Espionaje del Ejército y malversación presidencial en el régimen colombiano

Las denuncias de intercepciones ilegales y monitoreo secreto de periodistas nacionales y extranjeros, incluso estadounidenses, junto a defensores de DDHH, han amplificado el escándalos más sensibles que podía afectar al Ejército colombiano y salpicar al gobierno del ultraderechista Iván Duque, inmerso en otro escándalo de malversación de fondos públicos.

Y peor aún, podría cortar el chorro de millones y millones de dólares con los que EEUU viene sosteniendo a los gobiernos ultraderechistas colombianos.

Y como si lo anterior fuera poco, bajo la figura de prestación de servicios y en medio de la pandemia por la que atraviesa el país por el coronavirus, la Presidencia de la República suscribió el 30 de abril un contrato de 15 páginas, por medio del Fondo Paz, con la empresa Du Brands SAS por un valor de 3.350 millones (unos 840 millones de dólares), con el objetivo del posicionamiento del presidente Duque en redes sociales. 

El fin del Fondo Paz, creado en febrero de 2019 es la «financiación de programas de paz encaminadas a fomentar la reincorporación a la vida civil de los grupos alzados en armas».

Uno de los párrafos del contrato señala que se debe concretar la planificación, organización, implementación y seguimiento de estrategias de comunicación digitales integrales, así como la producción de contenidos y la administración de los canales digitales de comunicación del Presidente y de la Presidencia, con los cuales se busca difundir, promover, visibilizar y posicionar en la ciudadanía las acciones que ejecuta el Gobierno nacional.

Las chuzadas

Fotografías, documentos secretos, videos de seguimiento y más de una docena de fuentes directas, reveladas por la prensa, demuestran que las escuchas ilegales siguieron más vivas que nunca, en los batallones de ciberdefensa y sus “trabajos especiales”. La mayoría de sus blancos fueron periodistas, varios de ellos estadounidenses que suelen publicar artículos contra Trump y su régimen. Políticos, jueces, oenegés y sindicalistas hacen parte de la lista de más de 130 víctimas.

La prensa denuncia que algunas unidades del Ejército se han dedicado en el último año a desplazar a sus unidades móviles y utilizar sus equipos de última generación para saber en qué andan algunos periodistas, políticos, gobernadores, magistrados, e incluso coroneles, generales y comandantes de otras fuerzas.

El primer indicio de que algo andaba mal llegó a oídos de los organismos de DDHH estadounidenses, que se enteraron de que un par de sofisticados equipos técnicos que habían sido donados por los militares estadounidenses a sus pares colombianos, así como grandes cantidades de dinero adelantadas para pagar fuentes con valiosa información contra la izquierda, estaban siendo usados para beneficio propio.

Las ONGs estadounidenses empezaron a recibir información según la cual los militares no solo estaban usando las interferencias y seguimientos para fines ilegales, sino que que los apoyos económicos para pagar fuentes terminaban en los bolsillos de los oficiales que, en general, bajaban la información de internet. Se creaban informes falsos, basados en fuentes que no existían, para conseguir unos recursos que se repartían entre los mandos.

Las chuzadas ilegales del último año se realizaronar desde las propias instalaciones de dos guarniciones militares, como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación. A pesar de las denuncias, la justicia y los entes de control nunca habían actuado.

Los blancos del espionaje estaban orientados a temas estrictamente políticos, lejos de la "misión" del Ejército, lo que ya fuera denunciado por varios magistrados cuyas llamadas eran interceptadas, como denunciara Gloria Ortiz, la presidenta de la Corte Constitucional.

Un suboficial del Ejército le dijo a la revista Semana que al él le entregaron los datos de una funcionaria que estaba afectando los intereses del Ejército. Pero resultó que el verdadero blanco era Susana Lombana, magistrada de la Corte Suprema quien manejaba el caso de manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe.

CLAE / La Haine