Argentina en el callejón de la decadencia

Argentina vive una crisis profunda en lo económico en lo social y en lo político acompañada por un enorme desapego de la política con la sociedad. Es un nuevo eslabón en la larga cadena de crisis que se desenvuelven en el país cada 7-10 años desde mitad de los años 50 del ciclo pasado hasta nuestros días.

Estas crisis de distinta envergadura y profundidad se han dado tanto bajo regímenes dictatoriales como de la democracia liberal. Bajo gobiernos militares, peronistas, radicales o de diversas coaliciones y tendencias. Estas crisis suelen tener un formato similar: pérdida de reservas internacionales, déficit fiscales elevados y procesos inflacionarios. Claro que cada una de estas variables puede tener distinto peso en distintas circunstancias. Dado que la Argentina es un país dependiente, con un desarrollo insuficiente y deformado de sus fuerzas productivas, los cambios en el mercado mundial tienen fuerte impacto sobre las variables macro. Ninguna de las fracciones burguesas que se alternaron en el ejercicio del poder político en el país ha logrado desarrollar las fuerzas productivas con una perspectiva de futuro (en los últimos 50 años el crecimiento del PBI promedió 2.5% anual mientras que el mundial era del 5%).

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Este año se cumplen 40 años de que fuera expulsada la dictadura cívico/militar/eclesiástica y retornara el régimen de la democracia liberal. Han sido cuatro décadas de recomposición de la institucionalidad liberal en el marco de una democracia de baja intensidad, con elecciones libres, sin proscripciones y alternancia en el poder político, con un juicio a la Junta Militar genocida único en el mundo, con una innegable ampliación de derechos pero con una economía que se ha mostrado incapaz de satisfacer las necesidades elementales de vastos sectores de la clase obrera y popular (en 1983 la pobreza era del 16% hoy es de un 40%, la informalidad en el empleo era del 22% hoy se la estima en un 45%). En esas cuatro décadas Argentina sufrió crisis de gran envergadura: la hiperinflación de 1989/90, bajo el gobierno del presidente Alfonsín, la crisis de la convertibilidad en 2001/2 bajo el gobierno del presidente De la Rúa, la corrida cambiaria al final del gobierno Macri (2015/19). Ahora atravesamos una nueva crisis de final incierto hasta este momento. En todos los casos la contrapartida de las grandes devaluaciones han sido la expansión de la pobreza y la fuga de capitales. Argentina ocupa el tercer puesto en el ranking de países con salida de capitales (Rusia es el primero). Se estima que el ahorro de los argentinos en el exterior es del orden del 70% del PBI.

La profundidad de la crisis actual está dominada por la deuda (que es decisiva desde 1976 en adelante) y el acuerdo con el FMI. Si se quiere hacer una síntesis rápida del actual gobierno del Frente de Todos (FdT) encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner (2020-2023), como presidente y vice respectivamente, hay que tener en cuenta primero la pandemia, que como en todo el mundo paralizó la economía, luego la guerra que hizo subir el precio de los alimentos y sobre todo de la energía, de la que el país es hasta ahora importador neto, finalmente el cambio climático que ha provocado la sequía más importante de los últimos 100 años en el país, que afectó la cosecha del principal producto de exportación, soja y sus derivados, también del trigo.

La pandemia hizo caer en 2020 el PBI en un 9.9%; la guerra hizo que el país tuviera que dedicar 5,000 millones de dólares adicionales para importar energía en 2022; mientras que la sequía recortó el valor de las exportaciones de este año entre 18.000 y 20.000 millones de dólares afectando también los ingresos fiscales por retenciones.

El PBI se recuperó un 10.4% en 2021 y creció un 5,2% en 2022, fue un crecimiento con creación de empleo, 6%, pero con baja o nula distribución de los ingresos, acompañado por una persistente escalada de los precios y una declinante posición de reservas internacionales. En tres años y cuatro meses del actual gobierno la inflación acumuló un 421.4% de aumento; el índice de los salarios registrados 341% y el tipo de cambio que se utiliza para las transacciones financieras 466%. Para este años 2023 se estima una caída del PBI del 3-4%.

