Ecuador: Reto histórico para la Conaie

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) enfrenta uno de los mayores retos de sus casi 30 años de vida, pues ahora está en riesgo no sólo su propia existencia, sino el mantener su legitimidad como la máxima organización representante del movimiento indígena ecuatoriano, ante el intento gubernamental de desarticularla y crear una nueva organización afín a su proyecto político.

La CONAIE, creada en 1986 luego de un largo proceso de organización impulsado desde las comunidades de las diversas nacionalidades indígenas del Ecuador, sintetiza no sólo la voz y el pensamiento de estos pueblos, sino el conjunto de luchas en defensa de los derechos humanos, derechos colectivos  y los derechos de la naturaleza que se han gestado en el país.

En 1990, con el primer levantamiento indígena, la CONAIE se mostró como un fuerte actor político que cuestionaba no sólo el modelo de desarrollo económico, basado en esquemas neoliberales, sino la estructura misma del Estado, al que catalogaba como “monocultural” pues, en su intento de construirse bajo la lógica de occidente, se mostraba incapaz de incorporar la diversidad de formas de vida política y organizacional que sobrevivían en el seno de las comunidades indígenas.

“Una de las diferencias entre ellos y nosotros es que los Estados de Occidente miran la madre tierra como una fuente inagotable de recursos, y nosotros pensamos en la madre tierra desde un punto de vista espiritual y la vemos como un ser vivo”, afirmó Luis Macas, uno de los primeros líderes indígenas de la CONAIE, en una conferencia dada a jóvenes indígenas, organizada por la Cooperación Alemana, en noviembre pasado, días antes de que el gobierno nacional ordenara a este movimiento indígena que desaloje su sede que ocupaba desde 1991, ubicada en un edifico de propiedad del Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES).

Los diversos gobiernos han visto como la CONAIE tenía la capacidad de movilizar decenas de miles de indígenas para frenar los avances del neoliberalismo, tanto en el plano económico, como fue el rechazo a la firma del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) —iniciativa lanzada por EEUU a mediados de los 90 y que naufragó en el 2005 tras la IV Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata, Argentina— o frente a la injerencia militar extranjera, cuando se pronunciaron en contra de la instalación de una base militar estadounidense en el puerto ecuatoriano de Manta, en diciembre de 1999, días después de que el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000)   firmara este acuerdo con Estados Unidos. Los expresidentes Abdalá Bucaram (1996-97), Mahuad y Lucio Gutiérrez (2003-2005) vieron como el peso de la movilización indígena conducía a su derrocamiento.

Correa traiciona al movimiento indígena

Rafael Correa —quien llegó a la presidencia en el 2007 con un discurso de izquierda y se encuentra en su tercer mandato consecutivo— consciente de la fuerza indígena, en un inicio la utilizó para consolidarse en el poder haciendo uso de una propaganda que evocaba la diversidad y plurinacionalidad como base de su gobierno, pero luego dio un giro radical y el movimiento indígena se convirtió en su principal enemigo político.

“La interculturalidad y plurinacionalidad desaparecieron de la agenda nacional, las organizaciones indígenas fueron entendidas como corporaciones, sin entender su matriz histórica; la idea de una ciudadanía pasiva demonizó a los movimientos sociales y pulverizó los derechos diferenciados de los indígenas y sus organizaciones, fueron declarados enemigos, infantiles, derechistas y hasta burgueses”, sostiene Galo Ramón, intelectual indigenista y docente universitario, en una carta de respaldo a la CONAIE, enviada luego de la notificación de desalojo.

En efecto, el movimiento indígena y sus dirigentes pasaron a ser el blanco de insultos semanales por parte de Correa en su programa de radio “Enlace Ciudadano”. A la CONAIE, caracterizada por sus luchas contra el neoliberalismo, el mandatario empezó a ubicarla como aliada de la derecha radical con el objetivo de alejar a sus simpatizantes de organizaciones cercanas y confundir a las bases indígenas.

