El sistema de terror en México tiene un objetivo de destierro
Desde hace 25 años Ignacio Alvarado investiga y escribe sobre crimen, violencia, seguridad y sistema político en México. Precisamente, estos son los ejes de su próximo libro que verá la luz a mitad de este año, con el cual polemizará con quienes sitúan la guerra entre cárteles del narcotráfico como el origen de la violencia en la última década, donde murieron más de 120.000 personas en territorio azteca. Periodista como su padre, este hombre nacido en Ciudad Juárez en 1968, es coautor de los volúmenes La guerra por Juárez (Planeta, 2010), La guerra contra el narco y otras mentiras (Universidad Autónoma de Puebla, 2011) y del compendio de narrativa Road to Ciudad Juárez (Samsara, 2013). Alvarado recuerda que «mis profesores desde la primaria, la inmensa mayoría de ellos en sus veintitantos, fueron marcados con una fuerte ideología de izquierda. En la entrevista, publicada en la revista Acción, Nacho Alvarado brinda un enfoque rotundamente diverso sobre el origen de la violencia en su país y pone el foco en el Departamento de Estado de los EEUU.
–La visión más difundida en el mundo sobre México muestra un país donde existe una cruenta guerra entre cárteles del narcotráfico y el Estado que los combate…
–Esa visión carece de sustento y de lógica. La violencia en México no se explica a partir de una guerra entre narcos ni es una disputa por la plaza. Es más: no existe un solo narcotraficante con capacidad para desafiar a instituciones como el Ejército, la Marina o la Policía Federal. Ni siquiera el recientemente detenido Joaquín Chapo Guzmán. Más allá de las versiones del propio gobierno, nada sustenta la verdad de lo que se afirma. En el núcleo de la violencia, la droga es solo el pretexto. La influencia del Departamento de Estado estadounidense en este tema es la clave. Es en el seno del sistema de gobierno estadounidense donde nace el impulso de las reformas judicial, energética, fiscal y educativa que se llevan adelante en México. Todo con un propósito de interés capital, en el que el Plan Mérida es el instrumento perfecto para la manipulación social y política del país. El sistema de terror tiene un propósito de destierro, un objetivo para despoblar territorios inmensos, ricos en hidrocarburos, minerales y agua. Existe un antes y un después de las reformas estructurales, como la energética, que hoy permiten la participación de capitales privados y extranjeros en la explotación de los recursos, pero cuya idea existe desde dos décadas anteriores.
–En 2007 el expresidente Felipe Calderón emprendió lo que llamó «la guerra contra el narco». ¿Cuáles son las consecuencias de esa iniciativa?
–Desde que la guerra contra el narco se afianzó en determinadas regiones de México, más de 120.000 personas han sido asesinadas. Pero la muerte es solo una cara de la violencia. Decenas de miles se encuentran desaparecidos, viven el flagelo de la extorsión o sufren el despojo de sus tierras. La versión oficial atribuye todo ello a los cárteles de la droga y se ha impuesto una narrativa que habla de «Estado fallido», de estructuras criminales que disputan el control no solo a grupos rivales, sino al Estado mismo. Algo que no se sostiene.
–¿Cómo se construye la estructura violenta en tu país?
–Mira, la violencia no es solo cuestión de dolor físico. La violencia es también la pobreza, la situación educativa, cultural, moral. Tomaré el referente de Ciudad Juárez, no solo por ser el paradigma de la desgracia, sino porque lo conozco perfectamente. Hace unas décadas Juárez era la frontera con mayor pujanza del país, contaba con 400.000 habitantes, y su economía se cimentaba en los servicios y la agricultura. Tenía un valle fértil, que concatenaba con el de dos municipios aledaños. El año 1968 marcó el inicio del programa maquilador, es decir, este esquema en el que los procesos de ensamblaje de grandes transnacionales se realiza con mano de obra barata, siempre fuera de territorio estadounidense. El programa sigue hasta nuestros días, y es a partir de él que se explica buena parte de la fenomenología social sufrida en la ciudad, una ciudad a la que atinadamente Charles Bowden llamó «el laboratorio de nuestro futuro».
Con el modelo maquilador el puñado de ricos que había en la ciudad se convirtieron en magnates, y junto con ellos creció una oligarquía, a la que no le importó masacrar vidas y condenar a una sociedad entera con tal de enriquecerse. En la década de 1990 Juárez generaba un PBI enorme, pero eso jamás se reflejó en sus calles. El Estado nacional retribuye menos de 10 centavos por cada peso que genera y de ese remanente los funcionarios públicos se han robado sin descanso millones y millones de pesos. Hoy habitan en el municipio cerca de un millón y medio de personas. Salvo un núcleo concreto, el resto de la zona urbana es un conjunto de guetos miserables en los que abundan la heroína, el crack, la cocaína, la marihuana; pandillas armadas con fusiles de asalto, dealers de nueva generación, células del crimen que trafican drogas, personas y armas, que secuestran y extorsionan al amparo de la policía.
En los barrios del poniente y del suroriente, hacia donde creció la ciudad en los últimos 20 años, se cuenta el índice más alto de víctimas de homicidio, desde que Calderón inició su guerra contra el narco en Chihuahua. Son barrios en los que la infraestructura educativa, médica, recreativa y cultural es increíblemente pobre, la más baja del país. En cambio, a través de ellas se tienden avenidas inmensas que conducen a la nada, al desierto. Obra pública concebida para la corrupción y para el lavado de dinero. Aún hoy, cuando el modelo económico de la ciudad es un fracaso rotundo, cuando la ciudad vive una desolación de posguerra, nada ha cambiado. Se mantiene el mismo orden con una población emocionalmente enferma, traspasada por la cultura de la muerte, de la violencia atroz.
–¿Cuándo comienza el neoliberalismo en México y cuál es la relación con la violencia?
–El consenso entre los politólogos es que los gobiernos neoliberales comienzan con Miguel de la Madrid (1982-1988). La consolidación de ese régimen alcanza su cénit con el sucesor, Carlos Salinas de Gortari. Bajo su gobierno se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al tiempo que estalla la rebelión en las cañadas de Chiapas, con el Subcomandante Marcos a la cabeza. Desde entonces también se concretan reformas que definirían el rumbo de los años siguientes. La Carta Magna ha sido modificada en tres cuartas partes desde 1917. Con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, los tres últimos presidentes del PRI antes de que Vicente Fox obtuviera el primer triunfo electoral para el PAN, se efectuaron 158 reformas. Todas ellas encaminaron al país a lo que es hoy.
Pero el actual presidente Enrique Peña Nieto es quien produjo las reformas estructurales que se han buscado desde hace 30 años. Entre ellas la energética. Con la reforma energética, después de casi 80 años se permite la inversión de capitales privados y extranjeros en la explotación petrolera. Por caso, los grados superlativos de violencia en esta supuesta guerra entre narcos por el control de las plazas, ocurrió justo donde se localizan los principales yacimientos de gas, petróleo y aceite shale (petróleo no convencional). Es decir, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Michoacán y Guerrero.
Chiapas, en cambio, tiene más que ver con el fenómeno de tránsito migratorio de centroamericanos y su exterminio. Hay un antes y un después de la violencia a partir de que se alcanza la reforma energética. En vez de Chihuahua y Coahuila, por ejemplo, se centra en Tamaulipas, Michoacán y Guerrero. Y en vez de fuerzas paramilitares, surgen grupos de «autodefensa» o la participación de militares, marinos y federales se vuelve más estratégica, en alianza con agentes locales.
www.agenciaparalalibertad.org. Extractado por La Haine