Grecia: La nueva ley laboral supone un ataque frontal a la clase trabajadora

El pasado mes de agosto, el ministro de Trabajo, Adonis Georgiadis, presentó el nuevo proyecto de ley del gobierno de Nueva Democracia en materia laboral y de seguros, que hará añicos las protecciones más fundamentales que aún les quedan a los trabajadores. En palabras del propio ministro "nuestro objetivo es hacer que las relaciones laborales sean más honestas entre nosotros [es decir, los trabajadores y los empresarios]", explicando que mucho de lo que codifica la ley está ya sucediendo de manera informal. Expresó explícitamente sus intenciones: conceder a la intensificación de la explotación de la clase trabajadora todo el peso de la ley.

La nueva "Ley Georgiadis", que integrará la directiva 2019/1152 de la Unión Europea en la legislación griega, degradará aún más la posición de los trabajadores, como continuación de la "Ley Hatzidakis" antilaboral de 2021. Una de las disposiciones más agresivas de la ley es la "posibilidad" de trabajar más de ocho horas en un día, socavando directamente la conquista histórica de la jornada laboral de ocho horas. En concreto, pasará a ser legal que un mismo empleado trabaje hasta 13 horas al día, mediante la conclusión un contrato con dos (o más) empleadores, siendo la jornada de ocho horas un límite máximo sólo para cada contrato individual.

Socavar la jornada de ocho horas

El ministro presentó como "concesión" el mantenimiento de la actual disposición de un descanso diario mínimo de 11 horas consecutivas. Este retroceso podría haberse producido tras darse cuenta de que trabajar dos turnos separados de ocho horas, para un total de 16 horas, entra en conflicto con la legislación europea sobre el descanso mínimo de los trabajadores. Así, intentó convertir el descanso mínimo estipulado de 11 horas seguidas en una especie de límite de la jornada laboral.

Georgiadis hasta describió de modo desafiante la abolición del turno de ocho horas como la creación de una nueva "opción" para los trabajadores, que traerá "ventajas" como salarios más altos en general y una pensión mayor. Como si esto constituyera un argumento contra la protección del exceso de trabajo. A corto plazo, este nuevo régimen laboral, combinado con una inflación galopante, deprimirá los salarios reales, tendiendo a convertir la jornada de 13 horas, en lugar de la de ocho, en requisito básico para la subsistencia.

Las verdaderas motivaciones de esta dura normativa antilaboral quedan patentes en la respuesta de Georgiadis a la pregunta de si se pueden firmar dos contratos (por ejemplo, ocho más cinco horas de trabajo al día) con el mismo empresario. Dijo que esto no se permitirá ya que, en este caso, trabajar más de ocho horas constituye horas extraordinarias.

Con la actual jornada laboral máxima de ocho horas, aun en el caso de múltiples empleadores, cada hora de trabajo más allá de las ocho horas constituiría horas extraordinarias, ya que superaría la duración estipulada del turno de uno de los contratos. Por tanto, al menos un empresario tendría que pagar. Ahora, con la disposición de hasta 13 horas de trabajo al día, la clase capitalista podrá emplear a cada trabajador durante cinco horas más, después incluso de que ya haya realizado un turno de ocho horas, sin tener que pagar horas extras. El trabajador, por el contrario, tiene que cargar con el coste y el tiempo de desplazamiento para moverse de un trabajo a otro.

Además, los empresarios podrán crear dos o más empresas idénticas o similares y podrán "repartirse" los trabajadores entre ellas, organizando sus horarios para evitar el pago de horas extraordinarias y los controles de la inspección de trabajo. Lo mismo puede ocurrir en grupos de empresas, o en diferentes contratistas que hayan realizado subcontrataciones para grandes empresas.

Explotación “innovadora”

Georgiadis se apresuró a presentar otra importante "innovación" del proyecto de ley: los llamados contratos de cero horas, un modelo que se aplica en Gran Bretaña desde hace años, pero que está prohibido en Grecia, ya que las condiciones de un contrato deben incluir un mínimo de horas de trabajo según la legislación vigente.

Los "contratos de cero horas" legalizarían la contratación de trabajadores por parte de los empresarios, sin ningún compromiso de días y horas de trabajo concretos. Con este régimen, los empresarios podrán contratar trabajadores cuando, donde y como quieran, con un simple preaviso de 24 horas. A estos trabajadores se les pagaría únicamente en función del número de horas trabajadas, sin derecho a remuneración adicional por horas extraordinarias, trabajo nocturno o trabajo en domingos y festivos. Lo que la burguesía llama cínicamente "flexibilidad" constituye un régimen de precariedad total para los trabajadores, tanto en lo que se refiere a su salario mensual, lugar de trabajo y días de vacaciones pagadas.

