Cronología abreviada de la imposición y la entrega (II / III)

(Ver I)

II

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, Estados Unidos y los organismos financieros internacionales (BM, FMI, BID, verdaderos perros guardianes al servicio del Departamento del Tesoro y las compañías multinacionales), han venido avanzando sin límite de continuidad en el cogobierno o manejo conjunto del territorio nacional y sus recursos geoestratégicos. Incluida la privatización multimodal de la infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, redes de fibra óptica, de electricidad e hidrocarburos), propósito principal del Plan Puebla Panamá (PPP), diseñado durante la administración de Ernesto Zedillo y profundizado con Vicente Fox.

2000-2001. Tras la elección de Fox en julio de 2000, Washington arreció en sus propósitos de transformar el espacio territorial mexicano, de adecuarlo con las nuevas mercancías, a los nuevos negocios y tecnologías. De cuadricularlo, ordenarlo y hacerlo funcional y productivo.

Durante su campaña electoral, en un debate televisado con Al Gore en octubre de 2000, el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, recuperó la idea de Reagan y su padre (George Walker Bush, ex director de la CIA y vicepresidente de los dos mandatos de Reagan, a quien sucedió en 1988) de formar un mercomún energético de América del Norte. Dijo: Le hablé (a Fox) de cómo sería mejor apresurar la exploración de gas natural en México y transportarlo a Estados Unidos para que seamos menos dependientes de fuentes externas de petróleo crudo. En febrero de 2001, el experto George Baker, directivo de Mexico Energy Intelligence, planteó que Bush podía ofrecer fondos para convertir a Pemex en la mejor empresa petrolera del mundo. Por supuesto, tendría que ser una propuesta del presidente Fox, que no corresponde plantear al presidente Bush, dijo Baker. En marzo, Bush no tuvo empacho en afirmar que el gas encontrado en México era hemisférico y debía beneficiar a Estados Unidos. Afirmó entonces: Una buena política energética es aquella que entiende que tenemos energía en nuestro hemisferio y cómo explotarlo mejor y transportarlo a los mercados. Poco antes, con Fox de anfitrión, el secretario de Energía de EE.UU., Spencer Abraham, había logrado introducir en la Declaración de México −suscrita por los ministros de Energía del hemisferio− una frase que abogaba por la integración energética del continente. Allí quedó formado un grupo de trabajo trilateral (integrado por Abraham y los ministros del ramo de Canadá y México). Encontramos que hay dependencia mutua, sin socios minoritarios ni socios mayoritarios, dijo entonces Abraham desafiando la ley que rige la fábula del tiburón y las sardinas.

La idea de crear redes o corredores energéticos a través de ductos transfronterizos para el intercambio de hidrocarburos, así como la integración eléctrica entre Estados Unidos, Canadá y México, fue retomada en la Cumbre de Quebec (abril de 2001), donde participaron 34 jefes de Estado y de gobierno de América. Uno de los compromisos de la cumbre fue norteamericanizar los mercados de energía −ante la deficiencia de Estados Unidos en la materia esgrimida por Bush−, para lo cual se requería cambiar el marco legislativo y regulatorio de los países involucrados.

En mayo de 2001, el presidente Bush −principal operativo del cártel petrolero-gasero texano conformado por las trasnacionales Exxon-Mobil, Halliburton, Enron y El Paso Corporation− dio a conocer su plan energético nacional (conocido como Plan Cheney), donde el combustible extranjero pasó a ser el eje del proyecto. En ese esquema, México fue definido como una fuente primordial para garantizar la seguridad energética de Estados Unidos.

Varios meses antes de los atentados contra las Torres Gemelas, el Grupo para el Desarrollo de una Política Energética Nacional, que elaboró el Plan Cheney, había mostrado un mapa de la República Mexicana que identificaba las cuencas de Burgos, Sabinas y Pedregosas, en el norte de México, frente a Texas (dominios del clan Bush), como las principales reservas de gas no explotado. En esa región, sugería el documento, podría darse una interrelación energética natural. El grupo recomendó a Bush que instruyera a sus secretarios de Estado y de Energía para que, en consulta con la Comisión Reguladora de Energía, se revisaran los permisos presidenciales para la construcción de infraestructura que permita el cruce de petróleo, gas natural y electricidad, y se propongan las reformas a las regulaciones que sean necesarias para hacerlas compatibles con el comercio intrafronterizo.

Cuando en septiembre de 2001 Fox visitó a Bush en Washington, ambos recibieron la propuesta del Consejo Binacional México-Estados Unidos de llevar a cabo, cuanto antes, la integración energética de Norteamérica. El principal destinatario de la solicitud fue Fox: a él le recomendaron aumentar la inversión privada en Pemex; abrir el sector de refinación de crudo al capital extranjero; dividir en varias compañías la red de oleoductos mexicanos y acceder a una pronta integración eléctrica con Estados Unidos. Para todo ello, señalaron, hay opciones: liberalizando los marcos regulatorios y legales. Es decir, modificando la Constitución mexicana.

2002. El 20 de septiembre de ese año Bush presentó su Estrategia de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Entre las nociones básicas del documento, una decía: Debe mejorar la seguridad energética (de Estados Unidos). Fortaleceremos nuestra propia seguridad energética y la prosperidad compartida de la economía mundial, colaborando con nuestros aliados, socios comerciales y productores de energía. En buen romance, fue el anuncio estratégico de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan), suscrita en Waco, Texas, el 23 de marzo de 2005.

