sino una organización política que tiene sus propias estructuras para llevar adelante su tarea ideológica como el Partido Comunista Clandestino Colombiano y el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. El MCB se nutre en ese sentido de esa experiencia valiosa de lucha, llevada a cabo con firmeza revolucionaria a lo largo de cincuenta años y que se expresa en el ejemplo combativo del Comandante Manuel Marulanda Vélez.

La captura de Simón Trinidad, en enero de 2004 en Quito, así como el secuestro de Rodrigo Granda, el 14 de diciembre de 2005 en Caracas, son otros hechos que confirman que el gobierno colombiano tiene un plan internacional de persecución a las fuerzas revolucionarias y sus bases de apoyo, plan que no contempla, de ninguna manera, el respeto a la normativa jurídica internacional, como lo evidencian los hechos señalados, así como el ataque a territorio ecuatoriano y las amenazas de ataque contra territorio venezolano vertidas directamente por el actual ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva Luján.

En este contexto se hace necesario señalar:

* Que el terrorismo emana de un régimen criminal, corrupto, enquistado hoy en la Casa de Nariño, cuyo principal representante es el narcotraficante número 82 del cartel de Medellín, el mafioso Álvaro Uribe.

* Que el terrorismo de Estado es causante de los crímenes más execrables contra el pueblo colombiano, hechos cometidos tanto por las fuerzas militares y paramilitares de ese país puestas al servicio de la oligarquía santanderista y de la política genocida del imperialismo yanqui. Más de 300 mil asesinatos han sido cometidos por los paramilitares que, lejos de desmovilizarse, hoy actúan bajo otras denominaciones como las Águilas Negras. De igual manera, el ejército es responsable de la matanza de campesinos para hacerlos pasar por guerrilleros, crímenes en los cuales están involucrados altos oficiales de esa institución castrense.

* Que la violencia en Colombia tiene un origen histórico, la misma que tiene que ver con la aplicación de métodos crueles por parte de la oligarquía colombiana para mantener su poder y las relaciones de explotación a las que han sometido a la clase trabajadora colombiana, tanto en el campo como en las zonas industriales. Según un informe de la FAO el 49,2% de la población de Colombia es pobre, la pobreza extrema alcanza el 14,7%, lo que equivale a 7,4 millones de personas viviendo en la indigencia. En la zona rural la situación todavía es peor, elevándose a 60% los hogares que viven por debajo de la línea de pobreza. En el mundo, Colombia ocupa el tercer lugar entre los países con mayores desigualdades económicas y sociales.

* Que los EE.UU. son responsables directos de la situación político-militar que vive Colombia, país al que consideran parte de su patio trasero, el mismo que constituye para los intereses imperiales una zona geoestratégica importante para mantener la vigilancia y control del continente, además de ser una nación rica en recursos naturales muy apetecidos por el “águila del norte”. La instalación de bases militares en territorio colombiano así lo evidencia, lo cual además confirma la política entreguista, rastrera y servil del régimen uribista que con ello ha permitido que el imperialismo yanqui convierta a Colombia en su colonia.

* Que la industria político-mediática de la mentira juega un rol fundamental para la consolidación hegemónica de la oligarquía colombiana y el imperialismo que, con el pretexto de defender el orden institucional y la democracia, llevan adelante una política genocida contra el pueblo colombiano, la cual se hace evidente con la aplicación de la denominada Doctrina de Seguridad Democrática. Los medios no disimulan su alegría por cada acción efectiva llevada a cabo contra las fuerzas revolucionarias colombianas. Ellos son el instrumento de propaganda necesario para crear una imagen desfavorable de la insurgencia.

* Que la existencia de movimientos revolucionarios armados en Colombia es la respuesta legítima del pueblo frente a la violencia ejercida por las clases explotadoras, el imperialismo yanqui y las transnacionales capitalistas. El derecho a la resistencia y a la rebelión armada es la única alternativa que la oligarquía colombiana ha dejado a un pueblo al que pretenden masacrar o someter totalmente, dejándolo sin ningún mecanismo de defensa.

* Que, de ninguna manera, las fuerzas progresistas, de izquierda, verdaderamente revolucionarias en el mundo pueden internalizar y hacer suyo el discurso de los poderosos que condena la lucha de los pueblos y sus métodos legítimos para hacerle frente a las fuerzas opresoras, explotadoras. Las organizaciones, los movimientos revolucionarios deben contar con el apoyo decidido de los colectivos sociales. La internacional del crimen y el terror no está representada en esas fuerzas, sino por el Pentágono, la CIA, la DEA, el FBI, la Interpol, el Mossad y la OTAN.

* Que los pueblos no tienen porque pedir permiso o justificar sus acciones frente a criminales como Uribe, Padilla o Santos. Es un derecho fundamental y una necesidad el que los colectivos sociales, frente al embate que sufren por parte de las fuerzas de la reacción, se autoorganicen y combatan para cambiar el orden establecido, mediante la aplicación de cualquier forma de lucha, siempre que ésta esté apoyada en un amplio movimiento de masas.

El imperialismo y las oligarquías criollas tienen miedo a la unidad de los pueblos y sus organizaciones. La consigna bolivariana de “unidad, unidad y unidad”, materializada en la práctica, pone a temblar a las clases que históricamente han detentado el poder bajo el capitalismo. Saben y están conscientes de que unidos los pueblos son mucho más fuertes, mientras que separados son débiles y fáciles de someter.

Por ello, frente a la constitución del Movimiento Continental Bolivariano, empiezan a buscar y a poner en ejecución todos los mecanismos a su alcance para someterlo.

Claudicar ante el chantaje que pretenden imponer mediante la judicialización de quienes integran el MCB, significaría una derrota inminente de las fuerzas revolucionarias no sólo del continente, sino de otras regiones del mundo.

El MCB nació para crecer como una fuerza internacionalista, en la que se conjugan diversas organizaciones políticas, revolucionarias, insurgentes; sin dogmas, ni sectarismos. Por el contrario, el arma de la crítica constituye un instrumento necesario para fortalecer el movimiento, sin caer en la trampa de que con sólo este instrumento se puede derrotar al sistema capitalista y las clases que detentan el poder.

Ante los ataques y la criminalización a la que pretenden someter los terroristas del régimen colombiano y estadounidense a las y los integrantes del MCB, hay que responder con mayor entrega a la causa de la revolución, practicando la solidaridad internacional con todas y todos aquellos que sean objeto de persecución por parte de la internacional narcoparaterrorista del crimen organizado, dirigida desde la Casa Blanca y desde el “paracio” de Nariño.

En este sentido es importante el fortalecimiento de las diversas redes de acción y sobre todo de los medios revolucionarios para hacerle frente a la intoxicación y manipulación ideológica de falsimedia.

¡Con Bolívar y nuestros héroes!

¡Victoria absoluta o nada!

La Haine