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Cacería política en las FFAA o feudalización militar
En menos de 6 meses, el régimen conducido por Jeanine Añez y agentes extranjeros ha hecho retroceder 37 años continuos de valiosos logros que contribuyeron a la democratización e institucionalización de las Fuerzas Armadas. Lo que se había considerado un patrimonio de la joven democracia boliviana vinculada a la obediencia constitucional del instituto armado y su serenidad no deliberativa hoy se ha convertido en una nefasta reiteración que nos ha devuelto a los peores años de las dictaduras militares. Tanques de asalto en las calles, soldados desnutridos con fusil en mano amenazando a la población civil, coroneles y generales envilecidos por un fajo de billetes, provenientes de los más oscuros linderos de la corrupción han socavado el orden constitucional y violentado los derechos humanos mediante represiones infames y amenazas propias de una mentalidad retrógrada que considerábamos superada en el tiempo. El actual régimen no ha hecho otra cosa que preñar de violencia las calles y sembrar de miedo hasta en las paredes.
Nuevamente, las FFAA han perdido el norte estratégico, su prestigio profesional, su disciplina o su consagración al país para entregarse dócilmente y sin remilgo alguno a la voracidad de los intereses norteamericanos que hoy ocupan arteramente nuestra Patria de la mano sucia y asesina de los actuales gobernantes. Empero, las nuevas generaciones de militares están a tiempo de devolverle al país el rumbo desquiciado que se ha impuesto a sangre y fuego. Los bolivianos estamos al borde del precipicio fatídico y nada hace presumir que las propias Fuerzas Armadas sean víctimas de la misma violencia que ayudaron a sembrar el 10 de noviembre del 2019.
I
En las últimas horas se ha producido la destitución del Jefe de la Casa Militar y Jefe de Edecanes, además de otros oficiales, quienes cumplían destino o asignación en Palacio de Gobierno. El régimen de Jeanine Añez y más propiamente el ministro de la Presidencia Yerko Nuñez, dispuso, en un acto de prepotencia e injusticia, el abandono inmediato de sus oficinas como si se tratara de vulgares ladrones acusándolos de haber filtrado información reservada a los medios de comunicación respecto al uso de aviones, avionetas y helicópteros, propiedad del Estado Plurinacional.
El Gral. Brig. Adhemar Terán Mendoza, Jefe de la Casa Militar, Cnl. DAEM Edwin Vega Arancibia, jefe de edecanes y My. FAB Juan Claros Arispe, además de otros oficiales de bajo rango, fueron alejados de Casa Militar sin ninguna justificación que no fuera una burda sospecha de infidencia. La feroz crítica de la población contra el gobierno por el abuso de los bienes estatales los condujo a buscar culpables en Palacio de Gobierno y no encontraron vecinos más cercanos que no fueran los militares a cuyo cargo se encuentra el movimiento aéreo del gobierno. Como acostumbran los políticos de turno, éstos buscaron expiar culpas propias en el equipo militar responsable de la seguridad presidencial.
Convendrá recordar que en los últimos días se denunció el uso indiscriminado y abusivo de avionetas del Estado por Carolina Ribera, hija de la candidata presidenta, quien, abusando de su condición de jefa de la Unidad de Gestión Social de la Presidencia, realizó un viaje privado con el novio y los padres del mismo a la ciudad de Roboré, en procura de disfrutar el fin de semana en las turísticas aguas termales de la comunidad indígena de Aguas Calientes. Sorprendidos por la prensa del lugar y la crítica expresada por el Alcalde de Roboré que ignoraba el arribo de la comitiva, el gobierno no tuvo más salida que simular la entrega de insumos y alimentos a familias pobres en un acto por demás montado y grotescamente ejecutado que no disminuyó la intensidad de la condena social.
