Derechos humanos: farsa y arma política imperial

Los acontecimientos internacionales de los últimos años han acelerado el reconocimiento que la Organización de las Naciones Unidas, tal como está, no es adecuada para cumplir sus propósitos, ya que las naciones del mundo se dividen de una manera que llama en cuestión la viabilidad de la ONU y sus instituciones asociadas.

Este mes, en la 78 Sesión de la Asamblea General, la reforma de la ONU será un tema central de las intervenciones de los diferentes líderes mundiales en la sesión de trabajo de alto nivel. La semana pasada, el Secretario General Antonio Guterres, en comentarios a los medios internacionales, reconoció "la necesidad de instituciones fuertes y reformadas basada en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional", una banalidad rutinaria que omite la violación consistente del derecho internacional por el gobierno de EEUU y sus aliados.

Hace un año, en la apertura del 77 Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Señor Guterres, había observado que "estamos viendo la amenaza de divisiones peligrosas entre el Oeste y el Sur. Los riesgos para la paz y la seguridad mundiales son inmensos". Desde luego, hay un amplio consenso sobre la urgente importancia de una reforma ambiciosa de las instituciones internacionales que incluye el sistema internacional financiera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

El Presidente de Brasil Lula da Silva señaló en la reciente Cumbre del G77+China que "la ONU, el sistema de Bretton Woods y la OMC están perdiendo credibilidad" y argumentó que la crisis de confianza en el sistema internacional es el resultado de que "la gobernanza mundial sigue siendo asimétrica". En esencia, el Presidente Lula está diciendo que EEUU y sus aliados hacen lo que quieren porque, hasta el momento, han podido hacerlo sin consecuencias adversas.

La declaración de la reciente Cumbre G77+China en La Habana identifica esa asimetría con claridad cuando proclama que "rechazamos la imposición de leyes y regulaciones con impacto extraterritorial y todas las demás formas de medidas económicas coercitivas, incluidas las sanciones unilaterales contra los países en desarrollo y reiteramos la urgente necesidad de eliminarlas inmediatamente".

La declaración de la Cumbre G77+China en La Habana fue consensuada entre más de 130 países. Pero, seguramente, los dirigentes de este mundo mayoritario reconocen -en base a su experiencia de tantas negociaciones sobre temas como el cambio climático, la deuda externa o el comercio internacional- que la respuesta del bloque de los países occidentales liderados por EEUU será negativa y dilatoria.

A pesar de todo, dirigentes de los países más poderosos, como los presidentes Vladimir Putin de la Federación Rusa y Xi Jinping de la República Popular China, defienden la validez de las Naciones Unidas y el derecho internacional aun ante el sistemático abuso de las instituciones correspondientes por EEUU y sus aliados.

Entre los ejemplos más notorios de ese abuso está la manipulación por parte de los poderes occidentales y sus aliados del sistema internacional de los DDHH, lo cual se evidencia en la flagrante politización de prácticamente todas las esferas de la operación de ese sistema. Se demuestra desde los falsos testimonios del Alto Comisionado para DDHH de la ONU, las prosecuciones políticamente motivadas de la Corte Penal Internacional y hasta el financiamiento masivo de las grandes empresas transnacionales occidentales a organizaciones no gubernamentales de DDHH como agentes políticos intervencionistas en sus respectivos países.

Los gobiernos de EEUU y sus aliados ocupan los contenidos selectivos y sesgados presentados en las sesiones del Consejo de DDHH (CDH-ONU) para justificar sus medidas coercitivas unilaterales contra países como Bielorrusia, Cuba, Eritrea, Etiopía, Nicaragua, República Popular Democrática de Corea, Siria, Venezuela, Yemen o Zimbabwe, entre otros, incluyendo la Federación Rusa y la República Popular China.

Decenas de miles de libios fueron asesinados por Francia, EEUU, Reino Unido, Italia, España y otros países de la OTAN. Ninguno de los gobernantes de esos países que ordenaron a destrucción de Libia, ha sido enjuiciado.

En 2011, los falsos informes sobre la Jamahiriya Libia presentados al Consejo de DDHH se ocuparon para justificar la destrucción del país por la OTAN, con las lamentables secuelas que se han visto durante años de un Estado incapaz de proteger su población, siendo las enormes pérdidas humanas en las recientes inundaciones el desolador ejemplo más reciente.

El doble rasero y el sesgo aplicados constantemente en las instituciones de las Naciones Unidas como el CDH-ONU u otras instancias como la Agencia Internacional de Energía Atómica (AEIA), la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) o la Alta Comisión de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), resta legitimidad a estas organizaciones.

Prácticamente la única entidad de la ONU que los gobiernos y corporaciones transnacionales occidentales no controlan, es el Consejo de Seguridad, donde la República Popular China y la Federación Rusa han demostrado repetidamente la mala fe y abierta criminalidad de EEUU y sus países aliados. Por ejemplo, en relación al desarrollo de las armas biológicas o su depredadora ocupación ilegal en Siria.

El pueblo de Siria y sus ciudades, masacrado y destruidas por EEUU y la OTAN: ningún criminal que ordenó los bombardeos y la ocupación de Siria, ha sido condenado.

Otra institución con una crisis de credibilidad asociada con el sistema de las Naciones Unidas es la Corte Penal Internacional (CPI). Establecida en 1998, la Corte ha seguido el patrón de persecuciones torcidas establecidas por tribunales internacionales anteriores que estaban dominados por los gobiernos occidentales.

Ahora, la CPI ha anunciado la apertura de una oficina en Ucrania con la clara intención de montar espurios procesos de investigación con el fin de condenar al gobierno y fuerzas armadas de la Federación Rusa de haber cometido supuestos crímenes de guerra. De hecho, el CPI no va a investigar las tristemente célebres redes ucranianas del tráfico de decenas de miles de niñas, niños y mujeres hacia el extranjero o el igualmente siniestro tráfico ilícito de órganos humanos.

