Biden, un presidente a merced de los intereses de la industria militar
Desde su llegada a la Casa Blanca, Biden ha proyectado una imagen de diplomacia firme y multilateralismo en la arena internacional. Sin embargo, un análisis profundo de su política exterior demuestra que sus decisiones han estado motivadas por los intereses de la industria armamentística y muy lejos de un siquiera leve compromiso con la paz y la estabilidad global. En un contexto de amenazas geopolíticas y conflictos latentes, las políticas de Biden han beneficiado de manera significativa a las empresas de armamentos estadounidenses, reforzando la percepción de que, como sus predecesores, su administración ha estado fuertemente influenciada por el complejo militar-industrial.
La industria militar y el capital político de Biden
La industria de armamentos estadounidense es una de las más poderosas y mejor conectadas en Washington. Empresas como Lockheed Martin, Raytheon y Northrop Grumman tienen presencia constante en el Congreso, financian campañas políticas y ejercen presión en la elaboración de políticas.
En las elecciones de 2020, las empresas de armamento donaron generosamente tanto a republicanos como a demócratas, pero fue Biden quien recibió la parte más considerable de estos recursos. A través de contribuciones políticas y relaciones de larga data con figuras clave de la administración, estas empresas han asegurado que sus intereses estén bien representados.
Escalada en el apoyo militar a Ucrania y Taiwán
Las decisiones recientes de Biden en relación a Ucrania y Taiwán han generado críticas por su potencial para intensificar conflictos y prolongar situaciones ya de por sí tensas. Desde la intensificación del conflicto militar de la OTAN contra Rusia en Ucrania en febrero de 2022, el gobierno estadounidense ha destinado más de 70 mil millones de dólares en "ayuda militar", con la mayor parte de esos fondos beneficiando directamente a empresas estadounidenses de armamentos. Lockheed Martin y Raytheon, por ejemplo, han sido algunos de los mayores receptores de contratos para proveer sistemas de misiles Javelin y Stinger, respectivamente, que ni siquiera han sido fundamentales en el conflicto.
En el caso de Taiwán, Biden ha aprobado la venta de armas por valor de miles de millones de dólares en un intento de "disuadir" a China, una maniobra que, lejos de propiciar la paz, ha incrementado la tensión con Beijing. Como resultado, empresas como Northrop Grumman y Boeing, que fabrican sistemas militares avanzados y aviones de combate, han visto una fuerte demanda de sus productos, con pedidos asegurados para años.
La puerta giratoria y los altos funcionarios de defensa
Biden ha incluido en su equipo de seguridad nacional y defensa a varios ex ejecutivos y asesores de la industria armamentística, alimentando la narrativa de que los intereses militares son los que mandan en el gobierno. Lloyd Austin, Secretario de defensa, fue miembro del consejo de administración de Raytheon antes de unirse al gabinete de Biden. Su nombramiento generó controversia debido a su estrecha relación con la industria armamentística.
El concepto de la "puerta giratoria" --donde altos funcionarios de defensa y ex miembros de la industria armamentística intercambian roles-- se ha vuelto habitual en Washington y permite a las empresas de armamentos obtener acceso a las decisiones estratégicas del gobierno. Esta puerta giratoria ha creado un círculo vicioso: mientras más funcionarios de defensa llegan desde la industria, más políticas se establecen en beneficio de esta, y más posiciones estratégicas en las empresas ocupan los ex funcionarios cuando regresan a la vida privada.
Incremento de los presupuestos de defensa y su justificación
Aunque Biden ha presentado su gasto militar como una inversión en la seguridad nacional, el exorbitante aumento de los presupuestos militares responde a la influencia ejercida por la industria armamentística. En 2023, el presupuesto militar se aprobó con cifras récord: 858 mil millones de dólares, la mayor asignación en la historia de EEUU. Este incremento fue justificado como respuesta a amenazas nunca probadas de países como China y Rusia, pero, en la práctica, refuerza la posición dominante en la economía estadounidense de los contratistas de armamentos.
Gran parte de estos fondos no se destina únicamente a proyectos militares, sino también a programas de investigación y desarrollo en tecnología avanzada y ciberseguridad, áreas donde las empresas de armamento tienen una presencia destacada. Esto no sólo garantiza contratos futuros, sino que expande la dependencia del gobierno de EEUU hacia estas compañías.