¿A 49 años del golpe y asesinato de Allende nada cambió en Chile?
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En seis meses, la posibilidad de participación popular ha quedado olvidada, para retornar a la política cupular, de arreglos entre bastidores, donde la derecha manda y los sectores del gran capital financian.
En el aniversario 49 del violento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que marcó el asesinato del presidente constitucional Salvador Allende y el inicio de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet y de un modelo económico neoliberal que sigue en pie, las fuerzas policiales reprimieron a los manifestantes con la misma saña con que lo han venido haciendo desde entonces.
La policía secuestró dos menores y provocó trauma ocular en una joven. Es la misma saña que demostró durante casi medio siglo, tanto durante la dictadura militar como con gobiernos elegidos, e incluso presidencias de pretendida y publicitada centroizquierda, que transitaron el modelo impuesto por los militares y los economistas estadounidenses.
Miles de personas rindieron un sentido homenaje a Allende. Grupos de izquierda, antiguos compañeros del mandatario, familiares de las víctimas y del más de millar de detenidos que aún se hallan desaparecidos se reunieron junto a la estatua que preside la entrada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de allí marcharon al Cementerio General en Recoleta, donde reposan sus restos.
La fuerza policial militarizada (los sanguinarios Carabineros), a la que los manifestantes recordaban su papel en la represión y la acción del golpe, y que suma decenas de denuncias por violación de los derechos humanos, respondió con gases lacrimógenos y gas pimienta lanzado desde blindados, y practicó numerosos arrestos en una jornada de memoria que se saldó con varios heridos.
La conmemoración del 11 de septiembre dejó un balance oficial de 27 detenidos, ocho carabineros heridos, destrozos, saqueos y el lanzamiento de 150 bombas molotov a personal policial, dijo el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve, quien anunció querellas contra todos los apresados.
La continuidad de la política represiva es palpable en la administración del joven mandatario Gabriel Boric, quien quizá haya olvidado que llegó a la Presidencia gracias a las movilizaciones que durante 2019, 2020y 2021 sacudieron a Chile y obligaron a la clase política a aceptar la necesidad de una nueva Constitución que sustituyera la de la dictadura de 1980.
El gobierno, que acaba de cumplir seis meses, ha salido muy debilitado en apenas una semana, mientras se teme que la derecha, incumpla con su compromiso de apoyar la convocatoria a una nueva Convención Constitucional, dado que los aspectos económicos y sociales de la Constitución pinochetista permanecen constituyen aun hoy uno de los obstáculos principales para la superación del neoliberalismo salvaje impuesto por el propio Pinochet, con la asesoría de académicos conservadores estadounidenses.
El Presidente Boric encabezó el acto en La Moneda en conmemoración a los 49 años del Golpe de Estado, y en si discurso se refirió a la derrota del Apruebo en el plebiscito por la nueva Constitución del domingo anterior y aprovechó de enviar un mensaje a los sectores que ponen en duda la continuidad del proceso constituyente.
En ese contexto, destacó la figura de Salvador Allende –“a las divisiones vamos a responder con más democracia y nunca con menos, esa una de las lecciones que nos dejó”- y a quienes aún se encuentran desaparecidos producto de la represión de la dictadura cívico militar. “Tenemos un compromiso ético y político con ellos (…) ese compromiso del nunca más y avanzar en verdad, justicia y reparación”, subrayó.
Para el académico Juan Pablo Cárdenas, el ajuste de gabinete que acaba de implementar Boric se constituyó en una de las ceremonias más bochornosas que tenga memoria la institucionalidad chilena.
“La falta de prolijidad de algunos de sus colaboradores, llevó al Jefe de Estado a nombrar por apenas 40 minutos a un ministro del Partido Comunista para luego destituirlo y hacer esperar al país más de una hora y media para conocer a sus nuevos ministros, así como enterarse de quienes serían desplazados de sus cargos antes de cumplir los seis meses”, indicó.
El incidente dejó muy irritado al Partido Comunista (parte de la coalición del gobierno) y algunos de sus miembros lamentaron la actitud de un Presidente de nombrar a alguien para removerlo enseguida, cediendo a la exigencia opositora, muestra de que el anticomunismo sigue muy vigente en la política chilena. Al día siguiente se sumó la molestia de Revolución Democrática y de la propia agrupación de Boric al comprobar que se nombraba en las carteras de Interior y de la Presidencia a dos integrantes del ¿opositor? Partido Socialista.
Daniel Jadue, precandidato presidencial, alcalde de Recoleta y dirigente del Partido Comunista, señaló que “yo creo que todo indica que perdimos votos por los cambios de relato”; criticó los distintos cambios que realizó el gobierno durante este año y la manera en que esto afectó los votos del Apruebo y las distintas responsabilidades.
“Alguien puede preguntarse si no retirar las querellas a los presos de la revuelta, y no acelerar y terminar con el proceso de indulto en nuestro país, nos hizo perder o ganar votos”, opinó el alcalde, quien señalo que “Chile no solo se perdió la oportunidad de sepultar la Constitución de Pinochet y el modelo neoliberal, sino también de cambiar el trayecto e iniciar un camino para resolver los problemas”.
Para los analistas, lo que le quedó claro es que Boric dió un viraje hacia el centro político a riesgo de que se le desintegre la unidad de los que hasta ahora confiaban en la posibilidad de los grandes cambios demandados por el país. Mientras, los principales partidos de derecha, intentan profundizar la crisis oficialista y conjurar la posibilidad de que el Parlamento, donde el oficialismo es minoría, le dé curso a los proyectos de ley en materia tributaria, previsional, de salud y otros.
Un elemento de contexto ineludible es el abrumador rechazo refrendatario a la nueva Carta Magna redactada en una convención constituyente que fue, a su vez, la salida política al masivo descontento popular que estalló bajo la presidencia de Sebastián Piñera.
En el vuelco social hacia el rechazo de la Constitución gravitó también el desencanto de sectores que, habiendo votado por Boric, resienten la inconsecuencia de quien hizo una campaña electoral victoriosa y esperanzadora ofreciendo un deslinde respecto al modelo económico y las políticas autoritarias de sus antecesores, lo que parece haber olvidado al llegar a La Moneda. Boric acusó recibo del rechazo destituyendo a varios integrantes de su gabinete.
Tanto en las calles de Santiago de Chile como en los territorios del sur, donde el descontento histórico de la nación mapuche ha alcanzado niveles de rebelión, ese deslinde de Boric de los gobiernos anteriores sigue sin presentarse y el gobierno sigue respondiendo a los malestares sociales con la represión, la misma fórmula heredada de la dictadura y adoptada por los gobiernos anteriores, formalmente democráticos, como si en Chile no hubiera cambiado nada.
En seis meses, la posibilidad de participación popular ha quedado olvidada, para retornar a la política cupular, de arreglos entre bastidores, donde la derecha manda y los sectores del gran capital financian. Lo que es claro es que el equipo de Gobierno, con Boric a la cabeza, ha demostrado vacilaciones graves e inexperiencia, como en las designaciones de Carolina Tohá y Ana Lía Iriarte, del corazón de la Concertación, que fueron acogidas entre vítores y aplausos en su primer encuentro con los parlamentarios.
El pueblo, sigue abatido por una crisis económica desatada, una inflación galopante y el severo deterioro del poder adquisitivo y exige la urgente solución a los problemas de desigualdad, desempleo, seguridad y narcotráfico, por ejemplo.
CLAE