Una segunda denuncia del abuso de los bienes del Estado se produjo cuando la diputada Gina Torrez y su hijo fueron trasladados en otra avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) de la ciudad de Tarija a La Paz, con el argumento de asistir a la sesión de Asamblea Legislativa presuntamente convocada que nunca se produjo como lo confirmó la diputada Norma Piérola. A esta última, el gobierno la amenazó por develar la mentira de Gina Torrez y poner en evidencia el uso privado de la avioneta. En realidad, el viaje de Torres obedecía simplemente al capricho de Carolina Ribera que había pedido que se los trasladara por vía aérea a la madre y al hijo para asistir a su cumpleaños. Jeanine Añez y Carolina Ribera, violando la regla de la cuarentena lograron reunir en la Residencia Presidencial de San Jorge a más de una docena de amigos y parientes en torno a la fastuosa celebración.
El tercer episodio, tan vergonzoso e indignante como los dos anteriores, fue protagonizado por el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, quien en un arranque de “humanitarismo” decidió trasladar a la ex – miss Rurrenabaque, Yaracobi Shiraishi, a la ciudad de La Paz con el argumento que la señorita se encontraba mal de salud. Nuevamente, en medio de un bochornoso juego de mentiras o medias verdades, Núñez declaró a la prensa que no conocía a la ex-miss y que decidió trasladarla en su avioneta sobre la base del informe médico local.
Horas después de la seguidilla de mentiras se reveló que el certificado médico fue otorgado por una militante del partido de Núñez y que Yaracobi no presentaba ningún signo de malestar, por el contrario, se encontraba en perfectas condiciones para seguir disfrutando de los paseos aéreos con el ministro a quien en un audio lo trataba con excesiva familiaridad. El propio Núñez señaló que conocía a la familia pero que no conocía a la hija, a pesar de que el mismo había participado años antes como jurado calificador para la elección de la miss Rurrenabaque, ciudad de la que fue alcalde durante 14 años consecutivos. Un verdadero circo mitómano envolvió al ministro de marras ante el escándalo público que puso al descubierto las incontrolables tentaciones carnales del régimen.
La indignación social estalló en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, a pesar del intento de encubrimiento de varios periódicos y radios afines al gobierno, hasta que Yerko Núñez tuvo que pedir perdón a la población comprometiéndose a no repetir el abuso de poder y el uso ilegal de los bienes públicos para fines privados, lo que no significa la extinción del delito. No ha estado exento de crítica el uso discrecional de los helicópteros del gobierno usados en prodigar bendiciones a la población de las principales ciudades del país en semana santa contradiciendo el carácter laico del Estado y los elevados costos operativos de las aeronaves que podían servir para otros menesteres menos ostentosos y mundanos.
II
Los tres episodios sucesivos, además de otros que aún se desconocen, revelan los aberrantes abusos de poder de la presidenta y del círculo íntimo del gobierno, inmerso en un mar de corrupción y saqueo desvergonzado de empresas estratégicas del Estado Plurinacional. Por otra parte, estos actos bochornosos ocurrieron en medio de la mayor ineptitud del régimen para controlar la pandemia del coronavirus caracterizada por la caótica gestión del ministerio de salud, falta de equipamiento hospitalario, inexistencia de materiales de bioseguridad, protesta generalizada de médicos y enfermeras por la precariedad de las condiciones laborales, carencia de reactivos para las pruebas de diagnóstico y decenas de promesas incumplidas, sumado a la crisis en la gestión de los servicios departamentales de salud que fueron intervenidos por el gobierno sin resultados aparentemente positivos.
Estos abusos de poder en relación a los bienes estatales revelan, en primer lugar, una inequívoca conducta de desprecio a las normas administrativas, en segundo lugar, explica una cultura política de despojo inmisericorde de los bienes públicos y tercero, una cuestionable conducta inmoral y desconsiderada con la población que desde hace varias semanas se encuentra confinada en cuarentena.
Demuestra también la indolencia respecto a las múltiples necesidades que tiene la población más pobre del país que hoy sufre hambre, desocupación y una angustiante incertidumbre sobre el futuro inmediato.
