El golpe de Estado brasileño en la encrucijada

La profundización de la crisis política brasileña está dejando perplejos a científicos sociales y observadores internacionales al actuar en contra de la propagada enmarcada en la versión institucionalista y liberal que ha predominado durante la Nueva República**, según la cual la democracia brasileña estaría consolidada.  El golpe de 2016, dirigido contra las políticas públicas que ampliaron las demandas de los movimientos sociales y de los trabajadores y su representación política y social, es sólo un primer paso de un proyecto amplio que vislumbra una profunda reestructuración del Estado brasileño, pero lo lanza a una crisis orgánica de dominación por el tipo de destrucción creadora que supone. Tal destrucción es profundamente regresiva, alejándose parcialmente del modelo schumpeteriano por ser mucho más destructiva que creadora y tener su liderazgo en el capital financiero ficticio y en el capital extranjero. Ella implica una fuerte elevación de las tasas de superexplotación de la clase trabajadora, la reorientación del dinamismo del mercado interno para las capas medias altas y los estratos superiores; la desnacionalización, desarticulación y destrucción de parte de las cadenas productivas industriales, así como en su redireccionamiento parcial para el mercado externo. La real
 ización de este proyecto exige una fuerte centralización y destrucción de capital al mismo tiempo que establece fuertes conflictos interburgueses que abren espacio para la recomposición social y política de la unidad de los trabajadores y apunta hacia una trayectoria acelerada rumbo al caos sistémico, inaugurada por el golpe de Estado, pero que tiende a desarrollarse a mediano y largo plazos por conflictos sociales intensos, crecientes y de consecuencias imprevisibles.  Para entender la crisis política vigente, enumeramos algunas tesis sobre la actual coyuntura brasileña, desde el carácter del golpe de Estado de 2016 hasta sus desdoblamientos recientes:

1)  El golpe de Estado de 2016 fue preventivo y dirigido contra la creciente capacidad de organización de los trabajadores y el protagonismo de los movimientos sociales. Este protagonismo se ha expresado en varias dimensiones. En el fuerte aumento de la actividad sindical que en 2013 alcanzó record en números de paros, siendo superada en número de horas paradas apenas en los años 1989 y 1990; en las explosiones sociales de junio de 2013, impulsadas por la clase trabajadora joven, de bajos y medianos ingresos, que reivindicaba la ampliación de derechos sociales como el transporte público gratuito y la garantía de derechos constitucionales, como el acceso público a la salud y a la educación de calidad; en las políticas sociales que elevaron la participación de la población de bajos ingresos en los rendimientos del trabajo, principalmente por medio del aumento del salario mínimo, pero a través de programas de ingresos mínimos y cupos sociales de acceso a la educación superior. En la base del fortalecimiento del poder popular estuvo la fuerte reducción de las tasas de desempleo provocada por el periodo más largo de crecimiento económico desde la década de 1980, que ocurrió entre 2004 y 2013, impulsado por el boom de los commodities que se articuló con las políticas de expansión de la demanda interna y el aumento de la formación del capital fijo;

2) El golpe de Estado de 2016 presenta una economía política radicalmente distinta que el de 1964. Mientras que éste último fue modernizador e industrialista aunque basado intensamente en el endeudamiento externo, el de 2016 es fuertemente desindustrializador, centrado en el protagonismo del capital financiero ficticio y del capital extranjero y limita el desarrollo de las cadenas productivas a nichos agroindustriales o primario-industriales fuertemente direccionados a la exportación y a los segmentos dirigidos al mayor poder adquisitivo del mercado interno, cada vez más presionados por la competencia internacional. El principal motivo de ello es la necesidad estructural de mantener un alto nivel de desempleo con el fin de mantener elevados niveles de superexplotación, necesarios al capitalismo dependiente, a una fuerza de trabajo crecientemente calificada por las nuevas tecnologías y conocimientos relacionados con la revolución científico-técnica. A diferencia del golpe de 1964 que contó con una oposición sindical oriunda principalmente de trabajadores de segmentos menos dinámicos desde el punto de vista tecnológico, abriendo el espacio para la modernización industrial y la creación de una nueva clase trabajadora que rompiera con la herencia "trabalhista" principalmente relacionada con el antiguo PTB (Partido Trabalhista Brasileño) de Getúlio Vargas, João Goulart y Leonel Brizola, los movimientos sociales y de trabajadores contrarios a la economía política del golpe de 2016 están fuertemente vinculados a los segmentos intensivos en conocimiento y tecnología, lo que marca fuertes tendencias regresivas en esta.

