Extractivismo, racismo y judicialización de la protesta popular
Los tribunales de Zapala son desde el lunes el lugar de un juicio que puede marcar un quiebre en la relación Estado y pueblos originarios.
Por primera vez, una indígena puede ir presa (por quince años) en una causa que tiene como trasfondo un conflicto territorial, nada menos que con una petrolera (primero la estadounidense Apache Corporation, en la actualidades la argentina YPF). Relmu Ñamku es la autoridad de la comunidad Winkul Newen, del paraje Portezuelo Chico (en el centro geográfico de Neuquén). Otro hecho histórico, el juicio oral y público contará con un jurado intercultural (la mitad será mapuche). Horas antes del juicio, Ñamku no tiene dudas: “La Justicia necesita un caso testigo para aplacar y frenar la lucha mapuche, tratando de amedrentar a todo aquel que esté en desacuerdo con el modelo extractivo”.
-¿Cómo explica la causa judicial?
-Se trata de una comunidad mapuche que durante años viene resistiendo el avance de las empresas petroleras. Las compañías han significado contaminación de la tierra, agua y aire con las terribles consecuencias que esto ha generado en la comunidad, algunas irreversibles como por ejemplo la muerte de personas por contaminación.
-Durante el intento de desalojo(diciembre de 2012) fue herida (rotura de tabique) una auxiliar del Poder Judicial con una piedra. ¿Cuál es la carátula?
-La carátula era lesiones graves, pero el Ministerio Público Fiscal la cambió a “tentativa de homicidio” para lograr llevarnos a un juicio ejemplar, disciplinador, ante la resistencia del Pueblo Mapuche frente al avance de la frontera petrolera. Así también será un mensaje para las comunidades que resisten contra las mineras. La Justicia necesita una excusa para demonizar al Pueblo Mapuche, que le dé la posibilidad de reprimir, judicializar y desalojar con consenso social.
-¿Por qué una pedrada como “tentativa de homicidio”?
-Es ridículo pensar que defenderse ante el avance de las topadoras con piedras como único recurso puede implicar una causa como la que se ha armado. Más en el lugar donde ocurrieron los hechos que fue el corazón de la comunidad Winkul Newen. Recuerdo que cuando se firmó el acuerdo YPF-Chevron en la Legislatura Neuquina hubo más de ocho horas de represión y hasta los diputados provinciales tiraron piedras. Simbólicamente la piedra significa el descontento de la sociedad ante las decisiones arbitrarias de los gobiernos que definen e imponen políticas violando todos los derechos que tiene la sociedad. En el caso del Pueblo Mapuche es el derecho a la participación y consulta.
-¿Es el primer caso de este tipo?
-Es el primer caso judicial que llega a este extremo. En Neuquén hay cientos de autoridades mapuche judicializadas, acusadas de los cargos más absurdos, como usurpación. Esta causa llega a esta situación porque la Justicia necesita un caso testigo para aplacar y frenar la lucha mapuche, tratando de amedrentar a todo aquel que esté en desacuerdo con el modelo extractivo.
-¿Se refiere puntualmente al petróleo y la megaminería?
-La relación está centrada en un modelo extractivista que avanza sin importar el saqueo ni la destrucción de la naturaleza, motorizado por los gobiernos y las empresas. Esto implica garantizar jurídicamente a las empresas su accionar, poniendo el aparato judicial a disposición para que los pueblos originarios no seamos un impedimento en la ejecución de los proyectos extractivos. Implica también desconocer los derechos consagrados en tratados internacionales y constituciones que el Estado también debiera garantizar, como la consulta y participación a los pueblos indígenas.
-¿Quién es la denunciante y quiénes los abogados que la defienden?
-Verónica Pelayes es una empleada judicial que nosotros consideramos víctima también de un conflicto generado por el Estado. Aunque lamentamos que haya tomado una posición en defensa de la empresa petrolera, en vez de haberse negado a cumplir con la orden judicial.