Pero la arremetida contra la CONAIE no se limitó al insulto semanal, sino que empezó a fraccionar las organizaciones, a clasificar a los indígenas en buenos y malos, según su afinidad al gobierno. Se desmantelaron las instituciones indígenas y, finalmente, se les pidió incluso que abandonen el edificio que hace 25 años, el gobierno del expresidente Rodrigo Borja (1988-92), les había entregado en comodato como un acto de reconocimiento a su existencia política y como resarcimiento del olvido en que el Estado ecuatoriano los mantenía.

“Ninguno de los gobiernos anteriores, catalogados como neoliberales por el mismo presidente Correa, habían intentado negar la trascendencia política de la CONAIE”, dice Nina Pacari, otra de las lideresas históricas de la CONAIE. “Irónicamente, un gobierno que se dice ser de izquierda, es el que mayor daño está haciendo al movimiento indígena”.

La última decisión de Correa en contra del movimiento indígena, la de quitarles su sede, suscitó la indignación entre seguidores del mandatario y organizaciones e intelectuales que lo habían apoyado en el pasado.

“Señor presidente, sepa que, al expulsar a la CONAIE de su casa, expulsa a mucha más gente que inclusive no ha estado de acuerdo con ciertas opciones de la CONAIE en el pasado. Y sepa sobre todo que los sin techo son hoy en día un movimiento muy fuerte en nuestro continente. Los sin techo de la CONAIE darán qué hablar y seguirán haciendo historia” afirmó el intelectual brasileño Boaventura de Sousa Santos, en una carta enviada a Correa en la que rechaza su proceder.   

Organización indígena paralela

Las acciones jurídicas emprendidas por la CONAIE y sus organizaciones aliadas para frenar el desalojo, así como las muestras de solidaridad dadas al movimiento indígena, inclusive por miembros prominentes del partido de gobierno, como los asambleístas Virgilio Hernández, Miguel Carvajal y María Augusta Calle, no han podido cambiar la decisión de Correa de desarticular al movimiento indígena. Por una parte, el mandatario ha ratificado su decisión de desalojar a la CONIAE de su sede y, por otra, ha emprendido una campaña para crear una organización indígena propia, que se denominaría “Alianza Indígena por la Revolución Ciudadana”.

A Pacari no le preocupa esta nueva acción del gobierno. “Otros también quisieron hacer lo mismo. Lucio Gutiérrez y su ministro de Bienestar Social, Bolívar González, lo intentaron y salieron derrocados”, dice.

Incluso, en paralelo a la creación de la CONAIE, en 1986, el entonces presidente León Febres Cordero (1984-88) apuntó a la creación de una organización indígena desde el Ministerio de Bienestar Social y no lo consiguió. Sin embargo, ahora la situación es distinta, pues los funcionarios gubernamentales que quisieron crear una organización paralela en el pasado lo intentaron con líderes que no tenían mayor legitimidad. Correa, por el contrario, ha logrado tener entre sus filas a líderes históricos del movimiento indígena, como Carlos Viteri, ahora asambleísta del movimiento oficialista Alianza PAIS, quien fue artífice del primer levantamiento indígena que se inició en la Amazonia en 1990;  o Ricardo Ulcuango, exlíder de la Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) y ahora embajador en Bolivia. Junto a ellos están Pedro de la Cruz, líder histórico de la Confederación Nacional de Campesinos, Indígenas, Negras (FENOCIN), Mariano Curicama, líder indígena de la sierra central, Lourdes Alta Lima, concejal oficialista en el cantón indígena de Otavalo, con incidencia en el norte del país, entre otros que sí conservan liderazgos en grandes sectores indígenas.

Pese a que líderes de la CONAIE han tildado de “felipillos” a los dirigentes indígenas aliados al gobierno, haciendo alusión al indígena que sirvió de traductor a Gonzalo Pizarro durante la conquista de América, la acción de estos líderes sí puede traer problemas a la estructura de la CONAIE. El mismo presidente actual de este movimiento indígena, el líder kichwa de Cotopaxi, Jorge Herrera, en una entrevista concedida el 23 de diciembre pasado,  al diario oficialista El Telégrafo, admitió que su organización ha perdido un 40% de sus bases, lo que constituye un peligro que la CONAIE deberá valorarlo detenidamente.

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