A un año del asesinato de Carlos Fuentealba

Carlos Fuentealba, docente neuquino asesinado por luchar por la educación pública y por mejoras salariales para su gremio, fue recordado este viernes en todo el país, a un año de su asesinato. Con un paro de alcance nacional, a pesar de no haber sido convocado por la CTERA, y con masivas movilizaciones en todas las provincias, los docentes extendieron su reclamo por el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del crimen y por las reivindicaciones por las que luchaba Carlos ese día en Arroyito.

Todo listo para despolitizar la causa

Al cumplirse un año del asesinato de Carlos Fuentealba, sólo hay un imputado en la causa que investiga la represión desatada contra los docentes que mantenían un corte de ruta en Neuquén, en reclamo de mejoras laborales. Los responsables políticos de la represión ni han pasado por los Tribunales y, todo parece indicar, que no lo harán.

El 4 de junio será elevada a juicio oral y público la causa Carlos Fuentealba I, que investiga la responsabilidad del cabo Darío Poblete en el fusilamiento del docente. Poblete es el único imputado y será juzgado por la Cámara en lo Criminal Primera de Neuquén. El cabo primero, a quien el jefe de la policía neuquina había catalogado como un "referente de la institución", fue reconocido nueve días después de la feroz represión del 4 de abril por una docente, quien será testigo en el juicio y cuyo nombre está en reserva. Esa no era la primera vez en que Poblete era parte de un episodio de estas características: estuvo involucrado en el asesinato de Teresa Rodríguez; fue procesado, condenado y hasta exonerado de la fuerza por casos de torturas. Sin embargo, fue reincorporado y el año pasado fue quien disparó contra el maestro. Detenido en Zapala, fue denunciado por ayudar en las requisas en la comisaría.

Antes de ser elevada a juicio, la investigación tramitó en el juzgado de Cristian Piana, magistrado que se negó a la incorporación como querellantes del hermano de Fuentealba, de organismos de Derechos Humanos y de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN). "En esta causa, desde un principio la policía se investigó a sí misma. Entonces ya se empezó a hablar de encubrimiento", había declarado meses atrás a Página/12 Sandra Rodríguez, esposa del trabajador asesinado durante una protesta gremial en la ruta 22. La impunidad policial se completa con la denuncia dada a conocer tiempo atrás de que el subjefe de la policía a cargo de la represión, Moisés Soto, fue designado integrante del gabinete que acompaña al intendente Gabriel Barros en el municipio neuquino de Buta Ranquil.

En una propensión casi recurrente de la Justicia argentina, la causa por las responsabilidades de la represión ejecutada en las cercanías del paraje de Arroyito avanza por separado de la que tiene como único imputado a Poblete. La instrucción está a cargo de Piana, también. El juez indagó a distintos funcionarios de seguridad y policiales quienes coincidieron en lo mismo: la orden de impedir el corte fue impartida por Jorge Sobisch. Paradójicamente, el ex gobernador no pasará por los Tribunales ni como testigo ni mucho menos como imputado. El gremio docente ATEN insiste en que se lo debe imputar como responsable político del asesinato, y que esa responsabilidad puede traducirse en un delito penal. ATEN no es parte ni en la causa Fuentealba I ni en la II.

La imposibilidad de que el gremio docente integre la querella viene de la mano de una situación marcadamente irregular. Uno de los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Neuquén que se había expedido favorablemente por la incorporación de ATEN como querellante fue sorprendido con el otorgamiento de una licencia psiquiátrica que nunca había solicitado. El juez Héctor Guillermo Rimaro le relató a Página/12: "En la semana del 5 al 9 de noviembre emito el segundo voto en esta causa denominada Fuentealba II, obviamente en disidencia con la del primer votante, el juez Daniel Varessio, que había ratificado la denegatoria de ATEN como querellante. A partir de allí me tomé unos días de licencia como compensatorios que me debían y cuando llego me encuentro con esta licencia psiquiátrica realmente sorprendente".

El gremio realizó un pedido de nulidad de lo actuado y manifestó: "Desde ATEN hemos decidido desconocer a este Tribunal Superior de Justicia como órgano máximo del Poder Judicial de la provincia, ya que los cuestionamientos por su estrecha vinculación al poder político sobischista son tema de denuncia constante".

En tanto, los mecanismos judiciales parecen agolparse como impedimento para concebir la represión del 4 de abril del año pasado como un hecho absolutamente planificado y quienes son señalados como responsables políticos ni siquiera son convocados a los Tribunales. El encubrimiento se mantiene aún cuando, como en el caso del gobernador Sobisch, se jacta de que "volvería a tomar la misma decisión", dichos con los que corrobora su responsabilidad en la represión. Silencio que también enmascara el rol desempeñado por el Gobierno nacional, que buscó eludir su responsabilidad en las represiones que se daban en simultáneo en Santa Cruz, en Salta y Neuquén.