Guatemala: la sempiterna herida abierta

En esa geografía del terror y ultraje a pueblos y ciudadanos que en su momento José Martí denominó nuestra América, la hermana Guatemala sobresale por la situación permanente de crisis humanitaria y violación a DDHH, desde que un golpe de Estado –orquestado por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia–, derrocó el 27 de junio de 1954 al presidente constitucional Jacobo Árbenz Guzmán, el único respiro democrático-po­pular en su atribulada historia de cruentas represiones y guerras contrainsurgentes.

La United Fruit Company, en alianza estrecha con los grupos oligárquicos locales, no podían permitir que un presidente elegido democráticamente pusiera en práctica una reforma agraria que afectara sus vastos intereses corporativos. La histeria del macartismo y el anticomunismo como doctrina constituyeron el marco ideológico que justificaría la asonada militar, supuestamente para evitar el establecimiento de una cabeza de playa de la Unión Soviética en América Latina.

Paradójicamente, el primer grupo guerrillero se crea a partir de la rebelión de un sector de la oficialidad joven del ejército, el 13 de noviembre de 1960, que se levanta en armas, entre otras causas, por el entreguismo del gobierno de Ydígoras Fuentes a EEUU, que permite el establecimiento de una base militar en territorio nacional para la invasión a Cuba. Seguiría durante esa década la formación de otros esfuerzos organizativos de liberación nacional en Guatemala, alentados por el impacto notable de la revolución cubana, y la orientación socialista de sus transformaciones.

Como señala Andrea Martínez: “El periodo 1962-68 vio la transformación paulatina, pero de resultados contundentes, del Estado guatemalteco en un aparato altamente calificado de contrainsurgencia. La ofensiva iniciada en 1967 inauguró el terror tal como lo conocemos hoy, aunque aún zonificado. Innumerables crímenes de las bandas paramilitares, infiltración y promoción mediante el terror más brutal, de la práctica de la delación y del control militar sobre la población, al servicio de un aparato de inteligencia implacable; acción cívica de modelo vietnamita sobre la población civil de las zonas de influencia guerrillera, junto con una capacitación militar antiguerrillera sin precedente en América Latina” (Guerrilla y movimiento popular en Guatemala. Veinte años de lucha).

Ciertamente, la letal experiencia contrainsurgente de las fuerzas armadas y de seguridad guatemaltecas ha sido de especial utilidad para otras trayectorias de militarización contrainsurgente, como es el caso de las fuerzas armadas mexicanas, a partir de la rebelión de los mayas zapatistas en 1994.

Sin embargo, Guatemala mantiene una peculiaridad que no encontramos en otros países de América Latina: el papel central de la Universidad de San Carlos (USAC) en el aparato institucional del Estado, la vida política, económica, y, lógicamente, en la estrategia de seguridad, al ser no sólo la principal institución de educación superior con más de 200 mil estudiantes y un presupuesto equivalente a 5 por ciento del presupuesto general de la nación, sino porque su poder político es extenso y diverso, ya que por mandato legal ocupa 53 representaciones con voz y voto en las instituciones estratégicas del Estado.

Este hecho la ha convertido en un botín político, que ha ocasionado fraudes abiertos y soterrados para imponer rectores que representen los intereses oligárquicos, y, a la vez, presencia notable y visible de la resistencia popular en puestos de dirección, aulas, centros de investigación, departamentos y espacios públicos universitarios que buscan ser ­vínculos de la transformación social y el pensamiento crítico.

Así, es posible afirmar que todo acontecimiento político de importancia nacional pasa por la USAC, y la toma de sus instalaciones por medio de una protesta pacífica en abril del año pasado, manifestó el rechazo de sectores mayoritarios y representativos de la comunidad universitaria a la imposición fraudulenta y autoritaria del rector.

Esto a su vez, se relaciona estrechamente con los retrasos en la certificación y oficialización de los resultados electorales, y las acciones de criminalización del partido Semilla, que postuló al presidente electo, Bernardo Arévalo y a su vicepresidenta Karin Herrera para el periodo de 2024-28, al acusar el Ministerio Público a los grupos de resistencia de la USAC de graves delitos, entre ellos sedición.

Los viejos y nuevos grupos que convergen en el llamado Pacto de Corruptos pretenden impedir la llegada al gobierno de autoridades elegidas democráticamente, a partir de 31 órdenes de captura y allanamientos contra el grupo de resistencia, y contra los dirigentes de un movimiento de campesinos e indígenas que durante semanas mantuvo movilizaciones y bloqueos en defensa de la voluntad popular expresada en las urnas. Toda la solidaridad desde la tierra de Zapata.

La Jornada