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Haití, sin carnaval ni Parlamento
Haití cumple un mes de gobierno por decreto, luego de la disolución del Parlamento por parte del actual presidente. A diez años del terremoto más devastador de su historia y luego de dos brotes de cólera importados por organismos internacionales[1], el país sigue batiendo récords. Desde julio de 2019 no logra designar un primer ministro y ahora lleva más de un mes desde la disolución del Parlamento. Esta disposición, que horrorizaría a los paladines de la democracia en otras latitudes, fue anunciada a medianoche del lunes 13 de enero de 2020 mediante un tweet del presidente Jovenel Moïse, pasando por alto cualquier norma constitucional y omitiendo las reglas de juego de la democracia representativa que se basa en el sufragio y la división de poderes. El problema radica en que las interminables protestas que pedían la renuncia del presidente conmocionaron al país al punto tal de que no pudieron realizarse los comicios previstos para octubre de 2019, para la renovación de los funcionarios electos en el Senado y la Cámara de Diputados.
Sin ninguna base constitucional o legal para suprimir el órgano legislativo, Jovenel Moïse anunció que había retirado fondos públicos para el tratamiento de parlamentarios y que, en su lugar, esos fondos serían destinados a la construcción de diez escuelas secundarias, sobre las que no se detalló ni la ubicación ni los plazos. Para cualquier republicano que se atenga a los principios básicos de división de poderes, la acefalía legislativa, la sucesión de protestas del 2019 producto de la corrupción y el ajuste, junto a la evidente injerencia extranjera que sostiene al Gobierno, bastarían para cuestionar el hecho de que el Gobierno haitiano sea democrático. Pero Haití es, ante todo, una paradoja y, junto a Bolivia, se ha incorporado el mes pasado oficialmente al Grupo de Lima. Ni Bolivia ni Haití se caracterizan por ser paladines de la democracia. El primero, un Gobierno “transicional” que asumió con posterioridad a un golpe de Estado comandado por las Fuerzas Armadas y Haití, donde el presidente decidió unilateralmente que un Congreso es demasiado oneroso, haciendo caso omiso a una multitud que exige su renuncia.
Los intentos de negociación entre Moïse y la oposición han sido infructuosos. El último, propiciado por el Vaticano en la Nunciatura Apostólica de Puerto Príncipe, fracasó a los tres días debido a la falta de consenso sobre la gobernanza y el tiempo que debía permanecer en el poder el actual presidente, aunque hubo coincidencias en la necesidad de redactar una nueva Constitución[2]. El llamado “Core Group” —integrado por representantes de Alemania, Brasil, Canadá, España, EEUU, Francia, la Unión Europea, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos— lamentó la falta de acuerdos e instó a la dirigencia política a asumir sus responsabilidades antes los desafíos de la nación, mientras que prácticamente todo el arco político haitiano coincidía en que la única solución era la renuncia del presidente.
Incluso el expresidente de la Cámara de Diputados y aliado de Moïse, Gary Bodeau, admitió que la renuncia del presidente era una posible salida a la catástrofe política. Sin embargo, Moïse invirtió el sentido de responsabilidad política afirmando que sería irresponsable de su parte renunciar al mandato popular e insistió en un diálogo, aunque sin negociación, ya que se negó a poner su cargo a disposición. A la fecha, ni la ONU ni ningún otro organismo internacional se ha pronunciado sobre la falta de democracia del Gobierno de Moïse, que ha tomado las riendas del país con una gestión a puro decreto.
Si la vida es una farsa, que comience el carnaval
Para el Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos (CARDH), miembro consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el incumplimiento de los derechos a la vida, la seguridad y libre circulación en el país caribeño son alarmantes. Tan sólo desde principios de 2020 se registró un incremento de los secuestros a cambio de rescate que, sumados a la violencia habitual de las bandas armadas en los barrios y que operan como ejércitos mercenarios, terminan de ensombrecer el panorama del 2019[3].
En Puerto Príncipe los apagones diarios aumentan el miedo de los habitantes, que evitan recorrer las calles de noche, por temor a ser secuestrados. Es por ello que el 17 de febrero los policías se manifestaron en la capital para exigir mejores condiciones de trabajo y el derecho a formar un sindicato. La protesta terminó en disturbios y el incendio de los puestos preparados para el carnaval. A mediados de febrero, Haití volvió a ser sinónimo de tragedia, luego de que un incendio en un orfanato se cobrara la vida de quince niños y niñas. Los orfanatos proliferaron en Haití después del terremoto de 2010. El orfanato, gestionado por un grupo religioso estadounidense, no contaba con licencia oficial ni garantizaba condiciones de salubridad mínimas a los menores. Producto de la crisis energética y de que el generador estaba dañado, la iluminación fue reemplazada por velas y ésta habría sido la causa del incendio[4].
Posteriormente, las fuerzas de seguridad volvieron a enfrentarse a los tiros en una auténtica batalla campal. El desborde se produjo entre policías que se estaban manifestando y los militares que estaban encargados de la seguridad en el lugar donde este domingo se iban a celebrar las fiestas de carnaval[5]. A pesar de la delicada situación, al borde del estallido social producto de la crisis política (Haití vive prácticamente paralizado desde julio de 2018) y económica, Moïse decidió no suspender las fiestas, pero de cara al enfrentamiento armado de las fuerzas de seguridad se vio obligado a, finalmente, suspenderlas[6].