3) Al golpe de 2016 lo precedió la fuerte adhesión de las principales entidades patronales brasileñas (Federación de las Industrias del Estado de São Paulo - FIESP, Federación de las Industrias del Estado de Rio de Janeiro - FIRJAN, Confederación Nacional de la Industria - CNI, Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos - ABIMAQ, Federación Brasileña de Bancos - FEBRABAN y Sociedad Rural Brasileña), y su principal brazo mediático de organización ideológica: la Red Globo, con el objetivo de implementar un programa de austeridad fiscal y monetaria en un contexto de caída de los precios de los commodities y de las inversiones privadas, lo que obligatoriamente llevaría a la fuerte depresión económica, con drástica caída en la recaudación fiscal y la exponenciación de los pagos de intereses, implicando una fuerte crisis financiera del Estado. La adopción de este programa por el gobierno de Dilma, después de las elecciones de 2014, derrumbó drásticamente su popularidad y abrió espacio para el golpe de Estado que permitió al gran capital poner en marcha un plan radical de reestructuración del Estado brasileño haciendo de las políticas recesivas un instrumento estructural --y no coyuntural y cíclico-- como quería el gobierno de Dilma. La caída de este gobierno posibilitó avanzar en temáticas de la agenda de la reforma neoliberales que encontrarían resistencia en los gobiernos petistas como el congelamiento de los gastos públicos primarios por 20 años, la reforma laboral, la ley de tercerizaciones (outsourcing), la reforma en el sistema de pensiones, el fin de las políticas industriales del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), la retomada de la agenda de privatización de empresas o la eliminación del monopolio de la Petrobrás y de la política de contenido nacional para inversiones en el Presal en el ramo petrolero. Por medio de las políticas de elevación de la superexplotación del trabajo y de la atracción de capital extranjero se buscaba compensar la restricción de gastos públicos primarios y retomar el dinamismo económico, asociándolo al aumento de las tasas de explotación, de la rentabilidad y de las inversiones;

4) El golpe de 2016 se basó en una importante coalición que articuló las fracciones extranjeras, financieras, industrial, agraria y mediática del gran capital, a su representación política mayoritaria en el Parlamento y en la tecnoburocracia del Poder Judicial, y un movimiento de masas con fuertes connotaciones fascistas, representado principalmente por las capas medias y superiores de la pequeña burguesía. Sin embargo, esa coalición presenta importantes contradicciones. Si, por un lado, lo que garantizó la unidad de las diversas fracciones del gran capital fue su oposición al aumento del poder material y simbólico de los trabajadores, que aumentó los costos de la intermediación política y estableció fuerte monopolización de la representación y de las estructuras partidarias en función de la necesidad de elevar los gastos electorales para contener el fortalecimiento de las izquierdas; por el otro, la necesidad de implementar un programa recesivo, de destruir las articulaciones del embrionario capitalismo de Estado petista con fracciones del empresariado industrial, y de alcanzar los anillos burocráticos que elevaron los costos de gestión del Estado para el gran capital, pusieron en conflicto a los diversos segmentos que articularon el golpe;

