El doble rasero de la CPI ante los crímenes de Israel

La Corte Penal Internacional (CPI), tribunal del que ni Israel ni EEUU reconocen su jurisdicción, ha solicitado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Galant, por crímenes cometidos en la Franja de Gaza.

El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, anunció el lunes 20 de mayo la decisión, alegando tener "motivos razonables para creer" que Netanyahu y Galant "tienen responsabilidad penal" por crímenes como el hambre como arma de guerra, el asesinato y ataques intencionales contra civiles.

La decisión, que ha tardado en llegar, no deja de ser cuestionable. En un intento de mitigar posibles represalias de EEUU, encubierto en un supuesto "equilibrio", la CPI también ha solicitado órdenes de arresto contra tres líderes del movimiento de resistencia palestino Hamás: Yahya Sinwar, Mohammed Ibrahim Al-Masri e Ismail Haniyeh. Khan acusa a estos líderes de crímenes como exterminio, asesinato, toma de rehenes, tortura y violación.

Queda clara la carga política y el apoyo a la propaganda israelí en las acusaciones, dado que han sido imputados más crímenes a palestinos que a israelíes, comenta el periodista palestino-estadounidense Ali Abunimah en un artículo. Por ejemplo, se le acusa a la resistencia palestina de violaciones sexuales sin pruebas creíbles, mientras destaca la falta de cargos por tortura contra Netanyahu y Galant a pesar de la evidencia de violación sistemática contra palestinas.

Otros aspectos cuestionables en la decisión de la CPI, dice Ali, incluyen el doble rasero en las acusaciones al imputar tortura a líderes palestinos, mientras se omiten estas acusaciones contra figuras destacadas como Netanyahu y Galant a pesar de informes verídicos de tortura sistemática; la ausencia de cargos por genocidio contra Netanyahu y Galant, en virtud del artículo 6 del Estatuto de Roma, limitándose a acusaciones por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra; y las limitaciones en el alcance de las acusaciones, ya que Khan podría haber ampliado su alcance incluyendo cargos relacionados con crímenes israelíes en otras partes de Palestina, como la construcción de colonias ilegales en Cisjordania.

Falsa equivalencia en cargos contra Hamás

En un comunicado, Hamás condena la decisión de la CPI, argumentando que equipara a la víctima con el verdugo:

"Hamás exige que el Fiscal Jefe de la CPI emita órdenes de arresto y detención para todos los criminales de guerra, incluidos los líderes de ocupación, oficiales y soldados involucrados en crímenes contra el pueblo palestino".

Asimismo, el movimiento exige la cancelación de todas las órdenes de arresto emitidas contra los líderes palestinos, alegando que contradicen las convenciones y resoluciones de la ONU.

En relación a los cargos presentados contra los líderes de Hamás, Abunimah cuestiona la supuesta demostración de igualdad de justicia, señalando que se trata más bien de una falsa equivalencia escandalosa:

"No podía mantener ni una pizca de credibilidad si no hacía nada contra los líderes israelíes, por lo que hizo lo mínimo que pensó que podía hacer. Pero esto tampoco sorprenderá a nadie, y menos aún a los líderes de Hamás, que habrían esperado que se les cobrara el precio por obtener algún grado de justicia internacional para su pueblo".

Abunimah destaca las declaraciones de Mousa Abu Marzouk, líder de Hamás, quien expresó la disposición del grupo a comparecer ante la CPI y someterse a un juicio justo, a diferencia de Israel que se ha negado a hacerlo:

"Hamás está dispuesta a comparecer ante la CPI con testigos y testimonios en directo y a soportar la carga de cualquier conclusión judicial contra ella o sus miembros tras un juicio completo y justo con normas sobre pruebas; con interrogatorios y contrainterrogatorios sobre lo que hemos hecho o no durante los muchos años de nuestro liderazgo como movimiento de liberación nacional. ¿Lo está Israel?".

Dicha disparidad en la disposición a someterse a un juicio completo y justo es resaltada por el autor como un reflejo de la doble moral existente en las consideraciones occidentales sobre los conflictos anticoloniales. El artículo también menciona las críticas de Joseph Massad, profesor de la Universidad de Columbia, quien habla sobre la tendencia de Occidente a considerar como criminales las luchas anticoloniales, mientras justifica sus propias acciones coloniales como "defensivas".

Reacciones y repercusiones

En declaraciones recientes, un funcionario de la oficina del Primer Ministro israelí mencionó que, con sus acusaciones, la CPI había cruzado una línea roja en sus esfuerzos legales contra la "única democracia en Medio Oriente" con sus "calumnias infundadas".

"Este libelo de sangre no impedirá que Israel se defienda y alcance todos sus objetivos militares justificados", dijo el funcionario.

En paralelo, el Congreso de EEUU ha amenazado con tomar represalias contra la CPI en caso de que se apruebe la orden de arresto contra Netanyahu. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha sugerido la posibilidad de imponer sanciones para castigar a la Corte por su actuación.

"Si se permite que la CPI amenace el liderazgo de Israel, entonces el liderazgo de nuestro país podría ser el siguiente", señaló en un comunicado.

La furia y agitación provocada en estos dos países no miembros de la CPI dan cuenta del impacto que supondría la emisión de las órdenes de arresto, que aún no han sido oficializadas. Netanyahu y Gallant podrían enfrentar limitaciones para viajar a diversos países, incluidos todos los de la Unión Europea, por temor a ser detenidos y sometidos a juicio internacional. Sobre esto, dice Abunimah:

"Los países europeos, en particular, que pretenden respetar el derecho internacional, tendrán que detenerlos y entregarlos a los tribunales o desafiar abiertamente sus obligaciones legales.

Esto incluye a Alemania, que proporciona armas para el genocidio de Israel mientras pretende ser un defensor del derecho internacional".

Israel se ve entonces destinado a enfrentarse a un mayor deterioro reputacional y hundirse aún más en un estatus de marginación a nivel internacional, incluso con los esfuerzos de la fiscalía por minimizar las repercusiones.

Por otro lado, para los líderes del movimiento palestino, esta situación representa simplemente un nuevo capítulo en el conflicto, sin ser más importante que otros. El impacto inmediato de las órdenes de arresto no afectará a Sinwar o Deif, cuyos paraderos son desconocidos, mientras que Ismail Haniyeh, residente en Qatar, un país no miembro de la CPI, no estaría obligado legalmente a ser arrestado o extraditado.

El costo político para EEUU no es menor. Aunque oficialmente no reconoce la jurisdicción de la CPI, ha demostrado estar dispuesto a utilizarla a su favor cuando le conviene. Sin embargo, ante la investigación contra uno de sus aliados más cercanos, Israel, Washington ha optado por una estrategia de intimidación, incluyendo amenazas de sanciones.

Su actitud ambivalente hacia el organismo es evidente al observar otros casos, como la orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin o la investigación en Venezuela por supuestos crímenes de lesa humanidad. En estos ejemplos, la postura estadounidense ha sido diametralmente opuesta a la adoptada en relación con Tel Aviv.

Tanto la CPI, que minimiza los crímenes perpetrado por Israel contra Palestina, como el gobierno estadounidense, que recurre abiertamente a tácticas de influencia y presión política sobre los miembros del tribunal para obtener interpretaciones sesgadas de su competencia, ilustran la hipocresía que prevalece en el ámbito de la justicia internacional, que se convierte en un instrumento flexible utilizado selectivamente para ajustar cuentas con estados considerados "indeseables", mientras se protege a aliados que sí cometen graves violaciones de los DDHH.