El uso de los bienes públicos por parte del régimen explica también la perversa lógica que subyace en los funcionarios públicos jerárquicos cercanos a la presidenta. Estos, en su mayoría provenientes del Beni y Santa Cruz, familiarizados con esa antigua lógica patronal o cacical de la amazonia, poseen en su núcleo mental la idea casi naturalizada respecto al abuso de poder que entraña, entre otras cosas, el saqueo ilimitado de bienes públicos, desprecio por las normas universales además de un secular racismo larvario como denominador común. En buena medida expresan el infortunio de un origen geográfico distante al desarrollo estatal o a procesos de modernización institucional siendo más cercanos a la lógica patronal estanciera.
Que el gobierno dirigido por Añez sancione injusta y abusivamente a los oficiales de las FFAA, responsables de la seguridad palaciega, por delitos y abusos cometidos por altas autoridades y familiares del régimen, da cuenta del cinismo con el que se maneja el país y la intolerancia incluso contra aquellos militares que se supone constituyen aliados estratégicos del gobierno golpista.
La destitución del personal militar destinado a Palacio de Gobierno es interpretada por las FFAA como un castigo drástico que modificará significativamente la hoja de vida y, en definitiva, la propia carrera militar de los afectados que en buenas cuentas sirven al arrogante régimen de turno como simples chivos expiatorios. Ninguno de ellos pidió ser destinado al Palacio de Gobierno y mucho menos a la administración de la flota de aviones y helicópteros adquiridos en la gestión de Evo Morales. Sin que medie investigación alguna y sin más trámite que una simple sospecha de infidencia, sutilmente deslizada por edecanes policías, el personal militar, además de ser destituido y acompañado de un informe lapidario de su desempeño profesional, fue enviado al Estado Mayor de las FFAA como si se tratara de simples delincuentes.
Para descargo de este personal destituido convendrá señalar que, en los tres casos de abuso de poder y uso ilegal de bienes públicos, fueron algunos medios de comunicación y redes sociales quienes circularon y denunciaron profusamente cada uno de los hechos adquiriendo la estatura de escándalo público. Habría sido un verdadero contrasentido para su propia ética u honor militar que quienes estaban destinados a preservar información confidencial la entregaran a medios de comunicación que, como se sabe, son los menos indicados para mantener un grado razonable de reserva.
Resulta paradójico que los oficiales responsables de planificar el movimiento aéreo de las autoridades civiles y de preservar la seguridad de las naves, insólitamente fueron convertidos en culpables de los múltiples escándalos y en directos responsables del repudio popular contra el gobierno. Como se suele decir en el romancero popular, el cojo le echa la culpa al empedrado. Conviene no olvidar que los mismos personajes que criticaban acremente al gobierno anterior por el uso de aviones y helicópteros son los que hoy multiplicaron dicha práctica en solo 6 meses de gobierno transitorio.
La decisión de destituir injusta y arbitrariamente al equipo militar de Palacio de Gobierno es una muestra fehaciente del desprecio e intolerancia que siente el régimen ante cualquier asomo de denuncia de sus recurrentes arbitrariedades. Esta reacción poco serena y casi explosiva del gobierno explica su necesidad imperativa de ejercer control sobre los medios de comunicación con quienes se ha construido un verdadero cerco mediático para que la sociedad viva en el reino de la opacidad. En este caso, el personal subalterno de las FFAA interpreta la decisión política como desmesurada y unilateral que ofende el prestigio militar.
Empero, esta decisión ni es improvisada ni es casual. En primer lugar, es una señal categórica a las FFAA de que el régimen no permitirá ningún desliz de infidelidad ni de tibieza política en el cumplimiento de las tareas asignadas, particularmente las represivas, mucho menos la aceptación de concesiones políticas en favor de sus adversarios como el acceso a supuesta información confidencial que los perjudique en sus aspiraciones de continuidad presidencial. Por otra parte, es una expresión desconsiderada respecto al extraordinario esfuerzo y sacrificio que hoy hacen las FFAA en procura de hacer cumplir las disposiciones emanadas de la emergencia sanitaria nacional.