III

Año 2005. Según lo definió entonces la llamada Fuerza de Tarea Independiente (sic) sobre el Futuro de Norteamérica −cuyos copresidentes eran el ex viceprimer ministro de Canadá, John Manley; el ex gobernador de Massachusetts, William Weld y el ex secretario mexicano de Hacienda, Pedro Aspe−, el nuevo "paradigma" en las relaciones de México con Estados Unidos y Canadá ha sido la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

El "menú" del pacto trilateral, definido entonces por la Casa Blanca con el colaboracionismo de tecnoburócratas gubernamentales, asociaciones empresariales y círculos intelectuales conservadores y entreguistas de Canadá y México, incluyó seis puntos básicos de seguridad: militar, interna, energética, global, social y de acceso al agua dulce. No fue casual que los puntos de la agenda definían los intereses geoestratégicos de Washington; subordinaban el comercio a los asuntos de seguridad definidos en la doctrina Bush de guerra preventiva y lucha contra el "terrorismo", y perseguían una dirección única: la dominación imperial estadunidense en el siglo XXI.

Los objetivos claves del "nuevo acuerdo" −en cuya elaboración participó de manera activa Andrés Rozental Gutman, medio hermano del ex canciller del foxismo Jorge G. Castañeda− fueron desarrollar mecanismos de seguridad marítima, aérea y terrestre que permitieran hacer frente a cualquier "amenaza" en América del Norte; una estrategia energética basada en el incremento de la oferta para satisfacer las "necesidades" de la región (léase Estados Unidos), y facilitar inversiones en infraestructura energética, para las mejoras tecnológicas, la producción y el suministro confiable de energéticos, mejorando la "cooperación" en la materia.

En forma complementaria, un objetivo estratégico de la política petrolera del dúo Bush-Cheney fue persuadir u obligar a México y países productores del golfo Pérsico a que abrieran sus empresas estatales a la inversión multinacional privada. En ese sentido, en Waco, Bush aprovechó la extrema debilidad del presidente Fox y definió la nueva agenda, que los tecnoburócratas locales tratarían de rellenar después con regulaciones, estándares y modificaciones graduales, pequeñas pero sustanciales, de modo de ir "armonizando" la legislación mexicana con los intereses de Washington y las trasnacionales del sector energético.

A su vez, para garantizar "la producción y el suministro confiable de energéticos" en Norteamérica −que comenzaba ya a tomar forma como nuevo espacio geopolítico y geoeconómico−, los estrategas castrenses de Washington impulsaron la idea de un "perímetro exterior de seguridad", lo que colocó a Canadá y México bajo el manto militar nuclear del Comando Estadunidense de Defensa Aeroespacial (conocido como NORAD, por sus siglas en inglés), y su extensión al Comando Norte (creado en 2002), ambos bajo el mando del Pentágono, encargados de proteger de facto los suelos, mares y cielos trinacionales. La anuencia tácita de Fox al plan de seguridad de Bush, colocó desde entonces al territorio mexicano como blanco de cualquier contingencia bélica interimperialista. Pero, además, ese proyecto estadunidense que asumió a México como problema doméstico, incluyó el sellamiento militar del Golfo de México, desde los cabos de la Florida hasta la península de Yucatán, y el corrimiento de la frontera norte al istmo de Tehuantepec para controlar el tránsito de indocumentados mexicanos, centro y sudamericanos, según el diseño original del Plan Puebla-Panamá.

La ASPAN (el TLCAN militarizado), que desde su concreción ha venido funcionando con un "gobierno sombra" de las élites empresariales y militares de Estados Unidos y sus socios menores en Canadá y México, incluyó una integración energética transfronteriza (petróleo, gas natural, electricidad) subordinada a Washington y megaproyectos del capital trasnacional que subsumieron los criterios económicos a los de seguridad, justificando así acciones que de otro modo no podrían ser admitidas por ser violatorias de la soberanía nacional, y una normativa supranacional que hizo a un lado el control legislativo (según la Constitución, el Senado es el encargado de vigilar los acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo), mientras se impusieron leyes contrainsurgentes que criminalizaron la protesta y la pobreza y globalizaron el disciplinamiento social.

Año 2007. Ya bajo el mandato espurio de Felipe Calderón, la Iniciativa Mérida, anunciada por George W. Bush en Washington el 22 de octubre de 2007, fue diseñada como un paquete de asistencia militar en especie a México por un monto de mil 400 millones de dólares para el trienio 2008-2010. El "nuevo paradigma de cooperación" entre Estados Unidos y México en materia de seguridad estuvo dirigido a hacer frente a "amenazas comunes" asimétricas, mismas que fueron identificadas como organizaciones trasnacionales del crimen organizado, en particular las dedicadas al narcotráfico, el tráfico de armas, las actividades financieras ilícitas, el tráfico de divisas y la trata de personas. Con un dato adicional: la virtual equiparación desde la óptica punitiva estadunidense de tres términos y sus manifestaciones concretas: terroristas, narcotraficantes y migrantes sin documentación válida (indocumentados).

Símil del Plan Colombia, en su parte sustantiva, el millonario paquete de asistencia militar incluyó aviones y helicópteros de combate, barcos, lanchas; armamento y equipo bélico, radares y sofisticados instrumentos para monitoreo aéreo e intervención de comunicaciones; software para análisis de datos asociados a inteligencia financiera, y recursos para sufragar cursos de entrenamiento y asesorías del Pentágono, la CIA, el FBI, la DEA y otros organismos de seguridad estadunidenses a sus contrapartes mexicanas. También incluyó recursos para la instrumentación de reformas judiciales, penales y de procuración de justicia, áreas que de manera paulatina serían homologadas a las de Estados Unidos.

La Jornada