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La coyuntura combina una inflación desbordada, una deuda interna en pesos que es varias veces billonaria y una deuda externa, reestructurada con el sector privado y refinanciada con el FMI, que es ilegítima, ilegal e impagable, y que puede considerarse dentro de la teoría de las deudas odiosas.

Con los datos de marzo pasado anualizados la inflación está en el 104%, pero se proyecta un 120% para todo el año 2023. El país está inmerso en un régimen de alta inflación de características estructurales, que impacta negativamente en la calidad de vida de la población, particularmente de los trabajadores y los sectores populares. La escalada de los precios prácticamente se duplica cada cuatro años (2015: 25%, 2019: 54%, 2022: 95%). La contrapartida no es otra que el deterioro de los salarios (formales e informales) y de los ingresos populares (previsionales y asistenciales). Se redujeron 18.5% entre 2016 y 2022, mientras que los precios de las ramas mas concentradas subieron un 21.3% en términos reales (descontada la inflación). Si se considera el período 2015-2022 el deterioro salarial es de 28.6%, siendo que para los salarios formales (registrados) la caída es del 16.4 y para los informales (no registrados) del 48.3, todo en términos reales. Mientras que el salario Mínimo Vital y Móvil acumula una pérdida del 30.4% a febrero de este año.

Así el salario global acumula cinco años sin crecer. El resultado es que el 50% de los trabajadores recibe ingresos por debajo de la línea de pobreza, no se trata solo de los trabajadores informales, hay trabajadores pobres también entre los formales.

A fines del año pasado la pobreza alcanzaba al 39.5% de la población (unos 18.000.000 de personas) mientras que la indigencia era del 8.1% (unos 3.600.000), la pobreza entre los menores de 17 años alcanza al 54.6%. En lo que va del 2023 todas estas variables se han agravado por lo que los porcentuales de pobreza e indigencia se estiman en 42.0 y 10.0% respectivamente

La distribución funcional del ingreso radiografía esta crítica realidad. El porcentual del valor agregado que reciben los trabajadores está en un ciclo descendente, lo contrario pasa con el excedente económico del que se apropia el capital. Si en el 2019 los trabajadores recibían el 45.7 y los patrones se apropiaban del 43.3, esto en 2022 se ha invertido, 43.6 y 46.1 respectivamente. En síntesis: a fines del 2022 la actividad económica estaba en niveles del 2017 con salarios 25% más bajos que hace 5 años. Se hace evidente que la tasa de ganancia de los capitalistas ha crecido en forma sostenida en todo el período.

Es de señalar que no estamos ante un régimen inflacionario producto de un exceso de demanda, ni tampoco por el fuerte déficit fiscal existente. Por el contrario la inflación aquí tiene un origen multicausal. El acuerdo con el FMI es inflacionario pero entre esas múltiples causas se destacan las expectativas devaluacionistas, la brecha cambiaria, la alta emisión y la puja distributiva. Tanto vertical (relación capital/trabajo) como horizontal, disputa (entre las distintas fracciones del capital) por apropiarse de una mayor cuota del excedente económico.

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El endeudamiento del país merece un acápite aparte porque está en el centro de la crisis, particularmente su componente en moneda extranjera y su contrapartida el acuerdo con el FMI. Hay tres momentos decisivos en este nivel de endeudamiento, la última dictadura (1976-1983) que obligó a endeudarse artificialmente a las empresas estatales; el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) que colocó bonos en los mercados voluntarios de créditos para facilitar la privatización de las empresas estatales y el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) que desreguló totalmente el movimiento de capitales y redujo el déficit fiscal abruptamente. Se endeudó para financiar todos esos movimientos y terminó facilitando la fuga de capitales.

A fines del 2022 la Deuda Pública del Estado Nacional (sin computar deudas provinciales o municipales) ascendía a 396.000 millones de dólares (85% del PBI, el 66.9% en moneda extranjera). En 2015 era de 240.000 millones (52.5 del PBI, 69.3 en m.e.) mientras que en 2019 fue de 323.000 (89.8 del PBI, 77.8 en m.e.). Puede verse el fuerte nivel de endeudamiento tomado por el gobierno Macri y el cambio en la composición por moneda.

