Diez años de "ATO"

El 14 de abril de 2014, en una declaración solemne a la nación, Oleksandr Turchinov, presidente de Ucrania en funciones desde que el 24 de febrero de ese año se consumara el irregular cambio de Gobierno -la Revolución de la Dignidad para unos y golpe de estado para quienes se manifestaron en contra-, anunciaba el inicio de una operación antiterrorista en el este del país. Ahora, diez años después y con la distancia que da el tiempo, puede observarse que ese momento fue el punto de inflexión definitivo hacia la guerra y la catástrofe que ha afectado a Donbass durante toda una década y al resto de Ucrania desde 2022.

Los acontecimientos ocurridos en los últimos 26 meses, desde la invasión rusa de febrero de 2022, que se produjo en el octavo aniversario del golpe de estado de Kiev, no pueden comprenderse sin tener en cuenta lo ocurrido en la primavera de 2014, cuando se sentaron las bases y se consolidaron las brechas que hicieron que el conflicto político se convirtiera en militar. De esa forma, la solución diplomática quedó como una opción aceptable únicamente en caso de poder imponer la postura propia sin concesiones a la otra parte, algo que se prolonga hasta el momento actual, en el que la posibilidad de negociaciones es rechazada abiertamente por parte de Kiev, que exige, como ya hiciera hace diez años, la capitulación rusa.

La semana que culminó con el anuncio de Turchinov fue, posiblemente, la más intensa de una temporada de altibajos en la que se produjo el derrocamiento de Yanukovich, la rebelión y operación especial rusa en Crimea, el referéndum y adhesión de la península a Rusia y finalmente el inicio de lo que a lo largo de abril se convertiría en el germen de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.

Dos días antes, el Gobierno de facto ucraniano, reconocido inmediatamente por las autoridades occidentales, pero no necesariamente por parte de la población de varias regiones del país, había emitido un ultimátum “a los separatistas”. A ello, y no a la irrupción del grupo armado liderado por Igor Girkin, Strelkov, respondía la reunión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa que la noche del 13 al 14 de abril acordó el inicio de lo que durante años se conocería como “ATO”, la operación antiterrorista con la que Ucrania trató de derrotar a Donbass y que se convirtió en el primer eufemismo de esta guerra.

Aunque las protestas en Donbass habían comenzado de forma prácticamente inmediata tras la caída de Yanukovich y las primeras medidas del nuevo Gobierno, que no tardó en mostrar claramente a la población la agenda nacionalista que era su razón de ser, el movimiento que llevaría a la proclamación el 6 y 7 de abril de 2014 de las Repúblicas Populares de Lugansk y Donetsk se inició tras el referendo de Crimea. Fue entonces cuando se reactivó realmente un movimiento que ni Kiev ni Moscú pudieron controlar y que, al contrario que en Crimea, donde Sergey Aksyonov se había erigido en cabeza visible, no contaba con un líder claro. Esa fue una de sus principales características e hizo que, en sus inicios, no fuera posible cooptar el movimiento hacia posiciones más moderadas y que no pudiera ser destruido pese a la rápida detención de la persona hasta entonces más conocida: Pavel Gubarev, proclamado gobernador popular por los manifestantes.

La captura de edificios públicos la primera semana de abril fue entendida por Kiev como una agresión que requería ser detenida de inmediato. Ni la prensa ni la nueva clase dirigente de Ucrania quiso ver en las protestas una manifestación legítima de una serie de agravios. Tampoco las similitudes con los actos que Maidan había realizado en la capital y donde la ocupación de los edificios públicos fue el punto de partida.

A lo largo del proceso de diálogo de Ginebra, en el que participaron tanto John Kerry en representación de EEUU como Sergey Lavrov por parte de la Federación Rusa, el retorno a sus dueños legítimos de los edificios ocupados fue uno de los temas más comentados. En un rasgo que se repetiría a lo largo de todos los procesos de negociación, las semanas posteriores vieron cómo Ucrania exigía a sus oponentes el abandono de los edificios ocupados, mientras que no solo se negaba a desocupar sedes como las del Partido Comunista, sino que estas acababan en manos de la extrema derecha primero y, a largo plazo, del Estado, como ocurrió con su edificio de Odessa.

Ucrania y sus socios exigían a los manifestantes de Donetsk que liberaran el edificio de la administración regional, pero no veían la equivalencia que existía entre los actos de los manifestantes de Kiev, presentados como heroicos, y los de los separatistas, posteriormente terroristas que habían capturado al asalto la administración de Donetsk y el edificio del SBU en Lugansk.

En su afán por mostrar que había cumplido con lo exigido por sus socios extranjeros, el entonces primer ministro realizó una ronda de conversaciones, un diálogo que debía ser plural, pero que se limitó a sectores favorables a Maidan y oligarcas a los que había entregado el poder regional. Fue el caso de Donetsk, ciudad que Yatseniuk visitó el 7 de abril y donde no se reunió en ningún momento con los manifestantes que habían capturado el edificio, dejando sin lugar de trabajo al industrial Serhiy Taruta. Maidan, que había afirmado que lucharía contra la oligarquía, había entregado el poder en Donetsk, una región clave para Ucrania, a uno de los suyos contra la opinión de la población local, cuya voz era ya irrelevante para las autoridades de Kiev.