5) La destrucción del bloque histórico de centroizquierda exige alcanzar sus articulaciones con las cadenas productivas vinculadas a los segmentos de petróleo y gas, tecnología nuclear, construcción civil, carnes, procesamiento de alimentos, papel y celulosa, objetos tanto de la política de contenido nacional como de campeones nacionales de los gobiernos petistas. Para ello, además de la política recesiva que redujo dramáticamente las tasas de inversiones en el país, del desmonte de la política de financiamiento subsidiado del BNDES a favor de la subordinación a la tasa SELIC (Sistema Especial de Liquidación y Custodia) que es la tasa de interés promedio que el gobierno brasileño paga por los préstamos solicitados a los bancos.y a la deuda pública, se direccionó selectivamente la acción moralizadora y de combate a la corrupción del Ministerio Publico, de la Policía Federal y del Poder Judicial para estas redes y articulaciones buscando criminalizar la política industrial del embrionario capitalismo de Estado petista que, si bien moderó, nunca logró predominar sobre la financiarización, eje central de sus gobiernos. Así, las operaciones policiales, investigaciones y fallos judiciales, mediadas por el uso abusivo de la prisión preventiva para establecer "delación premiada" (una especie de acuerdo con el Ministerio Público para la reducción de penas de los acusados) con el objetivo de alcanzar blancos políticos, fueron aplicadas principalmente contra estos segmentos para alcanzar la Petrobrás, la Eletronuclear, el BNDES, la Odebrecht, la Andrade Gutierrez, a JBS, y los fondos de pensión de empresas públicas como Petrobrás, Banco do Brasil, Caixa Econômica y Correos.
No obstante, la amplitud de la vinculación en el espectro político de las organizaciones empresariales privadas afectadas, gran parte de ellas de la coalición golpista, cuyas fracciones compiten por el control del Estado, hace con que este intento de criminalización selectiva y de eliminación de la competencia interburguesa sea de alto riesgo y explosiva, ya que es susceptible a contraataques. De esta forma, en reacción a la Operación Greenfield, a la Operación Carne Fraca y a las diversas acciones de la Policía Federal y del Ministerio Público que derrumbaron en 46% el valor de las acciones de sus empresas, entre enero y mayo del 2016, los hermanos Joesley y Wesley Batista cumplieron el acuerdo de delación premiada afectando centralmente al Presidente de la República, Michel Temer, y al Presidente del PSDB, Aécio Neves, con la grabación de conversaciones que se constituyen como pruebas contundentes de la delación que formularon sobre la participación de éstos en esquemas de corrupción pasiva, lavado de dinero y delincuencia organizada.

6) Con el objeto de destruir la hegemonía del bloque de centroizquierda y la emergencia de las izquierdas, así como reducir en alguna medida los costos de las campañas electorales y de la intermediación política para hacer valer sus intereses en el Estado, el gran capital impulsó, y respaldó, la actuación abusiva de la Policía Federal, del Ministerio Público y de la Magistratura para criminalizar la vida pública brasileña y lograr sus objetivos políticos. Para ello fue central la ofensiva ideológica de los medios de comunicación buscando situar la corrupción como el principal problema del Estado brasileño, lo que justificaría el uso de medidas excepcionales para su combate. Esta ofensiva ideológica se manifestó en la presión para la aprobación de la ley 12.850/2013, en agosto del mismo año, como respuesta a las Jornadas de Junio; en el respaldo al uso abusivo de la prisión preventiva como instrumento de regateo para imponer la "colaboración premiada"; en la divulgación pública en la gran prensa mediática de interceptaciones telefónicas judiciales que violaron derechos constitucionales, así como en la difusión pública de audios y videos para respaldar una cruzada selectiva que permitiera desmoralizar y desalojar al petismo del poder. Una vez logrado en gran parte el desmonte y el riesgo político del capitalismo de Estado petista, el reto fue ampliado para afectar, de forma más o menos quirúrgica y estratégica, a liderazgos de partidos políticos de la propia base golpista, buscando reducir los costos de las transacciones políticas para el gran capital al afectar esquemas patrimonialistas y monopólicos de intermediación.
Sin embargo, el avance abusivo del Poder Judicial sobre las prerrogativas constitucionales sólo fue posible por el alto nivel de consenso entre el gran capital, el poder mediático, el Parlamento y el Poder Judicial, lo que exigió tener a la centroizquierda y la izquierda como blancos. Una vez que la articulación entre Ministerio Público, Policía Federal y medios pasó a afectar directamente a segmentos estratégicos del PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño donde milita el mismo Temer) y del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña dirigido por Aécio Neves), advirtiendo todavía la posibilidad de develar a otros cuadros importantes de estos partidos, se abrió una fuerte crisis política y una enorme desorganización de la base golpista que tiende a dividirse en dos proyectos distintos.

