Ecuador: instalando la idea de la inevitabilidad del estado de excepción

Ecuador: degradación alarmante

La Jornada

Ecuador entró desde el domingo en una vorágine de violencia y descomposición del estado de derecho. Ese día, Adolfo Macías, alias Fito, capo del grupo más grande del crimen organizado en el país, se fugó de la cárcel regional de Guayaquil, capital económica y ciudad más poblada del país. La fuga fue particularmente escandalosa porque se produjo horas antes de su traslado a una penitenciaría de máxima seguridad, lo cual exhibió por enésima ocasión el control delictivo sobre el sistema carcelario y de procuración de justicia. De hecho, Fito ya se encontraba en la prisión de La Roca, adonde lo llevarían de vuelta el fin desemana, pero un juez ordenó regresarlo a la regional pese a que era de conocimiento público que dicho centro era su feudo y desde ahí dirigía todas las operaciones de su banda.

El presidente Daniel Noboa reaccionó a la evasión del capo decretando un estado de excepción durante 60 días a fin de que las fuerzas armadas pudieran ingresar a las prisiones y acabar con el autogobierno generalizado que prima en ellas. Sin embargo, esta medida, que incluye un toque de queda de las 11 de la noche a las 5 de la mañana, no impidió la fuga de otro cabecilla criminal, Fabricio Colón Pico, detenido apenas el viernes pasado.

Tampoco pudo evitar una oleada de violencia que incluyó el secuestro de al menos siete policías, explosiones contra una estación policial, la vivienda del presidente de la Corte Nacional, así como vehículos incendiados. Ayer, la situación se salió por completo de cauce con una serie de actos que desafiaron abiertamente a las autoridades: la Universidad de Guayaquil y el hospital Teodoro Maldonado de la misma urbe fueron invadidos por delincuentes en busca de tomar rehenes, hubo saqueos en el centro histórico de la capital, un tiroteo cerca del palacio de gobierno, y el estudio de una televisora fue asaltado por un grupo de encapuchados armados durante una transmisión en directo.

Noboa redobló la apuesta por una escalada armada al clasificar a 22 grupos del crimen organizado trasnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, ordenar a las fuerzas militares neutralizarlos y declarar la existencia de un conflicto armado interno. El desarrollo de los acontecimientos resulta inquietante al confirmar la tendencia de Noboa a la concentración del poder, el autoritarismo y la suspensión de los derechos humanos como ejes centrales de su estrategia, elementos que el propio mandatario había adelantado al revelar que seguiría el modelo de su par salvadoreño, Nayib Bukele.

Además de ser una noticia terrible en términos de garantías constitucionales, la militarización del gobierno resulta cuestionable en el contexto ecuatoriano: el antecesor de Noboa, Guillermo Lasso, usó y abusó del estado de excepción sin que ello redundara en una mejoría de la seguridad pública; al contrario, entre 2018 y 2023 la tasa de homicidios pasó de 6 a 46 por cada 100 mil habitantes, un incremen-to de 700 por ciento. Asimismo, puede augurarse la futilidad las dos penitenciarías de supermáxima y supermega seguridad, encargadas a la misma empresa israelí que diseñó la infame megacárcel de Bukele. No se trata sólo de que sea éticamente inaceptable recluir a seres humanos en jaulas creadas para humillarlos y envilecerlos, sino que serán un desperdicio de recursos en un país donde los jueces liberan a los criminales capturados y cuando los mantienen en prisión les otorgan todo tipo de privilegios, desde elegir el centro donde serán recluidos hasta ingresar equipos de comunicación y gallos de pelea.

No es casual que el deterioro de las condiciones de seguridad en Ecuador coincida con el desmantelamiento del Estado iniciado por el ex presidente Lenín Moreno, proseguido por Lasso y que está en el corazón del proyecto neoliberal de Noboa (hijo del hombre más rico del país y cinco veces candidato presidencial, Álvaro): el aumento exponencial de la criminalidad es un saldo directo del abandono de las mayorías sociales y la imposición de un modelo económico depredador que concentra la riqueza expoliando a las clases trabajadoras.

