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La utilización del fuego como auxiliar de la agricultura y la ganadería es una práctica ancestral. La usaron los guaraníes para limpiar áreas de selva para hacer sus plantaciones durante tres temporadas (y luego la dejaban descansar). La utilizaron los criollos correntinos desde hace trescientos años, quemando el material seco de los fachinales a fin del invierno para favorecer el rebrote de primavera.
Pero en la segunda década del siglo XX, cuando se afirma que estamos orgullosos del avance del conocimiento y de las nuevas tecnologías, es una práctica muy cuestionada. Mucho peor en las islas del Delta del Paraná, donde no hay escapatoria para los animales terrestres que no pueden huir de los incendios.
El fuego produce una selección de especies eliminando las que son sensibles a su uso, deja suelos desnudos promoviendo una mayor ocurrencia de sequías e inundaciones, y contribuye a la contaminación atmosférica. El ecólogo zimbabuense Allan Savory, conocido por sus aportes al manejo holístico de la producción agropecuaria, afirma que “los científicos han calculado que las emisiones por segundo de una incendio vegetal de 0,5 hectárea son equivalentes a las emisiones de monóxido de carbono producidas por segundo de 3694 automóviles y a los óxidos de nitrógeno producidos por por segundo por 1260 automóviles”.
Quienes hoy apelan al fuego, lo hacen por cuestiones de conveniencia económica inmediata. Resulta más barato quemar los campos que utilizar otras tecnologías para eliminar el pasto seco. El gobierno nacional ha aportado algunos datos sobre los campos donde se han producido quemas en la Provincia de Entre Ríos y el Delta del Paraná y de esos relevamientos surge que sus autores no son pequeños propietarios sino empresarios dueños de grandes extensiones.
El móvil de estos delitos ambientales es aumentar los márgenes de ganancia de empresas ganaderas, que desarrollan una actividad que ha sido muy rentable en los últimos años.
Los incendios intencionales han contado con una abierta complicidad de las autoridades provinciales y municipales. Los gobernadores justicialistas Omar Perottii de Santa Fe y Gustavo Bordet de Entre Ríos, tienen estrechas relaciones con los grandes propietarios rurales de sus provincias. La familia del Intendente de Victoria, Domigo Maiocco, es propietaria de campos donde se han detectado incendios.
Bastante oculta por el humo, se pudo conocer la información que en el primer semestre de 2022 las exportaciones de maquinaria agrícola acumularon U$S 56,8 millones y crecieron un 46%. Si se comparan estos números con el primer semestre de 2020, cuando la facturación fue de U$S 23,9 millones, la mejora fue de 137%. También se informó que se acordó una inversión china de U$S 1.250 millones para levantar una fábrica de fertilizantes en Tierra del Fuego. Para completar la fiesta de los grandes ganadores de la cadena agropecuaria industrial, el gobierno ha manifestado su decisión de otorgar nuevas concesiones a las empresas productoras de biodiesel y de facilitar los trámites para que los exportadores puedan liquidar sus ventas a precio de dólar soja.
Seguramente también por el humo pasó desapercibido el informe del Mercado Rosario Ganadero (Rosgan), que advierte que el precio de venta de carne al público mostró una desaceleración en el segundo semestre, por lo que preocupa que la caída del poder adquisitivo del salario podría impactar en el precio de la hacienda de consumo.
En la Argentina del revés, el mercado ganadero lamenta que “la falta de carne en la mesa de parte de los argentinos no radica ya en una cuestión de escasez general de oferta, sino en la capacidad de compra de un consumidor cuyo salario real se encuentra cada vez más deteriorado”.
Parece una broma. El poder económico presiona al gobierno para que ajuste y audite a los pobres y después lo humilla diciéndole que deberían aumentar los salarios, así pueden vender más carne en el mercado interno.
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