Actualmente miles de soldados, sargentos y oficiales de las FFAA cumplen tareas de patrullaje y control de la cuarentena en todo el territorio nacional, sometidos a condiciones infrahumanas y expuestos al contagio inminente del coronavirus. Excepcionalmente, el personal militar dispone de recursos para la sobrealimentación y no cuenta con ningún material de bioseguridad que inmunice su trabajo diario, pese a los recurrente reclamos de los mandos intermedios. No cabe duda que existe una abierta complicidad e indiferencia de parte del Comando en Jefe de las FFAA, a la cabeza del Gral. Div. Sergio Orellana y su Estado Mayor con el gobierno, que hacen oídos sordos a las súplicas del personal subalterno que exige un mínimo de dotación de vestuario y equipo adecuado para cumplir sus sensibles y peligrosas labores diarias.
El país ignora la cantidad de soldados, sargentos u oficiales contagiados por el coronavirus ante el olímpico desprecio que expresa el Ministerio de Defensa Nacional por la transparencia y el manejo responsable de la información. Se presume que existe más de un centenar de soldados infectados en todo el país a cuyas familias se les está privando el derecho a la información.
Al mismo tiempo, el personal profesional de mando, sargentos y oficiales, junto a los soldados, se exponen al contagio callejero que pone en riesgo a sus familias ante la falta de pruebas de diagnóstico oportunas en los cuarteles. Ciertamente, se advierte un agotamiento mayúsculo de la tropa que no ha tenido la posibilidad de relevo estos tres meses, peor aún, de recibir un trato alimenticio y sanitario adecuado que está generando severos problemas de disciplina y salud mental y física en los conscriptos. Pero es lo que menos importa para el poder político y militar puesto que subsiste la mentalidad colonial respecto a los soldados que en su mayoría son indígenas y, por lo tanto, desechables.
III
Los rumores cuartelarios señalan que las FFAA estarían siendo tratadas como “animales de carga” sujeto a caprichos políticos con la complicidad de sus mandos que estarían recibiendo jugosos gastos reservados como precio por su silencio venal. El malestar del personal profesional es mayúsculo dada la comparación que se hace con el trato preferente que el gobierno dispensa a la Policía Nacional. Estos últimos estarían recibiendo recursos económicos adicionales, equipos suficientes de bioseguridad, dotaciones extraordinarias de uniformes y racionamiento alimenticio suplementario que incluye jornadas de descanso reparador.
Además de lo anterior, las FFAA consideran que económicamente están siendo injustamente maltratadas en relación a la Policía a quienes asignaron un aumento salarial sustantivo otorgándoles, al mismo tiempo, un margen oprobioso de tolerancia al conjunto de actos delictivos relacionados con su cultura extorsiva e institucionalizada. Hasta el momento el personal militar desconoce si se le otorgará un aumento salarial.
Hace pocos días, oficiales del Ejército denunciaron públicamente evidentes prácticas extorsivas y bloqueos deliberadamente planificados y activados por personal de inteligencia de la Policía para acusar al MAS de romper la cuarentena y enfrentar a los militares con la población civil. Dichas denuncias no habrían merecido hasta ahora ninguna investigación, por el contrario, habrían sido eludidas por las autoridades y silenciadas por los medios de comunicación.
Es ya un rumor generalizado que en este régimen las FFAA se habrían convertido en peones baratos de la Policía y en empleadas domésticas maltratadas por el gobierno al que consideran el más corrupto, incapaz e indolente de toda la historia. Incluso, las incautaciones que realizan los militares al contrabando en las fronteras, con el riesgo de sus vidas, estarían siendo direccionadas masivamente en favor de la Policía en lugar de servir a sectores pobres y marginales. Por otra parte, el sector militar siente que su esfuerzo institucional es capitalizado políticamente por los titulares de defensa o gobierno en procura de exaltar sus méritos personales.