En menos de 3 años endeudó vertiginosamente al país. Tanto con capitales privados como con el FMI, al que recurrió de apuro cuando se le cerraron los mercados voluntarios de crédito, suscribiendo un préstamo que es el mayor tomado por Argentina y el mayor otorgado por el organismo en toda su historia. En poco tiempo revirtió todos los indicadores (relación con el PBI, plazos de repago, composición por tipo de moneda y por acreedor) a tal punto que fue el primer gobierno en no poder pagar su propia deuda, incluso batió lo que tal vez sea un récord mundial, defaulteó en nuestra propia moneda.

Adicionalmente hay que computar la deuda en dólares de las empresas privadas que alcanza a los 80.000 millones, de estos el 60% son auto préstamos de las corporaciones.

Cuando el FdT se hace cargo del gobierno la economía estaba en recesión y la deuda no se estaba pagando, se desaprovechó la oportunidad para investigarla y se decidió reconocerla sin más y comenzar un proceso de reestructuración. Algo similar sucedió cuando la pandemia, que paralizó la economía mundial y era una nueva oportunidad para detener los pagos hasta tanto se aclara la situación internacional y mientras tanto investigarla. Es que el conjunto de las representaciones políticas parlamentarias, con la sola oposición de los diputados de la izquierda anticapitalista, aprobaron el plan de reestructuración sobre la base de la idea que "las deudas hay que honrarlas".

El gobierno caracterizó a la deuda como impagable pero al mismo tiempo se la reconoció y legitimó. Afirmó que tenía voluntad firme de pagarla pero que no había capacidad para hacerlo.

El resultado lo estamos sintiendo ahora en esta crisis, la deuda en bonos se reestructuró, se estiraron los plazos y se redujeron los intereses, pero no hubo quita de capital. Mientras que con el FMI se acordó un programa Stand-by para evitar el impago de intereses y un Plan de Facilidades Extendidas a 10 años para refinanciar los vencimientos de capital. Sin embargo la tasa de interés que suele ser del orden del 1.95% en los préstamos del Fondo, al estar enganchada a la tasa de referencia de los EEUU, que la FED la ha estado subiendo sistemáticamente en el último año, es ahora superior al 4%, pero como se nos aplica una sobretasa porque el crédito concedido supera largamente el cupo correspondiente en relación a nuestro aporte de capital, al final pagamos algo más del 7% anual de intereses.

El acuerdo firmado con el FMI condiciona la soberanía monetaria y cambiaria al establecer limitaciones a la emisión de moneda, la reducción del déficit fiscal primario (antes del pago de intereses), imponer una tasa de devaluación y elevar la tasa de interés. Como además impone la eliminación de subsidios y elevar las tarifas de los servicios públicos tiene un componente fuertemente inflacionario, que lleva a la economía a la recesión. A pesar de estos acuerdos el país marcha a una nueva crisis de deuda en 2026, cuando se superpongan los reembolsos de capital por los bonos reestructurados con los repagos de la deuda refinanciada con el FMI.

En su momento el presidente de la Nación, Alberto Fernández, le pidió un informe al directorio del Banco Central, este informe tomó la forma de un estudio bajo el título "Formación de activos externos 2015-2019". Allí se detalla acabadamente el mecanismo utilizado para la toma del préstamo con el FMI y cómo una parte fue utilizado para financiar el déficit fiscal primario y el resto para la fuga de capitales. Por otra parte el préstamo se firmó sin que se cumplieran la mayoría de los requisitos y normativas exigidos por el Banco Central, por lo tanto está viciado de nulidad, además de que se vulneraron los estatuto del propio Fondo al adjudicar un préstamo que era obvio el deudor no estaba en condiciones de cumplirlo. Adicionalmente el estudio lleva adjunto el listado de las personas y empresas que fugaron dólares del préstamo. Este listado no se ha dado a conocer oficialmente porque está amparado por el secreto bancario, bursátil y fiscal. Si se lo levantara se recuperarían de inmediato más de 20.000 millones de dólares.

Tiempo después se conocería por dichos de uno de los directores del Fondo en el momento de otorgamiento del préstamo, que fue una decisión directa del presidente Donald Trump de otorgarlo. Una decisión política con el objetivo de colaborar a la reelección presidencial de su amigo Mauricio Macri.

