El Gobierno Lula 3.0: ¿hay algún compromiso neodesarrollista?

Las mayores fortunas de Brasil en 2024 ayudan a entender un poco mejor las preferencias del empresariado en relación con la visión de desarrollo de un país. El sector bancario, así como lo fue a inicios del siglo XX, se mantiene como uno de los pilares de las mayores riquezas de Brasil.

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), entre las diez empresas donde más nuevos multimillonarios surgieron están: Magazine Luiza, del sector consumo (con 7 multimillonarios en esa actividad); Rede D'Or, del sector de red de hospitales privados (también con 7); M. Dias Branco, del sector consumo (6); Votorantim, del sector financiero, (6); CCR, del sector transporte y concesiones (5); y Amaggi, sector agronegocios (5). La décima posición la comparten AB Inbev, del sector consumo de bebidas (cerveza); y 3G Capital, del sector financiero (5).

Si discriminamos por sectores, observamos que el sector financiero lidera con holgura (346,16 mil millones de reales, es decir unos 57 mil millones de dólares), seguido por el de bebidas (por el equivalente a alrededor de 30 mil millones de dólares) y en tercer lugar la industria (18 mil millones de dólares), especialmente el sector de agronegocios. En conjunto, los activos de las tres áreas suman $ 635 mil millones de reales (unos 106 mil millones de dólares), lo cual representa 41,8% del total de activos de los 280 multimillonarios listados en Forbes.

Estos son los segmentos del empresariado que poseen la mayor riqueza en Brasil, que, como consecuencia de ello, disfrutan de un gran poder económico y político. Son fracciones empresariales fundamentalmente ligadas a los sectores financieros, extractivistas y del agronegocio. Como destaca el economista Carlos Pinkusfeld Bastos, están simbióticamente interrelacionadas. Entre los multimillonarios hay una interesante excepción. La fortuna de Eduardo Saverin está ligada a las Big Techs de los EEUU, ya que él fue socio fundador de Facebook y posee acciones del grupo Meta.

Las transformaciones de los años 1980 y el consenso neoliberal

Desde la redemocratización en los años 1980, Brasil atravesó severas crisis económicas. Los grandes grupos empresariales, en el final de la dictadura del gobierno Figueiredo, estuvieron divididos en pro desarrollistas y pro liberales. La Nueva República de los años 1980 inaugura un nuevo consenso, inclinando la balanza hacia los grupos liberales. Estos últimos grupos fueron teniendo más peso y voz en los medios de comunicación a medida que la crisis de la deuda externa y la inflación se profundizaban. Incluso, a inicios de la democratización hubo un fuerte movimiento antiestatización que se fue fortaleciendo en la década de 1980, cuando se consolidó el consenso neoliberal en torno de privatizaciones, liberalización de la cuenta de capitales y ajuste fiscal que culminaría con la crisis de finales de los noventa e inicios del siglo XX. Este proceso aceleró una dramática desnacionalización de la economía brasileña.

A partir de la década de 2000, el empresariado brasileño desempeñó un papel crucial en la configuración del panorama económico, político y social del país, en particular durante un período marcado por cambios significativos como el crecimiento económico, el boom de las commodities y los cambios políticos que derivaron en la elección de Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente que lidera el mayor partido político de izquierda de América Latina, el Partido de los Trabajadores (PT).

Es de amplio conocimiento que el gobierno Lula impulsó importantes transformaciones sociales de carácter inclusivo, pero ¿cuáles eran las características del empresariado brasileño en ese período?

Desde 2002, la burguesía brasileña estaba fuertemente vinculada a sectores como la agroindustria, la minería, las finanzas, el comercio minorista local y la manufactura. Estos sectores fueron fundamentales para el crecimiento económico de Brasil durante este período, que se caracterizó por el aumento de los precios mundiales de las materias primas (por ejemplo, soja, mineral de hierro, petróleo, etc.) que benefició al empresariado agrario e industrial, en particular a los sectores vinculados a las exportaciones. No obstante, esos sectores están simbióticamente interconectados con un sector financiero privado cada vez más poderoso.

Empresariado e influencia política

Este empresariado ejerció y ejerce una influencia considerable sobre la política brasileña, a menudo presionando en el Congreso por políticas que favorecen sus propios intereses económicos, como, por ejemplo: exenciones fiscales, créditos blandos, desregulación e inversiones en infraestructura. Estas obras eran ejecutadas por las grandes empresas contratistas (empreteiras) surgidas en la era de la dictadura desarrollista de los años 1960 y 1970 que entraron en desgracia después de la operación Lava Jato y cuyo caso más conocido es el de la contratista Odebrecht, fundada en 1944 en Brasil y convertida en uno de los mayores conglomerados de construcción de América Latina con operaciones en todo el mundo.

Esta operación, llevada a cabo con maniobras irregulares por jueces y fiscales brasileños con claros objetivos políticos, apuntaron a esquemas de corrupción que no se enfocaron en castigar a los actores en cuestión, sino en promover la destrucción de empresas cruciales que fueron clave para el desarrollo del país.

Este proceso no afectó demasiado al sector ligado al agronegocio, muy por el contrario, en gran medida salió fortalecido. Este segmento empresarial creció significativamente y esto se reflejó en su poder político. Si observamos la composición del Congreso brasileño no hay muchas dudas de ello. Como destacamos en una nota anterior en Tektónikos, de los 513 diputados y 81 senadores, 320 y 50 respectivamente componen el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), denominado en Brasil como: "bancada ruralista".

