En Bolivia, la interna del MAS puede autodestruir su propia obra

Hay dos graves problemas que causan zozobra política en Bolivia. La tradición golpista de sus fuerzas armadas, reverdecida con el intento de golpe fallido del 26 de junio y el conflicto interno del Movimiento al Socialismo (MAS). Un movimiento de movimientos – así lo define su propia militancia - que, como partido, va camino a la autodestrucción.

El enfrentamiento personal y lleno de susceptibilidades entre el jefe de Estado, Luis Arce Catacora y el expresidente y líder histórico de esa fuerza mayoritaria, Evo Morales, parece ubicado en un punto de no retorno. ¿Cómo se entiende que dos personas que trabajaron juntas y en armonía entre 2006 y 2019 hayan dinamitado todos los puentes del diálogo? Álvaro García Linera, el ex vicepresidente que convivió con ambos durante los tres mandatos de Evo, definió la situación como una “guerra fratricida”.

Camino a su bicentenario – que en 2025 coincidirá con las elecciones nacionales – Bolivia atraviesa una actualidad convulsionada. Se percibe hacia el interior del MAS en la disputa sin tregua entre Evo y Arce Catacora, pero además en cómo se solidificó esa ruptura desde sus respectivos entornos. Las hostilidades comenzaron cuando el golpe liderado por Jeanine Áñez ya era un trágico recuerdo. Hasta los últimos días de Morales en el poder, su entonces ministro de Economía decía: “Evo cumple lo que promete”. Para muchos el artífice del llamado milagro boliviano, reconocía en su adversario de ahora al líder absoluto del MAS. Pero algo empezó a romperse entre ellos. Y un nombre explica en parte ese distanciamiento.

Se trata de Eduardo Del Castillo, el actual ministro de Gobierno y funcionario clave en el gabinete de Arce Catacora. Joven integrante de la Columna Sur nacida en Santa Cruz de la Sierra y que acompañó siempre a Morales, se transformó en el blanco predilecto de Evo – después del presidente- desde que en agosto de 2023 denunció por narcotráfico al movimiento cocalero de Las Yungas (Departamento de La Paz) y al del Trópico de Cochabamba.

Había llegado demasiado lejos para el sector evista del MAS. No sería el primer conflicto ni el último. Ya en 2022 las Federaciones del Trópico habían exigido su renuncia por lo que consideraron ataques injustificados a antiguos miembros del gabinete de Evo y a dirigentes cocaleros. Pidieron su cabeza como la de Iván Lima, el actual ministro de Justicia. Hubo una escalada con Morales y en enero de este año, Del Castillo le reprochó al líder que defendió hasta fines de 2019: “el sujeto histórico es el bloque popular y no una persona”.

Un militante del MAS consultado para esta nota y que se desencantó con la interna, tradujo en pocas palabras la intervención crítica de García Linera dirigida a Arce y Morales: “Fue como jalarlos de las orejas para que no se pierda este proyecto”.

El partido, la herramienta política del MAS, es el otro territorio que se disputa. Se dirime en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que el sector de Evo define como cómplice del gobierno. La conducción del MAS, congelada a 2017 y con Morales como máximo dirigente, para el TSE debería renovarse. Por eso llamó a un encuentro el pasado 10 de julio para destrabar la cuestión partidaria. Pero como no convocó a Morales en tanto presidente, pero sí a sus delegados, este sector no fue a la cita, que fracasó. Lo peor para el MAS podría llegar en el futuro. Si recibe tres sanciones del TSE por sus internas que impiden reorganizar al partido, podría perder la personería.

Sobre esta situación, la ultraderecha boliviana que apoyó el golpe de Estado de 2019, da todos los días un paso nuevo. Lo hace con ataques a una economía que tiene fisuras, pero lejos está de parecerse a la que describe la fundación local Milenio o lo que sostiene el detenido gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, citando a aquella: “su informe confirma con datos y argumentos técnicos lo que venimos advirtiendo desde hace tiempo: la economía en Bolivia va en caída, la crisis es estructural”.

A ese argumento el presidente lo confrontó con su propia descripción del momento: “Ahora la situación está volviendo a la normalidad y el modelo funciona y vamos a resolver el tema económico y los problemas sociales”. Y además nombró dos medidas claves de su gobierno: “Hemos aplicado un impuesto a las grandes fortunas y estamos devolviendo el IVA a los sectores de menores ingresos”.

