El Gobierno portugués ve amenazado su futuro ante las protestas y revisará las medidas de austeridad

Tras dos semanas sometido a una intensa presión social ha aceptado echar marcha atrás en su última propuesta de ajustes, dirigida a aumentar la carga fiscal de los trabajadores y reducir la de las empresas.

En un comunicado divulgado por la Jefatura del Estado, el Ejecutivo luso del primer ministro Pedro Passos Coelho admite "estar disponible para, en el marco de la concertación social, estudiar alternativas" a esta medida, fuertemente criticada por patronal, sindicatos, oposición y grupos civiles.

Esta fue la principal conclusión de la reunión del Consejo de Estado, órgano consultivo convocado ayer por el jefe del Estado, Aníbal Cavaco Silva, y que acabó esta madrugada tras ocho horas de deliberaciones.

Prueba de la contestación social que había generado la propuesta del Gobierno fue la protesta celebrada frente al Palacio lisboeta de Belem, donde tuvo lugar la reunión, y en la que participaron miles de personas para pedir la suspensión de las últimas medidas de austeridad anunciadas por el Ejecutivo.

"Cavaco, escucha, el pueblo está en lucha" o "FMI fuera de aquí" fueron algunas de las consignas más coreadas por los manifestantes. La protesta discurrió sin apenas incidentes, aunque fueron detenidas cuatro personas acusadas de lanzar petardos y una más por resistencia a la autoridad.

La propuesta del Gobierno luso de subir en 2013 las contribuciones que pagan a la Seguridad Social los trabajadores y bajar la que abonan las empresas por cada empleado fue anunciada por el propio Passos Coelho el viernes 7 de septiembre, con el objetivo de "crear empleo" y frenar así el continuo aumento del paro.

La medida, sin embargo, fue contestada por la oposición, los sindicatos e incluso la patronal, por considerar que podía hundir todavía más el ya de por sí debilitado consumo interno. Este nuevo incremento de la carga fiscal a los trabajadores también causó divergencias entre los dos partidos que conforman el Gobierno conservador, los socialdemócratas del PSD y los democrata-cristianos del CDS-PP, que juntos permiten a Passos Coelho gozar de mayoría absoluta.

El país vive bajo la asistencia financiera de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional desde mayo de 2011, que acordaron prestarle 78.000 millones de euros a lo largo de tres años para evitar la bancarrota, a cambio de un severo programa de ajustes y reformas aplicado a rajatabla por el Gobierno conservador luso.

Los recortes, sin embargo, no han evitado que Portugal afronte dificultades para cumplir con algunos de los compromisos adquiridos con la troika, como el de la reducción del déficit público, lo que obligará a que se prevea que más pronto que tarde volverá el gobierno a proponer nuevas medidas de austeridad.

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