Es verdad que durante los dos primeros gobiernos de Lula da Silva (2003-2010) se llegó a un delicado equilibrio entre los intereses de este sector del empresariado y las políticas sociales del gobierno. La administración Lula mantuvo políticas proempresariales, al tiempo que implementó programas sociales como el "Bolsa Família" y otros que apuntaban a reducir la pobreza.

En lo que concierne a los vínculos internacionales, el empresariado brasileño se integró cada vez más con la economía global durante la década de 2000. Las corporaciones multinacionales y las inversiones extranjeras desempeñaron un rol importante en sectores como la energía, la minería (por ejemplo, Vale, que es una empresa privada) y la agricultura. En este sentido, la pertenencia de Brasil al grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), rompiendo con una política externa tradicionalmente atlantista, puso de relieve su creciente influencia como economía emergente, en la que los grandes sectores de la burguesía se beneficiaban de mayores oportunidades para el comercio internacional y la inversión, especialmente mirando al gran comprador de commodities emergente, la República Popular de China, que había ingresado a la Organización Mundial de Comercio en 2001.

Crisis del neoliberalismo global y desarticulación

Brasil es un país con disparidades sociales y regionales profundas y desde su historia contemporánea, especialmente desde los años 1930, los gobiernos abrazaron el desarrollismo en sus diferentes versiones y con diversos regímenes políticos. No obstante, la deuda social permanece hasta el siglo XXI. A pesar del crecimiento económico de Brasil en la década de 2000, la riqueza y el poder del empresariado se concentró en manos de una élite relativamente pequeña, lo que exacerbó las desigualdades sociales y regionales.

En el período de los gobiernos Temer y Bolsonaro, estos sectores de la burguesía agraria, en particular en regiones como el Cerrado y la Amazonia, a menudo se enfrentaron con grupos ambientalistas y de derechos indígenas por el uso de la tierra y la deforestación. Fue en esta etapa cuando se revirtieron parcialmente las políticas sociales y se profundizaron las neoliberales, en gran medida exitosas para desarticular aún más la capacidad de coordinación del Estado, un problema que persiste hasta los días de hoy.

Por otro lado, el tercer gobierno de Lula da Silva heredó este panorama de destrucción post neoliberal y post pandemia con el objetivo de reconstruir las bases económicas y sociales de Brasil. Fue en este marco que Lula presentó una propuesta de neoindustrialización denominada Nueva Industria Brasil (NIB), liderada por el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC), a cargo del vicepresidente Geraldo Alckmin, en un ambiente político extremamente polarizado.

El gran inconveniente es que esta propuesta surge cuando la mayoría del empresariado industrial fue debilitándose cada vez más, después de un proceso de desnacionalización de la economía que se profundizó en la década de 1990, como por ejemplo en las actividades tradicionales de calzado y textiles, además de la poca dinámica de otras industrias.

Y, por añadidura, el gobierno brasileño carece de una capacidad de coordinación y de planificación por dos razones principales: 1) las consecuencias devastadoras del vendaval neoliberal que aceleró la descomposición institucional reguladora, y 2) los problemas de gobernabilidad de la coalición liderada por el PT. Para para aprobar leyes, el bloque oficialista debe entrar en negociaciones en las cuales el presidente Lula actúa como un verdadero equilibrista.

Desafíos del Sur Global

En resumidas cuentas, en un mundo que tiende a la fragmentación de los bloques de poder, los desafíos de Brasil y del Sur Global son múltiples. Si Brasil fue uno de los países pioneros del desarrollismo latinoamericano, hoy navega en las mismas aguas turbulentas que el resto de Latinoamérica con un empresariado hegemónico fundamentalmente ligado al rentismo, al agronegocio, al extractivismo minero, a los modernos servicios de comercio minoristas y mayoristas y a los servicios hospitalarios, en la mayoría de los casos asociados a corporaciones transnacionales.

Las grandes potencias disputan por el poder, por recursos y por mercados con políticas cada vez más proteccionistas, defendiendo sus intereses nacionales. Sin embargo, la planificación económica estatal en Occidente y en la periferia del Sur Global se transformó en una quimera teñida de nostalgia. En este trasfondo de caos sistémico mundial, la polarización política en nuestra región presenta dos opciones cada vez más nítidas: por un lado, una nueva derecha que conjuga tradicionalismo con agresividad, si bien defendiendo el neoliberalismo económico y muy subsidiaria de los poderes del Occidente geopolítico; por otro lado, existen movimientos políticos más nebulosos que pueden ir de un progresismo crítico de la modernidad o ecoambientalistas hasta izquierdas que reivindican derechos civiles, sociales y políticos para minorías, pasando por nacionalistas desarrollistas, soberanistas, etc.

Este dilema también se manifiesta en Brasil, y esas contradicciones están presentes en la coalición gobernante liderada por el PT. El gobierno Lula 3.0 pretende, con mucha dificultad de coordinación interna, encontrar un rumbo y un sentido al desarrollo económico y social de carácter inclusivo, pero hoy en su camino enfrenta segmentos de la burguesía que saben muy bien acomodarse en esa polarización política y social para reproducir la acumulación sin ningún interés por defender un proyecto nacional desarrollista.

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