Ecuador: elecciones bajo sospecha


La candidata a la Presidencia de Ecuador por el movimiento político Revolución Ciudadana, Luisa González, manifestó tras la segunda vuelta electoral que desconoce los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio como ganador al actual mandatario, Daniel Noboa, y afirmó que se cometió fraude en el registro de votos para beneficiarlo en contra de la voluntad popular.
“Frente a mi pueblo, dando la cara como siempre y como corresponde a las mujeres de bien”, quiero “ser muy clara y enfática… la Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota cuando así lo han demostrado las encuestas”, pero “hoy no reconocemos los resultados”, subrayó.
«Esto es una dictadura y este es el más gigantesco fraude electoral que estamos presenciando los ecuatorianos», recalcó. Revolución Ciudadana denunció que el CNE está subiendo actas de votos sin firmas, requisito establecido en el artículo 127 del Código de la Democracia para validar los resultados.
La segunda vuelta de la elección presidencial en Ecuador, caracterizada desde un inicio por la manifiesta utilización del aparato gubernamental para favorecer la reelección del presidente derechista Daniel Noboa, culmina, por ahora, con un resultado oficial que fue de inmediato desconocido por la aspirante opositora Luisa González (izquierda), la cual denunció la comisión del más grotesco fraude electoral y exigió el recuento total de los sufragios.
Las cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE) la colocan por debajo del acaudalado gobernante por más de 11 puntos porcentuales (44.15 por ciento frente a 55.85). Tal diferencia discrepa de la mayor parte de las encuestas previas, que auguraban un virtual empate, y de varios sondeos a boca de urna, que daban a González una ventaja de entre 3 y 5 por ciento sobre Noboa.
Entre las irregularidades señaladas por la oposición de centroizquierda están los cambios de última hora en diversas casillas en las que el oficialismo tuvo malos resultados en la primera vuelta, el 9 de febrero; una galopante propaganda oficialista en cadenas nacionales realizada hasta cuatro veces al día en momentos en que regía la veda publicitaria; el uso de dineros públicos para sufragar las giras proselitistas de Noboa y, en vísperas de la jornada electoral, la declaración del estado de excepción en la mitad del territorio ecuatoriano –justamente, en los que el gobernante resultó derrotado el 9 de febrero–, con lo que quedaron suspendidos los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, de libre tránsito y de reunión.
Asimismo, se impidió que votaran los ecuatorianos residentes en Venezuela –entre los que el voto opositor es mayoritario–, se ejerció intimidación, agresión y fabricación de delitos contra simpatizantes de la aspirante de la centroizquierda, se expulsó de las mesas de votación a representantes del frente de oposición, y la presidenta del CNE, Diana Atamaint, mostró en todo momento una actitud parcial a favor de Noboa.
Éste, por su parte, rehusó abandonar el cargo para hacer campaña, como lo marca la ley, y maniobró mediante decretos de muy dudosa legalidad para impedir que la jefatura de Estado recayera en la vicepresidenta Verónica Abad, con quien está peleado. Por añadidura, Acción Democrática Nacional, el partido oficialista, invirtió una ingente cantidad de dinero en bots y cuentas falsas que inundaron las redes sociales con difamaciones y noticias falsas.
Por todo lo anterior, los resultados dados a conocer anoche por el CNE están bajo sospecha. Un dato que muestra la posible manipulación de las cifras es que el porcentaje de votación para González permaneció, según esos números, prácticamente igual al que obtuvo en la primera vuelta –44 por ciento– pese a que para la segunda sumó a diversas fuerzas políticas que habían participado con aspirantes propios, como es el caso del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), que logró más de 5 por ciento de los sufragios.
La derecha gobernante ha echado mano de todo el arsenal de irregularidades –lo que en México se conocía como mapacherías– para adulterar el sentido de la voluntad popular. Luisa González anunció ayer mismo su decisión de repudiar esta distorsión y de encabezar un movimiento de resistencia al fraude. Así, los comicios, lejos de ofrecer una solución pacífica e institucional a las diferencias, parecen ser el punto de partida de una crisis política que habrá de sumarse a los desastres de seguridad pública, economía y energía que ya padece la nación andina.