7) El proyecto más dinámico es el representado por los segmentos más agresivos del gran capital, vinculados al capital financiero ficticio, al capital extranjero y al monopolio mediático, que se asocian a expresivas fracciones del Ministerio Público y de la Magistratura, buscando el apoyo de importantes segmentos de la pequeña burguesía para desorganizar los esquemas patrimonialistas presentes en los partidos políticos y bajar los costos de las campañas y de la intermediación política. Este consorcio de poder apoya la caída del gobierno de Temer, la elección del nuevo Presidente mediante elección indirecta, la reforma política desde el Congreso para imponer el parlamentarismo, el voto distrital y las candidaturas sueltas e independientes de los partidos políticos para aumentar el nivel de competencia del sistema, donde celebridades mediáticas puedan proyectarse, restringiendo la autonomía del político para acercar gobierno y Parlamento a instituciones que estén b
 ajo el comando directo del gran capital. No obstante, este proyecto presenta importantes contradicciones, como la que se establece entre el uso del Poder Judicial por el gran capital para disminuir los costos de la intermediación política y la tendencia expansiva del Poder Judicial que, respaldado en el corporativismo, en las disputas interburguesas y en el poder mediático para su actuación por fuera de los marcos constitucionales, alimenta las pretensiones de reestablecer un capitalismo de Estado, aunque muy distinto, bajo comando tecnoburocrático del aparato jurídico-represivo, supuestamente legalista. Otra importante contradicción es la que se establece entre la institucionalización de una economía política recesiva y la base de apoyo de masas de las capas medias.

8) El otro proyecto, bajo ataque, se centra más que nada en la preservación, con mínimas modificaciones, de las estructuras patrimonialistas representadas por los partidos políticos de centroderecha y de derecha; defiende una reforma política basada en el modelo electoral de listas cerradas con prioridad para los diputados y senadores electos; y apoya el establecimiento de controles sociales a la actuación del Poder Judicial.
Las confrontaciones entre los dos proyectos, pese a que produzcan crisis significativas, como la que afecta el gobierno de Temer, pueden conducir a fórmulas de composición, una vez que el sector más internacionalizado del capital no puede prescindir del Parlamento y necesita colocar límites al capitalismo de Estado, venga éste de la tecnoburocracia jurídico-represiva, de la centroizquierda petista, como entre 2003-2016, o de los militares, como en los años 1964-85.

