Ayotzinapa: El informe del GIEI

Fue el Estado. Con base en las actuaciones judiciales oficiales, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, viene a confirmar la configuración de delitos tipificados graves y considerados crímenes de Estado por el derecho internacional humanitario, y que en ellos participaron por acción u omisión al menos cinco corporaciones de seguridad: el Ejército, las policías federal, estatal y ministerial de Guerrero y municipales de Iguala y Cocula.

Seis personas fueron ejecutadas de forma extrajudicial, tres de ellas estudiantes de la normal de Ayotzinapa, dos con disparos a quemarropa, es decir, a menos de 15 centímetros de distancia (Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez), y otro fue previamente torturado y pudo ser ultimado con un tiro en el rostro (Julio César Mondragón); 43 estudiantes fueron detenidos y desaparecidos de manera forzada, seguido del ocultamiento de su paradero y de las pruebas que puedan incriminar a los autores, con la finalidad de generar confusión y ambigüedad como una forma de evitar la investigación, el conocimiento real de los hechos y sustraer a las víctimas de la protección legal. Además, 40 personas fueron heridas, algunas de suma gravedad, y una se encuentra en coma y/o estado de estupor (el estudiante Aldo Gutiérrez).

Según el GIEI, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, el patrón de actuación de los perpetradores muestra dos momentos y perfiles distintos. En un primer momento, se trata de un ataque masivo e indiscriminado (disparos contra estudiantes y civiles desarmados y en actitud de huida) y además progresivo (persecución, disparos al aire, bloqueo, golpizas, disparos a matar y a quemarropa, preparación de emboscadas), en el que los autores no ocultaron su identidad: con o sin capuchas, fueron policías municipales (agentes del Estado) que actuaron frente a numerosos testigos sabedores de su impunidad y con base en miedo y terror paralizantes de la población de Iguala, construido con anterioridad.

Según la versión de la PGR, en un segundo momento existe una presunta desconexión entre el operativo de los agentes del Estado y la desaparición de los estudiantes, atribuida oficialmente a un grupo delincuencial ( Guerreros Unidos). Sin embargo, para los expertos ambos momentos forman parte de una misma acción. Es decir, la decisión sobre la desaparición tuvo continuidad con la acción desarrollada desde el inicio, pero no se tomó de manera inmediata, ya que tuvo que prepararse la infraestructura necesaria para ocultar el destino de un grupo tan numeroso de personas; lo que además requirió de una gran capacidad de coordinación con otros autores intelectuales o materiales. El sofisticado modus operandi de los perpetradores: convertir en cenizas a los normalistas para que no pudieran ser identificados con pruebas de ADN (similar a la calcinación que se logra en un horno crematorio) no se corresponde por el utilizado previamente por el grupo criminal aludido, además de que el informe muestra la imposibilidad de que hayan sido incinerados en el basurero de Cocula.

3. El nivel de los ataques masivos y sostenidos en nueve momentos y escenarios diferentes por más de tres horas, así como la intervención de distintos cuerpos policiales (federal, estatal, ministerial y municipal) y agentes de inteligencia militar (OBI, de civil), oficiales y soldados del 27 batallón de infantería del Ejército en Iguala −incluido su comandante, el coronel José Rodríguez Pérez, quien estuvo en contacto permanente con el mando de la 35 Zona Militar, general Alejandro Saavedra−, dan cuenta de una coordinación central u operativa de las fuerzas de seguridad del Estado, y de un mando que dio las órdenes hasta llegar a la desaparición de los 43 estudiantes.

Aparte de que no hubo un uso adecuado, necesario, racional ni proporcionado de la fuerza del Estado, para los expertos la acción de los perpetradores estuvo motivada por el hecho de que los normalistas afectaron intereses de alto nivel. El hallazgo de un quinto autobús (desaparecido por la PGR en su investigación) podría ser un elemento clave para dilucidar los hechos; pero no explica las actuaciones de la Policía Federal y del Ejército, según obra en los expedientes y en documentos desclasificados por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como se adelantó en este espacio en octubre de 2014, a través del sistema del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), las fuerzas armadas (Ejército y Marina), la Policía Federal, el Cisen y distintas estructuras de seguridad de Guerrero siguieron y monitorearon en tiempo real a los estudiantes desde su salida de la normal rural en Tixtla. Lo novedoso es que la Sedena manejó la información del C-4 de manera restringida cuando se estaban dando los ataques contra los normalistas: entre las 22:11 y las 23:26 (una hora y 15 minutos) y entre las 23:26 y las 2:21 (casi tres horas). La pregunta obvia, es, ¿por qué?

Tampoco es clara la actuación de los soldados del 27 batallón, que al mando de un capitán Crespo interrogaron estudiantes y dejaron desangrar a Édgar Andrés Vargas en el hospital Cristina, ni la del médico que arribó al nosocomio después de que los uniformados se retiraran. El médico testimonió que fue llamado al 27 batallón porque el general Saavedra quería que platicara con unas personas de justicia militar, y el capitán Crespo pidió que no lo anotaran en el libro de entrada porque es invitado de mi general. En tales condiciones, el galeno aceptó que firmó y puso su huella en una declaración rendida en el cuartel, lo que agrega más irregularidades a la actuación de la Sedena. De allí la necesidad que se autorice al GIEI entrevistar a los soldados del 27 batallón, y de paso inspeccionen si existen indicios de que hasta hace pocos meses pudo existir en ese cuartel o el de la 35 Zona Militar un horno crematorio.

La Jornada