GIEI, evitar que la mentira se institucionalice como respuesta

Hay elementos que permiten entender el ejercicio del poder de estados totalitarios y formas de organización totalitaria que existen bajo otros regímenes. Uno se refiere a cómo gobiernos logran ejercer su poder por medio de la repetición calculada y sistemática de información hasta llegar a fabricar verdades, lo que a su vez permite a ese régimen permanecer en el poder. Las mentiras políticas pueden requerir un reordenamiento del tejido de hechos, lo que implica crear otra realidad para que esa mentira se pueda acomodar.

No se trata sólo de que funcionarios públicos emitan declaraciones falsas, sino de un andamiaje echado a andar que adquiere, a lo largo del tiempo, la consistencia de una aparente realidad firme y estable.

El GIEI fue el primero en probar la implicación de altos funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como mandos de la extinta Policía Federal, de la Sedena y la Secretaría de la Marina (Semar). Pero, como era de esperar, explican que ponen fin a su encomienda porque la reticencia de las corporaciones castrenses a entregar archivos vitales sobre el caso Ayotzinapa vuelve imposible hacer nuevos aportes a la investigación.

Deshilar una realidad fabricada para que las mentiras que acomoda caigan por su propio peso ha sido uno de los logros más relevantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Desde su llegada a México en noviembre 2014, como parte de un acuerdo de asistencia técnica de la Comisión Interamericana de DDHH con el Estado mexicano y los representantes legales de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, hasta el 31 de julio de este año, cuando concluyen sus actividades, el GIEI se ha dedicado de manera sistemática a encontrar los hilos que encubren la verdad y jalarlos de manera meticulosa para aproximarse al paradero de los normalistas.

Lograron desmantelar la llamada mentira histórica, versión oficial de la incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula. Jugaron un papel clave para que se detuviera al ex procurador Jesús Murillo Karam y a miembros del Ejército, entre otros. Demostraron de forma contundente que las fuerzas armadas forman parte de la red de actores arropados en la impunidad de los hechos.

La presentación de su sexto y último informe se celebró el 25 de julio con la participación de Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, los dos integrantes del GIEI que permanecen de los cinco originales, incluyendo Claudia Paz, Francisco Cox y Alejandro Valencia.

Carlos Beristain señaló que no hubo respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras instituciones a informaciones adicionales solicitadas, señaló que hubo negativas y mentiras de las instituciones castrenses y advirtió del riesgo de que la mentira se institucionalice como respuesta. Como el propio GIEI ha reconocido, el gobierno federal ha mostrado su voluntad política, y es innegable que hay avances significativos plasmados en la captura de alrededor de 120 implicados, entre quienes se encuentran 10 militares (incluidos mandos) y varios servidores públicos. Pero se sigue sin poder avanzar.

Beristáin apuntó al tipo de realidad fabricada, construida por años, que permitió encajar tantas mentiras estatales. Se refirió a la visión contrainsurgente que han mantenido las fuerzas armadas hacia los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Pese a la falta de evidencia de que los jóvenes estuvieran involucrados con redes criminales, agentes estatales insisten que son delincuentes y revoltosos. Esa aproximación a las actividades de los normalistas no sólo crea una imagen negativa que lastima a los familiares, sino que ha sido clave para que los actos se llevaran a cabo.

Existe documentación contundente sobre el nivel de colusión entre el crimen organizado y las autoridades. También existe nueva evidencia sobre el involucramiento de las fuerzas armadas. Mediante el análisis del movimiento de teléfonos celulares, mostraron que varios de efectivos se encontraban en el lugar de los hechos. Esa noche hubo comunicación constante entre ellos y otros actores. En contraste con lo que el Ejército ha dicho por casi nueve años, no sólo sabía lo que ocurría en tiempo real, sino que estuvo presente donde había negado estar.

Buitrago se refirió a por lo menos 200 personas de seis corporaciones que han participado en la falsificación de detenciones, incluyendo el registro por una institución, cuando en realidad las llevó a cabo otra, otras que no se concretaron por ese organismo, e información básica que es falsa, incluyendo fechas erróneas. También se refirió a funcionarios que declaran haber estado en un lugar cuando documentos muestran que estuvieron en un sitio distinto. Concluyó: No sé si están descontroladas o controladas las instituciones pero sí puedo decir, y lo demuestra la investigación, que el control fue absoluto por lo sectores para mantener instalada una versión.

Ello es el modus operandi del aparato de Estado, no se debe sólo a una inercia institucional, ni se limita a determinadas administraciones. Beristáin insistió sobre ese punto: Ayotzinapa toca aspectos estructurales del funcionamiento del Estado mexicano. Llegar a la verdad de la desaparición forzada de los 43 es una palanca hacia un cambio profundo. Conocer el paradero de los normalistas implica que ese control de la mentira no tiene por qué ser la condena de nuestra sociedad.

El contrapeso que busca la verdad ahora se queda sin el GIEI. Ha llegado al límite de lo que puede evidenciar porque la información que ha solicitado se le ha negado. Eso duele, provoca una especie de vértigo.

La partida de Ángela Buitrago y Carlos Beristain, los dos miembros del grupo que permanecían al frente de las indagatorias, es una mala noticia para el entorno de los 43 jóvenes desaparecidos y los tres asesinados la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Sin el GIEI, las víctimas indirectas pierden un apoyo fundamental y una presencia esperanzadora y se angostan las posibilidades de dar con el paradero de los normalistas y hacer justicia ante una de las mayores atrocidades perpetradas en el México contemporáneo.

¿Qué papeles adicionales nos corresponden a los que hemos luchado al lado de los familiares y de sus representantes legales? ¿Cómo seguimos cultivando el terreno de la justicia a partir de las verdades expresadas por los familiares de los 43? ¿Qué presiones adicionales nos toca elaborar para que el Ejército entregue la información que existe? Las respuestas, tal como nos recordó Buitrago, darán contenido a la justicia, a ese impulso colectivo capaz de acomodar y dar orden a otro tipo de sociedad.

* Mariana Mora, profesora e investigadora del Ciesas