El laberinto venezolano

Las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 28 de julio volvieron a poner sobre la mesa un debate que parece interminable sobre la legitimidad o no de los comicios. La derecha denuncia nuevamente el fraude electoral, mientras que el chavismo responde acusándolos de golpistas aliados al imperialismo estadounidense. En el medio, un pueblo venezolano que se resiste con fuerza a permitir que la ultraderecha se haga con el gobierno del país.

Los múltiples análisis posteriores, de lo más variados, no escapan al laberinto político en que ha caído la política venezolana. Según se alineen con el chavismo o la derecha, su interpretación de los hechos será una u otra. Escasas son las lecturas que procuran ver más allá y reflexionar con honestidad intelectual las causas que explican la actual situación y las salidas --por izquierda-- que pueden vislumbrarse.

El escritor, activista, sociólogo y director del Centro de Estudios para la Democracia Socialista, Reinaldo Iturriza, es una de esas voces que intentan salir del atolladero y complejizar el análisis. En conversación con Federico Fuentes, para Revista Jacobin, Iturriza analiza las distintas interpretaciones en torno a las elecciones presidenciales, los procesos políticos y sociales que explican la situación actual y los posibles caminos para escapar al laberinto.

Las elecciones presidenciales del 28 de julio parecen una repetición de las anteriores: una vez más, la derecha denuncia fraude y el gobierno insiste en calificar esas denuncias como un intento de golpe de Estado. ¿Cuál es tu valoración?

Permíteme en primer lugar problematizar las valoraciones habituales cada vez que se presenta una coyuntura electoral en Venezuela. Por regla general, se parte de la idea --ciertamente sustentada en evidencia empírica-- de que en cada contienda se enfrentan dos bandos antagónicos: el conjunto de fuerzas alineadas con el programa de la revolución bolivariana y el conjunto de fuerzas que se oponen a ese programa.

El hecho de que la primera de estas fuerzas haya permanecido en el poder durante veinticinco años suele ser interpretado de diversas maneras: una parte de la izquierda tiende a valorar que las sucesivas victorias del chavismo dan cuenta de la enorme capacidad de resistencia de su base de apoyo popular y la indudable capacidad política de su liderazgo, factores que logran neutralizar los ataques del imperialismo y conjurar el retorno al poder de las fuerzas más reaccionarias.

La derecha, por su parte, construye un relato conforme al cual solo es posible explicar la permanencia del chavismo en el poder en función de su carácter autoritario. En cada ocasión, y de manera invariable, sus victorias electorales serían de dudosa o ninguna legitimidad por fundarse en la manipulación de las masas, en el uso indiscriminado de recursos públicos en tiempos de campaña, en la inhabilitación de líderes de derecha o directamente en el fraude.

Finalmente, existe otra parte de la izquierda que hace suyos algunos de estos planteamientos y procura desmarcarse del chavismo precisamente en razón de su carácter autoritario, por su irrespeto al principio de la "alternabilidad democrática", por sus maniobras contra la derecha, por el cercenamiento de las libertades, por el control de las instituciones, por sus excesos en materia económica, etcétera.

En respuesta, aquella parte de la izquierda en la que predomina una valoración más bien positiva de la revolución bolivariana, suele denunciar el grosero doble estándar cuando se trata de abordar el tema Venezuela, señalando que aquellas situaciones que se identifican como errores, debilidades o excesos del chavismo en el poder se tienen como normales en cualquier otro país democrático en el mundo, por no hablar del silencio que trata de imponerse a nivel global respecto de lo que ocurre en sociedades bajo regímenes realmente dictatoriales como el ucraniano o, más recientemente, frente al genocidio israelí en Gaza.

Tales son los hechos y las distintas interpretaciones de los hechos, descritas aquí de manera muy sumaria. Periódicamente tienen lugar procesos electorales en Venezuela en los que se miden unas determinadas fuerzas y, una vez conocidos los resultados, pasamos al momento de la disputa sobre la valoración de lo acontecido, que será una u otra conforme al posicionamiento político de quien hace la interpretación. Es lo normal. Así viene siendo hace tiempo, y todo indica que así seguirá sucediendo. Pareciera no tener ningún sentido analizar cada una de estas valoraciones porque, todos sabemos, obedecen a posturas políticas más que a una interpretación concienzuda de los hechos.

Ahora bien, me parece que si existiera genuino interés por comprender lo que sucede en Venezuela habría que comenzar por problematizar lo dado, es decir, aquello que asumimos como hechos indiscutibles. Y, tratándose de una elección presidencial, el foco de atención debe estar puesto no solo en las fuerzas políticas en pugna --incluida, por supuesto, la nefasta influencia ejercida por el imperialismo estadounidense--, sino fundamentalmente en el soberano, es decir, en el depositario de la soberanía popular, la ciudadanía.

¿Y qué piensas respecto al modo en que llegó la ciudadanía venezolana a este nuevo proceso electoral?

