El pueblo colombiano ha tomado las calles

El 18 de marzo Colombia nos devolvió dos imágenes opuestas de país: un pueblo en las calles defendiendo las reformas sociales y un Congreso sordo y aislado decidido a tumbarlas. A pesar del clamor popular y de los esfuerzos de los congresistas del Pacto Histórico, la derecha y sus aliados lograron archivar la reforma laboral. Mediante un gesto profundamente antirepublicano e inconstitucional, el establishment ya anunció que hará lo mismo con el resto de reformas propuestas por el gobierno que lidera Gustavo Petro.

Este blindaje institucional tiene un claro objetivo: poner las instituciones al servicio de la clase dominante e impedir la aprobación de leyes para las mayorías sociales. Para maquillar este gesto profundamente oligárquico, mandaron a sus voceros de los conglomerados mediáticos y partidos políticos a usar un tonito burlón e identificar estas reformas con un «capricho» de Petro.

Pero es difícil ocultar el sol con la mano: no se trata de un capricho, sino de una situación verdaderamente dramática que vive la clase trabajadora del país, situación a la que esta reforma intentaba comenzar a poner fin.

En Colombia, el trabajo informal alcanza cifras descomunales; las jornadas laborales exceden con creces las 48 horas. Los sindicatos fueron destruidos a punta de persecución y asesinato, los docentes universitarios son atemorizados y sometidos a contratos anuales o pagados por horas, y las prestaciones sociales, en la mayoría de los casos, son abonadas por los mismos trabajadores. Las empleadas domésticas están abandonadas a su suerte, las jubilaciones son meramente testimoniales y la lista de infamias podría seguir.

De esa manera, no solo se despoja a las mayorías sociales de su derecho a un trabajo digno —Colombia es uno de los países menos productivos y, al mismo tiempo, con jornadas laborales más extensas—, sino que se infantiliza un debate que debería ser urgente, planteando el problema en términos de los deseos personales de un presidente.

La oposición fue concertada y planificada: la derecha puso a sus alcaldes y gobernadores a amenazar a los trabajadores con sanciones y otros métodos coactivos para evitar sus adhesiones a la movilización de ayer. El teatro de las buenas formas y los modales correctos —dos estrategias permanentes para avergonzar al pueblo colombiano— son rápidamente abandonados cuando la derecha tiene que enfrentarse a un trabajador que sale a exigir sus derechos. Y está convencida de que así puede dejar saldado el asunto: a punta de burla y amenaza violenta.

Sin embargo, con estas actitudes desesperadas evidencia una preocupante desconexión con el presente y una desorientación profunda.
Parece que ni el estallido social ni el triunfo del Pacto Histórico en las urnas hace entrar en razón a la oligarquía colombiana. Añora volver a 2004 y hacer del ethos de la guerra, del odio, el temor, la desconfianza y persecución sistemática, el único lazo social posible en Colombia.

Pero por mucho que insistan con estos gestos anacrónicos y con estas nostálgicas fantasías bélicas, el pueblo en las calles volvió a gritar que no está dispuesto a volver a esa pesadilla del pasado.

Los medios hegemónicos no dudarán en insinuar que las imágenes de la movilización son la expresión de un país dividido en sus odios y en sus diferentes visiones de futuro. Pero, como siempre, estarán contando una verdad a medias. Se trata de una tensión entre un puñado de congresistas que representan los intereses de una minoría privilegiada frente a millones de personas que salieron a las calles a expresar que tienen derecho al futuro.

Y por más que intenten instalar la equivocada idea de que las movilizaciones son expresiones del caos, la violencia y las pasiones bajas, las imágenes que pudimos ver ayer mostraron todo lo contrario.
Expresaron la imagen de un pueblo unido y democrático, dispuesto a defender con alegría, aplomo y convicción el cambio que eligió en las urnas.

Las dos imágenes opuestas de país, por tanto, no son simétricas. Pero no se trata solo de una cuestión numérica, sino también de principios.
Ayer el pueblo colombiano dio una lección de ética a la oligarquía: le enseñó que en Colombia sí es posible una democracia más humana y pacífica.

Las derechas no harían mal en tomar nota y aprender de ese pueblo al que siempre miraron por encima de su hombro. Parece que soplan otros vientos en Colombia, y que las mayorías sociales no pretenden soltar las riendas que tomaron para construir mediante consulta popular un país con justicia social y ambiental.

Jacobinlat