Anulación de las sentencias contra Lula: impacto en Brasil y la región

El 8 de marzo de 2021, un juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, anuló todas las sentencias dictadas contra el expresidente Lula da Silva en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato. La decisión apunta al menos a cuatro procesos judiciales que habían estado a cargo del entonces juez Sergio Moro, quien es ahora señalado por haber obrado más allá de la “competencia jurídica” requerida para analizar esos casos. Esta situación abre numerosos interrogantes sobre los procesos de lawfare en la región; aquí compartimos algunos.

¿Es un golpe al lawfare?

Es un golpe a uno de sus objetivos, esto es, el objetivo de ubicar a una figura clave de la escena política brasileña, Lula, lejos de la competencia política. Ese objetivo se cumplió en su momento; ahora se revierte. Según los juristas que han analizado la resolución de Fachin, que supuso la anulación de los juicios contra Lula por no ser el juez natural para dichos procesos, no hay argumentos jurídicos para volver a insistir sobre esas mismas investigaciones. La resolución es firme; por supuesto, tendrá más fuerza eventualmente si el plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) confirma la posición (aunque no es obligatorio).

Lo fundamental es que los derechos políticos serán definitivamente restituidos el año que viene, cuando habrá elecciones presidenciales. El escenario político brasileño vuelve a rediseñarse, con un espacio progresista que gana cuerpo y proyección con la vuelta de Lula, luego de tres elecciones consecutivas en las que el mapa político-electoral se corría cada vez más a la derecha.

¿Este hecho significa que las condenas injustificadas tienden a ser desarticuladas?

Aquí tiene importancia comprender la naturaleza del lawfare como un tipo de guerra jurídica que para su desarrollo requiere de ciertas instrumentaciones; por ejemplo, las presiones mediáticas para crear determinados “momentos políticos” funcionales a la desestructuración y desprestigio de una figura o un espacio político.

Pero también puede ser el conducto por el cual se desarma la arquitectura diseñada. En ese sentido, hay que comprender la resolución del ministro Fachin como parte de esa evolución de gran desprestigio en el que fue cayendo el Lava Jato. Este desprestigio viene siendo construido por la Corte Suprema desde hace tiempo: a partir de junio del 2019, cuando se dieron a conocer públicamente miles de comunicaciones del Lava-Jato, elocuentes de una promiscuidad entre el juez Sergio Moro, los fiscales, la Policía, los “americanos” (como está en las transcripciones), no hubo forma de ocultar ni las irregularidades flagrantes de las investigaciones ni las arbitrariedades de las sentencias. El “Vaza Jato” –como se conoció dicha filtración de mensajes– difundida inicialmente por el sitio The Intercept, fue el punto de inflexión y el agrietamiento de todo el cerrojo que se le había armado al Caso Lula. En ese sentido, la definición de Fachin quizás tuvo más que ver con ese progresivo desprestigio social al que fue expuesta la operación Lava Jato (que se reforzó cuando Moro asumió el Ministerio de Justicia con Bolsonaro).

¿Esto significa que Lula es inocente? ¿Será investigado por otro juez? ¿Qué pasará con Moro?

Los procesos pasan ahora a otro juzgado –en Brasilia, no en Paraná- y serán revisados por otro juez que puede aceptar las denuncias o absolverlo sumariamente. Según los juristas que han analizado la situación, es muy poco probable que el juez asuma como válidos los actos. Hay que tener en cuenta que Fachin no se expidió sobre el mérito de los procesos –cuatro en total: uno vinculado al famoso “Tríplex de Guarujá”, otro a una chacra en Atibaia, en San Pablo, y dos relacionados con el Instituto Lula– aunque la inocencia de Lula está cada vez más próxima a ser asumida por la propia Justicia brasileña. Por su parte, el Sergio Moro, hoy dedicado a la asesoría de algunas empresas que, gracias a la Operación Lava-Jato, tuvieron que quebrar, quedó liberado -según Fachin- de las presentaciones sobre su actuación (al negarse sus sentencias).