El favoritismo del gobierno hacia la Policía Nacional en desmedro de las FFAA no es un invento ni mucho menos un ardid político malintencionado. El propio ministro de defensa, Luis Fernando López, en un acto que constituye un verdadero agravio para los militares llamó a los policías “camaradas”, con el único objetivo político de granjearse la simpatía policial en procura de preservar una relación amable entre ambas instituciones. Lo que López desconoce e ignora es el profundo sustrato histórico de rivalidades irresueltas e irreconciliables entre ambas instituciones que no las hacen comparables en prestigio, profesionalidad ni mucho menos en decoro profesional desde la perspectiva militar. Este arranque demagógico y desconsiderado de López con la memoria militar ha introducido en el ánimo de las FFAA, particularmente del Ejército, una sensación de inocultable molestia y desazón.
Similar actitud de encono ha despertado la conducta política y la apuesta partidaria del Comandante en Jefe de las FFAA, Gral. Sergio Orellana, al tratar de convertir la institución en una fuerza política uniformada al servicio del gobierno. Exigido por el poder político Orellana se ha encargado escrupulosamente de eludir y encubrir los múltiples altercados entre policías y militares que se producen permanentemente, situación que solo se explica por su adscripción familiar dado que el padre es un viejo oficial de policías.
Orellana se ha mostrado solícito a las necesidades represivas del gobierno, incluso por encima de su propia capacidad operativa, lo que dice claramente que su prioridad no es el bienestar de las FFAA ni su adscripción a las leyes, sino la estabilidad del régimen. La petición gubernamental para que las FFAA participaran en la distribución de bonos en el área rural fue transformada por Orellana en una oportunidad propicia para reforzar su adhesión y fidelidad al gobierno. Propuso que el Plan de Distribución de bonos sociales se denominara JUNTOS POR BOLIVIA, usando el mismo color y nombre del partido de gobierno en la documentación oficial de las FFAA.
El material impreso para este fin, así como la entrega personalizada de los bonos tiene como objetivo servir como la mejor estrategia de difusión y socialización del programa del partido gobernante. Mediante este Plan, las FFAA desarrollarían una agresiva campaña electoral en el área rural en favor del régimen llevando a los lugares más inhóspitos la campaña electoral con el nombre de la presidenta. Inducir al voto y satanizar la gestión de Evo Morales, mostrando un conjunto de irregularidades administrativas constituye la base de la campaña militar propuesta por Orellana y López.
De igual manera, Orellana reiteró su alineamiento incondicional al partido gobernante al denominar el Plan de Movilización militar-policial de los fines de semana con el nombre nuevamente de JUNTOS con el ánimo de mostrar la inexistencia de enconos institucionales entre policías y militares y mostrarse como un indisoluble cuerpo armado al servicio del gobierno. Con el pretexto de motivar a la población durante la cuarentena, el Comando en Jefe diseñó el plan en el marco de Operaciones Psicológicas, recomendadas por el Grupo militar de EEUU, que tiene como objetivo la movilización simultánea de miles de soldados y policías a lo largo y ancho del país que en realidad no es más que una muestra de su capacidad política disuasiva.
El alineamiento de Orellana al servicio del gobierno se traduce también en la propuesta de ascenso de coroneles a generales enviada a Palacio de Gobierno para su consideración por la Comisión de Defensa del senado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dicha lista difiere radicalmente de aquella que fue elaborada con base en los méritos personales y presentada al gobierno por el anterior mando militar, a la cabeza del Gral. Kalimán. Como por arte de magia, Orellana modificó dicha lista eliminando de ella a un numeroso grupo de coroneles supuestamente cercanos al gobierno de Evo Morales para dar cabida a un nutrido grupo de oficiales considerados leales y aparentemente alineados al actual régimen.