9) La Magistratura y la Procuraduría poseen capacidad extremamente limitada para enfrentar las estructuras corporativas del capitalismo dependiente brasileño en función de su posición estratégica en la estructura de clases, lo que compromete fuertemente su autonomía e independencia. Los altos sueldos directos e indirectos obtenidos por sus miembros, que en su gran mayoría reciben montos por arriba del techo constitucional, el intenso grado de corporativismo, el carácter autocrático de su actuación y el precario control democrático a que están sometidos lo hacen un segmento propenso a articulaciones políticas conservadoras y reaccionarias, incapaz de jugar un papel independiente frente a las clases dominantes para sanear las instituciones públicas y privadas brasileñas. Su intervención en el sistema político brasileño viene profundizando asimetrías a través de la selectividad de sus blancos; de la falta de criterios legales, de proporcionalidad y de impersonalidad en el establecimiento de fallos; y del uso casuístico, abusivo y normativo de métodos excepcionales de investigación, como la conducción coercitiva y la prisión preventiva.
Entre los blancos preferenciales de la Procuraduría y la Magistratura destacan los liderazgos políticos de centroizquierda y de izquierda, los liderazgos empresariales vinculados al incremento de las cadenas de valor productivas y los liderazgos de movimientos sociales y universidades públicas. Mientras seleccionan estos blancos, ignoran ampliamente la corrupción del Estado en la articulación de los grandes negocios de la burguesía brasileña que son la deuda pública y la especulación cambiaria, regulados por una política monetaria que abre carteras de valores para los bancos, de las cuales usufructúan los responsables por esta política pública al aplicar sus recursos por medio de ellos. Aparentemente, la Magistratura y la Procuraduría involucradas en la Operación Lava-Jato tienden a considerar la inducción de políticas públicas sectoriales criminales y sospechosas, mientras ven con benevolencia la fabricación de capital ficticio contra el erario público que abre o
 portunidades de ganancias sin la contrapartida productiva a las diversas fracciones burguesas por medio de la expansión de la deuda pública, sintetizando sus intereses particulares en esta forma abstracta y general del capital.
Un análisis sumario y ejemplar de los acuerdos de delación premiada y de los fallos proferidos por el Poder Judicial indica su desproporcionalidad y falta de amparo legal. Mientras de un lado, la Procuraduría General de la República establece acuerdo de delación premiada avalado por el STF (Supremo Tribunal Federal), con los hermanos Joesley y Wesley Batista, extendiendo a ellos el perdón judicial que viola la ley 12.850/2013, una vez que son jefes de una organización criminal y no son los primeros a delatar, el juez Moro absuelve a Claudia Cruz --esposa del ex-Diputado Eduardo Cunha-- que en la hipótesis más blanda habría cometido crimen de peculado por no devolver dinero reconocidamente ilícito de sus cuentas; por el otro lado, el vicealmirante Othon Pinheiro da Silva, uno de los responsables por el éxito del programa nuclear brasileño es condenado a 42 años de prisión por supuestos desvíos de recursos públicos de Eletronuclear. Mientras la Operación Lava-Jato a
 vanza principalmente contra este perfil de políticos y liderazgos empresariales de la cadena productiva, la Operación Zelotes que investiga compras de fallos en el CARF (Consejo Administrativo de Recursos Fiscales) para legalizar la evasión de tributos de grandes empresas y bancos camina a ritmo mucho más lento, protegiendo a la RBS (Red Brasil Sur de Televisión) filiada de la Red Globo, que es una de las acusadas, y a Augusto Nardes, uno de los cabecillas de esta articulación, relator en el TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) de las cuentas fiscales del gobierno Dilma, pieza clave del golpe de Estado.
Ni la Magistratura, ni el Ministerio Público tienen la capacidad de extender demasiado su actuación autocrática y corporativa contra los segmentos más amplios de la burguesía y de la estructura partidaria oligárquica brasileña, sea por la reacción a través de los monopolios mediáticos o del Parlamento develando sus grandes vulnerabilidades. La aprobación en el Senado de la ley que criminaliza el abuso de autoridad por agentes públicos, pone límites más precisos contra la actual tendencia expansiva del poder autocrático del Poder Judicial y revoca la legislación vigente cuyo origen es la dictadura militar de 1964.

10) Por último, las disputas interburguesas y la desorganización de la coalición de poder golpista abren a las izquierdas una ventana de oportunidad de movilización y proyección política. Sin embargo, para aprovecharla es necesario vencer muchos obstáculos. El más importante es el de la movilización popular, aun restringida a la militancia de izquierdas sin alcanzar segmentos más amplios de la clase trabajadora, profundamente decepcionada y desconfiada con los procesos electorales, a partir de la adhesión del PT (Partido de los Trabajadores) al orden burgués dependiente y neoliberal, en la cual buscó introducir modificaciones puntuales. Sin enfrentar esta desconfianza popular y reconstruir su unidad, difícilmente las izquierdas conseguirán dar a la bandera de las ¡Diretas Já! peso suficiente para interferir en las decisiones del Congreso Nacional o del TSE (Tribunal Superior Electoral), viabilizando institucionalmente la alternativa de las elecciones directas que depende de que el Congreso apruebe por mayoría calificada una enmienda constitucional que imponga la interrupción del mandato presidencial y vicepresidencial después de la mitad de su ejercicio, o bien que el Tribunal Superior Electoral considere a Michel Temer destituido de su mandato por violación a ley electoral.
La alternativa política más probable en el corto plazo es la de que el impase se resuelva o por una victoria de la fracción más agresiva del gran capital derrumbando el gobierno de Temer, o por la neutralización de esta ofensiva por las fuerzas patrimonialistas de los partidos de derecha o centroderecha brasileños, principalmente, PMDB, PSDB y DEM (Demócratas). No obstante, una prolongación del gobierno de Temer llevaría a un aumento de las disputas interburguesas abriendo de este modo una ventana de oportunidad para que las izquierdas se organicen y relancen su protagonismo a través del fortalecimiento de los movimientos de masas que volvieron a liderar en las calles.

La Haine