Estado, capital y trabajadores en tiempos de coronavirus

En la crisis del coronavirus el gobierno argentino ha jugado, y sigue jugando, la carta de la capacidad de “piloto de tormentas”, al comando de una “guerra” que comprende a toda la población en un esfuerzo colectivo sin fisuras. La búsqueda de consensos y la unión nacional son invocadas todo el tiempo. No hay ni puede haber enemigos en el interior de la sociedad, sólo estoicos luchadores contra un “enemigo invisible” que para ser doblegado requiere de una unidad inconmovible. El presidente impone la cuarentena, la prorroga una y otra vez, construye una imagen de firmeza y eficacia en las decisiones, proclama su opción “por la vida” frente a las prioridades de la economía… y permite la apertura de cada vez más empresas al mismo tiempo que aumenta el número de contagios.

Mientras tanto, el gran capital sigue a la ofensiva y libra varias batallas a raíz de la pandemia y del modo de salir de ella. Trata de convertir la crisis en su propia oportunidad de incrementar ganancias. Los grandes empresarios y sus voceros sostienen que existe una “reforma laboral” de hecho, instrumentada por los acuerdos que les facilitan las conducciones de los sindicatos para rebajar salarios y realizar suspensiones. Pregonan la reducción del personal estatal, ya que la cuarentena habría demostrado su exceso. Ejercen permanentes presiones para retornar a la actividad, para colocar a los trabajadores a producir, en tanto atacan a las acciones que impliquen ampliación de los controles sobre la economía o advierten sobre los excesos de la emisión monetaria.

Para las grandes empresas, esta situación excepcional puede ser un camino más para el disciplinamiento de los trabajadores. La expansión del “teletrabajo” muy favorecida por la pandemia, es otra conquista que persiguen los empresarios, en dirección al aislamiento de los trabajadores, la consolidación de rasgos de individualismo y una mayor dificultad para la organización sindical y las diversas formas de acción colectiva. La frecuente expresión de que el mundo no volverá a ser el mismo después de la pandemia, es tomada por los capitalistas, dándole el sentido de que las condiciones de trabajo y de vida pueden ser modificadas, a la baja y de modo permanente, con el coronavirus como pretexto.

En un plano más coyuntural, las concesiones a los empresarios por parte del gobierno han sido variadas, como el “Barril criollo” para los petroleros, el menú de ayudas para pagar salarios, o la ya mencionada convalidación de acuerdos para bajar los sueldos. Eso incluye el pago de parte de los salarios a cargo del Estado, en beneficio no ya de pymes, sino de compañías pertenecientes a grandes conglomerados, como las automotrices.

Es sintomática la resistencia tenaz al proyectado impuesto a las “grandes fortunas”. Se trataría de un tributo por única vez, con una alícuota baja. Tales condiciones no obstan a que se desate una furiosa ofensiva en su contra. Tras las insinuaciones iniciales de que afectaría no sólo a las personas físicas sino también a las grandes empresas, y comentarios de que no se aplicaría en exclusividad a las grandes riquezas sino también a las grandes ganancias, la furia empresarial y en medios de comunicación se puso en marcha. Hoy ya se lo presenta reducido en sus alcances (ya sólo afectaría a las personas físicas y no se extendería a ganancias). Igual se apuesta a derribar por completo el anteproyecto, en defensa de la intangibilidad de los bienes de los grandes capitalistas y la reducción al mínimo de cualquier impuesto que afecte al patrimonio. Los inversores privados son la panacea, debe dárseles todas las facilidades, no colocar ningún obstáculo en su camino.

En la negociación de la deuda externa las posiciones no son unánimes. Hay sectores de la gran empresa, como la propia conducción de la UIA que apoyan la postura del gobierno, otros, tal vez por ser poseedores de bonos, defienden la posición de dureza de los acreedores. Hay expectativas de arreglo, que siguen puestas en la deriva “moderada” del presidente Alberto Fernández, “moderación” traducible en benevolencia hacia los intereses de los acreedores.

Entre los medios de comunicación y los economistas “ortodoxos”, se juega la carta de que el gobierno evite caer en default a costa de lo que sea. A la hora de llegar a un acuerdo con los deudores, se prescribe la elaboración de un programa “responsable”, es decir de fuerte ajuste fiscal, lo que ahondaría todavía más el ya terrible nivel de recesión existente. Una alternativa que gana terreno en los últimos días es lograr un acuerdo para postergar la discusión hasta el año que viene, sin “defaultear”, confiando en que algunas variable se repongan aunque sea en parte. No es necesario decir que el año que viene puede volver tras una propuesta de exigente “disciplina fiscal”.

