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Encuesta y democracia
Deseamos reflexionar sobre un tema de actualidad en un partido político mayoritario en México [aunque vale igualmente para otros países], sin pretender dictar cátedra sino sugerir humildemente algunas reflexiones que tienen sólo pretensión de verdad (la verdad se alcanza posteriormente cuando hay consenso en la comunidad a través de argumentos racionales).
Pareciera que la encuesta es una metodología que surge para evaluar la opinión o tendencia del mercado, por medio de la cual la mercadotecnia puede manejar la intención de compra de una comunidad (encuesta que en realidad se dirige a las preferencias de individuos que tienen ciertas inclinaciones como posible comprador, y no meramente necesidades, ya que el deseo del que no tiene solvencia, es decir dinero, siendo pobre, se deja fuera de la evaluación). La metodología puede usarse en política para conocer de antemano tendencias en elecciones futuras. Pero como tal no es una institución política sino económica, cuantitativa, con pequeño margen de error si se siguen las leyes estadísticas.
Tiene el inconveniente en su uso político que coloca, entre la evaluación cuantitativa del ciudadano o elector y el que recibe el resultado para, por ejemplo, elegir un representante, dos mediaciones inesperadas. 1, La empresa privada que efectúa la evaluación, y 2. El manejo que pueden hacer del resultado elites políticas interesadas, lo que puede producir desconfianza en el electorado, de las bases del partido político por ejemplo, restándole legitimidad. Esta cuestión de la legitimidad coloca ahora a la encuesta en el campo político (aunque su origen nacía en el campo económico).
La legitimidad no surge sólo de la mayoría cuantitativa, sino del estado de la conciencia colectiva que admite como válido lo que es resultado de la participación (concreta, secreta e individual) de todos los interesados de la comunidad de manera igualitaria (en cuanto a los derechos). Si se cumple esa condición la comunidad otorga legitimidad al acto de elección, por ejemplo, de un representante o autoridad. La legitimidad es el resultado de la participación empírica de cada ciudadano (que puede elegir representantes ya que 130 millones de ciudadanos no pueden reunirse empíricamente para debatir sobre las resoluciones concretas que deben tomarse) y por ello otorga legitimidad al representante elegido.
Si se interpone un cuerpo extraño no político, como la empresa encuestadora, comienza a perder fuerza la convicción subjetiva del elector, porque por ejemplo puede imaginar que la tal empresa falsifica los resultados según su conveniencia, o siguiendo la consigna de algunos de los que han decidido cuál empresa efectuará la evaluación, que puede ser más fácilmente modificada que en el caso de una elección directa a la vista comprobable de los interesados.
Además, ¿para qué un Congreso Nacional Extraordinario limita su derecho, como órgano supremo legítimo del partido en cuestión, entregando ese derecho a una empresa privada encuestadora que opere en su lugar? ¿Cree acaso que lo hará mejor que el mismo Congreso? Se podría objetar que el liderazgo de ese partido sugirió la encuesta. Pero es falso, porque si es verdad que al comienzo lo propuso, en un segundo momento aclaró que era una sugerencia, y en uno tercero declaró que por suerte se le probó que no era adecuado. Es decir, retiró la sugerencia.
Pero hay ciertos candidatos, más papistas que el papa, que fundan su empeño en seguir con esa idea obedientes al liderazgo, lo que simplemente es un argumento falaz porque saben que el Congreso no los elegirá. Hay otros que claman la apertura del padrón aceptando a todos los que quieran participar en el partido, sin condiciones previas estrictas que habría que perfeccionar en el estatuto, esas sí, como condición de ser miembros de tal partido.
Hablando entonces de modificar el estatuto para mejorarlo, habría que pensar ahora que siendo tan importante la presidencia del partido (que ha sido la causa de la crisis interna durante el último año transcurrido), el Congreso Nacional Extraordinario debe estipular como un derecho exclusivo y democrático del mismo Congreso elegir individualmente a la Presidencia del partido (no dejando dicha elección ni siquiera en manos del Comité Ejecutivo Nacional), eligiendo posteriormente a los restantes miembros del indicado Comité.
Es decir y como conclusión. El Congreso Nacional Extraordinario debería (es una sugerencia para el debate) modificar los estatutos para elegir directamente a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. En segundo lugar, no es necesario adoptar una metodología económica de encuesta para elegir tan importante función (ni ninguna otra) dentro del partido. Si se ha usado la encuesta en el pasado, esa metodología sirvió eventualmente por la premura en la elección de representantes, numerosísimos, y sólo por ser la primera vez. Desde ahora en adelante no es necesaria la encuesta. Hay tiempo suficiente para cumplir con los requisitos democráticos del partido, para dar mayor fuerza, unidad y conciencia de legitimidad a sus autoridades.
