Frente a la protesta ciudadana: militarización y represión

El 6 de mayo las masivas protestas en Colombia completaron 9 días sin signos aún de debilitamiento. Las marchas del miércoles 5 convocadas por el Comité Nacional del Paro fueron masivas en muchas de las ciudades del país. Contrario al debilitamiento en que trabaja febrilmente el gobierno con una doble estrategia, por un lado, y siguiendo las órdenes de Uribe, aumenta la represión y la confrontación violenta con los manifestantes usando el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el odiado, ESMAD, y por el otro lado, se apresta a poner en marcha un diálogo que no una franca negociación con la gente y sus organizaciones que son quienes están en las calles desde hace 9 días.

Por lo pronto estas estrategias, no han dado resultados tangibles entre otras cosas porque el diálogo se ha limitado hasta ahora en el plano político a unas reuniones con los socios firmes de la coalición del Gobierno, esto es, al partido Centro Democrático, el partido Conservador y los grupos cristianos, que son los socios más cercanos del gobierno. Con ellos Duque no logra siquiera tener mayorías en el Congreso.

Otros dos socios Cambio Radical y el Partido de la U mantienen sus distancias y se han negado, hasta ahora a concurrir al diálogo señalando que el gobierno debe señalar qué es lo que va a proponer en materia tributaria para entonces iniciar este diálogo. También es un temor real al costo político que implica que los ciudadanos los identifiquen con un gobierno y unas políticas fracasadas en medio de una movilización social y de cara a unas elecciones cercanas en marzo del próximo año.

Las otras reuniones y las que vendrán son principalmente con aliados de los gremios empresariales que es un diálogo de yo con yo. El gobierno de Duque desde su posesión cogobierna con los gremios empresariales, ellos forman parte del gobierno. La reunión clave será la que se ha fijado para el lunes 10 de mayo en que deberán reunirse Duque con el Comité Nacional del Paro, que si bien, como ha quedado demostrado tiene la capacidad para convocar a las manifestaciones y al paro, dista mucho de controlarlo, de dirigirlo.

Una de las características de estas movilizaciones como las llevadas a cabo en el 21N y días posteriores del año 2019 es el carácter descentralizado, amplio, masivo y extendido regionalmente de la protesta. Hay una creciente participación de los jóvenes y las mujeres en todas las movilizaciones y en todas las regiones del país, pero los comités locales y regionales del paro no logran una orientación única. Esto se vivió de cara a las jornadas de movilización del 1 de mayo. Mientras el Comité Nacional del Paro orientaba a la realización de cacerolazos y protestas virtuales, sectores locales y regionales convocaban a las movilizaciones. Estas movilizaciones se desarrollaron y las marchas fueron multitudinarias.

Hay elementos amplios de espontaneidad en las movilizaciones en todo el país. Un ejemplo concreto de ello es que, para establecer corredores humanitarios en Cali, por ejemplo, para el ingreso de alimentos dado el desabastecimiento de la ciudad, para el ingreso de oxígeno y medicamentos, químicos para garantizar la potabilización del agua, la iglesia católica y otras organizaciones, tuvieron que negociar con cada plantón, en los distintos sitios de bloqueo de las vías.

Ello muestra que la protesta desborda las capacidades de los comités municipales y departamentales del Paro Nacional. No obstante, el organismo que ha tenido la capacidad para convocar las movilizaciones y para orientar mínimamente el movimiento es el Comité Nacional del Paro. Por ello la reunión del lunes 10 es la reunión importante pues representa la parte organizada del movimiento. Ahora bien, el Comité Nacional del Paro debe ser muy asertivo en lo que lleve como pliego único de las negociaciones.

En primer lugar, no puede ser el pliego de los 110 puntos en el cual naufragó la movilización del año 2019. Deben ser cinco o seis puntos muy concretos y que están, por fortuna, debidamente sustentados y desarrollados. Obvio que el primero debe ser el de la desmilitarización de la protesta y el respeto por la movilización. Que cese el asesinato de los manifestantes. Y luego vienen temas cruciales el primero de los cuales es obviamente el de la reforma tributaria. Hay elementos de consenso social muy amplios incluso algunos de ellos son compartidos por los empresarios como la derogatoria de la reforma tributaria aprobada mediante la ley 2010 de 2020 conocida como ley de financiamiento, ello daría como mínimo unos 9 billones de pesos y hay otros puntos, el incremento del impuesto al patrimonio de manera más significativa así como a los dividendos de las grandes empresas y al sector financiero, todo ello está debidamente sustentado en documentos de investigadores, en nuestro caso de los investigadores Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia. Estos documentos han sido estudiados con las centrales sindicales.

Hay una propuesta alternativa de reforma tributaria y el Comité Nacional del Paro deberá decidir en su autonomía hasta dónde y que puntos presentará de la misma a esa mesa de negociaciones; un tercer tema es la renta básica permanente para enfrentar el hambre y las necesidades más apremiantes de siete millones cuatrocientas sesenta mil familias, proyecto que ha sido presentado por la Cumbre Social y Política al senado de la República y que recibió ponencia positiva.