El analista económico Omar Velasco, consultado por Bolivisión, se mostró equidistante de las dos posturas: “No todo está bien, ni todo está mal”. Las perspectivas de mejoramiento existen, cualquiera sea la fuente que se consulte. Más alentadoras o más magras. Incluida la opinión de la policía económica mundial, el FMI.

Marcha en defensa de la democracia

En este contexto económico el gobierno anunció una marcha en defensa de la democracia para el 12 de julio. Será desde El Alto hacia la plaza Murillo en el kilómetro cero, donde las tanquetas militares irrumpieron el 26 de junio. El Pacto de Unidad, liderado por las organizaciones que acompañan a Arce con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia a la cabeza, llamó a marchar.

La salud de la democracia boliviana dio en las últimas horas una buena noticia que provino desde el mundo judicial. Un Tribunal Penal de Cochabamba les aplicó condenas de ocho a doce años de prisión a dirigentes de la Resistencia Juvenil Cochala. El motivo fue que en noviembre de 2019, en los días posteriores al golpe, el grupo atacó a patadas y golpes de puño a cholas y campesinos que defendían a Evo. Entre los sentenciados hay cuatro hombres y una mujer. Son los mismos que atacaron a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce del MAS, pintándola de rojo.

El factor militar y la pista externa

En Bolivia el poder militar siempre se ejerció con discrecionalidad. Las fuerzas armadas, corporativas y acomodadas a cada tiempo político, han sido y son una amenaza para la continuidad democrática. Si se sigue mencionando la injerencia de EEUU como factor desestabilizador, es porque institucionalizó el Plan Cóndor en los años ‘70, estuvo detrás del largo período de dictaduras entre 1964 y 1982 y operó contra los gobiernos del MAS que encabezó Evo Morales desde 2006 a 2019.

Su alumno más celebrado fue el general Hugo Banzer Suárez, formado en la Escuela de las Américas y dictador del país durante casi siete años entre 1971 y 1978. En esa secuencia se enmarca el último intento de golpe de Estado fallido que lideró el general Juan José Zúñiga contra el presidente Luis Arce Catacora. Es un eslabón más. El 39º entre la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI.

Recursos naturales

El mandatario boliviano aportó el viernes un nuevo dato a la investigación que está en desarrollo sobre los hechos del 26 de junio. Declaró en un acto en el municipio de Santibáñez, en Cochabamba: “No solo es la asonada golpista, sino que hay intereses para arrebatarnos la democracia y el poder, porque ellos quieren manejar nuestros recursos naturales y quieren apoderarse, quizás, de la reserva más importante en este momento en el planeta. Ustedes saben que el litio boliviano es la primera reserva mundial”.

A medida que pierde fuerza la hipótesis del autogolpe que esgrimió Evo – víctima en 2019 de militares que según Arce son los mismos que intentaron desplazarlo a él del gobierno – se perfila la idea de un asonada con objetivos económicos. Esta hipótesis que suscribe el presidente, no la descarta uno de sus mayores críticos. El ex ministro de la Presidencia de Morales, Juan Ramón Quintana. De formación militar pero además sociólogo e intelectual de alto nivel. Para él “Bolivia podría ser el centro de la pelea por América Latina, porque expresa con ferocidad la disputa geopolítica de la región. Por el litio, los recursos naturales, la presencia de China y de Rusia”.

Traslado del general golpista Zuñiga a la cárce de Chonchocoro.

Otra pista surgió del canal boliviano DTV cuando emitió declaraciones del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Marcelo Zegarra, detenido por su participación en el alzamiento militar. En ellas le atribuyó a Zúñiga que en una reunión previa al golpe con otros militares habría dicho que contaban con “todo el apoyo de la embajada norteamericana, de la embajada de Libia, de la Comunidad Europea, de la Policía Boliviana, de los militares y jubilados…” refiriéndose a personal retirado de las fuerzas. Pero es inverosímil la mención de Libia ya que ni siquiera tiene embajada o consulado registrado en la Cancillería.

