Argentina: La sombra de la mafia

Ni a los contratos con el Estado o la extracción de plusvalía, ni tampoco con la ya habitual influencia de los grupos económicos en las decisiones políticas de los gobiernos. Les preocupa la aparición de un competidor que juega con sus propias reglas y no tiene límites para alcanzar sus objetivos

El atentado contra Cristina Fernández ha causado escozor entre los mandamases de grandes grupos económicos locales. La novedad del intento de magnicidio contra la vicepresidenta se suma a otras como el de mandar presos a empresarios como Cristóbal López, de citarlos en la Justicia cómo hicieron en la causa Cuadernos o de chantajearlos como hacía la banda de D´Alesio. Genera preocupación advertir la aparición de un nuevo entramado conducido por un reducido grupo de empresarios que integra a servicios de inteligencia, jueces, periodistas y políticos, para avanzar a cualquier costo en sus objetivos. En particular, porque advierten que esos empresarios agregan a sus actividades habituales para acumular dinero, otras de dudosa legalidad que están necesariamente vinculadas a capitales de origen subterráneo.

Este tipo de conexión tiene antecedentes en América Latina y hay varios ejemplos de países como Honduras, Paraguay, México y Colombia donde la vinculación de sectores de la dirigencia política con capitales de dudoso origen, causaron estragos en la estructura social, la economía y el andamiaje jurídico y político. La incorporación de este nuevo actor que es el capital subterráneo o mafioso, producto de actividades ilegales como el contrabando y el narcotráfico, tiene un gran impacto porque su capacidad de soborno es muy superior al de las empresas capitalistas normales y porque demuestra capacidad de controlar territorios y reclutar a sicarios para ejercer presiones ilegales o eliminar físicamente a personas consideradas obstáculos para sus fines.

Los casos mencionados anteriormente de detención y chantaje a empresarios ocurrieron durante el gobierno de Macri, y distintas datos de la investigación sobre el atentado a la vicepresidenta han puesto sobre el tapete los nombres de los diputados Gerardo Milman e Ignacio Torres, a Patricia Bullrich (exministra de defensa) y a la multimillonaria familia Caputo. Todos ellos son parte de una fracción política de Juntos por el Cambio a los que se conoce como halcones del PRO, que es conducida por Mauricio Macri. Existen vinculaciones políticas, jurídicas y de financiamiento.

Ignacio Torres y Macri

La primera sorpresa que vinculó a la banda de “los copitos” (la que organizó el atentado contra Cristina) con esta fracción política, fue la designación de Gastón Marano como abogado de Gabriel Carrizo. Ese abogado era asesor del diputado Ignacio Torres, que representa al PRO en la Comisión parlamentaria de inteligencia. Torres, un político del riñón macrista, es un diputado que había sido denunciado por el ex-ministro de Seguridad del Gobierno de Chubut, Mariano Arcioni, por evasión tributaria y lavado, por la actividad de una red de empresas fantasmas dedicadas a la pesca del langostino, por una suma de 4.500 millones de pesos.

En esta denuncia se agregó que la empresa familiar de Torres “es proveedor principal (de combustible) de la flota langostinera (que en Chubut es conocida como ‘flota amarilla’) que opera desde Puerto Rawson”. Ocurre también que en algunas oportunidades, este tipo de embarcaciones se utilizan con fines delictivos, y hay resoluciones condenatorias por contrabando. Para quienes les gustan las películas de aventuras, les recomendamos “Vivir sin permiso”, en Netflix, que cuenta la deriva económica de pescadores gallegos.

Nicolas Caputo y Macri

La segunda sorpresa fue la comprobación de que un fideicomiso de la familia Caputo había pagado 13 millones de pesos (unos 50.000 dólares) a la carpintería de Jonathan Morel, uno de los líderes de Revolución Federal (grupúsculo de ultraderecha también relacionado con el atentado contra Cristina), que había aprendido el oficio con un tutorial de internet y que hizo su primera venta a una empresa que está construyendo departamentos en Vaca Muerta.

