El golpe, Lula y Alckmin

“Cuando se gana con la derecha, es la derecha quien gana”
Radomiro Tomic

La desmovilización de la campaña por el impeachment dio al desgobierno de Bolsonaro un año de supervivencia. A pesar de los crímenes de responsabilidad en serie del loco instalado en el Planalto, los brasileños están condenados a soportar sus descalabros al menos hasta 2023.

La burguesía está aprovechando el letargo de las calles para profundizar en la liberalización económica, la desconstitucionalización de los derechos sociales, el vaciado de las libertades civiles y el vale todo medioambiental. El objetivo final es despojar a la Constitución de 1988 de todo su contenido democrático, republicano y nacionalista. En el capitalismo bárbaro neocolonial, el despotismo burgués debe ejercerse de manera brutal e inquebrantable, ya sea mediante un régimen político abiertamente dictatorial o mediante un autoritarismo despiadado con sólo un tenue barniz democrático.

De ahí la importancia estratégica de las elecciones de 2022 como medio para legitimar los virulentos golpes perpetrados contra la clase trabajadora tras el estallido de la crisis económica que se arrastra desde hace más de siete años. La nueva ola de ataques, que se inició con el estelionato electoral de Dilma Rousseff en 2014, cuando se hizo patente la quiebra de la política de conciliación de clases, cambió de calidad con la conspiración parlamentaria [golpe ded Estado] que llevó a Michel Temer al Planalto en 2016 y definió el terrorismo de mercado como línea directriz de la política económica.

La ofensiva del capital llegó a su clímax con las arbitrariedades y violencias legales que culminaron en el proceso electoral completamente fraudulento de 2018 y luego en la estrategia relámpago de desmantelamiento de políticas públicas, ataques a las libertades civiles y desarticulación del Estado nacional.

Sin embargo, la estabilización del golpe no es una operación sencilla. El reto que se plantea a quienes luchan por una solución autoritaria dentro del orden, sin una ruptura explícita con la democracia, es reconstruir, a partir de los escombros de la Nueva República, la caricatura de una República Nueva que, en apariencia, conserva la fachada democrática y nacional y, en esencia, es inequívocamente antisocial y autoritaria. Si la Nueva República terminó como una tragedia, la República Nueva que se pretende construir ya está condenada a nacer como una farsa. Se inscribe en una sociedad que vive una crisis de civilización, bajo el mando de una burguesía vasalla, comprometida con el desmantelamiento de la Nación.

La precariedad de la solución electoral a la grave crisis que sacude a la democracia brasileña se manifiesta en las incertidumbres que rodean a la elección presidencial de 2022. El nombramiento del general Fernando Azevedo, ex ministro de Defensa de Bolsonaro, para el cargo de director general del TSE (Tribunal Supremo Electoral), con el encargo de supervisar la fluidez del proceso electoral, es bastante preocupante. Antes de representar una garantía de que la voluntad de los votantes será respetada, como fue presentada a la opinión pública, significa una mayor injerencia del partido militar en el Poder Judicial, profundizando aún más la tutela de las Fuerzas Armadas sobre la vida nacional.

En este contexto, el movimiento de Lula por un frente amplio contra Bolsonaro, que tiene en la hipótesis de una fórmula Lula-Alckmin su máxima coronación, fue recibido por el establishment opositor como una tabla de salvación que unificaría a griegos y troyanos. Al unirse al ex dirigente del PSDB, enemigo histórico de los trabajadores, estudiantes y profesores, Lula adhiere inevitablemente a la nueva generación de ataques del orden neoliberal fundamentalista.

Alckmin y Temer, promotor del golpe de Estado contra Dilma, mantienen una buena relación desde hace tiempo.

El poder de corrupción y cooptación de la burguesía brasileña es ilimitado. Víctimas y verdugos confraternizan para hacer renacer de las cenizas las ilusiones de una imposible conciliación de clases. La rendición a las exigencias del statu quo es incondicional. Alckmin, vinculado al Opus Dei, campeón de la austeridad fiscal y de las reformas liberales, hombre de confianza de Faria Lima, candidato nota 10 de la burguesía en 2018, el «neocompañero» siempre ha sido implacable con los de abajo. Su historial habla por sí mismo: masacre de Castelinho, masacre de Pinheirinho, represión de las Jornadas de junio de 2013, persecución de estudiantes que luchaban contra el cierre de escuelas… La lista completa sería interminable.

En ausencia de una vigorosa movilización contra el modelo económico y por una solución democrática a la crisis política que sacude la vida nacional, las masas se quedan sin alternativa. No hay duda de que la dosis mínima del veneno hace menos daño que la dosis máxima. No es imposible que un futuro gobierno de Lula logre detener la ofensiva reaccionaria, enfríe temporalmente los ataques del capital contra el trabajo y el medio ambiente, e incluso recomponga parcialmente la política asistencial a los más desfavorecidos, atenuando la velocidad de la marcha hacia la barbarie.

Sin embargo, ninguna sociedad pasa impunemente por un proceso de inversión neocolonial. La sociedad brasileña se está hundiendo en el pantano. Incluso si la situación económica y política fuera favorable, lo que no parece en absoluto probable, un futuro gobierno de Lula no tendría las más mínimas condiciones para modificar las condicionantes estructurales responsables del descenso sistemático del nivel de vida tradicional de los trabajadores. El abismo entre lo que Lula parece ser -el defensor de los pobres y los oprimidos- y lo que en realidad es -un talentoso cuadro político que podría estar al servicio de una plutocracia que ha roto todo vínculo moral con las clases subalternas- no puede ser mayor.

Sin tener nada que ofrecer a las clases subalternas, los dueños de la riqueza y el poder aprovechan la ausencia de una agenda de ruptura con el modelo económico y político para blindar cualquier cuestionamiento a la abrumadora ofensiva del capital contra los derechos de los trabajadores, las políticas públicas, el patrimonio nacional y el medio ambiente. Lula, que no es inocente, parece estar al servicio de este proyecto.

La tarea fundamental de la izquierda contra el orden es criticar las ilusiones de una salida de la institucionalidad neoliberal y presentar a la clase trabajadora un programa de lucha que señale la necesidad y la posibilidad de la revolución socialista como único antídoto contra la barbarie capitalista. Para estar a la altura de los desafíos de su tiempo, es urgente unificar en torno a la bandera de la igualdad sustantiva, que apunte a la intervención popular como la única estrategia capaz de interrumpir el círculo vicioso de la dictadura de los negocios que condena a la sociedad brasileña a un miserable fin de la historia.

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* Plínio de Arruda Sampaio Jr. es economista y profesor jubilado del Instituto de Economía de la Unicamp (Universidad de Campinas)
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