Esa máxima se mantuvo durante las negociaciones de los dos acuerdos de Minsk y posteriormente a lo largo de los siete años de "proceso de paz", en el que Ucrania exigió siempre el cumplimiento de los puntos que le favorecían -especialmente la entrega del control de la frontera y el desarme de los ejércitos de las Repúblicas Populares- sin dar nunca indicios de tener intención de cumplir su parte. Kiev no perdió nunca la oportunidad de insistir en que no negociaría políticamente con los separatistas, calificados de terroristas, aunque Ucrania no se molestara nunca en declarar legalmente terroristas a la RPD y la RPL.

En su fase inicial, antes de que la operación antiterrorista comenzara a enviar fuerzas especiales, unidades formadas por soldados de extrema derecha de grupos que pronto se organizarían en el batallón Azov de Andriy Biletsky y los primeros vehículos blindados, la tensión fue vista por la prensa occidental como algo pasajero que caería por su propio peso. Tras su proclamación ante el edificio del poder regional, aún hoy sede de la RPD, la “autonomía de un solo edificio” era blanco de las burlas.

“Nadie espera realmente que la República Popular, el resurgimiento de la efímera República de Donetsk surgida entre el caos que siguió a la revolución comunista rusa de 1917, dure más allá de los próximos días”, escribía, por ejemplo, el corresponsal de The New York Times. Financial Times, por su parte, describía a los manifestantes, que comenzaban a dar ruedas de prensa para exigir a Kiev sus derechos, como un “grupo diverso de seguidores de Gubarev, académicos y obreros de fábrica vestidos con pasamontañas”.

Solo quienes no comprendieran el origen proletario de Donbass, una región industrial y obrera desde la industrialización del siglo XIX, podían sorprenderse de que un movimiento popular contara, entre sus primeros exponentes, a personas de clase obrera. Y únicamente quienes pretendían imponer la agenda de Maidan sobre una región industrial, cuya economía no tenía nada que ganar y todo que perder con el camino euroatlántico elegido por la Ucrania post-Maidan, pudieron creer que todo era simplemente la repetición de lo ocurrido en Crimea y siempre prefirieron ver la mano de Moscú.

Descartada la vía policial ante el rechazo de las autoridades a asaltar por la fuerza unos edificios en los que, armados únicamente con cócteles Molotov y piedras, permanecían civiles cuyos agravios eran compartidos por gran parte de la población, Ucrania optó por la renuncia al diálogo -que suele implicar concesiones- y por el ultimátum a los manifestantes cuando la tensión no había alcanzado aún un punto de no retorno. La práctica totalidad de la protesta era aún civil y tan solo pequeños grupos como el de Strelkov -52 personas que tomaron sin necesidad de usar la fuerza la comisaría de Slavyansk- estaban armados.

Ningún control efectivo por parte de esas republicas de un puñado de edificios podría haberse consolidado en Donbass sin el apoyo de una parte cada vez más importante de la población, que vio en la actitud de Ucrania una forma de agresión. La decisión del 13 de abril de iniciar una operación antiterrorista, una figura legal que permitía a Kiev utilizar al ejército en territorio nacional, se debe al autoritarismo de quien pretende imponer su estilo de gobierno y su forma de entender la cultura e identidad del país sobre toda la población y prefiere el uso de la fuerza en lugar de dar voz al sentimiento legítimo de agravio de regiones que se sentían excluidas del camino económico, político y social que la capital había elegido para todo el país.

La renuncia a la vía política condenó a Ucrania a la operación antiterrorista y el fracaso de los hombres del ministro del Interior Arsen Avakov en la captura de los grupos armados volvió a obligar al nuevo Gobierno a tomar una decisión. Nuevamente, entre la posibilidad de desescalada y diálogo, Kiev escogió, solo en parte presionada por los grupos de extrema derecha como el Praviy Sektor, elevar la apuesta. De la policía se había pasado ya a las fuerzas especiales y finalmente a las reticentes Fuerzas Armadas y los batallones voluntarios nacionalistas, ellos sí, dispuestos a disparar contra la población civil de Donbass, a la que siempre consideraron inferior.

Las decisiones tomadas a lo largo de esa primavera condenaron a Donetsk y Lugansk al durísimo verano de 2014 y la sangrienta campaña del invierno de 2015 y a siete años de estado de ni guerra ni paz durante el proceso de Minsk, quebrado finalmente por el reconocimiento ruso de la independencia de la RPD y la RPL el 22 de febrero de 2022, dos días antes de que las tropas rusas invadieran Ucrania y extendieran a todo el país una guerra que comenzó con la proclamación de la operación antiterrorista por parte de un presidente de facto y un régimen que nunca tuvo intención de escuchar la voz de dos de las regiones que tanto entonces como ahora dice considerar propias. Diez años después, Ucrania sigue exigiendo la recuperación del territorio y negando a la población voz y voto, prometiendo únicamente el castigo que lleva tanto tiempo deseando imponer.

slavyangrad.es