En defensa del 'default': la única salida soberana y efectiva

El país sufre una coyuntura económico-social compleja por problemas estructurales antiguos y por los últimos cuatro años de economía de mercado y negociados al por mayor. 

La deuda tiene un peso social y político que condiciona toda política estatal. Aún con el apoyo del FMI a su estrategia negociadora -deuda impagable e insustentable- la debilidad negociadora del gobierno es mayor que en 2004/05. En aquel entonces se venía de un 'default' declarado que duró tres años y medio, lo que tuvo un peso decisivo frente a los acreedores, que además estaban muy distribuidos.

Hoy el país está en 'default' virtual -combina pagos con reperfilamientos- mientras que un porcentual importante de la deuda está en carteras de fondos de inversión, que después de la crisis mundial del 2008 se han concentrado y son mucho más poderosos que entonces. Sumando sus acreencias tienen la capacidad de hacer caer todo intento de reestructuración, como lo demostraron en el reciente caso de la provincia de Buenos Aires y en el reperfilamiento del bono nacional AF20 -una suerte de casos testigos- ya que tienen la capacidad de impedir se llegue al 75 por ciento o más, según los bonos, que exigen las cláusulas de acción colectiva.

¿Acuerdos, qué acuerdos?

En este contexto es posible que funcione el acuerdo con el FMI: postergación de pagos, equilibrio fiscal por cuatro años y superávit primario del 1 por ciento a partir del 2024. Con los bonistas privados tal vez se acuerde un período de gracia de tres años con quitas de capital y postergación del pago de intereses (capitalizables) y tal vez algunos pagos anuales en efectivo. Todo pensado para que a partir del tercer año el país pueda regresar a los mercados «voluntarios» de crédito, ya que es difícil que el saldo del sector externo genere los dólares necesarios para hacer frente los vencimientos. En síntesis volver a endeudarse para seguir pagando. En este esquema la reducción importante de los intereses y la magnitud de la quita de capital son decisivas para que la economía vuelva a crecer.

Sin embargo ¿qué garantiza que al cabo de cinco años no tengamos una nueva crisis de deuda? Se requeriría entonces un nuevo rescate del Fondo y se corre el riesgo de ingresar en una secuencia que se realimentaría sola -rescate tras rescate, tipo Grecia- ya que los acreedores exigirán ajuste sobre ajuste para garantizar sus cobros, lo que profundizaría la recesión e impediría recuperar la economía. Pero podría ser que los poderosos fondos de inversión no acepten una quita mayor al 10 por ciento, exijan cobrar algo en efectivo, reducir poco o nada la carga de intereses y conocer el acuerdo con el Fondo antes que firmar su propio acuerdo. En este caso serían los propios fondos los que provocarían el 'default'. Si así fuera la economía se dislocaría, el dólar blue estaría por las nubes y el precio de los bonos se derrumbaría, dejando todo a merced de los buitres. Tienen experiencia, saben que Argentina es «pagadora serial» y que solo sería cuestión de hacer juicio y esperar…

Pero ¿Qué puede suceder si frente a la intransigencia de los fondos el gobierno decide una acción soberana y declara su propio 'default'? Esto es, suspende unilateralmente los pagos e inicia una investigación integral.

Una decisión coherente

Esta salida es la consecuencia lógica y coherente de haber declarado que la deuda es impagable e insostenible. Más aún cuando la actual puede ampararse en el derecho internacional bajo el concepto jurídico de «deuda odiosa», esto es aquella que no ha sido contraída a favor de quienes finalmente tienen que hacerse cargo de su repago. No hay correspondencia alguna entre el monto de la deuda de los últimos cuatro años y mejoras en la infraestructura o en los servicios básicos, ni en la ampliación de la capacidad productiva. Por el contrario hay evidencias de que solo sirvió para fugar recursos escasos, para pagar intereses sobre intereses y deudas sobre deudas, sin beneficio alguno para el pueblo.

Además está viciada de nulidad. No es legítima, ya que no ha sido autorizada por el Congreso Nacional, con el agravante de que no hay ninguna explicación razonable que justifique un bono a 100 años a tasas usurarias o los movimientos que significaron la pérdida de miles de millones de dólares de reservas del Banco Central bajo la presidencias de Sturzenegger y Caputo, o de por qué se vulneraron los estatutos del FMI.

En columnas anteriores me he extendido sobre los costos de evitar un 'default' y de ir a un 'default' ordenado, no es necesario los repita ahora (ver: «¿Y si vamos al 'default'?» y «Pagar o no pagar, esa es la cuestión»).

Declarado el 'default' ya no es solo un problema del país sino también de sus prestamistas. Estos están cubiertos ya que el riesgo del no pago está asumido desde el momento mismo en que se emitieron bonos con tasas que más que duplicaban las de mercado -por algo tanto énfasis en el «riesgo país»-. Se sabe, a mayor riesgo mayores tasas.

¿Poco serio?

Una opción soberana como la suspensión unilateral de los pagos y la investigación suele calificársela como una idea poco seria, solo de efectos propagandísticos, incluso en estos días deambula por los círculos oficialistas la bizarra idea de que «es mejor un mal acuerdo que un 'default'». Incluso en el mensaje presidencial del reciente primero de marzo ante la Asamblea Legislativa se mencionó a posibilidad de investigar qué pasó con los recursos de los préstamos. ¿Por qué no de todo el mecanismo del endeudamiento?

Más allá de las intenciones, resulta concepciones funcionales a los fondos y al Fondo. Por la primera al privar al país de la posibilidad del no pago o de la suspensión unilateral de los pagos se lo deja sin el único poder efectivo que tiene un deudor, que es precisamente el peso de su deuda. Por la segunda se esconde que la investigación devendría en abstracto, porque ¿de qué valdrían los resultados de la misma si la deuda ya se reestructuró y se entregaron nuevos bonos? Tal vez meter preso a alguien, que no sería poco, pero no mucho más.

La única salida soberana efectiva y posible es la suspensión unilateral de los pagos hasta tanto se conozcan los resultados de la investigación, y se obre en consecuencia. Conviene recordar que en la crisis está la oportunidad.

* Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda)
La Haine