Nicolás Caputo, el lider de esa familia, no sólo fue funcionario del gobierno de Cambiemos y el “amigo del alma” de Macri, sino que compartieron múltiples negocios. Estos negocios se iniciaron en 1983 cuando Caputo fundó Mirgor para producir equipos de aire acondicionado para automóviles, se asoció con Mauricio y logró impulso como proveedor de Sevel Argentina, la empresa de Franco Macri (padre del expresidente) dedicada a la fabricación y comercialización de autos Fiat y Peugeot. Cuando Mauricio Macri fue intendente de Buenos Aires Caputo consiguió importantes licitaciones de obra pública, y también le hizo un préstamo millonario a su amigo “Nicky”, que le fue devolviendo con intereses.

Como parte del pago de ese préstamo, Caputo incluyo a Macri en la compra de un campo en Salta, que es una de las perlitas de los negocios que comparten. Se trata de la estancia Pluma de Pato, ubicada en Coronel Solá, en Salta, en territorio wichi. Se ha denunciado la apropiación de territorios de los pueblos originarios y también que lo declarado por Macri, que son 373 hectáreas, no se corresponde con lo que figura en los registros de propiedad que muestran que tendría el 18,69% de una propiedad de 10.688 hectáreas, o sea 1997 hectáreas.

Pocos se han preguntado por qué empresarios muy agudos a la hora de hacer negocios, en 2015 pusieron el ojo en un territorio de monte nativo, de escasa capacidad productiva. La respuesta parece estar en su ubicación geográfica muy cerca de la triple frontera con Paraguay y Bolivia. Resulta por lo menos curioso que un empresario que tiene en su historial haber sido procesado por contrabando de autos, y que ahora es investigado en Bolivia por contrabando de armas en complicidad con el narco gobierno de Jeanine Añez, compre propiedades en zona de frontera.

Diputado Milman y Patricia Bullrich

El tercer dato, cuando ya no era sorpresa, fue la escucha ocasional de la conversación que mantenían el diputado Gerardo Milman con un par de asesoras, una de ellas con antecedentes en los Servicios de inteligencia, sobre la muerte inminente de la vicepresidenta, cuarenta y ocho horas antes del atentado. Milman es del riñón de Patricia Bullrich, pero además participó con la dirigente del PRO en actividades organizadas por Revolución Federal y por la Nueva Centro Derecha. Está última agrupación se hizo conocida porque Sabag Montiel, autor material del intento del magnicidio, le pidió a uno de los dirigentes, Hernán Carrol, que le consiga y pague un abogado.

Para completar el círculo, en la reunión cumbre realizada hace pocas semanas en Lago Escondido, la estancia de Joe Lewis, el ex presidente Macri juntó a sus amigos y operadores políticos y judiciales. Entre los jueces presentes estaban Carlos Mahiques y Pablo Yadarola. Sin poder asegurar que fueron partes del temario, es notorio que estos dos jueces fueron noticia esta semana. Mahiques fue uno de los jueces que otorgó salidas transitorias a Adolfo Donda, desconociendo el informe negativo del servicio penitenciario.

Cuando se nombra a Donda se lo conoce como el tío represor de la diputada oficialista Victoria Donda (hija de desaparecidos). Pero no sólo fue Jefe de Inteligencia de los grupos de tarea de la Esma, también fue un hombre clave en la red de seguridad que montó el multimillonario Alfredo Yabran. Es decir un represor que se recicló vinculándose a la mafia. Con respecto a Yadarola, el diputado nacional Rodolfo Tailhade afirmó en un programa periodístico que este magistrado es quien más influye en la jueza María Eugenia Capuchetti, que es la que tiene a cargo la investigación del atentado contra la vicepresidenta.

La preocupación de los mandamases de los grandes grupos económicios, que desde hace un tiempo venía expresando Paolo Rocca, CEO de Techint, no tiene que ver con un cuestionamiento a las políticas de acumulación de capital por medio del saqueo de los bienes naturales, ni con los contratos con el estado o la extracción de plusvalía, ni tampoco con la ya habitual influencia de los grupos económicos en las decisiones políticas de los diferentes gobiernos. Ellos son parte también de esos negocios. Pero les preocupa la aparición de un competidor que juega con sus propias reglas y no tiene límites para alcanzar sus objetivos.