Un primer dato a tener en cuenta es que el pueblo venezolano que acudió a las urnas el domingo 28 de julio lo hizo en un contexto de profunda crisis de representación, con una clase política atravesando, en general, su peor momento en los últimos cinco lustros. La clase política antichavista llegó a los comicios cargando con el peso acumulado de sucesivas derrotas, denostada por su base social de apoyo, presa de sus contradicciones, sin un liderazgo indiscutible y aglutinante, con poca claridad estratégica, tutelada por el gobierno estadounidense, pagando el costo de unos devaneos antidemocráticos que le hicieron despilfarrar su poco capital político acumulado.

Pero el chavismo gobernante arribó a este proceso electoral igualmente preso de sus contradicciones, lo que supuso una disputa en la que resultaron airosas las tendencias más conservadoras y pragmáticas, que terminaron por imponer lo que Gramsci llamaría el «antiprograma» de la revolución pasiva. Esto se tradujo en el hecho de que la clase trabajadora por momentos dejara de constituir la columna vertebral del bloque de fuerzas en el poder.

A partir de 2016 (tras la derrota en las elecciones parlamentarias de 2015, que supuso una primera señal de la posible fractura del bloque hegemónico nacional y popular), pero sobre todo desde septiembre de 2018 en adelante (con la aplicación de un programa económico de corte ortodoxo-monetarista), el chavismo gobernante procedió a un intento de recomposición del bloque de fuerzas por arriba, aliándose con fracciones progresistas de la burguesía y creando las condiciones para la progresiva dilapidación de la fuerza política por abajo.

Durante la última década, contingentes de lo que fuera la base popular de apoyo del gobierno se desafiliaron del chavismo, lo que significa que parte importante de la sociedad venezolana volvió a encontrarse en una «situación de vacío ideológico», para emplear la expresión acuñada por [el marxista boliviano René] Zavaleta Mercado. Se trata de un fenómeno que no ocurría en el país desde la década de 1990. Un problema político de primer orden que bien supo resolver, justamente, el chavismo.

¿Cuáles son las implicancias de todo esto de cara a las recientes elecciones presidenciales? Pues bien, resultaba bastante claro, en primer lugar, que ambas fuerzas acudieron a la contienda con sus respectivas bases sociales de apoyo disminuidas. En segundo lugar, esta suerte de viraje estratégico adoptado por la el chavismo gobernante al que acabo de referirme constituye una circunstancia que nos obligaba a poner en entredicho un dato que se da por cierto: la arena electoral como terreno de disputa entre dos proyectos históricos antagónicos. El debate programático estuvo prácticamente ausente durante toda la campaña electoral.

En tercer lugar --y en estrecha relación con lo anterior--, parte importante de la ciudadanía, esa que está en «situación de vacío ideológico», ejercería su derecho al sufragio sin sentirse representada por ningún candidato. Cuarto y último, parte considerable del voto dirigido al candidato derechista estaría muy lejos de significar identificación alguna con el antichavismo, sino que sería reflejo fundamentalmente del rechazo al gobierno. Y, viceversa, parte del voto dirigido al candidato oficial, antes que leerse en clave de apoyo al gobierno, representa en realidad un rechazo a la posibilidad del triunfo de la ultraderecha.

Por más obvio que resulte, no deja de ser importante subrayar que, frente a semejante cuadro, resultaba absolutamente decisivo que el árbitro electoral anunciara los resultados sin dejar el más mínimo margen de duda, garantizando además las auditorias correspondientes y publicando los resultados desagregados por mesa electoral, aunque esto no sea exigible en casi ningún país del mundo. No solo esto no ha sucedido, sino que las explicaciones del Consejo Nacional Electoral respecto de la causa que habría impedido cumplir con sus funciones (a saber, un hackeo al sistema) no han sido suficientes.

De lo anterior se desprende que a la hora de valorar lo que ha sucedido en Venezuela desde el 28 de julio resultan por completo limitadas las interpretaciones habituales, por fundarse, en el mejor de los casos, en lecturas superficiales y, en el peor de ellos, en el completo desconocimiento de lo ocurrido en años recientes en términos de correlación de fuerzas políticas. Se desprende, igualmente, que más allá de las versiones contrapuestas de las fuerzas en pugna --fraude o intento de golpe de Estado--, la duda razonable y, con ella, un malestar más que genuino, se han instalado en el seno de la sociedad venezolana.

Las protestas populares del lunes 29 de julio guardan relación directa con esto último. Eventualmente, durante la jornada, y sin duda alguna, intervendrían ambas fuerzas: en un caso, intentando mostrar un descontento inexistente y atizando la violencia; en el otro, imponiendo el orden. Ciertamente puede afirmarse que al día de hoy el orden reina en Venezuela, pero junto con dudas y malestares que persisten.

¿Por qué crees que el CNE y el Gobierno han tardado en hacer públicas las actas? ¿Qué opinas del fallo del TSJ? ¿Cambia algo?