La historia del papel que han cumplido los militares en Bolivia está resumida en un texto académico de Loreta Tellería Escobar, politóloga y economista de CLACSO: “En la década de los ochenta, supieron usar su impunidad y amoldarse a las reglas democráticas formando incluso sus propios partidos políticos para poder acceder al gobierno, como lo hizo el general Hugo Banzer. En los noventa, se adecuaron pragmáticamente a nuevos roles como la lucha contra el narcotráfico, el orden público y la seguridad ciudadana, en consonancia con políticas y doctrinas de seguridad foráneas. En los dos mil, se acoplaron a un proyecto político de izquierda, nacionalista y anticolonial con un enorme fervor discursivo. En el pasado inmediato, tras desconocer a un gobierno legalmente constituido, apoyaron a uno inconstitucional a través del uso de la violencia y la represión social, haciendo retrotraer a los bolivianos a las páginas más grises de su historia”.

Factor de poder

Ese rol como factor de poder, incluso en la extensa convivencia con los gobiernos del MAS -en los tres mandatos de Evo y el presente de Arce-, nunca pudo ser modificado. En décadas, ningún gobierno emprendió una reforma a fondo.

Ni siquiera se intentó en la Constitución del Estado Plurinacional promulgada en febrero de 2009. Durante los gobiernos de Morales las fuerzas armadas recibieron el mayor incremento presupuestario de su historia. Pasaron de 164 millones de dólares anuales a 593. Varios militares de alto rango ingresaron al staff de empresas públicas nacionalizadas u ocuparon distintas embajadas.

Pese al nuevo status que le dio el MAS a las fuerzas armadas, se estaba incubando el huevo de la serpiente en sus cuarteles. En agosto de 2019, el general Williams Kaliman, declamó: “La fuerza militar morirá anticolonialista”. Tres meses después sería el mismo quien le pidió la renuncia a Evo Morales. Hoy está prófugo en los EEUU. Otros uniformados como él tuvieron menos suerte. A partir del próximo 2 de septiembre desfilarán por los tribunales para responder a una acusación muy pesada: la del delito de genocidio cometido tras el golpe de 2019 y como autores de las masacres de Sacaba y Senkata donde murieron 27 personas y hubo centenares de heridos y detenidos.

Zúñiga y los suyos, cinco años después de aquellos hechos de sangre, podrían ser condenados a penas también altas. Arce confirmó que varios de los golpistas en 2019 están involucrados en la asonada fracasada del 26 de junio. Dos de los más importantes que se sumaron a los golpistas son Sergio Orellana Centellas, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y Pablo Guerra Camacho, ex jefe de Estado Mayor. Deberán responder ahora por los asesinatos de población civil que siguieron al golpe encabezado por Jeanine Áñez y respaldado por EEUU y la Unión Europea.

Escenarios complicados

Hay dos escenarios complicados que podrían producirse con las fuerzas armadas. Uno es que aparezca otro Zúñiga, un militar del arma de Inteligencia que se había ganado la confianza de Arce hasta que se insubordinó. El otro es que reverdezca un histórico enfrentamiento entre la Policía y los militares. Los comandantes de la primera responden al ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, que en público llamó “delincuentes” a los golpistas y los mostró esposados ante las cámaras y con pecheras que decían “aprehendido”. La fuerza de seguridad tiene un poder cada día mayor. Se ha pertrechado bien, incluso para enfrentar a los militares, como pasó en la plaza Murillo el miércoles 26.

La policía boliviana tiene 40 mil efectivos y según Quintana, las fuerzas armadas bastante menos. Un informe de Global Firepower difundido este año ubica al personal militar activo en 35 mil integrantes y al aparato castrense en su conjunto en el puesto 82º entre todos los países. Una fuente cercana al MAS aseguró que no hay episodios de insubordinación en el horizonte, aunque solo por ahora.

Pero no todo está tan mal. El presidente Arce recibió cierto alivio en su gestión este fin de semana cuando promulgó la Ley 1567 sobre el Protocolo de Adhesión de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur), y remarcó que esta incorporación tiene un carácter “estratégico”. Además, este lunes recibió en La Paz al presidente Lula y a una extensa comitiva de empresarios brasileños. El país necesita inversiones y sobre todo en el mercado del gas, ya que se está quedando sin reservas. Este recurso natural le permitió resurgir a su economía cuando Evo era presidente y Arce su ministro. Los dos trabajaban en armonía. Pero hoy son dos políticos irreconciliables y ésa es la principal debilidad del MAS, que las fuerzas armadas y los agentes externos calibran día a día para seguir haciendo de las suyas.

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