El entrampamiento de la paz

El diario El Espectador ha develado cómo, de manera insensata, el Departamento de Justicia de los EEUU, la Fiscalía General de Colombia y la DEA, actuando en concierto para delinquir ejecutaron el horroroso crimen de lesa humanidad de hacer volar por los aires el Acuerdo de Paz de La Habana.

Kevin Whitaker, ex embajador de Washington en Bogotá, Néstor Humberto Martínez, ex fiscal general de la nación y agentes de la DEA, son los responsables del fracaso de la paz de Colombia. Fueron ellos, junto a los que hicieron el torcido lobby en los EEUU, quienes destrozaron el más hermoso sueño de los colombianos.

¿Habrá castigo judicial para un crimen tan novedoso como el de hacer trizas un Acuerdo de paz, crimen no registrado aun en los códigos? Ese delito no está tipificado -exclamarán ciertos leguleyos y legisladores uribistas-. Nadie duda que Uribe, Duque y el partido de gobierno colocaron en el centro de su estrategia la destrucción de la paz y el regreso a la guerra. El regreso a la guerra porque saben que sólo ella puede salvaguardar su impunidad; porque solo ella puede eclipsar momentáneamente los crímenes de lesa humanidad que arrastra Uribe.

Néstor Humberto Martínez pasará a la historia como el más despreciable fiscal que ha tenido Colombia. Con motivo de la implementación normativa del Acuerdo de La Habana volaba en el Congreso como un buitre carroñero dispuesto a despedazar la esperanza de paz de un pueblo.

Saltaba aquí y allá buscando quitarle competencias a la JEP para colocar tras las rejas de la justicia ordinaria a los negociadores de paz de la insurgencia y al mismo tiempo procurando el máximo de impunidad para los determinadores de la violencia desde las más altas posiciones del Estado. A ese saboteador de la paz (y al gobierno Duque por acción o por omisión) se debe la masacre de más de 1.000 líderes sociales y de excombatientes desde la firma del Acuerdo de Paz hasta hoy, porque siempre obstruyó la puesta en marcha de la Unidad Especial de lucha contra las organizaciones criminales convenida por las partes, en el punto 74 de la JEP.

Ahora que El Espectador ha destapado la olla podrida del entrampamiento jurídico urdido contra Jesús Santrich, importante plenipotenciario de las FARC en la mesa, de repente, Néstor Humberto Martínez se ha convertido en un ex fiscal amnésico. No recuerda el bellaco que el primero de noviembre de 2017 la fiscalía hizo una entrega controlada de cocaína a agentes encubiertos para entrampar a Santrich.
Tampoco conocía la existencia de 24 mil audios, que revelan el montaje de la fiscalía y sus socios gringos en el juego sucio contra la paz, y que por tratarse de «pruebas» inconsistentes, no quiso entregar a la JEP, porque quedaría desnudo, con una mano adelante y otra atrás.

Tampoco recuerda los 1.391 audios de las interceptaciones ordenadas por la Fiscalía al teléfono de Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de las FARC, ni que estaban involucrando al general Naranjo, por entonces vicepresidente de Colombia, en la recepción de un cargamento enorme de cocaína procedente del sur del país, que iban a utilizar para respaldar su falso positivo; un novelón sin pies ni cabeza. Los agentes de la DEA deben ser estúpidos o delincuentes con chapa, y Martínez Neira necesita la asistencia de un especialista para que le ayude a recobrar su memoria falsamente extraviada. Tal vez no recuerde que renunció a la Fiscalía no por la determinación de la JEP de liberar a Santrich, sino para tender una cortina de humo sobre la corrupción de Odebrecht, que lo envuelve a él y a su amo Sarmiento Angulo.

Aun recordamos que en torno al caso Santrich el presidente Santos convocó a Palacio a los embajadores de los países garantes y a la ONU para decirles que había pruebas contundentes contra el negociador de paz de las FARC. Los engañó haciéndoles creer a algunos que eso era cierto. Las más absurdas fantasías. Lo que querían era sacar a sus más incómodos interlocutores en la mesa de conversaciones y que hablaban del compromiso internacional de cumplimiento que obligaba al gobierno, y de la necesidad de un proceso constituyente abierto para sentar en firme las bases de la paz, de la paz que no se consulta… Querían acallar nuestra voz en el senado y en la Cámara.

A Santrich le negaron todos sus derechos mientras que, para Uribe, el mayor delincuente que ha tenido Colombia investido con banda presidencial, fundador del narco-Estado, criminal de guerra, comandante en jefe del paramilitarismo, autor de crímenes de lesa humanidad, cerebro desquiciado de los falsos positivos, del despojo violento de tierras, y ladrón de los dineros públicos, pedían presunción de inocencia y defensa en libertad. Querían llevarnos con Santrich extraditados a los EEUU con un montaje judicial, como lo hicieron con Simón Trinidad.

Colombia entera tiene que reaccionar, movilizarse para defender su principal derecho que es el de la vida garantizado por la paz como derecho síntesis, el más elevado de todos ellos. Es de sentido común que sin vida de nada sirven los demás derechos. ¿De qué sirve alcanzar la democracia avanzada, la reforma agrada, la educación gratuita en todos los niveles, el derecho al empleo, a vida digna, a la vivienda, si estamos muertos, si no se respeta el derecho a la vida? Los derechos son viables solo si hay vida y ésta la garantiza la paz.

Nos dirigimos a los más destacados y consecuentes luchadores por la paz de Colombia, como Álvaro Leyva, Iván Cepeda, el expresidente Samper, Piedad Córdoba, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Gustavo Petro, a esa constelación de congresistas y al movimiento social y político en su conjunto que le apuesta a la concordia, a no desfallecer en el esfuerzo de devolverle a Colombia el derecho a la paz, a la paz completa, sin traiciones y sin perfidia.

Somos FARC-EP Segunda Marquetalia