Aporte de las grandes fortunas. Una buena noticia, nada que festejar

Tras una espera que se hizo más larga que esperanza de pobre, el martes 17 se empezó a tratar en el Congreso el proyecto de ley al que pusieron de nombre “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia”. La resistencia por parte de quienes deberían pagarlo y de la gran mayoría de las cámaras empresarias fue férrea, demostrando una vez más su clara conciencia de clase así como su decisión de no abrir la puerta a otra posibilidad que no sea la de que el pueblo pague la crisis.

La Mesa de Enlace, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, con sus medios masivos como Clarín o La Nación, utilizaron sus clásicas “artillerías”, incluyendo movilizaciones callejeras, para impedir que avanzara el proyecto. La presencia de la palabra “solidario” en el proyecto dividió aguas en el “sector productivo”, entre quienes desconocían su significado y quienes se sintieron ofendidos de que los pudiera tildar con tal adjetivo.

Presentado ya hace largos meses, todo hacía prever que este proyecto de Ley tendría el mismo destino efímero que otras iniciativas que despertaron la expectativa popular, como la intervención de Vicentín para avanzar a la soberanía alimentaria, la investigación de la deuda externa, la recuperación de salarios y jubilaciones, la posibilidad de una renta básica universal o la implementación de un IFE de $10 mil mensuales que terminó siendo de menos de 4 mil (con 3 pagos en 8 meses) y del que se anuncia su desaparición.

Finalmente, tras negociar condiciones impuestas por el empresariado, esta vez pareciera que se tratará y probablemente aprobará el proyecto de Ley.

Que la tortilla se vuelva…

La sanción de este proyecto suena a buena noticia en un país donde gran parte de los impuestos los pagamos quienes menos tenemos, comenzando por el IVA o el impuesto a las ganancias de lxs asalariadxs. Aunque más no sea y más allá de otra consideración, porque esta vez no nos toca poner a los de abajo. Esto no es menor, en un país donde el “sentido común” indiscutible es que planes económicos y subsidios deben enfocarse en el empresariado con la esperanza de que alguna vez se “derrame” algo, mientras lo poco que fluye hacia el pueblo es tildado de alentar “vagos” y “morochos”.

Si de algo nos puede servir el debate de esta ley a los sectores populares –debate en el que nadie nos incluyó- es para incorporar al imaginario popular que es posible y deseable, como cantaban los Quilapayún, “que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda”. Esta resulta una interesante puerta entornada, aún sin pretenderlo, por el proyecto de ley.

Pero no parece ser éste el objetivo del gobierno al habilitar el tratamiento de la ley. Tampoco parece ser un mero disfraz para ocultar el ajuste. El gobierno sabe que el pueblo no es tonto y que no hay jubiladx o trabajador que no se percate que nos están ajustando. Alcanza con ir al “chino” o a la verdulería para despabilar a cualquier distraídx. De ahí la proliferación de análisis justificatorios esgrimidos por funcionarios y periodistas adictos en estos días.

No existe ley, por más expectativas que despierte, que pueda ocultar esta realidad. Mucho más probable es la desesperación del gobierno por obtener fondos –dada la magnitud de la crisis que achicó la economía nacional en un 18,8% desde comienzos del 2018- que ya no puede extraer de los bolsillos populares o del endeudamiento todo lo que necesita para motorizar los proyectos con los que espera conmover a los dueños del poder económico, como se evidencia en el destino de los fondos que el proyecto de ley propone.

El destino de los fondos

El proyecto de ley determina no sólo de donde vendrán los fondos –unos 9.000 sujetos con fortunas de más de $200 millones- sino señala también en qué se utilizarán: un 25% iría a programas de aliento a la producción de gas, un 20% para subsidios a las pequeñas y medianas empresas, un 20% para la compra de equipamiento médico y vacunas dada la pandemia del Covid, un 20% para las becas para estudiantes del Plan Progresar y, finalmente, un 15% para el Fondo de Integración Socio-urbana para mejorar condiciones habitacionales de barrios populares.

En una mirada superficial parecen destinos sensatos, pero conviene echarles una mirada más detenidamente.

