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Haití, entre Biden y la pared
Haití vive una crisis permanente desde 2018, cuando las protestas de la sociedad civil y todo el arco opositor estallaron frente al escándalo de corrupción multimillonario que el presidente en ejercicio y su predecesor habían realizado con los fondos de PetroCaribe [1].
Habiendo gobernado 4 de los 5 años estipulados, prácticamente todo el país unido le pide a Jovenel Moïse que culmine su mandato el 7 de febrero de 2021. Él asegura que no lo hará.
El quid de la cuestión se basa en la interpretación auténtica de la Constitución Nacional, porque actualmente el jefe de Estado se atribuye todos los poderes violando el artículo 150. Otros también abogan por el artículo 134-2, que consiste en que la Constitución prevé un adelanto del inicio del período presidencial si hay problemas con el recuento de votos en las elecciones. Este hecho aplica a las elecciones de 2015, anuladas por fraude y vueltas a celebrar en 2016, pero deja a discrecionalidad si puede ser aplicado con retroactividad para dejar sin efecto un Gobierno que ha cumplido 4 años de mandato, de crisis y de ilegitimidad permanente, sólo sostenido por el beneplácito internacional.
La tensión se encuentra in crescendo, y a la efervescencia en las calles se suman sectores sindicales, quienes convocaron a una huelga general en protesta contra la inseguridad y con la exigencia de la salida de Moïse del Palacio Nacional. Moïse cuenta con un rechazo manifiesto de la oposición, la sociedad civil, movimientos campesinos, sindicatos, organizaciones territoriales, ONGs, cámaras empresariales y hasta la propia curia de la Iglesia Católica. Tampoco cuenta con unas instituciones normalizadas, a saber:
Cuatro primeros ministros en los últimos dos años, entre ellos Joseph Joute, nombrado inconstitucionalmente por el presidente sin la ratificación del Parlamento.Las elecciones parlamentarias previstas para el 2018 fueron suspendidas en reiteradas oportunidades. Ante la imposibilidad de tener una representación oficialista en la Cámara Baja y en los dos tercios de los senadores que se renovarían, Moïse decidió cerrar el Parlamento, gobernando por decreto desde enero del 2020.El otro aspecto nodal de la paupérrima calidad democrática del Gobierno haitiano fue el Decreto presidencial que, bajo el pseudónimo "fortalecimiento de la seguridad pública", creó la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), un cuerpo parapolicial con atribuciones para reprimir la protesta social legítima.
Con desguace de las instituciones, ausencia de contrapeso de poderes y violencia política, Moïse parece personificar las definiciones más tradicionales de dictador, entendido este como: "persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y, apoyada en la fuerza los ejerce sin limitación jurídica alguna". El hecho es tan escandaloso que el mismísimo Core Group, integrado por embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, EEUU, Francia, la Unión Europea, el Representante Especial de la Organización de Estados Americanos y la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, manifestó su preocupación por la usurpación de competencias al Legislativo. El comunicado advierte que las medidas del presidente "no parecen ajustarse a ciertos principios fundamentales de la democracia, el Estado de derecho y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos"[2].
Haití, Trump y la gangsterización
La gran pregunta es ¿cómo se sostiene en el poder un presidente que tiene todo en su contra? Para esbozar una respuesta debemos tener en cuenta: 1- las relaciones de Moïse con Donald Trump y 2- el uso ilegítimo de la violencia mediante grupos paraestatales.
En 2019, el actual Gobierno rompió relaciones con Venezuela, de quien había recibido petróleo a precios subsidiados por más de una década, desatando una crisis energética. Ese mismo año, Moïse reconoció a Juan Guaidó como presidente bolivariano y, a fines de noviembre de 2020, Haití fue el primer -y único- país americano en abrir una embajada en Sahara Occidental, reconociendo la soberanía marroquí sobre el territorio. Moïse no dudó en adoptar una posición de subordinación total a las aventuras geopolíticas más descabelladas de Donald Trump[3], aún con el rechazo de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas[4].
El pasado 10 de diciembre, día internacional de los DD. HH., miles de haitianos y haitianas participaron de la "Manifestación por la Vida". En aquella oportunidad, el arzobispo de Puerto Príncipe, Monseñor Max Leroy Mésidor[5], quien fue el principal nexo entre las negociaciones de Moïse y la oposición, aprovechó la ceremonia para dirigirse al poder: "Nos enfrentamos a un envenenamiento de la vida social mediante una proliferación de actos de secuestro, bandidaje y terror (...) Nosotros ya hemos tenido suficiente. Demasiado es demasiado"[6]. Esto se respalda en datos: la Red Nacional de los Derechos Humanos cataloga el 2020 como el año de la "gangsterización" acelerada en Haití, caracterizado por la violación sistemática de las libertades fundamentales e individuales de los ciudadanos. Se estima que al menos un millar de personas fueron secuestradas en Haití durante 2020 y una cifra similar murió en medio del recrudecimiento de la violencia[7].
