El "Comando Jungla" y el asesinato de un mapuche

Chile ha sido, desde 1973, un laboratorio de maldades para nuestra región. La muerte del mapuche Camilo Catrillanca, el 14 de noviembre, con una bala en la nuca disparada, según el andamiento de la investigación, por el sargento de Carabineros Raul Ávila, deja entrever un patrón de acción represiva. Esa acción está destinada a remover obstáculos a la integración optimizada de los territorios de la Araucanía a las cadenas productivo- extractivas. Esa integración de los territorios a las cadenas de acumulación parece ser el principal objetivo de los Estados de América del Sur para el próximo período.

La mano de lana y la mano de plomo

El gobierno del presidente Sebastián Piñera presentó dos grandes políticas públicas destinadas al territorio ancestral mapuche. Una es el “Plan Impulso Araucanía”, lanzado el 24 de setiembre, durante un viaje del presidente a la ciudad de Temuco. El plan pretende, por un lado, la asociación de inversores y comunidades locales para emprendimientos económicos. Por otro, propone cotas indígenas en los partidos políticos, además de un registro de lonkos y machis (autoridades políticas y espirituales mapuches). Es decir, tiene por finalidad la integración económica a las cadenas de acumulación y la integración política al Estado chileno.

La otra política tiene que ver con la constitución de una tropa de élite del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, que recibió el nombre de “Comando Jungla”, después de recibir entrenamiento de la Policía Nacional de Colombia durante el primer semestre de este año. El curso costó al Estado chileno US$ 3.500 por cabeza. El grupo fue preparado y equipado para actuar en el sur de Chile.

Ambas políticas son las dos manos de una acción destinada a estimular la integración y aislar a los obstinados que se nieguen a participar de ella.

La comunidad de Temucuicui

Camilo Catrillanca tenía 24 años, una hija pequeña y una esposa embarazada. Era werken (vocero) de la comunidad de Temucuicui y nieto del lonko. Su biografía presenta precocidad (como suele ocurrir con los líderes mapuches) y coherencia en la defensa de la autonomía del territorio. Fue visto más de una vez enfrentando intentos de desalojo sólo con el cuerpo desarmado y la palabra precisa. A los 17 y a los 20 años.

Temucuicui es una comunidad con soberanía alimentaria y escuela propia. Camilo fue baleado en la cabeza mientras manejaba el tractor, trabajando en el campo comunal, acompañado de un joven de 15 años, testigo llave del asesinato. En junio de 2017, las Fuerzas Especiales de Carabineros irrumpieron en la escuela con gases lacrimógenos, durante las aulas de educación infantil, lo que provocó la protesta formal del Colegio de Profesores.

En setiembre del mismo año, fue detenido Rodrigo Huenchullán, un líder de Temucuicui, durante la llamada “Operación Huracán”, junto con otros siete dirigentes de otras comunidades. En poco tiempo, la operación de inteligencia de Carabineros se reveló un montaje burdo que enfrentó la institución con la Fiscalía y terminó con una serie de procesos administrativos y judiciales contra miembros de la fuerza policial. La intención era forjar pruebas de una supuesta coordinación de varias organizaciones mapuches que estarían receptando armas enviadas desde Argentina. Si bien todo el montaje fue descubierto y el intento de involucrar a Huenchullán se presentaba como uno de los detalles más escandalosos, ya que la independencia de Temucuicui con relación a otros agrupamientos mapuches es conocida y los “guionistas” no se preocuparon siquiera en forjar pruebas que imputasen al líder de la comunidad.

La represión del “Comando Jungla”

La acción del grupo de élite en Temucuicui incluyó un helicóptero que supervisaba el conjunto. Todos los componentes del “Comando Jungla” operan con una cámara de video ligada en su casco. Los que ingresaron primero en el territorio dispararon, según los testigos y como lo demuestran las cápsulas recogidas en el local y las marcas dejadas en el tractor, primero balas de goma y después balas revestidas de plomo. Una de estas se alojó en la nuca de Camilo. Catrillanca tuvo tiempo de recomendar al menor que lo acompañaba en el tractor que se tirase al piso del vehículo. Eso salvó la vida del joven. Inmediatamente, el muchachito recibió una golpiza, lo esposaron y lo llevaron detenido. Durante el trayecto continuaron golpeándolo y, delante suyo, el sargento Raul Ávila, apuntado como ejecutor por el testigo, retiró el chip de memoria de su cámara y lo cortó con una tijera. Más tarde, y después de un interrogatorio de 7 horas, admitiría el hecho, alegando “razones personales” para destruir el video. Camilo agonizó en el hospital al que fue transladado.