Con los resultados del estudio el presidente de la Nación impulsó una querella criminal por "...administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública", que fue girada a la Sindicatura General para que "...determine si el préstamo en cuestión implicó un perjuicio para el Estado y en ese caso estime el monto de ese perjuicio". Al mismo tiempo que instruyó al Procurador General de la Nación para que "Inicie acciones conducentes al recupero de eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados".

El documento sobre formación de activos externos en el período del gobierno Macri fue finalmente archivado y aún se esperan noticias de la querella criminal y el informe sobre daños y perjuicios. En estos años un conjunto de personalidades, partidos y organizaciones sociales han constituido la "Autoconvocatoria por la Suspensión de los Pagos y la Investigación de la Deuda" partiendo de la idea de que no se puede seguir manteniendo los pagos de una deuda pública que no fue contraída para satisfacer necesidades del pueblo, que no sirvió para construir hospitales, puentes o escuelas o recuperar la infraestructura, sino para enriquecer al puñado de poderosos que consumó la fuga de capitales que el préstamo financió. Por lo que no solo ha sido contraída en forma ilegal sino que es factible caracterizarla según la "Teoría de la Deuda Odiosa".

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La crisis económica y social tiene su correlato en las debilidades que muestra el régimen político en este año electoral. Debilidades que se expresan en las dificultades para seleccionar candidatos en las dos grandes coaliciones que hegemonizan nuestro escenario político.

Las renuncias de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri (líderes del FdT y de Juntos por el Cambio (JxC), a ser candidatos en las elecciones presidenciales de este año, desató las disputas internas en las dos coaliciones. No es ajena a esta situación inédita la crisis de los partidos tradicionales y su ruptura con la representación histórica, a tal punto que solo se vuelven competitivos formando coaliciones amplias que no pocas veces, por su heterogeneidad, son inoperantes en la administración de los asuntos del Estado. La disociación entre las disputas políticas y una realidad social que no deja dudas sobre su gravedad es ya inocultable. No hay vinculación de los políticos burgueses, ni de sus partidos y coaliciones con los problemas de la vida cotidiana de los sectores mayoritarios. Así se explica el hartazgo frente al espectáculo de una política abstracta y el cansancio frente a una crisis que se extiende en el tiempo, entre otras cosas porque nadie ve una salida que los incluya. Nadie percibe un futuro que no sea una agudización de las condiciones del presente. Y no están equivocados, porque mas tarde o más temprano, cualquiera sea quién gane las elecciones tendrá que imponer un plan de estabilización, con el impacto social que tienen estos programas.

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El año electoral, ya comenzado con la disputa sobre las posibles candidaturas presidenciales, no ha hecho más que agudizar esta crisis política en las dos grandes coaliciones que dominan el escenario político. El oficialista FdT es una coalición muy heterogénea constituida por diversas fracciones del peronismo que comparten la necesidad de un mayor protagonismo del Estado en la regulación de los mercados y en la distribución de los ingresos. Fue efectiva para desalojar del poder al anterior gobierno neoliberal, pero resultó incapaz de formular una propuesta de futuro, peor aún para administrar la crisis capitalista en curso.

Por el contrario la opositora JxC es mucho más homogénea en cuanto a que el mercado es el mejor asignador de recursos, que el dinero es la medida de valor de todos los valores, que el emprendedurismo es una salida individual a la crisis y en el elogio a la meritocracia. Sin embargo esta homogeneidad no le ha servido de salvaguarda frente a las tensiones internas para seleccionar sus candidaturas.