La consecuencia perversa en la discrecional y politizada elaboración de listas para ascensos se expresa en la injusta asignación de cargos al personal considerado favorecido por el gobierno, entretanto, los coroneles supuestamente “masistas” habrían sido pasados a la lista de disponibilidad militar quedando no solo perjudicados en su derecho de ascender sino también al margen de la asignación de cargos que no es otra cosa que su pase a retiro. En realidad, se estaría produciendo un virtual proceso de depuración política o de limpieza ideológica entre los coroneles.
IV
No cabe duda que la politización de las FFAA con el actual gobierno, impulsado por los apetitos continuistas, ha logrado configurar una suerte de feudalización institucional, echando por tierra los tímidos avances en procura de su democratización y profesionalización de los últimos 37 años. La instrumentalización de las designaciones en cargos jerárquicos, el manejo caprichoso de destinos del personal con arreglo a la cercanía o lejanía ideológica del régimen, la modificación de listas en los ascensos, así como la disponibilidad represiva para contener la protesta social forman parte del imperativo político del régimen en complicidad con los altos mandos, abonado por el pago de incentivos económicos provenientes de fuentes financieras dudosas, aunque con firme sospecha que procederían del Grupo Militar de los EEUU.
Forma parte de este proceso de quiebre institucional el uso de organismos de inteligencia militar y policial dedicados, por decisión política, a identificar o perseguir oficiales críticos o aparentemente vinculados con el gobierno anterior. Desde el propio Comando en Jefe se ha dispuesto que los servicios de inteligencia militar, en cada una de las fuerzas, dediquen sus esfuerzos a identificar a personal militar vinculado con Evo Morales. Como pocas veces en las últimas décadas, se ha restablecido una sañuda persecución política de la mano de sanciones injustas contra el personal militar sospechoso o no alienado con el actual régimen.
Las FFAA no solo han sido ocupadas políticamente desde adentro, sino que también obedecen decisiones externas alimentadas por intereses extranjeros, en particular norteamericanos. Desde esta perspectiva, directa o indirectamente, la institución militar sustenta el proceso de desnacionalización del Estado Plurinacional y, por lo mismo, ha pasado a formar parte del despojo del patrimonio nacional. Su condición de soporte material y armado del régimen coloca a las FFAA en el vergonzoso papel de correa de transmisión del vaciamiento nacional y aplastamiento de la Patria.
Empero, estas no son reflexiones que forman parte de las preocupaciones sustantivas del personal militar sino aquellas que son más mundanas vinculadas con su sobrevivencia diaria. En este sentido, la irritación militar no es menor cuando se trata de revisar los beneficios o prerrogativas logradas en el anterior gobierno en relación a la dotación de víveres o a la manipulación insidiosa en las designaciones del personal en las empresas militares o en el seguro social militar, que estaría en riesgo de quiebra. Para abreviar el conjunto de arbitrariedades podemos decir que el gobierno a través de su ministro de defensa y el Comando en Jefe de las FFAA han decidido usar el perverso apotegma: “a los amigos todo, a los enemigos la ley”.
Consecuente con la consigna de la amistad a prueba de fuego, el círculo de confianza del ministro de defensa se ha nutrido por una cofradía de oficiales retirados del arma de caballería que han convertido el sector de defensa en el reino de sus negocios personales. En los pasillos del ministerio se respira un aire de arrogancia, soberbia y de racismo nunca antes visto, alimentado por una caterva de ex-oficiales mediocres, cuya carrera fue sustentada en el servilismo y la doble moral. Una mayoría de este elenco considera que el uso radical de la fuerza militar es la única manera de frenar a las turbas macilentas y a los “indios de mierda” para que nunca más se atrevan a desafiar el poder blancoide o “pitita”. Este racismo que lucen a flor de piel resulta tan ruinosamente inexplicable a la luz del origen social de este pequeño núcleo de renegados.
La corrupción en el área de defensa es similar a lo que ocurre en otros despachos ministeriales convertidos en verdaderos botines de guerra de sus titulares y adláteres. Al respecto, se ha denunciado un conjunto de irregularidades en la dotación de víveres al personal militar que corresponden a la gestión pasada y los reclamos son cada vez mayores respecto a las irregularidades en esta gestión. Las denuncias recaen sobre el responsable de la dirección general de logística del ministerio de defensa, Pedro Rea, a quien se atribuyen acciones dolosas en la administración de recursos destinados a la compra de víveres para el personal militar del servicio pasivo y activo.