El gobierno pretende salir de la amenaza de default, de la mano del FMI, con una renegociación de apariencia agresiva, que hasta ahora parece cosechar el rechazo de los acreedores. Aplica la distinción entre el F.M.I comprensivo de la difícil situación del país y unos tenedores de bonos intransigentes en sus reclamos e indiferentes a los apuros de la economía argentina. El propósito de arribar a una solución del problema de la deuda con el Fondo como aliado, implica renunciar a cualquier revisión de la legitimidad de la deuda, a algún mecanismo de auditoría, a una investigación seria del proceso de fuga de capitales.

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En el contexto de la crisis, la derecha demuestra habilidad para generar discusiones de superficie que llevan la agenda pública a su propio terreno. El cacerolazo que exigió la rebaja del sueldo a los políticos, luego otra instancia ruidosa que repudió la supuesta rebaja de penas a los criminales, son ejemplos claros. Las acciones destructivas de los grandes capitalistas que despiden o suspenden trabajadores, acuerdan disminuir sueldos, aumentan precios o hacen trabajar a sus empleados sin cumplir las normas de protección, queda fuera de la discusión a escala masiva.

La crisis sanitaria nos afecta a “todos”, estamos en una “guerra” que “todos” libramos, pero las consecuencias las pagan sobre todo los trabajadores y los pobres. Las que se libran no son pujas ceñidas al plano económico-financiero sino también al político-cultural. El gran capital se presenta como el portador del bien, en forma de aumento del producto, empleo, divisas de la exportación. Los trabajadores y la sociedad toda dependen de la buena voluntad y la laboriosidad de los empresarios, y éstas a su vez derivan de las facilidades que tengan para obtener grandes ganancias. Para eso se necesitaría que se mantenga intocable su propiedad.

El Estado “presente” o el Estado “fuerte”, que se supone corrige los peores desequilibrios generados en la esfera del mercado, puede ser también el mecanismo de última instancia para salvar a bancos y otras empresas en problemas, mediante el abandono, al menos momentáneo, de todo prejuicio sobre las políticas “intervencionistas”. Eso ya se ha visto, a escala global y en proporciones gigantescas, en la salida de la crisis de 2008. De hecho, de las políticas en curso frente a los efectos de la cuarentena, muchas son de salvataje de empresas, si bien se las justifica en la preservación de las fuentes de trabajo.

Los sectores más recalcitrantes acusan de “comunismo” a todo lo que se salga en alguna medida del consenso neoliberal. Y cada vez con más fuerza atacan a la cuarentena en nombre de la actividad económica, pero también de la propiedad privada, la libertad personal y la seguridad..

Muchos empresarios se han visto en circunstancias que no solo significaron la caída en la facturación de una buena parte de sus compañías, sino la obligación de pagar salarios a trabajadores que por el momento no producen. Una herida tanto material como simbólica a quienes, en tiempos normales, lucran con el trabajo impago de sus empleados. Economistas y analistas políticos que le responden critican la cuarentena mientras instauran sospechas sobre una posible “chavización” impulsada por los los oscuros secuaces de la vicepresidenta.

La organización de algaradas como la “marcha contra el comunismo” que tanto se difundió por redes sociales no debe suscitar sólo sonrisas. Son señales de la consternación de los sectores más retrógrados, que creen percibir una profunda crisis de la hegemonía neoliberal y eligen abandonar por el momento el rechazo al “populismo” y exorcizar al espectro más viejo y más temible. También lanzan una renovada ofensiva sobre los que “viven del Estado”, noción que abarca desde los empleados de la administración pública hasta los beneficiarios de AUH y planes sociales y hasta los jubilados que han accedido a la jubilación por vía de amplias moratorias. La realidad es que los que “viven del Estado” asisten desde hace tiempo al deterioro de sus ingresos, como ha ocurrido con el magro aumento a los jubilados recién anunciado.

Hay que valorar el hecho de que el escenario de la pandemia trajo aparejada la evidencia de la incapacidad de los mecanismos “de mercado” para preservar a los seres humanos concretos de una amenaza seria. Eso constituye un baldón para la tan preconizada tendencia a la privatización, la supuesta apertura de la economía, la competencia y el individualismo, como integrantes de un círculo virtuoso, irreemplazable a la hora de promover el crecimiento económico y el incremento de puestos de trabajo. El propósito neoliberal de destruir cualquier vestigio de “socialismo” e incluso de “populismo” puede experimentar un retroceso en los próximos tiempos. Podría dar sustento a una polémica acotada, en las coordenadas de estado vs. mercado o ser desplegado hacia un cuestionamiento más general y radical del orden capitalista. En estos días flota en el aire fuertes cuestionamientos al papel del Estado en el “neoliberalismo”, a comenzar por el sistema de salud. Pero también toman fuerza los planteos vinculados a la ecología, al clima, al hiperproductivismo e hiperconsumismo., problemáticas que son inherentes al sistema actual y que no tienen respuestas solventes dentro del mismo.