El principal destino es la producción de gas en los yacimientos de Vaca Muerta. Los beneficiarios directos del 25% de lo recaudado serían las empresas petroleras, en acuerdo con YPF, de la que un 49% pertenece a empresas privadas, entre ellas el fondo de inversión Black Rock, uno de los mayores acreedores de la fraudulenta deuda externa. Esto implica la profundización del extractivismo y la explotación de los bienes de la naturaleza para la generación de dólares antes que para el bienestar de la población, en este caso con metodologías peligrosas y contaminantes como el fracking (prohibido en muchos países) y relegando la inversión en energías alternativas.

Otro 20% se destinaría también al sector empresario de pequeño y mediano tamaño, sin contemplar recursos para la generación de proyectos de la economía popular o el apuntalamiento de las más de 400 empresas recuperadas por los trabajadores –muchas de ellas en crisis como evidenció el reciente cierre de una de las más icónicas, el Hotel Bauen-, poniendo por delante el imaginario por el que sólo a través del empresariado sería posible “defender el salario y el empleo”.

Otro 20% se destinará a la compra de insumos para la pandemia del Covid, lo que es una buena noticia. Uno tiende a pensar que además de vacunas, por fin recibirán salarios dignos “les héroes” de esta pandemia, insumos para trabajar de manera segura, que se abrirán más hospitales y centros de salud barriales, todo lo que se puso en evidencia como déficit en esta pandemia. Sin embargo, bajo el imperio del capital donde lo único importante es el negocio, el gobierno se asegura la obtención de dinero para la masiva compra de vacunas al empresario del agronegocio y de la industria farmacéutica Hugo Sigman, que viene tejiendo su imperio en alianzas con el Estado y al que poco le importa la salud del pueblo. A pocos días del violento desalojo de miles de familias en Guernica, no está demás señalar que Hugo Sigman es dueño de 200.000 hectáreas en la Patagonia y 75.000 en San Luis, entre otras propiedades en todo el mundo.

El resto de lo recaudado iría para becas estudiantiles y para soluciones habitacionales que, en un país donde la urgencia habitacional es desesperante y la política es desalojar los pobres mientras se construyen cada vez más countries, resulta menos que insuficiente y más que indignante.

Ante todo esto, la sanción de la Ley será una buena noticia, pero que no amerita festejos sino impulsar la capacidad popular para imponer lo que realmente necesitamos como pueblo.

Izquierdas y alternativas populares frente al aporte extraordinario

Al mismo tiempo que el proyecto se discute -motorizado por los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner entre otros-, el Frente de Izquierda (FIT, trotskistas) presentó un proyecto que contempla una mayor recaudación, la perdurabilidad en el tiempo y un destino para los fondos más acordes a las necesidades populares. Obviamente no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado.

En este marco, la pequeña bancada del FIT anuncia la abstención, equivocada posición que le regala al oficialismo la posibilidad de presentarse como el único capaz de quitarle algo a los ricos. Cuando la virtud de distanciarse de quienes se lo merecen se transforma en obsesión, puede convertirse en obstáculo para el diálogo con el pueblo.

En un juego de espejos con el FIT, otro sector de diputados que se considera como izquierda “popular”, asume la posición de firmar el conjunto del proyecto oficialista sin cuestionamiento alguno, obturando la posibilidad de realizar el imprescindible debate sobre quienes deberían pagar la crisis y las vías para lograrlo.

Comentario aparte merecen los políticos y periodistas que miran para otro lado cada vez que se toman medidas antipopulares, al mismo tiempo que acusan a toda la izquierda de “hacerle el juego a la derecha” sin ponerse colorados.

Será urgente buscar las vías para seguir la pelea por saldar las necesidades populares que la ley no contempla. La pelea por la defensa del salario, el empleo, la educación, la salud, las jubilaciones, el derecho a la tierra para vivir y producir, la legalización del aborto o la vida en un ambiente sano, se resumirá en lo inmediato en la pelea por quien paga la crisis.

No será el texto de una ley lo que terminará definiendo quienes pagan, cuánto, cuándo y a dónde irá la plata, sino las peleas que seamos capaces de librar y la relación de fuerzas que seamos capaces de construir.

La Haine