Bolivia: Ruido de sables en medio de la crisis de Estado

Ante la ausencia de una clase dominante unificada y fuerte y la consiguiente debilidad de las representaciones políticas que surgen para servirla, el ejército boliviano se ha forjado -con mucho asesoramiento de Estados Unidos- como el representante político de la oligarquía. Se trata de un arquetipo colectivo que fue clave durante el siglo XX, cuando las fuerzas armadas dirimían, a través de la violencia, el empate histórico entre el movimiento obrero-popular y las clases poseedoras.

Cuando Evo Morales ingresó a la presidencia en aquel lejano 2005, prometió descolonizar el ejército, impuso los símbolos indígenas en las ceremonias militares, pero, como el mismo lo comprobó brutalmente el 2019, estuvo lejos de erradicar el espíritu de casta, señorial, racista y golpista de la oficialidad. La aparición del general Juan José Zúñiga como "salvador de la patria" revive esa vieja pulsión de los militares bolivianos de irrumpir en el escenario político para resolver con métodos gangsteriles lo que el imperialismo y sus socios nativos no pueden lograr con los incómodos medios democráticos.

Crisis política

Una crisis política manifiesta su peligrosidad a medida que operan fuerzas centrífugas desde el núcleo mismo del Estado. Si uno o más aparatos del Estado colisionan entre sí, la situación está poniendo en cuestión la existencia misma del régimen político que sustentó, hasta la víspera, su unidad. Todo indica que Bolivia está procesando una crisis política cada vez más agudizada.

Para empezar, gracias a una maniobra totalmente ilegal, las autoridades del aparato de justicia decidieron alargar sus mandatos, que fenecieron constitucionalmente el 1 de enero de este año. Cada vez que la Asamblea Legislativa ejerció su potestad de suspender del cargo a los magistrados y convocar a elecciones, las camarillas del Poder Judicial recurrieron a medidas inverosímiles para escamotear los mandatos del Poder Legislativo que, en teoría, es el primer órgano del Estado.

Al mismo tiempo, hay una profunda crisis al nivel de la representación política, principalmente porque el más importante partido político del país, el Movimiento Al Socialismo, está en una pugna enconada y aparentemente irreversible. Tal es la ferocidad de las disputas, que varios dirigentes medios del evismo (Evo Morales fue el primer político en alertar sobre el peligro golpista) le hacen coro al libreto derechista de caracterizar el peligroso atentado político perpetrado por el general Zuñiga como un "simulacro del gobierno". A ello se añade que la misma Asamblea Legislativa dejó de tener plenarias hace 6 meses. La razón es que el oficialismo, es decir la fracción del MAS del presidente Luis Arce, constituye una impotente minoría frente a una oposición que viene actuando de forma unificada alrededor del evismo.

Ahora estamos seguros de agregar el último ingrediente de la crisis política. La frustrada asonada militar comandada por el general Zúñiga deja claro que las acciones del alto mando militar en 2019, cuando los generales consagraron el golpe pidiendo la renuncia del presidente del Estado, no fueron hechos que se resolvieron gracias a un mero soborno de los conspiradores derechistas cívicos y empresariales, sino que denotan una deliberación y acción política autónomas de los uniformados.

Precaria situación económica

No es ningún secreto que la pieza clave del modelo de acumulación que sostuvo la gobernabilidad y popularidad del "proceso de cambio" dirigido por el MAS, fue el excedente económico otorgado por la renta hidrocarburífera. Ahora que ese excedente se redujo drásticamente, las piezas que sostienen al modelo empiezan a tambalearse. Hasta ahora, el principal problema fiscal es el enorme peso que tiene la subvención de hidrocarburos (Bolivia importa gasolina y diésel) para el presupuesto, cuyas inversiones son esenciales para mantener el dinamismo del mercado interno.

El gobierno de Arce ya demostró no tener ningún plan serio para resolver el problema, al menos a corto plazo, y Evo Morales endureció sus críticas a la incompetencia del Ejecutivo sin ofrecer ninguna alternativa. La derecha mediática y partidaria, por su parte, apunta sus tiros contra la intervención del Estado en la economía para procurar revivir fetiches neoliberales como "la inversión extranjera" o la "libertad del mercado".

Un cuartelazo no es un golpe, pero...

Cuando la tarde del 26 de junio un par de regimientos de la policía militar y algunas tanquetas llegaron hasta plaza Murillo, consiguieron un primer efecto exitoso de todo golpe que es provocar un estado de shock en la sociedad. Fracasaron, no obstante, en el objetivo subsecuente: no lograron respaldo en corrientes de opinión de masas. Los mismos medios de comunicación de derecha, que fueron clave para el golpe del 2019, abordaron la noticia con la misma perplejidad con la que su audiencia seguía los acontecimientos. Todo el arco derechista de la política, incluyendo a detenidos como Jeanine Añez o Luis Fernando Camacho, repudiaron la intentona del general Zúñiga, usando, llamativamente, el mismo guion.