Pero eso no lo deja completamente exceptuado de otras posibles imputaciones por actuación (salió también ayer un manifiesto suscrito por personalidades de varios ámbitos pidiendo su enjuiciamiento). En el medio de la peor fase de la pandemia en Brasil, la noticia de la anulación de los procesos a Lula aparece como la punta del iceberg que permita desentrañar las perniciosas dinámicas desestructurantes del Estado Democrático de Derecho.

¿Por qué ahora se le (con)cedería a Lula la posibilidad de ser candidato a presidente en las elecciones de 2022?

El Gobierno de Jair Bolsonaro ha alcanzado una grave pérdida de legitimidad nacional e internacional. Dos de los tres poderes estatales han quedado exhibidos por la incompetencia en sus funciones de gobierno: el Ejecutivo ha tenido una nula respuesta frente a la crisis sanitaria de la pandemia, siendo el país americano con mayor número de contagios y muertes por Covid-19, tan sólo por detrás de EEUU, además de cargar con la irresponsabilidad de la deforestación desmedida en la Amazonia brasileña, lo que resultó en una de las peores cadenas de incendios en la historia. Mientras tanto, el Poder Judicial quedó evidenciado por su parcialidad en el caso contra Lula, poniendo en cuestión el funcionamiento del Estado de Derecho en Brasil.

Tampoco las FF. AA. gozan de buena reputación en este momento. Con las declaraciones irresponsables de Bolsonaro que las han implicado, así como con la reciente publicación del libro “Villas Boas: conversación con el comandante”, los militares han quedado muy expuestos como posibles tutores políticos del Ejecutivo.

¿Qué significó la pérdida de legitimidad de Brasil en América Latina?

Desde el cambio de régimen que se concretó mediante el lawfare que hizo posible el golpe de Estado de 2016, la política exterior brasileña abandonó la cooperación sur-sur en América Latina, promoviendo la sustitución de la Unasur por una propuesta de corte derechista encarnada en el Prosur.

También adoptó un rol autoritario, realineándose a EEUU y la OEA, lanzando declaraciones favorables al golpe de Estado en Bolivia y expulsando a la brigada de médicos cubanos de Brasil. Respecto a Venezuela, la gran potencia petrolera, decidió entrar en confrontación para buscar el monopolio en el mercado regional de petróleo, logrando erigirse como primer país productor y exportador en América Latina. Además, en plena crisis pandémica de 2020, recurrió a la competencia desleal con la OPEP, aprovechando la disminución en la demanda del recurso para romper su récord histórico de exportación y acaparar mercado.

¿Qué escenario geopolítico podría abrirse con el retorno del PT al Gobierno en 2022?

A diferencia de las elecciones de 2018 en Brasil, actualmente asistimos a una reconquista de gobiernos progresistas en América Latina, especialmente en países ricos en recursos estratégicos como el petróleo y el gas: AMLO en México, Fernández en Argentina, Arce en Bolivia y todo apunta a la victoria de Arauz en Ecuador. Un eje común en los gobiernos progresistas latinoamericanos es la búsqueda de mayores márgenes de autonomía y el apego a los principios de multilaterlismo y libre determinación de los pueblos, lo que hace contrapeso a la injerencia de EEUU en los asuntos nacionales de los países de América Latina.

La llegada de Biden, por un lado, desdibuja la alianza retórica o real Trump-Bolsonaro, a la vez que legitima estrategias de poder blando (soft power) que incluyen la lucha contra la corrupción, que implicarán nuevos desafíos. Como hipótesis, se podría decir que un retorno del Partido de los Trabajadores a la presidencia podría restituir legitimidad al Estado brasileño y sus maltrechas instituciones, así como la legitimación de su política exterior y la recuperación de su liderazgo regional. Ello, sin duda, sería un elemento central en la reconfiguración geopolítica que parece abrirse camino en América Latina.

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