Recordemos las palabras textuales del titular del ente comicial, Elvis Amoroso, la madrugada del 29 de julio, en ocasión de anunciarse el primer boletín oficial: «En las próximas horas estarán disponibles en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados mesa por mesa, tal como históricamente se ha hecho, gracias al sistema automatizado de votación. Igualmente, se entregará a las organizaciones con fines políticos los resultados en un CD, conforme a la ley». Pues bien, como ya te comentaba, esto no ocurrió.

Agregaría que la publicación de los resultados de manera desagregada y verificable no se trata de un asunto meramente técnico, sino de una cuestión realmente sustantiva: hablamos tanto de una obligación del árbitro electoral como de un derecho del pueblo venezolano. Este es un panorama que no ha cambiado tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que validó los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral al tiempo que lo exhortó a publicar dichos resultados conforme lo establecido en la ley, es decir, dentro de los treinta días siguientes a la proclamación del Presidente de la República, que todavía no se cumplieron.

Viendo el proceso en retrospectiva, ¿cómo crees que llegamos a esta situación? ¿Cómo caracterizas el rumbo del Gobierno de Maduro en los últimos años?

Bien, he intentado en lo anterior aportar la que considero una fundamental contextualización, pues nos permite comprender cómo llegamos a la situación actual. Pero aprovecharía tu pregunta para agregar lo siguiente: comprendo perfectamente las razones por las cuales se apela con tanta frecuencia a la circunstancia del asedio económico imperialista contra Venezuela, que es totalmente real, para dar cuenta del malestar popular.

Es más, diría que la razón es simple: en efecto, dicho asedio ha multiplicado exponencialmente cualquier perjuicio que pudo haber provocado en la población la crisis económica previa a, pongamos por caso, las primeras sanciones contra Petróleos de Venezuela, en agosto de 2017. Hablamos de medidas punitivas e ilegales orientadas a acelerar el colapso de la economía nacional y, para decirlo sin ambages, a producir el sufrimiento y la muerte de seres humanos.

Frente a circunstancias de tal naturaleza, es decir, frente a semejante situación límite, una sociedad como la venezolana que --hay que recordarlo-- viene de vivir años de intensa politización, naturalmente procedería a poner en la balanza, de un lado, los perjuicios provocados por dichos ataques y, del otro, las decisiones del liderazgo político para sortearlos. Si algo está muy arraigado en la cultura política del ciudadano venezolano promedio es la convicción de que el liderazgo político debe asumir su responsabilidad frente a los hechos, y en esto la figura de Hugo Chávez jugó un papel fundamental.

Pues bien, la manera como procedió el chavismo gobernante para enfrentar tales circunstancias fue construir un relato según el cual no había más alternativas que las medidas que eventualmente se adoptarían, por ejemplo, en materia de política económica. Primera mala señal. Es decir, que no iba a haber espacios para la deliberación pública, participativa y protagónica sobre las distintas opciones sobre la mesa por la sencilla razón de que sobre la mesa solo había una opción. Pero, ¿y si la única alternativa ponía en entredicho el horizonte estratégico de la revolución bolivariana? Pues mala suerte. Instalada esta lógica de razonamiento en el seno del chavismo gobernante, la única opción para controlar la hiperinflación, por ejemplo, consistía en el conjunto de medidas que terminaron aplicándose a partir de septiembre de 2018: drástica reducción del gasto público, desvalorización del salario a su mínimo histórico, bonificación de los ingresos de la clase trabajadora, etc.

Tal secuencia de circunstancias, esto es, las privaciones materiales --que son siempre, también, privaciones espirituales, y que afectan drásticamente los vínculos sociales-- por efecto del asedio imperialista, que multiplica exponencialmente las privaciones materiales, la privación política que supone la clausura de alternativas para enfrentar la situación (tras lo cual sobrevienen más privaciones materiales), permite comprender, al menos parcialmente, el hecho de que parte importante de la clase media haya llegado al extremo de considerar como opción política a la ultraderecha venezolana.

¿Qué posiciones han tomado las fuerzas políticas de la izquierda revolucionaria frente a todo esto? ¿Qué opciones existen para fortalecer a la izquierda en este contexto?

Tenemos bastante claro que, en cualquier circunstancia, la izquierda revolucionaria no puede asumirse como un gueto, como un puñado de militantes que, eventualmente, ofrece un testimonio de lucha abnegada. La solución a los problemas fundamentales del país pasa por la izquierda pero va más allá de ella, como nos enseñara [el marxista Venezolano] Alfredo Maneiro. La izquierda revolucionaria debe ser capaz de hablarle a las mayorías populares, debe distinguirse por su voluntad de poder, como afirmaba Hugo Chávez.

Frente a una coyuntura que suscita el desconcierto y que se asemeja a un laberinto político, en tanto que no se vislumbra salida, consideramos que es momento para la templanza y el carácter. Cualquier actuación motivada por la indignación moral constituye un paso en falso. Estamos convencidos de que vendrán nuevas situaciones. El orden reina en Venezuela, como ya te comentaba, y con él la calma, pero es una calma expectante. Es el pueblo venezolano el que tendrá la última palabra.

Jacobinlat / La Haine