Si a nivel propagandístico el putsch de Zuñiga fue un fiasco, lo fue también en su operativo militar. Cuando el general se encontraba a puertas del Palacio de Gobierno montado en una tanqueta, tardó en cruzar el umbral simbólico del poder porque, según la prensa, se encontraba todavía en medio de llamadas telefónicas, quien sabe si dando explicaciones o esperando vanamente que sus cómplices cumplieran lo acordado. Pese a saberse solo, Zúñiga dio una breve conferencia de prensa para pronunciar el rancio y manido discurso de la sedición militar, planteando que venía a salvar al país. Un par de horas después, Luis Arce destituyó a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas y las tropas que acompañaron al inefable ex comandante abandonaron la plaza Murillo, siendo los militares hostilizados y correteados por las personas que se habían concentrado para resistir el golpe.

Zúñiga fue arrestado para las 18 del mismo miércoles 26 y acusado penalmente por sedición. Habló con los medios al momento de ser trasladado ante un juez y dio un giro completo a sus peroratas de hace un par de horas, señalando que, en realidad, todos sus actos habían sido coordinados con el presidente Arce para levantar su popularidad. Minutos después, volvió a cambiar de versión, según trascendidos de sus declaraciones ante el juez, sosteniendo que su plan de insubordinación había fracasado porque no todos los mandos militares involucrados habían cumplido el rol que previamente se había dispuesto.

"Fue show..."

Una vez rehabilitada de su asombro, la derecha mediática está haciendo esfuerzos por convencer al pueblo de que la fracasada asonada golpista puede reducirse a un show político del gobierno, con el fin de "legitimarse".

Hasta ahora, son 17 los militares golpistas aprehendidos y el ministro de Defensa ya hizo saber que en la planificación del putsch estuvieron involucrados militares jubilados, un sector políticamente muy activo en Bolivia, que cuenta con "analistas" que ahora mismo están hablando del "show del autogolpe" y que tomaron roles protagónicos en la agitación que echó inconstitucionalmente a Evo del gobierno en 2019.

Políticamente, el discurso de "autogolpe" y "simulacro de golpe" es muy útil para la derecha, no sólo porque procura salvar de responsabilidades a elementos muy importante del Ejército involucrados en la sedición, sino porque prepara el terreno, inundando de memes las redes sociales en los cuales se ridiculiza el "sainete del golpe", para asestar a futuro un movimiento de mano más certero contra el movimiento de masas y el régimen democrático, que, aunque cada vez mas deteriorado, constituye un mejor escenario para la lucha popular que la dictadura de capitalismo salvaje que anhela la reacción.

Responsabilidades políticas

El escenario de crisis de Estado y precariedad económicas no son suficientes para explicar la gravedad de lo que pasó en Bolivia el 26 de junio. Es preciso delinear las responsabilidades políticas. En primer lugar, para nadie es desconocido hasta donde puede llegar la oposición de derecha y ultraderecha (políticos profesionales, empresarios, iglesia católica y medios de comunicación) en su afán de echar al MAS del gobierno y cambiar, con la fuerza del Estado, las correlaciones de fuerza entre las clases dominantes y el movimiento de masas. Si el gobierno de Arce asume con un mínimo de seriedad las investigaciones del golpe fallido, hallará varios niveles de responsabilidad dentro y fuera de las Fuerzas Armadas.

En segundo lugar, no hay ningún indicio que la pugna política entre las fracciones arcista y evista del MAS cobre algún nivel de altura política, como la situación exige. Pese a que Evo Morales durante la jornada de la asonada militar se posicionó claramente contra los preparativos de golpe, todo indica que esa postura no tiene mayor influencia en los posicionamientos políticos de su bloque. Durante las horas siguientes a la aventura militar, los voceros del evismo siguieron difundiendo la teoría del "simulacro" de golpe por parte del gobierno, probablemente porque su forma de hacer política se reduce a resguardar su próxima candidatura, aunque esa teoría es asumida por una parte importante de la población.

Nada mejor puede decirse del arcismo, en tanto promotor activo de que la camarilla judicial se prorrogue ilegalmente. Después de instrumentalizar los intereses mafiosos de los magistrados, el gobierno no debería sorprenderse si termina como víctima de la libertad de acción que le garantizó al aparato judicial. En lo que respecta al ejército, si Arce cree que el mero relevo de los comandantes de las FFAA impedirá nuevas asonadas golpistas, está declarando indignamente su debilidad, en un signo de impotencia que mal puede ser disimulada con actitudes pusilánimes ante sus futuros verdugos.

Jacobinlat / La Haine