EEUU reconoce que Assange puede ser condenado a la pena de muerte si es extraditado

[Foto: Solidaries se manifiestan contra la extradición a EEUU del fundador de WikiLeaks en el consulado del país norteamericano en Barcelona]

La acusación de Julian Assange ha reconocido ante el juez del Tribunal Superior de Justicia británico, Adam Johnson, que la Justicia estadounidense no posee ningún mecanismo para impedir que el periodista australiano sea condenado a una pena de muerte. Así lo han confirmado fuentes presentes en la audiencia que se celebró este miércoles en Londres.

Esta ha sido la respuesta de la representación de EEUU a la pregunta formulada por la Justicia británica sobre si el delito de traición -uno de los 18 que enfrentaría Assange de ser extraditado a EEUU-, contemplado en la ley de Espionaje estadounidense, podría conllevar la aplicación de la pena de muerte. El juez también ha querido saber si, de ser así, EEUU podrían asegurar que el fundador de WikiLeaks no recibiría dicha sentencia. Los abogados del imperio se han visto obligados a confirmar ambos escenarios.

La posibilidad de que Assange sea sentenciado a la pena capital contradice las garantías dadas por Reino Unido a Ecuador en 2019, cuando se comprometió a no extraditar al periodista a un país en el que se le pudiera aplicar dicha condena. En 2020, el subsecretario permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores británico en Ecuador, Simon McDonald, aseguró que "lo que sí dijimos es que nunca extraditaríamos al señor Assange si existía peligro de que afrontara una pena de muerte".

Cuatro años después, la acusación estadounidense evidencia que el fundador de WikiLeaks estaría expuesto a este riesgo de ser extraditado a EEUU.

Dicha opción también genera disonancias con la argumentación dada en 2021 por su Justicia, cuando aseguró a Londres que salvaguardaría la integridad y bienestar físico y psicológico de Assange durante el proceso judicial y la posterior condena en su territorio. Este aval fue el que permitió a los británicos dar luz verde a la entrega del periodista, que inicialmente había sido rechazada por razones humanitarias.

Tras la autorización judicial, la entonces ministra de Interior de Reino Unido, Priti Pattel, aprobó la extradición de Julian Assange.

El delicado estado de salud del australiano y la posibilidad de que las condiciones de su cautiverio en EEUU las agravaran, fue uno de los muchos argumentos presentados por su defensa para paralizar la extradición. A excepción de este, el resto de los argumentos fueron rechazados por las diferentes instancias judiciales británicas.

Este 20 y 21 de febrero la defensa de Assange ha vuelto a presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido ocho puntos de apelación para impedir la extradición, en la que sería la última oportunidad de frenarla en una jurisdicción nacional.

Si alguno de estos ocho puntos es admitido a trámite, la entrega de Assange a las autoridades estadounidenses quedaría temporalmente paralizada. Al menos, hasta que la Justicia británica estudiara el fondo dichos argumentos y fallara al respecto.

Por el contrario, en el caso de que ninguno de ellos fuera admitido a trámite, el destino de Assange quedaría en manos del Tribunal Europeo de DDHH, al que la defensa recurriría la entrega.

De momento, se ha sabido que los dos jueces de la Corte Suprema de Reino Unido encargados de estudiar los puntos de argumentación, Victoria Sharp y Adam Johnson, no decidirán sobre la extradición de Assange al menos hasta marzo.

Dos días de argumentación

Durante el primer día de audiencia, el pasado martes, los abogados de Julian Assange han expuesto las razones por las que se oponían a la extradición del periodista. Principalmente, la motivación política que podría esconder la petición de EEUU. Y es que, como han recordado a los jueces de la Corte británica, la extradición por razones políticas está explícitamente prohibida en el tratado vigente entre el Estado británico y estadounidense.

La acusación, que ha podido exponer sus argumentos este 21 de febrero, ha rechazado frontalmente este punto. Para empezar, la representación de EEUU en Reino Unido ha tratado de sustentar que Assange no es periodista, sino una suerte de hacker que habría ayudado a Chelsea Manning –fuente de las informaciones– a filtrar miles de documentos confidenciales. De ser así, considera EEUU, el australiano no se encontraría bajo la protección que detenta esa profesión.

Para Matt Kennard, cofundador del medio Desclassified UK, presente en la audiencia celebrada en Londres, esta suposición "es ridícula". Assange "ha expuesto más malas prácticas por parte de Gobiernos que nadie en la historia del periodismo, por tanto es más periodista que nadie", ha afirmado en el canal de Youtube de la campaña Free Assange.

Es de público conocimiento que las filtraciones de WikiLeaks permitieron exponer los crímenes del ejército estadounidense durante las guerras de Irak y Afganistán, así como las mentiras y ocultamientos en sus relaciones internacionales –Cablegate–, entre otras importantes revelaciones. Todas ellas pusieron en tela de juicio la integridad militar, diplomática y moral de EEUU. La defensa cree que esta es realmente la razón por la que Assange está siendo castigado.

En palabras de la esposa de Assange, la abogada Stella Moris: "Son unos criminales y están persiguiendo al periodista que les denunció. Julian es un narrador de la verdad, es un preso político".

Otra de las razones esgrimidas por la defensa para oponerse a la extradición es que la Justicia estadounidense podría ampliar –y agravar– los cargos contra Assange una vez este pise territorio norteamericano. La posibilidad de que se aplique la pena de muerte es la máxima expresión de esta hipótesis.

EEUU, explica la defensa, también busca privar a Assange de la protección de la Primera Enmienda de su Constitución, que recoge la libertad de expresión y de prensa, bajo la premisa de que el periodista no posee la nacionalidad estadounidense. Por ello, añaden,  el juicio al que sería sometido el fundador de WikiLeaks en EEUU no sería justo.

Los partidarios de Assange consideran que su entrega a las autoridades estadounidenses erosionaría el derecho a la información y sentaría un peligroso precedente para perseguir a aquellos que exponen informaciones que son de interés público.

Acceso limitado a la audiencia

Paradójicamente, muchos de los periodistas acreditados por el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido para acudir a las vistas han denunciado el precario acceso que han tenido a lo que ocurría dentro de la sala y las dificultades técnicas que les han impedido seguir las intervenciones de las partes. Así lo ha señalado varias veces la periodista de investigación italiana Stefania Maurizi, en la red social Twitter.

Tampoco ha podido asistir a la audiencia el propio Julian Assange, debido a su delicado estado de salud, según han informado sus allegados. La última vez que le fue permitido acudir físicamente a una de sus audiencias lo hizo tras un vidrio que tampoco le permitía escuchar bien las intervenciones. Desde entonces, la Justicia británica sólo le ha permitido asistir a las vistas por videoconferencia.

Pero desde finales de 2021 tampoco hace uso de esta vía. Aquel año sufrió un derrame durante la conexión en directo con el Tribunal Superior de Justicia, tal y como informó Moris. Para evitar un episodio similar, Assange tampoco ha visionado las vistas de esta semana.

Sus precarias condiciones de vida en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en la que permanece prisionero desde 2019, han contribuido a agravar su estado de salud mental y físico, ha afirmado en varias ocasiones el relator de la ONU para la tortura, Nils Melzer, que las definió como tortura. En ella continuará encerrado el tiempo que le de la gana a la Justicia británica.

Público