En el FdT las disputas no son solo por candidaturas sino también por la orientación general. Entre un sector que se apoya en un capitalismo nacional de muy baja presencia y quienes ven la única posibilidad en aliarse con sectores del gran capital. Así el peronismo atraviesa una situación inédita. Se ha desdibujado su identidad, esto explica que al día de hoy no tenga definido un candidato ni un programa. Menos aún un proyecto para disputar poder político y no muestra un liderazgo abarcador del conjunto de la coalición. Nadie asegura un triunfo electoral en las elecciones presidenciales de fin de año, y en no pocos sectores campea un ánimo de derrota. Su figura central, la única que por ahora puede mantener la unidad de la coalición, Cristina Fernández de Kirchner, no revierte su negativa a postularse a un nuevo período presidencial. Tiene razones personales, ya fue presidenta por dos períodos, fue víctima de un intento de magnicidio (falló el arma) y está condenada (sin pruebas y sin sentencia en firme) a 6 años de prisión e inhabilitada para ocupar cargos públicos. Tiene también sus razones políticas, si se presentara y perdiera la elección iniciaría su ocaso político, por el contrario si resultara triunfante se vería obligada, dada la crisis actual, ha tomar medidas como las que siempre rechazó. Salvo estuviera dispuesta a anular el acuerdo con el FMI, algo que nunca estuvo ni está en sus planes.

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Es conocido como las derechas más conservadoras y recalcitrantes han estado ganando espacios en el contexto político de nuestro sub continente. La impotencia de las formaciones políticas tradicionales, incluidos sus liderazgos, para dar respuesta a la demandas sociales crecientes están en la base de este fenómeno político. Fenómeno que es relativamente nuevo, por lo menos en su multiplicación y coincidencia, pero que pone en evidencia que no es algo casual. Estas ultraderechas son la contrapartida de la decadencia social impuesta por décadas de neoliberalismo (concentración de la riqueza, expansión de la pobreza, ausencia de futuro...), incentivadas desde la crisis mundial del 2008, que han impuesto en el mundo la idea de que no hay salida. No tienen temores ni culpa alguna en que las identifiquen como lo que realmente son, la derecha de la derecha.

Esta tendencia se está expresando también en Argentina, tal vez podríamos aplicar aquí aquella máxima gramsciana "El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos". Nuestra decadencia -pobreza, indigencia, crisis de los servicios públicos, falta de proyectos nacionales, caída del PBI per cápita- ha constituido un terreno fértil para la crítica a las "elites", a la "casta política", incluso al régimen de la democracia liberal. Aunque no al sistema de dominación

Entre nosotros este fenómeno -mescla del Vox español y el bolsonarismo brasileño- se está consumando a través de un personaje casi bufonesco y muy mediático. Sus intervenciones suelen ser provocadoras y disruptivas, siempre con énfasis en la defensa de "la libertad amenazada" y en contra "del comunismo que nos acecha". Combina un capitalismo abierto sin ningún tipo de control estatal (sin Banco Central por ejemplo) con fundamentalismo de mercado y la mayor mercantilización posible (incluso la libre compraventa de órganos y personas), defensor del individualismo extremo con fuertes críticas al régimen demo- liberal y una moralina conservadora y recalcitrante. Su principal referente es el diputado nacional Javier Milei, un economista formado en la Escuela Austríaca, basada en el individualismo metodológico y en el subjetivismo. En su concepción el régimen democrático tiene sus límites, estos aparecen cuando interfiere en el libre movimiento del mercado y en el proceso de acumulación y reproducción de capitales. Frente a la Teoría del Valor Trabajo opone la del Valor Subjetivo. Fuertemente crítico del keynesianismo, del neoclasicismo y del marxismo. Se inscribe en el "Libertalismo" una tendencia mundial profundamente antiestado que promueve el individualismo filosófico. Combina ultraliberalismo económico y conservadurismo social.

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Las dos grandes coaliciones que dominan la escena política nacional están encerradas en disputas internas que tienen como telón de fondo tanto la crisis como las perspectivas electorales. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio parecieran haber perdido el eje que las aglutinaba, lo que ha terminado desatando fuertes disputas internas que hacen más intrincado el laberinto del que por ahora no encuentran salida. Se profundiza así el divorcio entre la política y la ciudadanía y hace crecer la apatía (abstencionismo]) o el malestar y la bronca (rechazo a todo y a todos).