El nexo entre el Gobierno y los grupos paramilitares fue sintetizado por el periodista Parker James, quien en relación a la masacre de La Saline advertía: "La alianza del G9 (pandilla) se habría beneficiado de estrechos vínculos con el Gobierno del presidente Jovenel Moïse. Parece que a los jefes de bandas no los procesan porque contribuyen a mantener la paz en los barrios que controlan. A cambio, el Gobierno de Moïse ha encontrado en ellos leales soldados que reprimen la inseguridad, ahogan las voces de la oposición y refuerzan el apoyo político en toda la capital"[8].
Biden y la salida demócrata
La derrota de Trump y el ascenso de los demócratas encabezados por Biden, parecen forzar un cambio en pos de la fachada institucional, lo cual no sólo estaría en sintonía con los últimos comunicados del Core Group sino también con algunas sanciones del Departamento del Tesoro norteamericano contra dos funcionarios y un paramilitar[9][10]. Sin embargo, no hubo ninguna sanción formal a la ANI, esto es, contra la aplicación de la doctrina del shock mediante grupos de tareas o la gangsterización de la sociedad.
Moïse, acorralado, apuesta hacia delante con un nuevo calendario electoral. Lejos de ser una solución al conflicto, en concreto la propuesta sólo puede ofrecer una lavada de cara dentro de una democracia de baja intensidad, el fraude electoral en los comicios de septiembre o una nueva temporada -eso sí, con un rostro más "humano"- de las clásicas ocupaciones internacionales vía las Naciones Unidas.
En medio de la incertidumbre política, Moïse afirmó que su periodo termina en 2022 y promovió una reforma constitucional que sería sometida a un referéndum en el 25 de abril de este año, previo a las elecciones generales programadas para el 19 de septiembre. Para ello, firmó un acuerdo por 20 millones de dólares con el PNUD para capacitar especialistas y financiar algunos gastos electorales[11]. Todo pareciera indicar que Biden y los demócratas están detrás del calendario electoral propuesto[12].
A diferencia de otros países latinoamericanos, la reforma constitucional no es un reclamo popular. Varios partidos políticos y plataformas opositoras de Haití criticaron el apoyo de la ONU y la OEA al proyecto electoral y de cambio constitucional del presidente Moïse. Las estructuras reunidas en la Dirección de la Oposición Política Democrática enviaron dos cartas a los organismos internacionales para denunciar que el jefe de Estado quiere destruir la Constitución de 1987 y sustituirla por una nueva que se adapte a sus necesidades, ya que la reforma plantea, entre otras medidas, la eliminación del Senado y el cargo de primer ministro. También tiene algunos gestos tendientes a ganarse el apoyo de la diáspora como la legalización de la doble nacionalidad y una mayor representación en el Legislativo de los haitianos en el exterior.
El mensaje no deja lugar a ambigüedades: "la OEA y las Naciones Unidas no deben alentar a un presidente a violar la Constitución de su país"[13]. La Constitución actual prohíbe de forma explícita la celebración de mecanismos consultivos para su modificación. Aún así, la OEA, la ONU y los EEUU parecen no oír la protesta que exige la salida de Moïse, y tampoco parecen ver los cuerpos de los opositores desmembrados a machetazos, los secuestros y las torturas. Lamentablemente, Haití es la primera muestra de lo que el relevo presidencial norteamericano tiene para ofrecer a América Latina.
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Notas
[1] https://www.celag.org/haiti-protestas-interminables-en-una-republica-olvidada/
[2] https://www.telesurtv.net/news/haiti-acusan-presidente-instaurar-dictadura-20201213-0015.html
[4] https://www.elperiodico.com/es/opinion/20201220/trump-sahara-occidental-11409214 ; https://theconversation.com/el-derecho-internacional-y-el-reconocimiento-de-la-soberania-marroqui-sobre-el-sahara-occidental-por-parte-de-trump-151935
[7] https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424573&SEO=jovenes-de-haiti-protestan-contra-creciente-inseguridad https://es.globalvoices.org/2020/08/17/en-haiti-aumentan-acusaciones-de-colusion-entre-el-gobierno-de-jovenel-moise-y-la-delincuencia-organizada/ . Informe completo en: https://web.rnddh.org/wp-content/uploads/2020/06/7-Rap-Attaque-Quartier-Defavorise-23Jun2020-3.pdf
[8] https://es.globalvoices.org/2020/08/17/en-haiti-aumentan-acusaciones-de-colusion-entre-el-gobierno-de-jovenel-moise-y-la-delincuencia-organizada/ . Informe completo en: https://web.rnddh.org/wp-content/uploads/2020/06/7-Rap-Attaque-Quartier-Defavorise-23Jun2020-3.pdf
[9] https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article247743000.html
[12] https://www.alainet.org/es/articulo/210627
celag.org
