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Cachemira: Silencio ensordecedor
El ministro indio de Interior ha propuesto al Parlamento la abolición del artículo 370 de la Constitución india (que establece las obligaciones legales derivadas del tratado de adhesión). Con el voto en contra de los partidos de oposición, tanto la cámara alta como la cámara baja han aprobado la nueva ley, que anula el estatuto particular, junto con la constitución y la bandera propias de Cachemira. Asimismo, divide el territorio en dos partes: Jammu y Cachemira, que será administrada directamente por el Gobierno central de Nueva Delhi (aunque manteniendo una asamblea legislativa electa, cuyos poderes han quedado notablemente mermados), y Ladaj, que también será administrado directamente por Nueva Delhi, pero no tendrá ninguna asamblea legislativa.
En la práctica, los ciudadanos indios ahora pueden comprar tierras e instalarse en Cachemira sin ninguna traba. Inversores indios, como el industrial más rico del país Mukesh Ambani, ya sueñan con poseer esta tierra rica en vastos glaciares, lagos de alta montaña y cinco grandes ríos. La disolución de la entidad jurídica del Estado comporta asimismo la abolición del artículo 35A, que otorgaba a los residentes derechos y privilegios que les permitían controlar su propio territorio. Desde hace tiempo, los cachemiríes temen esta eventualidad. Es una pesadilla recurrente en que se ven arrastrados por una avalancha de indios y convertidos en una especie de palestinos de los territorios ocupados y repoblados con colonos.
Lo más chocante en estos momentos es el silencio mortal de las calles de Cachemira patrulladas y cortadas por barricadas y de sus casi siete millones de personas encerradas, humilladas, espiadas por drones, aisladas del mundo. Esta situación es fruto de una lenta destrucción. Un momento decisivo se produjo en 1987, cuando Nueva Delhi falseó de modo flagrante el resultado de las elecciones en este Estado. En 1989, la reivindicación del derecho de autodeterminación, hasta entonces defendida de manera no violenta, se transformó en una lucha por la libertad. Cientos de miles de personas salieron a la calle para ser abatidas en una masacre tras otra.
El valle de Cachemira fue invadido rápidamente por militantes cachemiríes de ambos lados de la frontera, así como por combatientes extranjeros, entrenados, armados y adoctrinados por Pakistán. De este modo, Cachemira se metió en la tormenta: por un lado, un islam cada vez más radicalizado en Pakistán y Afganistán, completamente extraño a la cultura cachemirí, y por otro, el nacionalismo hindú fanático que se hallaba en pleno ascenso en India.
La primera víctima del levantamiento fue el vínculo secular entre los musulmanes de Cachemira y su pequeña minoría de hindús, conocida localmente con el nombre de pandits. Poco a poco surgió la violencia. Varios pandits fueron asesinados y más de 25.000 se fueron de Cachemira. Veinte años más tarde, miles de ellos malviven en campos de refugiados miserables en la ciudad de Jammu, que los gobiernos de Nueva Delhi perpetúan para mantener a esta población en el limbo y atizar su enfado y la amargura con el fin de alimentar el peligroso relato nacionalista de India con respecto a Cachemira. Hoy, Cachemira es una de las zonas más militarizadas del mundo: allí se han desplegado más de medio millón de soldados. Se calcula que a causa del conflicto han muerto 70.000 personas, entre civiles, militantes y fuerzas de seguridad. Miles de personas están desaparecidas y decenas de miles han sufrido tortura en tugurios instalados por todo el valle como pequeños Abu Ghraib.
En el transcurso de los últimos años, cientos de adolescentes se han quedado ciegos al ser atacados con escopetas de perdigones, la nueva arma de elección de las fuerzas de seguridad. La mayor parte de los militantes que operan hoy en el valle son jóvenes cachemiríes, armados y formados localmente. Actúan a sabiendas de que desde el momento en que toman un arma de fuego, su esperanza de vida se reduce a menos de seis meses. Cada vez que muere un terrorista, los cachemiríes se presentan por decenas de millares para enterrar a un joven, al que veneran como un shaheed, un mártir.
Durante el primer mandato de Narendra Modi como primer ministro de India, esta violencia se exacerbó. En febrero, después de que un kamikaze cachemirí matara a 40 miembros de las fuerzas de seguridad indias, el Gobierno indio lanzó una incursión aérea contra Pakistán, que respondió. Estos dos países son las primeras potencias nucleares del mundo que se han atacado mutuamente con aviones de guerra. Ahora, dos meses después de su reelección, Narendra Modi ha echado una cerilla encendida en un barril de pólvora.
El 15 de agosto, en su discurso del Día de la Independencia, Narendra Modi alardeó desde las murallas del Fuerte Rojo de Delhi de que su Gobierno había hecho realidad finalmente el sueño de hacer de India “una nación, una Constitución”. Pero la misma víspera, grupos rebeldes que operan en varios Estados que se hallan en condiciones precarias en el noreste de India, entre ellos algunos que gozan de un estatuto especial como el antiguo Estado de Jammu y Cachemira, anunciaron un boicot a la fiesta de la Independencia.
Es muy probable que la violencia en Cachemira se extienda a otras partes de India. La utilizarán para inflamar la hostilidad hacia los musulmanes indios, que ya están siendo demonizados, guetizados , empujados hacia lo más bajo de la escala económica y, cada vez más, simplemente linchados. El Estado también aprovechará para atacar a otras personas –militantes, abogados, artistas, estudiantes, intelectuales, periodistas– que han protestado abierta y valerosamente.
La poderosa organización de extrema derecha Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) cuenta con más de 600.000 miembros, entre ellos Narendra Modi y varios de sus ministros. Dispone de una milicia voluntaria, inspirada en la Camisas Negras. Todos los días, la RSS refuerza su control de las instituciones del Estado indio. Se dedica a atacar a intelectuales y universitarios que, según Ram Madhav, secretario general de RSS, deben ser apartados del paisaje académico, cultural e intelectual del país. Con este propósito se ha modificado la Ley de prevención de actividades ilegales, que de por sí ya era draconiana, para incluir en la definición de terrorista a los individuos, y no únicamente a organizaciones. La modificación permite al Gobierno calificar a una persona de terrorista sin seguir el procedimiento regular y sin juicio.
Cuando el mundo observa pasivamente, la arquitectura del fascismo indio se instala a marchas forzadas.