Rea, otro militar retirado, considerado mano derecha de Luis Fernando López, es acusado de hacer compras parciales de víveres con sobreprecio, con calidad cuestionable de los productos, además de una caótica distribución que agrega una dosis de malestar dentro de las FFAA. Hará falta iniciar procesos de investigación sobre la adquisición de agentes químicos, munición o equipos antimotines realizados a los gobiernos de Ecuador y Brasil, así como los numerosos vuelos clandestinos realizados por la FAB para el traslado de material policial desde los EEUU con la complicidad del Grupo Militar extranjero.
No cabe duda que el régimen actual ha decidido convertir a las FFAA en un feudo político en el que prima la manipulación de procesos, asignaciones discrecionales, favoritismo de armas, corrupción, alineamientos ideológicos ultraconservadores y designaciones deliberadas en favor de una pequeña minoría de oficiales privilegiados que consideran el momento propicio para la obtención de beneficios personales, lejos de cualquier consideración normativa o acción fiscalizadora.
En medio de un malestar general en el que el país está sumergido y que afectan a las propias FFAA, el gobierno está extremando recursos políticos para acelerar la aprobación de los ascensos a generales como un incentivo para preservar la lealtad de los mandos y al mismo tiempo reinyectar una dosis de “espíritu de cuerpo”. Empero, dicho ascenso solo alcanza a unos cuantos oficiales mientras una mayoría del personal militar mira las estrellas doradas de sus futuros generales con el mismo desdén con el que sienten el maltrato del gobierno que anticipó el ascenso de generales en la Policía.
En una búsqueda desesperada por frenar esta cascada de desmoralización militar e impedir brotes de descontento explícito, el gobierno ha recurrido, como nunca antes, a autorizar el ascenso de toda la tropa de soldados de las FFAA sin excepción, un indicador ciertamente gravísimo que muestra el proceso de descomposición interna de la institución militar.
En las últimas horas se ha conocido de la aprobación de un presupuesto adicional para las FFAA de 26 millones de bolivianos. De acuerdo al Decreto Supremo N° 4230, el gobierno autorizó la contratación directa de obras, bienes y servicios en el territorio nacional o extranjero para efectuar trabajos de mantenimiento de las vías de acceso al sistema de radares (8.551.456 bolivianos) y asignó recursos para la alimentación, socorro y movilización o desmovilización de soldados y marineros (17.674.913 millones de bolivianos) de las FFAA.
No queda la menor duda que el régimen empieza a mostrar un cuerpo político tembloroso y con ánimo abatido ante el conjunto de protestas y amenazas de sectores sociales y empresariales gravemente afectados por la crisis económica que empiezan a crispar la situación política del país. Las condiciones de hambre, empobrecimiento acelerado y desempleo, además de la contención de la pandemia, ponen en jaque al régimen que se muestra cada día con menos capacidad de resolver las demandas sociales. La caída de la credibilidad pírrica del régimen se retroalimenta con los descomunales hechos de corrupción, nepotismo, abuso de poder y represión. La convocatoria a la iglesia católica para que medie en los conflictos emergentes es una señal elocuente de su crónica debilidad política y de la pérdida radical de legitimidad.
El ciclo golpista pareciera haber agotado su capacidad represiva, minada por el coronavirus, cuyo cuerpo militar débil, desmoralizado y crítico, que hasta hace pocas semanas sostenía sin vacilación al régimen, ahora mira con estupor el desolador panorama nacional que habla de una curva de infección del coronavirus que no cesa de trepar incesante ante la cruel ineptitud de Añez y su pandilla, ocupados en saquear los escasos recursos que le quedan al país frente a un futuro ciertamente desolador.