Además también lamentamos que ella haya interpelado a la comunidad en el momento de la notificación, aludiendo que no eramos una comunidad y que ese era un camino público, lamentando su última intervención al solicitar a la topadora que ingrese. Fue ahí cuando la topadora quiso arrollar a Maira, una de las kona (jóvenes) de la comunidad y nos defendimos con piedras. Respecto al abogado, Julián Alvarez, es un reconocido activista contra el Pueblo Mapuche, quien creó la organización Adeley (Argentinos en Defensa de la Ley), ante la avanzada de recuperaciones territoriales de las comunidades. En las primeras reuniones de esta organización estaban presentes la Sociedad Rural y empresas petroleras. Acusaban a la Confederación Mapuche como una “fábrica de talibanes”, en donde nosotros éramos parte de ellos.
Alvarez es el actual abogado de Pedro Laurentino Duarte, ex juez federal de la dictadura, quien también inició causas contra Martín Maliqueo (compañero de Ñamku) y contra mi persona por “usurpación” por acompañar como miembros de la Confederación Mapuche a la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo. Es por esto que entendemos que Julián Alvarez representa a los intereses de estancieros y petroleras que disputan derechos sobre territorios mapuches.
-¿Qué sectores están detrás del juicio?
-La denunciante es apoyada por el gremio de judiciales, el Poder Judicial y sectores reaccionarios hacia el Pueblo Mapuche. Hace tres meses se colgó en el Obelisco de Buenos Aires un cartel que decía“Verónica Pelayes víctima del terrorismo mapuche”. Fue organizado por un grupo que se denomina “Foro en defensa de la Patagonia”, quienes tienen un facebook con contenido anti mapuche; también lideraban la página “mapuche go home”, que fue desactivada luego de denuncias por contenidos racistas.
-¿Por qué su carátula es más grave que la de Martín Maliqueo y Mauricio Rain? (también están acusados en el juicio).
-Tiene que ver con una cuestión de género, ya que para las acusaciones de Martín y Mauricio tampoco cuentan con pruebas. Es una causa armada. Las mujeres a lo largo del país venimos mostrando un liderazgo y resistencia ante la sistemática violación de nuestros derechos. Por eso no es casual que se impute a una mujer. Necesitan esto para justificar el brazo represivo y la judicialización de hermanos y hermanas que resisten.
-Será la primera vez de un jurado intercultural. ¿Qué rol jugará?
-Es un paso hacia el reconocimiento de la interculturalidad como un derecho de todos los ciudadanos. Lamentablemente la composición plural no se ha hecho respetando un verdadero proceso de consulta.
-¿Cómo se eligieron?
-Los jurados se seleccionaron a través de un simple padrón electoral. No se respetó el derecho a la consulta que estipula la participación activa del Consejo Zonal Centro (mapuche) como órgano representativo de las comunidades de la zona
-¿Qué expectativas tiene del juicio?
-Tenemos muchas expectativas porque somos inocentes
-¿Cómo se vivieron las semanas y díasprevios en Zapala y Neuquén?
-Hay un clima de cierta desconfianza desde el Pueblo Mapuche. El martes 20 de octubre el Consejo Zonal Centro presentó un recurso de amparo ante la no consulta por parte del Estado para la conformación del jurado. Es lamentable. El Consejo Zonal mantuvo reuniones con el fiscal general de la provincia, José Gerez, pero no se logró ningún avance en términos de garantías para aplicar el derecho a la consulta. Desde la comunidad hay mucha firmeza y acompañamiento de infinidad de hermanos y hermanas indígenas como así también organizaciones de derechos humanos, barriales, sindicato dedocentes y partidos de izquierda. Félix Díaz es una de las figuras que participará del juicio acompañándonos, ya que hemos consolidado una alianza para el trabajo conjunto en un camino de reconstrucción del movimiento indígena del país.
-¿Evaluaron la posibilidad de una condena?
-Lo pensamos porque sabemos en qué provincia estamos, con qué Justicia, con qué Gobierno y con qué intereses. Pero a pesar de esto seguiremos sosteniendo nuestra inocencia.
-¿Qué lectura hace del rol del Poder Judicial y los gobiernos?
-Lamentamos la Justicia racista que tenemos, que no investigó cuando nuestra comunidad fue golpeada salvajemente y permitió que la causa prescribiera. Denunciamos la distinta vara judicial, que hoy pretende encarcelar al Pueblo Mapuche, pero es la misma Justicia que no atiende a los reclamos de las mujeres, de los trabajadores, de los desocupados, de trabajadores explotados, de pueblos originarios invisibilizados.
Nosotros pertenecemos a ese sector de los excluidos por gobiernos que solo nos viene a buscar para las elecciones.