Un cuarto tema es el de la Salud donde hay un amplio consenso por el retiro del proyecto 010/2020 que esta, a consideración del Congreso y que no resuelve los reales problemas de la crisis de la salud, pero, al lado de esa solicitud hay que exigir el conocimiento de los contratos con las firmas farmacéuticas para la provisión de vacunas y para acelerar el plan de vacunación. Exigir negociación con el gobierno ruso y con el gobierno cubano para acceder a otras vacunas. Este plan como lo reconoce Germán Vargas Lleras jefe político del Ministro de Salud, Fernando Ruíz, es un fracaso y debe ser replanteado de fondo. Y claro la derogatoria del decreto 1174 que estableció ilegal e inconsultamente el salario por horas aprovechándose de la emergencia sanitaria.

Estos temas son a mi juicio los que han catapultado la movilización social y deben ser el núcleo de las negociaciones. Esas negociaciones deben establecer nuevos escenarios de construcción de consensos sociales amplios como asambleas sectoriales, territoriales, municipales, que amplíen esa consulta y representatividad del movimiento. Es claro para mí que la negociación debe darse con el mecanismo representativo que existe que no es otro que el Comité Nacional del Paro que debería ser ampliado para que gane mayor legitimidad.

La magnitud de la represión y la deriva autoritaria de Duque

La crisis que ha puesto en evidencia la pandemia y la masividad de las protestas es el resultado de una precarización y empobrecimiento de las mayorías nacionales como resultado de la aplicación de un modelo centrado en la explotación de los recursos naturales, la reprimarización de la economía, la desindustrialización del país, la alta tasa de concentración de la propiedad tanto de bienes de capital como de la tierra, la precarización laboral, así que como dijeran los manifestantes chilenos no son 30 pesos son 30 años de un modelo depredador y empobrecedor.

Aquí no se trató solo de un rechazo a un proyecto de reforma tributaria regresiva y pro ricos, es el rechazo a un modelo económico en que el 42.5% de la población esta en la pobreza monetaria, con ingresos inferiores a 94 dólares mensuales, 331.800 pesos, un 15.6% con ingresos inferiores a 150.000 pesos mensuales. Una sociedad de pobres. Estas son las razones de fondo que conllevan al estallido social. A la indignación popular y una reforma que buscaba gravar los productos básicos de la canasta familiar hoy excluidos del pago del IVA a una tasa del 19% así como cobrar un Iva del 19% a las tarifas del agua, la luz eléctrica, el gas, y el Internet, así como un impuesto a los entierros, todo ello fue lo que desencadeno la protesta ciudadana que no cesa.

La respuesta del gobierno frente a la defensa a ultranza de su modelo económico que ha gozado de un amplio respaldo entre los capitalistas, pero también en la mayoría de los partidos tradicionales, que son mayoritarios en el Congreso, ha sido la represión, el asesinato, el uso de la violencia desmedida contra los manifestantes. A corte del 5 de mayo de 2021 Temblores, una ONG que hace seguimiento a las manifestaciones y la respuesta violenta por parte de las instituciones del Estado, nos muestra el saldo dantesco de este gobierno neofascista de Uribe-Duque: heridos en las manifestaciones 222 personas, muertos en las marchas 37 personas, detenciones arbitrarias 831, intervenciones violentas contra los manifestantes por parte de la Policía 312 casos, victimas de agresiones en los ojos 22 personas, desapariciones forzadas 87 y 10 casos de violencia sexual.

Por ello hay que exigir el cese de la violencia del Estado contra los manifestantes. Este gobierno ha respondido con la violencia a las manifestaciones legitimas de los ciudadanos para generar terror, e infundir miedo. Hasta ahora no lo ha logrado. Pero las cosas pueden empeorar. La figura a la cual ha recurrido Uribe-Duque es al artículo 170 del Código Nacional de Policía de asistencia militar para el control del orden público.

Esta figura que esta en la ley permite sin mayores controles que las ciudades sean militarizadas como ya ha ocurrido en la ciudad de Cali donde el poder real no es el alcalde, Jorge Iván Ospina, sino el comandante general del ejército general, Eduardo Enrique Zapateiro, que traslado su mando a Cali desde hace ya unos seis días. Allí bandas armadas sin identificar [pero protegidas por la policía] han asesinado y disparado contra los manifestantes. Este general es el mismo que en trino famoso lamento la muerte de Popeye el jefe de sicarios de Pablo Escobar y quien desde su celular, según denuncia del caricaturista Julio César González, “Matador” y gracias a que Anonymous publicó el número del celular del general, desde allí ha proferido amenazas contra el caricaturista. Muy grave. En esas manos y en esas mentes está nuestra fuerza pública.

Debemos exigir el cese de la represión y la desmilitarización de la protesta social. Los alcaldes y gobernadores deben unirse para ejercer un contrapeso a la arbitrariedad del gobierno nacional. Debemos así mismo generar un amplio frente social y político por la defensa de las instituciones democráticas. El uribismo quiere arrasarlas con el propósito nefasto de tratar de impedir las elecciones próximas. Debemos oponernos a la declaratoria de la conmoción interior para avanzar en esa deriva autoritaria que le echaría más gasolina al fuego. Pedimos la solidaridad internacional. Hay que aislar a este gobierno mafioso y corrupto.

Bogotá, mayo 6 de 2021

Revista Sur