Además del testigo, cuatro miembros de la comunidad fueron detenidos, entre los cuales dos menores más. Rápidamente, la Comisión de Derechos Humanos fue accionada y se presentó para pedir la orden de allanamiento y la acusación que justificaba tanto el ingreso al territorio comunal como la agresión al werken y la detención de cinco comuneros. Carabineros no poseía ningún documento para mostrar. Horas después, presentó una acusación de la fiscalía a partir de denuncias por receptación de automóviles robados, con la información de que se trataba de automóviles pertenecientes a profesores.

En el documento de la fiscalía, sin embargo, no constaban ni los nombres de los denunciantes, ni los números de matrícula de los vehículos supuestamente robados. El Colegio de Profesores no se dejó esperar. Inmediatamente negó cualquier robo de automóviles a profesores. La jueza a cargo del proceso ordenó la inmediata libertad de los cinco detenidos y la investigación sobre la operación. Los cuatro carabineros que participaron del episodio fueron separados de sus funciones.

Consecuencias inmediatas

En lo que va del siglo fueron asesinados 18 líderes mapuches en Chile. Nueve durante el gobierno de Ricardo Lagos, siete durante los gobiernos de Michelle Bachelet y dos durante los gobiernos de Sebastián Piñera. Es decir, el combate al pueblo mapuche es una política de Estado. Ella se basa en la militarización de la región, en el intento de encuadrar las luchas territoriales en la ley antiterrorista y en la acumulación de montajes con pruebas forjadas.

Esta vez, y con un alcance que abarca todo el territorio chileno, pero especialmente en la Araucanía, hubo movilizaciones pidiendo la renuncia del jefe de Carabineros, del intendente del municipio, del gobernador de la región y del ministro del Interior y Seguridad Pública Andrés Chandwick, y exigiendo el fin del hostigamiento al pueblo mapuche. En ese contexto, la acción del Estado contra el pueblo de los territorios está amenazada de desmoralización, aun con la represión del “Comando Jungla” a la comunidad de Coñomil, próxima de Temucuicui, y en las universidades en que los estudiantes se manifestaron en solidaridad al pueblo mapuche.

El velorio y el entierro de Camilo contó con la presencia de líderes de comunidades de varias regiones que hacía tiempo que no conversaban entre sí. El abuelo del werken, el lonko Juan Catrillanca, hizo un llamado a la unidad del pueblo mapuche. Los líderes presentes hablaron de la necesidad de un proyecto mapuche para la Araucanía; rechazando la integración a las cadenas del capital, las obras de infraestructura para la extracción, producción y salida de commodities para la exportación (que degradan el territorio), y por una forma de organización política autónoma.

El patrón represivo y el subcontinente sulamericano

Pese a las trapisondas expuestas durante todo el episodio, y talvez por ellas, podemos observar algunos procedimientos que se reproducen como un patrón en la región. Aquí vemos montaje y ocultamiento de acciones ilegales por parte de instituciones del Estado. Vemos la cooperación entre fuerzas militarizadas de varios países, sea en el entrenamiento, como es el caso del “Comando Jungla”; sea en acuerdos para acciones conjuntas, como es el caso de la Fuerza de Paz Combinada “Cruz del Sur” entre Chile y Argentina; sea en el intento de instalación de bases militares con presencia de tropas estadounidenses, como en Neuquén. Y vemos también la colaboración represiva entre Estados, como en el caso de la extradición del lonko de Cushamen Facundo Jones Huala por parte del gobierno argentino para ser juzgado por tribunales chilenos.

Este proceso se da en un contexto de transformaciones del los marcos regulatorios para la circulación del capital y flexibilización de las relaciones de trabajo aseguradas por los Estados en una sintonía que no deja lugar a dudas sobre su alineamiento con el nuevo patrón de dominación.

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