Un problema es que estos cuestionamientos suelen converger, de manera contradictoria con un posibilismo bastante chato. Una mirada que descree de que haya posibilidades de un sistema económico, social y político diferente del capitalismo, por lo que se remite a propiciar reformas que no choquen con el poder de las clases dominantes, o al menos no les causen un impacto frontal. El interrogante que se suscita es cuánta diferencia pueden hacer algunas tímidas regulaciones estatales, con un aparato público escaso de recursos, atenazado por la deuda externa, prisionero de un sistema tributario regresivo frente a un gran capital “intocable”.

La muy reciente fundación de una “Internacional Progresista”, con intelectuales y dirigentes políticos ubicables en ese espacio evanescente llamado “centroizquierda” y que abarca a figuras tan señeras como Noam Chomsky y Naomi Klein, puede constituirse en un ejemplo de “posibilismo”, de ataques a la desigualdad y al papel destructivo del gran capital, que al mismo tiempo parecen esperar que gobiernos burgueses los contrarresten con algunos controles y reformas. O que se dirigen a esos mismos poderes en búsqueda de “tomas de conciencia” que los lleven a rectificar sus actitudes, inútil apelación a una “sensibilidad” inexistente. Es probable que asistamos en los tiempos próximos a reediciones locales de esa “internacional”.

La pandemia también ha puesto en mayor evidencia los efectos de la desigualdad. En contra del discurso de que el coronavirus ataca a “todos por igual”, en los últimos días asistimos a la rápida progresión de casos en algunas villas, a favor de la carencia o insuficiencia de servicios básicos, mala calidad de la vivienda y hacinamiento. Queda así claro que la enfermedad ataca con preferencia a los barrios más pobres, que tiene su propio sesgo de clase.

Las controversias a que da lugar la forma de afrontar el Covid 19, las expectativas contrapuestas a cómo será el día después de la vigencia de las medidas más extremas; pueden también ser ocasión para debatir el restablecimiento de la “normalidad”. Allí puede ingresar la idea de que el mundo anterior a la pandemia y a las cuarentenas tiene poco de normal. Está hecho de desigualdades, de injusticias, de uso irracional de todo tipo de bienes, de deshumanización del trabajo.

Las muy difíciles condiciones económicas, de existencia previa y agudizadas por la irrupción del coronavirus, el enfrentamiento con una situación de mayor desempleo y carencias, exigirá respuestas diferentes a las recetas sobre cómo continuar con la gris administración de lo existente.

En ese sentido, las organizaciones populares han jugado y juegan un papel importante en la provisión de alimentos, elementos de higiene, en la difícil preservación del “distanciamiento social” en los barrios más pobres. En la denuncia de los atropellos policiales y la crítica concreta a las carencias sanitarias. Luego de esa meritoria actuación pueden recluirse en el rol de fuerza auxiliar de un estado que no llega a muchos lugares, o reclamar de modo activo un lugar propio y permanente en la organización de los barrios populares, radicalmente incompatible con el papel jugado por los punteros corruptos y la policía en eterna connivencia con el delito.

Los grandes sindicatos han dado muestra una vez más de su falta de escrúpulos a la hora de negociar a la baja los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores que dicen representar. Está en las manos de los asalariados la posibilidad de luchar contra la imposición de bajas salariales, la permisividad de contratos de trabajo más precarios, la implantación de tareas “a distancia” que flexibilicen de hecho la jornada de trabajo y los días no laborables. No se puede esperar ni de las direcciones sindicales ni de los funcionarios del gobierno una defensa efectiva. Es probable que a medida que nuevos sectores retornen al trabajo se generen nuevas situaciones de conflicto y renovadas posibilidades de asumir las luchas desde posiciones combativas, de orientación clasista.

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Responder a este amplio y complejo cúmulo de interrogantes y de frentes abiertos, requiere de potentes miradas no conformistas. Ello equivale a la construcción de una voz de izquierda que intervenga para superar la medianía de las discusiones entre los partidarios de la “libertad de mercado” y los sostenedores del “estado fuerte”, ambos encaramados en la base común e indiscutida del orden social capitalista. Se necesita elevarse desde las objeciones puntuales a la impugnación integral del sistema.

No basta con el ataque a la especulación financiera, la pobreza, la precarización laboral, el deterioro de los bienes públicos, y muchas otras condenas justificadas, pero que tienen escasa fertilidad si no se las coloca en su lugar de consecuencias del orden capitalista que no tienen solución dentro del mismo. Ocurre que allí se juega una gran batalla de nuestros tiempos: Recuperar el deseo y la conciencia de posibilidad de unas relaciones sociales distintas, no mercantilizadas, regidas por vínculos de solidaridad, de colaboración fraterna. Una perspectiva socialista debe y puede ingresar en el debate activo y las luchas en torno al nuevo escenario.

La Haine