Bolivia: La COB aceptó la oferta del gobierno de Evo Morales

La Central Obrera de Bolivia anunció ayer por la noche la aceptación de la propuesta del gobierno de Evo Morales y puso fin al paro y las movilizaciones iniciados el pasado 6 de mayo. El secretario Ejecutivo de la Central Obrera Bolivia (COB), Juan Carlos Trujillo, anunció: “Entramos en un cuarto intermedio, con levantar todas las medidas y retornar a trabajar y estar en estado de emergencia por estos 30 días para ya de una vez firmar el acuerdo correspondiente y empezar a trabajar en los puntos planteados.”

La huelga había sido iniciada por trabajadores mineros de Huanuni, la mayor reserva de estaño de Bolivia, que exigían una modificación del régimen de pensiones para que la jubilación alcanzara un monto equivalente al 100% del salario obtenido los últimos 24 meses trabajados. El monto acordado finalmente fue el 70% del salario promediado durante los últimos 24 meses.

Si bien se trató de una lucha encabezada por la COB y con reivindicaciones aparentemente favorables para los trabajadores, desde el gobierno de Evo Morales se encargaron de denunciar la maniobra como una acción con fines golpistas y desestabilizadores, a la vez que advirtieron sobre el daño que podía ocasionar al sistema de pensiones boliviano.

Bolivia es un país que está luchando para revertir las condiciones de precariedad en las cuales ha estado sumida la población. El gobierno de Evo Morales ha logrado importantes avances que permitieron reducir la pobreza del 60,1% al 49% de 2007 a la fecha, y la pobreza extrema del 34% al 25.4% en el mismo periodo. A su vez, durante el mandato del Movimiento al Socialismo (MAS), el salario mínimo nacional aumentó 127% entre 2006 y 2014.

Más allá de las demandas gremiales, durante las protestas se dieron acciones con claras intenciones desestabilizadoras del gobierno de Evo Morales. Si bien comenzó como una lucha sindical de los mineros y conducida por la COB, durante el proceso se sumaron organizaciones de médicos y de policías -estos últimos llegaron a amotinarse y las esposas de algunos oficiales iniciaron una huelga de hambre. Dentro de las acciones de protesta se llegó a dinamitar un puente de la ruta Oruro-Cochabamba y más de 5000 mineros sitiaron la capital del país.

Ante esta situación, Evo Morales recurrió al apoyo popular que se movilizó para brindarle su respaldo. “Convoco compañeros a defender primero la democracia y si somos de este proceso defender este proceso de cambio para todos los bolivianos.” A su vez, sectores de base de la COB se despegaron de las acciones golpistas de la conducción y los acuerdos con el paramilitar Jaime Solares, líder del Partido de los Trabajadores que se puso a la cabeza de las movilizaciones mineras.

Con el acuerdo alcanzado el gobierno boliviano debió ceder en parte a las exigencias del sector minero (promediar el salario de los últimos 24 meses y no de todos años aportados), pero pudo asegurar la continuidad de un sistema previsional solidario y redistributivo. De este modo, Evo Morales fue consecuente con lo expresado días atrás frente a los trabajadores fabriles “las políticas gubernamentales solo persiguen ayudar a las mayorías y garantizar la jubilación para el futuro. Esa es nuestra diferencia con la COB”.

Sistema solidario vs Sistema de privilegios

El sistema de pensiones vigente forma parte de las políticas redistributivas que impulsó Morales para mejorar las condiciones de vida de los asalariados más vulnerables. Para ello en 2010 aprobó una nueva Ley de Pensiones (Ley No. 065) que reemplazaba al régimen anterior de corte neoliberal, que se basaba en un sistema individual de ahorro privado.

Rebeca Peralta Mariñelarena “explica las principales características de este régimen solidario semi-contributivo: reducción de la edad de la jubilación (de 65 a 58 años, y las mujeres pueden reducir un año por cada hijo parido hasta un límite de tres, 55 años es la edad mínima de jubilación); establecimiento obligatorio del aporte patronal que había sido eliminando en la ley neoliberal (3% del total de las ganancias del patrón), además de un aporte especial por riesgo profesional; sistema diferenciado de aportaciones de los trabajadores: 1% del salario para los trabajadores de menores ingresos; 5% para los de ingreso medio; y 10% para los de más altos ingresos. Esto es, aportan más quienes ganan más. La nueva ley también establece que el monto de la jubilación se determinará promediando toda la vida laboral del trabajador y no sólo los últimos 24 talones de pago.”

En este contexto las exigencias planteadas por la COB significaban poner en peligro la totalidad del sistema. Los trabajadores mineros pretendían asegurarse altas jubilaciones a costa de vaciar el fondo redistributivo al cual aportan los asalariados que menos cobran. Las exigencias del %100 del sueldo obtenido durante los últimos 24 meses no se condicen con la realidad económica del país. Significa además una ventaja diferencial del sector minero, dado que los precios de los metales exportados por Bolivia aumentaron extraordinariamente durante los últimos años. Por esta razón los trabajadores mineros perciben un sueldo mucho más grande que el resto de los asalariados bolivianos.

Esta situación también es descrita por Mariñelarena: “La demanda de los mineros de la COB en las primeras mesas de diálogo con el gobierno consistía en el incremento de las pensiones a su gremio -exclusivamente a los mineros-, por 8 mil bolivianos (1.149 dólares), y por 5 mil bolivianos al resto de los trabajadores (718 dólares). Días después, ante la negativa gubernamental por falta de fondos y riesgo en la sostenibilidad del sistema de pensiones, los trabajadores radicalizarían su demanda y exigirían un aumento en las pensiones al ciento por ciento, considerando el monto salarial obtenido en sus últimas 24 papeletas de pago, lo que dispara las cifras hasta, en algunos casos, pensiones de 40 mil bolivianos al mes (5,747 dólares) en un país donde el presidente gana la suma de 18 mil bolivianos al mes (2,586 dólares). El aumento en las pensiones bien puede considerarse un derecho de los trabajadores, pero no así la exigencia del ciento por ciento planteado por la COB en el contexto boliviano actual.”

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