Por supuesto, la Directiva de la UE, que incluye algunas disposiciones de protección de los trabajadores con este tipo de contratos, establece expresamente que no está permitido que un Estado miembro, que no contemple este tipo de contratos en su legislación, los introduzca con motivo de la incorporación de la Directiva. Por eso, cuando se dio cuenta de que existía la posibilidad de una multa por parte de la UE, el Gobierno evitó insertar esta disposición en el proyecto de ley que sometió a consulta. Sin embargo, a pesar de haberse visto frustrado en esta ocasión, está claro que es una disposición que quiere introducir a la primera oportunidad.

La previsión del "periodo de prueba" de seis meses tras la contratación de un asalariado representa otro avance hacia la precariedad laboral. El propio Georgiadis admite que esta normativa no "toca" la no obligación del empresario de pagar una indemnización por despido a un empleado recién contratado si es despedido antes de que se cumplan los 12 meses. Pero, además, la "oficialización" de estos seis primeros meses como de "prueba" les proporciona a los capitalistas una coartada para introducir todo tipo de condiciones desfavorables en detrimento de los trabajadores recién contratados.

En concreto, el proyecto de ley establece que, tras el periodo de prueba, el empleado "podrá presentar una solicitud de modificación de su contrato, a fin de ser contratado en adelante con unas condiciones laborales más previsibles y seguras". Así pues, los empresarios que puedan ofrecer condiciones salariales y laborales acordes con la norma del sector sólo lo harán de hecho una vez que el empleado haya completado un periodo de "aprendizaje", durante el cual también percibirá un salario de "aprendizaje". Es seguro que las empresas optarán, al menos para una parte de su plantilla, por contratar "aprendices" con salarios bajos durante seis meses y luego despedirlos sin indemnización para contratar a otros, y así sucesivamente.

Además, con el artículo 28 ("Posibilidad de un acuerdo sobre la ordenación del tiempo de trabajo entre el empresario y el trabajador"), la ordenación del tiempo de trabajo en la "ley Hatzidakis" empeora todavía más. Con la antigua legislación, existía la posibilidad de concertar individualmente un horario de trabajo con un acuerdo por escrito entre el empresario y el trabajador, a petición de este último. Antes, sólo podía hacerse mediante convenio colectivo. Con el nuevo reglamento, se suprime la "solicitud del trabajador". Así pues, ahora la iniciativa puede tomarla formalmente el empresario (que ya la tenía efectivamente) para obligar al empleado a aceptar horas extraordinarias no remuneradas.

Con los artículos 25 y 26, la ley amplía también la semana laboral de seis días a más sectores y reduce las condiciones formales que deben cumplir los empresarios para justificar una jornada laboral adicional. Así pues, la expectativa de una semana laboral de cinco días se está erosionando gradualmente, con la perspectiva obvia de que el recargo de seis días se reduzca o incluso se elimine.

Por último, el artículo 27 aumenta los sectores para los que los domingos y festivos se consideran días laborables. De hecho, casi todos los sectores añadidos (la industria alimentaria, el embotellado de agua, la producción de refrescos) no estaban incluidos en la forma original del proyecto de ley, sino que se introdujeron tras las demandas pertinentes de las respectivas asociaciones capitalistas durante la consulta al gobierno.

Nuevo ataque al derecho de huelga

Como servidor de la clase dominante griega, Adonis Georgiadis no podía presentar un proyecto de ley laboral sin lanzar nuevos ataques contra el derecho de huelga. Sucesivas leyes anteriores han dificultado cada vez más la convocatoria de huelgas. El nuevo proyecto de ley tipifica como delito la "violencia psicológica" y la ocupación de un lugar de trabajo, con penas de prisión de larga duración. La intención evidente es ilegalizar las medidas colectivas básicas para mantener la unidad disciplinada entre los trabajadores en huelga y para defender las huelgas y los piquetes de los esquiroles y los matones de la patronal.

Todos los ataques del proyecto de ley de Georgiadis, además de confirmar el carácter reaccionario del gobierno de Nueva Democracia, atestiguan el callejón sin salida del capitalismo griego, en medio de una crisis del capitalismo mundial. Inmersa en el agravamiento de las contradicciones de su podrido sistema, la clase dominante se ve cada vez más empujada a alimentarse de la carne de toda la sociedad, tratando de magnificar su incalculable riqueza acumulada explotando y oprimiendo cada vez más duramente a la mayoría.

marxist.com. Traducción: Lucas Antón para Sinpermiso.