Por otro lado, resulta sospechoso el nivel decoordinación de los episodios de violencia gratuita de los días recientes, ya que éstos parecen planeados con el propósito de instalar entre la ciudadanía la idea de la inevitabilidad del estado de excepción y de conferir a la oligarquía gobernante poderes supralegales para reconfigurar las instituciones. Por último, es deplorable que individuos y medios de comunicación aprovechen la difícil coyuntura ecuatoriana para propagar desinformación y noticias falsas que en nada abonan a la comprensión de los hechos y pueden inducir un pánico mayor al que ameritan las circunstancias.

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Ecuador, el país más sangriento de Latinoamérica

Página 12

Desde el asesinato de Villavicencio hasta el golpe comando en el canal de televisión, pasando por los motines en las cárceles y la infiltración del narcotráfico en el poder político, judicial y en el aparato represivo del Estado, un país atrapado en una espiral de violencia.

Aunque la crisis de inseguridad se arrastra desde hace casi tres años, Ecuador tocó fondo en 2023 y terminó con una tasa de muertes violentas superior a los 40 por cada 100.000 habitantes, lo que lo ubica como el país más violento de América Latina. Y este año la crisis se agravó aún más, culminando en el golpe comando de este martes.

Y es que en Ecuador casi cada hora muere una persona en un contexto de violencia criminal, con un volumen de casi 8000 muertes violentas en 2023. De hecho, en el sector de Nueva Prosperina, un barrio del sur de Guayaquil, la capital de la provincia costera de Guayas, la tasa llega a 114 por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos del planeta.

El asesinato a manos de sicarios en agosto pasado del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio -derechista, cuando salía de un mitin proselitista en Quito, que le hacía sombra al actual presidente-, así como el de Agustín Intriago, alcalde de Manta, en julio, son dos de los casos que más han resonado y conmovido al país por los alcances políticos.

Masacres en las cárceles

Pero también han generado angustia las continuas masacres en las cárceles, por disputas crueles entre bandas de delincuentes que pugnan por el control de las prisiones o la retahíla de tiroteos en zonas populares donde actúan mafias del ‘microtráfico’ o el asesinato ‘por error’ de niños que dormían en su vivienda en un barrio pobre de Guayaquil. Entre esas muertes se destaca el envenenamiento de siete de las personas procesadas por la muerte de Villavicencio, seis en el Penal del Litoral, en las afueras de Guayaquil y una más en una prisión de Quito. En boca cerrada no entran moscas.

Y como colofón, sólo basta ver la parrilla de titulares del diario El Universo de este 30 de diciembre, cuando destacó la «noche de terror» que vivió la víspera la ciudad de Esmeraldas, la capital de la provincia costera del mismo nombre y limítrofe con Colombia, donde aparecieron «vehículos incinerados» y se escucharon varios tiroteos.

«Sicarios balearon vehículo afuera del centro comercial en Daule (ciudad vecina de Guayaquil) o «Fiscalía (en Quito) protege sus instalaciones por alertas a posibles ataques», informó el diario en otros titulares del día.

Crisis y violencia

La escalada de violencia también obedece al contexto de crisis económica que soportó el país con la Presidencia del ultraconservador Guillermo Lasso, quien gobernó entre agosto de 2021 y noviembre de 2023, casi la mitad de su periodo recortado por él mismo para evitar su censura en el Parlamento por un caso de corrupción.

Durante su periodo se denunciaron vínculos mafiosos de altas autoridades policiales y militares, en lo que se denominó como el caso de los «narcogenerales» y cuyo apelativo surgió de la propia Embajada de EEUU en Quito.

Los tentáculos del narcotráfico

El narcotráfico es el principal detonante para la explosión de inseguridad en el país, con sus tentáculos que no sólo sujetan a sectores poblacionales, sino a instituciones como el sistema financiero y al propio Estado. Se conoce que las mafias del narcotráfico usan sistemas de exportación formal en Ecuador para enviar droga a Europa y EEUU, los grandes consumidores.

Según expertos, el 70 % del dinero que genera el narcotráfico se blanquea o lava en el sistema financiero y sólo un 30 % es diluido en la economía informal. Un informe de Naciones Unidas reveló recientemente que entre el 30 % y el 50 % de la droga que llegó a Grecia y Turquía en este año provino del puerto de Guayaquil.

La crisis de inseguridad afecta, sobre todo, a la población pobre infantil y juvenil, que es el blanco de reclutamiento de las grandes mafias. El 40 % de población penitenciaria de Ecuador oscila entre los 18 y 29 años, y el 37,2 % de las mujeres que han sido encarceladas tiene entre 18 y 22 años de edad.