El pesimismo electoral cunde en las filas oficialistas cuando ven la debilidad del gobierno que no puede poner en caja a los empresarios para controlar los precios y no logra recomponer reservas lo que impulsa aún más la inflación. Muchos dirigentes prefieren replegarse sobre sus territorios, apostar a un triunfo en 2023 no les entusiasma demasiado. Este pesimismo alimenta a las distintas fracciones del FdT. Por el contrario es el optimismo, la convicción de que ya tienen ganada la elección, lo que alimenta las disputas entre precandidatos de JxC.

En la coyuntura inmediata la oposición derechista quisiera que todas esas tensiones en la economía explotaran antes de las elecciones, para dejar allanado el camino al próximo gobierno, que sería el suyo. Por el contrario el oficialismo intenta evitar por todos los medios un devaluación que impulsaría mas la inflación y el deterioro de los salarios y los ingresos populares. Recurre así a todo tipo de maniobras para ingresar dólares a las reservas, pero las concesiones a los exportadores tienen su costo en términos de emisión monetaria, y los pedidos ante los organismos internacionales aumentan la deuda. En paralelo está a la espera de una "ayuda" del FMI (nuevo aporte de capital o postergación de los pagos) a cambio de profundizar la política de ajuste en curso. El ministro de economía Sergio Massa tiene el apoyo de la Administración Biden pero la contrapartida sería una alineación completa con la política exterior norteamericana, lo que implica ignorar la UNASUR y la CELAC (1) (organismos regionales sin la presencia de EEUU ni Canadá que están en el centro de la inserción internacional propuesta por el kirchnerismo]) y una mayor participación de EEUU en la explotación de los recursos naturales del país, al mismo tiempo condicionar la presencia de China que tiene varios proyectos de inversión en curso y es el segundo socio comercial del país luego de Brasil. Sobre todo el imperio del norte busca bloquear la adhesión de nuestro país a la frecuencia del 5G del espectro radioeléctrico. Contrariamente China, con fuerte presencia en la región, tiene interés manifiesto en que se le otorgue esa concesión a la empresa Huawei. Así Argentina es territorio de disputa entre las dos potencias que buscan hegemonizar el tránsito hacia un nuevo orden internacional.

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Tanto JxC como el FdT, aun en medio de sus disputas internas, están definiendo programas para el nuevo gobierno. Ambas coaliciones ven la explotación de los recursos naturales (agua, litio, gas y petróleo, granos y oleaginosas, diversos minerales) como la principal fuente de acumulación y reproducción de capitales, con lo que se consolidaría un modelo exportador con fuertes rasgos extractivistas y primarizadores. Sin embargo ninguna de las dos coaliciones tiene propuestas concretas para resolver la crisis actual y dejan las manos libres al ministro de economía que lleva adelante el programa del FMI.

Es en ese vacío de propuestas para lo inmediato que La Libertad Avanza (LLA), la herramienta política de los autoproclamados libertarios, gana terreno en las adhesiones electorales especialmente entre los jóvenes. Incluso estaría avanzando en amplias franjas de la estratégica provincia de Buenos Aires, tradicional bastión del peronismo. Es que las propuestas de Javier Milei son muy concretas y sin ningún tipo de explicación ni argumentación. ¿Hay inflación? Dolaricemos y cerremos el Banco Central. ¿Hay inseguridad en los barrios? Armas para todos los ciudadanos. ¿Hay crisis educativa? Privaticemos la escuela pública. ¿Hay demoras para los trasplantes? Organizar un mercado libre de compra venta de órganos, y así de corrido. Todo muy sencillo y práctico.

Los últimos sondeos hablan de un electorado dividido en tres, con lo que le asignan la posibilidad de ingresar al balotaje, sin que se pueda afirmar aún quién sería el oponente. Si el FdT o JxC.

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La falta de alternativas y de futuro abre un campo de intervención para la izquierda anticapitalista, si fuera capaz de presentar su propia salida a la crisis y recrear la esperanza de las masas trabajadoras en un futuro diferente. El voto a la izquierda encarnado en el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U), integrado por el Partido Obrero (PO), Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), Izquierda Socialista (IS) y Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)-) se presentaría así útil para fortalecer los discursos críticos hacia el sistema, para recuperar un horizonte de contenidos humanistas frente a la degradación socio-ambiental, para avanzar en las reivindicaciones, para denunciar el acuerdo con el FMI, para interpelar a los sectores críticos al interior del gobierno, también para reforzar la presencia en las movilizaciones.