Tampoco va a investigar los miles de casos de asesinatos y desapariciones forzadas de opositores bajo los gobiernos de Petro Poroshenko y Volodomyr Zelensky, perpetrados desde 2014 por las organizaciones nazis que predominan en el gobierno de Ucrania y en las fuerzas de la seguridad del país.

Más de 15 mil civiles residentes en la República Popular de Donetsk han sido asesinados desde 2014 por el ejército de Ucrania, financiado y armado por EEUU y la OTAN. Ningún criminal de guerra ucraniano ha sido juzgado por tales crímenes.

Tampoco indagará el uso que hizo EEUU de laboratorios que operaban en Ucrania para el desarrollo y uso ilegal de armas biológicas, ni los ataques terroristas de Ucrania contra el gran centro nuclear de Zaporozhye.

De hecho, su causa más conocida y absurda, montada últimamente, ha sido la emisión de parte de la CPI de órdenes para arrestar al Presidente Vladimir Putin y a Maria Lvova-Belova, la Comisionada de la Federación Rusa para los Derechos de la Niñez. La ridícula acusación de la CPI es que, al evacuar a niñas y niños de las zonas de conflicto armado, las autoridades rusas cometieron el delito de deportación ilegal.

Parece que ahora esa demente decisión ha resultado en el intento de parte del gobierno de Brasil de retirar su ratificación del Estatuto de Roma que creó la Corte. De manera formal el gobierno de Brasil ha basado su decisión en la desigualdad de la jurisdicción de la Corte, lo cual, aunque Brasil no lo menciona de manera explícita, excluye a los dirigentes de EEUU, quienes son culpables durante décadas de repetidos crímenes de lesa humanidad.

El sesgo y oportunismo de instituciones como el CPI y otras organizaciones asociadas con Naciones Unidas explica en gran parte la preocupación de Guterres de la pérdida de credibilidad y legitimidad de la organización. Otro factor que contribuye a esa crisis es que, aun cuando sus instituciones actúen de buena fe en defensa del derecho internacional y los DDHH, sus decisiones no tienen ningún efecto.

Entre los casos de injusticia más conocidos contra un individuo está el del periodista Julian Assange, quien se vio obligado a buscar asilo político en la embajada de Ecuador en Londres en 2012. Luego, en 2019, en un acto más de perfidia de parte del traidor en serie, Lenin Moreno (expresidente ecuatoriano entre 2017 y 2021), Julian Assange fue sacado de la embajada por las fuerzas de seguridad británicas y detenido en condiciones infrahumanas en una cárcel de máxima seguridad.

El señor Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre la tortura, reportó en 2022 que en el caso de Julian Assange encontró "pruebas convincentes de persecución política y arbitrariedad judicial, así como de tortura y malos tratos deliberados... El caso Assange es la historia de un hombre perseguido y maltratado por revelar los sórdidos secretos de los poderosos, incluidos los crímenes de guerra, la tortura y la corrupción".

Sin embargo, Julian Assange sigue detenido esperando su probable extradición a EEUU donde es posible que sea condenado a cárcel por vida en condiciones iguales o peores de infrahumanas a las que ya sufre en la cárcel británica. El caso de Assange es solamente el más conocido de las decenas de miles de abusos de DDHH en los países occidentales, mientras Naciones Unidas -aun cuando actúe de buena fe- no logra ofrecer remedio alguno.

Si esta es la realidad en casos de personas particulares, infinitamente peor es la incapacidad de Naciones Unidas de proteger y defender los DDHH de pueblos enteros, como el pueblo palestino que vive desde hace décadas bajo ocupación ilegal de Israel, o de países como Siria e Iraq, ocupados ilegalmente por fuerzas armadas de EEUU, o el territorio de la República Árabe Saharaui invadido por Marruecos.

En América Latina y el Caribe, Naciones Unidas ha jugado un papel vergonzoso de extraordinaria ineptitud y mala fe en la trágica historia de Haití, desde el golpe de estado contra Jean Bertrand Aristide en 2004 organizado por EEUU, Canadá y Francia.

De hecho, la situación de crisis socio-económica y política en tantos países de América Latina y el Caribe evidencia la paradoja que los países más estables de la región son los países del ALBA, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, sujetos durante muchos años a diversos agresiones e intentos de golpe por los gobiernos de EEUU y de la Unión Europea.

La situación de DDHH en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú es crítica. Sin embargo, son precisamente los países con los más graves abusos de los DDHH que apoyan a EEUU y la Unión Europea en sus siniestros e infundados ataques a Nicaragua y Venezuela. Este hecho lleva más allá de la parodia el trato manipulado de los DDHH como un arma para atacar a países que resisten las embestidas neocoloniales.

Esta cínica hipocresía ha llevado al contexto actual en que el sistema de DDHH de la ONU pierde legitimidad y credibilidad. Nuestro Comandante Daniel ya ha evidenciado la hipocresía de la ONU en relación al tema de los DDHH. En sus palabras en la Cumbre G77+China de La Habana, confirma la superioridad moral del gobierno de Nicaragua al comentar:

"Nosotros no podemos andar buscando la paja en el ojo del vecino, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades; en nuestros Países hay situaciones complejas.... Entonces, ese es un principio, lograr acercarnos todos, unirnos todos y hacer una Agenda de Trabajo donde ya llevemos algunos planteamientos... partiendo de esta Declaración -y desde la Declaración- haciendo un llamado ahí en Naciones Unidas, para que primero se nos respete y nos dejen estar en paz, vivir en paz, porque es la única forma de ir resolviendo los problemas".

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