De traidores y botones

Lucía Topolansky –siguiendo los pasos de su compañero, Pepe Mujica– cruzó el Rubicón de los DDHH al atentar contra la confiabilidad en la Justicia y poner en entredicho la honestidad de las denuncias de las víctimas del terrorismo de Estado. El Centro Militar, agradecido.

En lo que parece ser un operativo diseñado con el objetivo de presionar por la excarcelación de los «viejitos» terroristas de Estado recluidos en el presidio VIP de Domingo Arena, Topolansky, exguerrillera, exdiputada, exsenadora y exvicepresidenta de la república, acusó a testigos en causas penales de haber mentido ante jueces y fiscales para concretar procesamientos de militares acusados de delitos de lesa humanidad.

Por su generalización y su carácter innominado, la temeraria afirmación de Topolansky –que tiene como referencia la reciente visita del aún senador Guido Manini Ríos a la chacra de Rincón del Cerro, una versión reducida de El Cordobés, donde viven José Pepe Mujica y su esposa– extiende un manto de sospecha sobre los testimonios de cientos de exprisioneras/os de la dictadura, quizás miles, que se convierten ahora en posibles mentirosos, mientras que los represores procesados y condenados a su vez se convierten en víctimas del rencor y la venganza.

En declaraciones para el libro Los indomables, del periodista Pablo Cohen, Topolansky afirmó que sabe de militantes de izquierda que mintieron en sus declaraciones y de otros que se negaron a hacerlo cuando lo propusieron representantes de diferentes organizaciones. No quiso identificar a los «mentirosos» ni a los que supuestamente promovían la mentira. «No lo vamos a decir porque no somos traidores ni botones», dijo en el uso de un plural que aparentemente incluye a Pepe Mujica.

La reproducción de ese pasaje en un programa de Canal 4 coincidió con la puesta a la venta del libro. Mujica, que supuestamente no leyó el libro porque le «aburre» leer sobre sí mismo y por lo tanto no sabe exactamente qué fue lo que dijo su pareja, refrendó no obstante la acusación contra testigos de izquierda en declaraciones radiales.

Las reacciones iluminaron el cielo de diciembre. En el plano institucional, el rechazo masivo de condena incluyó a la Mesa Política del Frente Amplio (FA), a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, al PIT-CNT, a Crysol (asociación de ex-presos y ex presas políticas del Uruguay), a Fucvam (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua), a la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad. En cambio, 12 represores legalmente asistidos por el Centro Militar anunciaron que reclamarán ante la Suprema Corte de Justicia la revisión de sus causas penales haciendo pie en las declaraciones de la exvicepresidenta.

Familiares expresó su «máximo repudio» a declaraciones que «dañan al propio sistema republicano y socavan la legitimidad de las condenas». Y se preguntan: «¿Sirve cuestionar la credibilidad de las víctimas en favor de quienes torturaron, asesinaron, secuestraron niños y desaparecieron a nuestros familiares?».

El fiscal Ricardo Perciballe, cuya actuación queda cuestionada con los dichos de Topolansky, encaró otro ángulo de análisis: «Topolansky debería denunciar a aquellas personas que, según ella, mintieron como testigos. No tenemos ninguna constancia [de las supuestas mentiras] y de tenerlas haríamos la denuncia correspondiente. Cuando un funcionario público está en conocimiento de un delito [en este caso, falso testimonio], necesariamente tiene que denunciarlo, porque de lo contrario estaría en omisión», algo en lo que habrían incurrido Mujica y Topolansky siendo senadores y miembros del Ejecutivo.

Por razones obvias, la reacción de la Mesa Política del FA tiene fuertes implicancias. El comunicado difundido en la noche del miércoles 18 ratifica el apoyo incondicional a Madres y Familiares y expresa su «compromiso inquebrantable con la defensa de los DDHH y la condena absoluta a los crímenes de lesa humanidad». La dirección del Frente pone su acento en el desacuerdo con las manifestaciones de Topolansky al reiterar «la confianza en los procesos de la Justicia en materia de DDHH, particularmente el trabajo de la fiscalía especializada».

La ausencia de un respaldo explícito del MPP (Movimiento de Participación Popular) a Topolansky sugiere que la Mesa Política no encuentra en esos dichos una contradicción formal con la principal fuerza política de la coalición, que hubiera detonado una crisis antes de asumir el gobierno. A diferencia del pasado, cuando otros exabruptos (la aceptación de los montos de la deuda externa antes de la asunción del primer gobierno frenteamplista o el intento de Tabaré de consagrar la teoría de los dos demonios el 19 de junio de 2005) obligaban a barrer debajo de la alfombra los restos calcinados de contradicciones y desavenencias mediante oportunas implosiones. Ahora la automática, explícita y tajante condena de los improperios sugiere un no va más al vaso desbordado de la incontinencia verbal en la usina de Rincón del Cerro.

En el plano individual, las redes sociales y las casillas de correo se vieron inundadas por el desahogo y la indignación, fundamentalmente de aquellas personas que, siendo las víctimas de la tortura y las violaciones, y enfrentadas a la revictimización al aportar sus testimonios, soportan ahora el rótulo de mentirosas; el espacio impide reproducir tales desahogos, algunos extremadamente duros.

Si el episodio está marcado por la inocencia y la impremeditación política, entonces Lucía se reconvierte en la Tronca, apodo que marcó su militancia clandestina en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Pero no parece ser así, cuando este gesto se suma a una serie de movidas de ajedrez en el tablero de una renovada impunidad que pretende deshacer los pasos de una Justicia que avanzó trabajosamente y con el viento en contra del poder político.

Esta última iniciativa confirma una persistente actitud del Pepe y Lucía, más cercana de los victimarios que de las víctimas. Es un hecho que el matrimonio, acostumbrado a estar por encima del bien y del mal, sin que nadie le pida cuentas, hace mucho tiempo que no dice una palabra –si es que alguna vez la dijeron– sobre la suerte de sus compañeros más cercanos, Atalivas Castillo, Eduardo Gallo, Miguel Río Casas, Juancito Bentín, por citar algunos que permanecen desaparecidos.

Por el contrario, exhiben una sólida sensibilidad por los represores y llegan a rescatar el recuerdo de aquellos que «se boletearon» –Pedro Barneix, asesino de Aldo Perrini; Juan Carlos Rodríguez Buratti, asesino de María Claudia García de Gelman–, como si el suicidio, cuando eran detenidos, fuera una prueba de su inocencia que merece una actitud piadosa.

Hijos y entenados se preguntan sobre las verdaderas razones de una militancia tan cerril en favor de los terroristas de Estado (y que sugestivamente induce a la futura ministra emepepista de Defensa Nacional, Sandra Lazo, a repetir nueve veces en una entrevista con M24 que gestionará el ministerio «sin prejuicios»). En la falta de respuestas concretas, queda flotando en el aire la reflexión de otro notorio tupamaro, Julio Marenales: el Parlamento, dijo, «te hace adicto al sistema».

Brecha