La critica del diputado de la UCR, Facundo Manes, aludió a esa preocupación cuando manifestó, criticando a Macri: ”… Hubo operadores que manejaban la Justicia, también hubo datos de que se espió a gente incluso de su gobierno”… “El populismo económico es el kirchnerismo, pero el populismo institucional también lleva al fracaso de las naciones”. Los mandamases se preguntan: ¿Cómo es eso de espiar a gente de la élite política y económica? ¿Cómo es eso de apretar empresarios en la Justicia? En un país capitalista normal a los que se espía y se lleva a tribunales es a los de abajo.

Todas estas disputas se dan en el contexto de un país donde la tradicional fuente de divisas que eran las exportaciones agropecuarias, empiezan a ser acompañadas por el negocio de la energía, en particular a partir del yacimiento de Vaca Muerta, y por la exportación de cocaína a la Unión Europea que se realiza por medio de las vías navegables de los ríos Paraguay y Paraná y puertos marítimos argentinos.

En la propia embajada de EEUU también hay algunas preocupaciones. Y no es solamente porque los halcones del PRO apoyaron a Trump, y recibieron con grandes honores al hijo de Bolsonaro. En un mundo cada vez más complejo y donde el peso de los capitales de dudoso origen cada vez es mayor, que un gobierno sea de derecha no garantiza que se va a alinear disciplinádamente en la alianza liderada por las potencias occidentales.

Cuando en el Consejo de Seguridad se votó una resolución de condena a los referendum de adhesión a Rusia realizados en cuatro regiones de Ucrania, Brasil se abstuvo al igual que China, India y Gabon. Países gobernados por regímenes derechistas como la Monarquia Saudita o Turquía, no están respondiendo a las presiones estadounidenses en decisiones que afectan al conflicto de Ucrania y el precio internacional del petróleo.

La alianza política que apoya a Lula para enfrentar a Bolsonaro, no sólo es una alianza policlasista, también es una alianza donde son partes la casi totalidad de los sectores burgueses brasileños, incluyendo a los grandes medios periodísticos como O Globo, o Folha de Sao Paulo. Y previendo el desconocimiento de los resultados por parte de Bolsonaro, como lo comenta Juraima Almeida y Aram Aharonian en su articulo “Brasil, entre democracia y autocracia derechista”, publicado en Tramas, todos los gobiernos de las potencias occidentales han preparado sus mensajes para reconocer a Lula como triunfador de las elecciones, ni bien lo confirmen los resultados. Incluso el gobierno de EEUU ha advertido a los militares brasileños que no tolerarán una interrupción del proceso democrático electoral.

En nuestro país, los mandamases de los grandes grupos económicos locales y la embajada de EEUU están preocupados por las elecciones de 2023. Si ellos eligieran sus candidatos serían Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa. Pero ocurre que, con o sin PASO, es casi imposible que Larreta pueda imponerse a Macri, o al candidato que señale con el dedo. Y que Massa no tiene votos. Es uno de los políticos mas impopulares del país y después de su gestión de ajuste lo será más.

En Brasil resolvieron esta encrucijada con la fórmula Lula-Alckim. Lula aporta los votos de las clases populares y da seguridades de que no va a ir mas allá de un capitalismo inclusivo. Alkim refuerza los intereses de los distintos sectores burgueses.

En la Argentina la cuestión es más complicada porque la sombra de la mafia apenas asoma, se presenta como hechos aislados aparentemente desconectados. Si se avanzara en algunas causas como la investigación del atentado contra la vicepresidenta, el espionaje contra los familiares del submarino hundido ARA San Juan, o los casos de los Panamá y los Pandora Papers, los rasgos mafiosos se harían más visibles pero, por ahora, el Poder Judicial está frenando o demorando las investigaciones.

También es complicado porque por el momento no aparece desde la izquierda una alternativa política capaz de sumar a la habitual oferta programática una fuerte denuncia y disputa contra estas nuevas formas de dominación del capital, que se apartan de la institucionalidad burguesa. Mas allá de las elecciones de 2023, aparecen otras cuestiones urgentes. En Rosario asesinaron a una joven de 16 años llamada Soraya que tenía un bebe. Su asesinato no tendrá las repercusiones políticas del intento de magnicidio contra la vicepresidente, pero es la víctima 241 de la mafia en la región en lo que va del año.

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