Sus perspectivas se apoyan en la buena elección de dos años atrás, con las que conquisto cuatro diputaciones nacionales y obtuvo más de un millón y medio de votos. Fueron los sectores atravesados por la crisis quienes depositaron esos votos, que tienen un fuerte contenido obrero y popular y recogió adhesiones también en los movimientos feministas, ambientalistas y antiextractivistas. Pero el FIT-U es solo un acuerdo electoral, hoy también cruzado por disputas internas en torno a las candidaturas. Sus debates tienen una suerte de forma circular, siempre vuelven al mismo punto sin resolverse. Tiene como piso electoral un buen punto de partida pero un techo muy bajo si no logran ampliarse más allá del trotskismo. Por fuera de esto existen numerosos agrupamientos y movimientos sociales que se reclaman del anticapitalismo que no tienen presencia electoral ni logran pesar en la situación política general. Son los aliados naturales del FIT-U pero para que esto se concrete se necesita una política orientada hacia la unidad de todos los que combaten contra el dominio del capital. De todas formas su presencia en la escena nacional es registrada por todos los medios comunicacionales.

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En síntesis: el país ya está en un régimen de alta inflación, las reservas internacionales son cada vez más escasas y junto con la deuda en pesos obligan a mayores concesiones, la sequía debilita las exportaciones y la deuda externa se encamina a una nueva crisis. Hay bajo desempleo pero los salarios pierden día a día poder adquisitivo mientras que los índices de pobreza e indigencia son crecientes. Todo bajo el acuerdo con el FMI, que cogobierna la economía y está en el centro de la crisis. En un contexto en que la economía mundial está en rápida desaceleración y al borde de la recesión, arrastrada por EEUU y la Unión Europea, sin que la recuperación de China y el crecimiento de la India alcancen a compensarla.

Mientras tanto crecen los acuerdos entre las fuerzas políticas del sistema y el gran empresariado de que es necesario estabilizar la economía y alinear los precios relativos, hoy totalmente desalineados por la inflación recurrente. Mientras que del lado de los trabajadores y las clases populares crecen las evidencias de que el verdadero ajuste de la economía está aún pendiente. Surge la pregunta ¿Cuánto ajuste más aguantaran los trabajadores organizados en las centrales obreras y en los grandes movimientos sociales hoy totalmente subordinados al gobierno y al peronismo, cuando no integrados orgánicamente al Estado?

Esto no puede ocultar que hay una reacción social que se expresa en múltiples conflictos por salarios, por condiciones de trabajo, por mayores subsidios, por la deuda y contra el acuerdo con el FMI. Al mismo tiempo que se desenvuelven luchas del movimiento de mujeres y las diversidades sexuales, las ambientales en defensa de la naturaleza y los bienes comunes, contra la minería a cielo abierto, contra la mercantilización de los servicios públicos, y la defensa de los pueblos originarios. Pero los esfuerzos por ligar unas y otras luchas no tienen hasta ahora un resultado positivo, no hay centralización ni coordinación y muchas veces pesan sentimientos identitarios que operan como barreras a la necesidad de acciones comunes. Por lo que se necesita un abordaje político distinto. ¿Cuánto más ajuste, depredación ambiental y ataque a las minorías aguantará esta dispersión social? Las imágenes de la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss que duró 45 días en el cargo por no poder implementar su visión ultraliberal de la economía; la reacción social en Francia frente a la reforma jubilatoria de Macrón y las grandes movilizaciones indigenistas en Ecuador contra el ajuste de Guillermo Lasso, son un espejo donde mirarse. Conviene recordar que la lucha de clases es impredecible.

Al cierre de este artículo, fines de abril, faltan poco menos de dos meses para la presentación de las listas y candidaturas; cuatro meses para las primarias y seis para las elecciones generales. En la política, en la economía y en lo social persiste un gran interrogante. La situación está abierta y se acercan tiempos de definiciones.

Buenos Aires, abril 30 de 2023.

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(1) UNASUR: Unión de Naciones del Sur. CELAC: Comunidad de Estados de América latina y el Caribe

La Haine