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Encuesta: A 6 meses de gobierno de Luis Arce en Bolivia
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) presenta su séptima encuesta de opinión sobre la situación política y social de Bolivia, basada en 2.000 entrevistas telefónicas realizadas mediante el sistema CATI, en todo el territorio nacional, con cobertura urbana y rural.
El estudio, coordinado por Gisela Brito desde el área de Opinión Pública, indaga sobre las percepciones de la población respecto a la actual coyuntura nacional, en términos políticos, sociales, ideológicos y aspiracionales. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 20 de abril y el 11 de mayo, en los 9 departamentos del país.
A seis meses de haber iniciado su Gobierno, el presidente Luis Arece recoge una valoración positiva hacia su figura del 49%. A su vez, más de la mitad de la población boliviana da credibilidad a su palabra (52%).
En términos de gestión económica, las expectativas demuestran una confianza mayoritaria depositada en el Gobierno, con un 51% de bolivianos y bolivianas confiando en que este podrá mejorar la economía del país en el segundo semestre de 2021.
Respecto a la situación nacional, las sensaciones positivas (35%) -lideradas por una amplia mayoría de personas que manifiestan sentirse esperanzadas (28%)- se ubican por encima de las negativas (27%).
Como principales problemas del país, la conjunción de economía, empleo y pobreza aglutinan el 31% de las menciones, por encima de la corrupción (24%). Al mismo tiempo y en términos aspiracionales, encontrar/mejorar el empleo se coloca a tope (30%) entre las metas personales a alcanzar en 2021, muy por encima de la cancelación de deudas (15%) o el deseo de vacunarse contra el covid19 (13%).
En términos de clivajes ideológicos, seis de cada diez encuestados consideran que los ricos han hecho su fortuna gracias a la corrupción, frente a solamente un 21% que decantó por la opción meritocrática del esfuerzo individual como origen de la riqueza.
Por último, la sociedad boliviana brindaría un contundente apoyo (72%) a la nacionalización del litio por parte del Estado, por ser un recurso estratégico fundamental para el país.