El enfrentamiento entre la Policía y el Ejército provocó que el secretario general de la OEA se pronuncie abstractamente en contra de la violencia y solicite que se retomen las negociaciones para formar Gobierno y convocar las postergadas elecciones parlamentarias[7]. Debido a esta situación, las autoridades militares de República Dominicana, tanto del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza (CESFRONT) como del Ejército dominicano han desplegado dispositivos de seguridad en toda la zona para estar atentos ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse[8]. Sin embargo la tensión, lejos de menguar, parece incrementarse en la isla.
En República Dominicana, la parte derecha de La Española, no se realizaron los comicios previstos para el 16 de febrero alegando fallas técnicas en el recuento automatizado de votos. Esto provocó manifestaciones por parte de la oposición que denunciaba que el aplazamiento de las elecciones se correspondía con una estrategia de fraude para impedir unas elecciones perjudiciales para el actual gobierno. Esto provocó el pronunciamiento de la embajada estadounidense contra las posibles manifestaciones y episodios de violencia[9].
El principal miedo era que las manifestaciones masivas que llevan más de un año en Haití, se “contagien” al país que ocupa en lado derecho de la isla en repudio al Gobierno de Danilo Medina. Recientemente, ante la oleada de manifestaciones, la Junta Central electoral pidió a la OEA que permanezca en la isla para la observación de las elecciones municipales del 15 de marzo y de las congresuales del 17 de mayo. El organismo internacional prologaría su estancia hasta junio, en caso de una segunda elección presidencial[10].
República Dominicana y Haití han tenido conflictos limítrofes y, a lo largo de la historia, hubo varios episodios de masacres racistas y xenófobas contra la inmigración haitiana, mientras que en los últimos ocho meses se celebraron tres reuniones entre ambos países -a instancias de la embajada norteamericana- buscando acuerdos de para tratar temas de seguridad y control fronterizos. El Gobierno de Haití pretende estrechar la colaboración aduanera con la República Dominicana para combatir el contrabando y aumentar la recaudación de impuestos. El ministro de Economía y Finanzas, Joseph Jouthe, afirmó que ambos países han “reactivado” un acuerdo suscrito en 2017 para incrementar la colaboración entre sus respectivas aduanas. En 2017, Haití y República Dominicana acordaron reactivar la Comisión Mixta Bilateral creada en 1996 para impulsar las relaciones económicas. Sin embargo, los trabajos de esta comisión, al igual que en ocasiones anteriores, se estancaron por diferencias entre estos países vecinos, que comparten la isla La Española[11].
Sin máscaras, control de los cuerpos y control del territorio
Desde 1993, nueve misiones civiles o cívico-militares han desembarcado en territorio haitiano: la Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH), la Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH), la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSMIH), la Misión de Transición de las Naciones Unidas en Haití (UNTMIH), la Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití (MIPONUH), la Misión Internacional de Apoyo Civil en Haití (MICAH), la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) y, ahora, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). Además, dos golpes militares, secundados o promovidos por los EEUU, Francia y Canadá, removieron del poder por dos veces consecutivas al sacerdote y expresidente Jean-Bertrand Aristide en los años 1991 y 2004[12].
A pesar de la notable injerencia, la respuesta de la comunidad internacional frente a una inminente guerra civil es cuanto menos “laxa”. La ONU insta a los políticos haitianos a resolver lo que califica como “impasse” y evitar “un deterioro mayor” de la situación, aunque es difícil imaginar cómo podría ello ser posible. Helene La Lime, representante de dicho organismo en Haití, ha comparecido ante el Consejo de Seguridad con sede en Nueva York para entregar el primer informe de la BINUH, establecida en octubre de 2019 y heredera de la MINUJUSTH, que se prolongó durante 15 años con un saldo de cientos de violaciones a menores y jóvenes de ambos sexos y el abandono de sus hijos por parte de los Cascos Azules[13].
Si bien la ONU reconoció –aunque seis años después- que la negligencia de su personal introdujo el cólera en Haití[14] y reconoció también la explotación y el abuso sexual por parte de los cascos azules, comprometiéndose a abordar los casos cuando ocurriesen y apoyar a las víctimas y sus familias[15], esto no se condice con los hechos. Aún cientos de niños y niñas engendrados por miembros de la misión de “paz” permanecen en el desamparo[16].Tampoco se ha pronunciado sobre el flagelo de las violaciones sistemáticas por parte del Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK, oficialismo), el cual apela expresamente a la cultura de la violación como forma de garantizar la gobernabilidad, empleando el abuso sexual como medio de represión para neutralizar la movilización y recreando el control territorial en el cuerpo de las mujeres[17].
Sin embargo, el viraje del Gobierno de Moïse -quien dejó de participar en los beneficios de PetroCaribe aun a costa de desatar una profunda crisis energética en medio de una recesión que parece no tener fin- y su reciente incorporación al Grupo Lima parecen blindar al Gobierno antidemocrático frente a la comunidad internacional.
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Notas
[1] https://www.celag.org/haiti-protestas-interminables-en-una-republica-olvidada/
[3] http://www.lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTENUE/societes&rebmun=3682
[4] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51512853
[12] https://www.alainet.org/es/articulo/202705
[13] https://elpais.com/elpais/2019/12/27/planeta_futuro/1577452942_105813.html
[15] https://news.un.org/es/story/2020/01/1468411
[16] https://www.elmundo.es/internacional/2019/12/30/5e0a4bc6fc6c83487d8b4696.html
[17] http://www.cadtm.org/Haiti-Como-las-mujeres-sacuden-el-mundo-politico
