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¿Cómo creer en la justicia?
Necesita urgentes cambios institucionales que no podrán venir sino de una Asamblea Nacional Constituyente. El país no merece tener un presidente de la Corte Constitucional como el señor Pretelt, corrupto magistrado que refleja la degradación de la institucionalidad colombiana, de un sistema que se autodenomina Estado de Derecho, cuando está plagado de corrupción, sobornos enmermelados, a favor de intereses privados, mafiosos y violentos.
Las FARC-EP desde mucho tiempo atrás, indicamos que nos enfrentábamos a una pretensión absurda, al querer que convalidáramos una justicia que es infame, inoperante ante los poderosos, mientras tiene dispuesto el látigo contra los pobres que toman una pastilla de caldo de gallina. Cuánta razón tenía el Libertador cuando en carta a Santander, decía: “veo vuestras leyes como Solón, que pensaba que sólo servían para enredar a los débiles y de ninguna traba a los fuertes” .
La corrupción de la justicia se ha exacerbado al punto que ya no es posible ocultar su degradación. En lo penal y en lo penitenciario las consecuencias las padecen más de 120 mil personas recluidas en hacinamiento y violación de sus derechos humanos. Ahí se demuestra el talante de un régimen que desecha la vida y hace del ejercicio del derecho un vil negocio. Percibimos esa podredumbre en el trato diferencial que dispensan a corruptos, narcos, paramilitares y parapolíticos, a quienes sí rodean de comodidades a cambios de prebendas.
Dicha degradación de la justicia atraviesa todo el sistema. Cobija todas las dimensiones de esa vida empapada en normas que sólo se cumplen a rajatabla si es para aplicar severidad, venganza estatal, clasismo y diversidad de medios de segregación a los más pobres, imponiéndose la racionalidad del que tiene dinero, en lo laboral, lo agrario, lo administrativo, en la falseada restitución. Ya no da más este sistema de pétreas normas o de blandas reglas, según de quién se trate. Para los amos del país objeto de pillaje, puede seguirse reformando el Derecho, con tal de que nada sustancial cambie y se aseguren sus privilegios.
Hoy nuestra lucha transita por los caminos del diálogo hacia una salida política y planteamos la necesidad de cambiar ese orden injusto e inhumano, convocando a una Asamblea Constituyente donde podamos entre todos concertar y formular salidas a esa espantosa situación, y honrar la justicia en el sentido más amplio, como aspiración suprema de los pueblos, como emanación diaria de una vida en democracia, en sus medios y fines. Mientras ese acontecimiento superlativo se produce, como FARC-EP queremos proyectar un diálogo con los sectores del país que igualmente sienten esta vergüenza, e invitar a reunirnos con los que conocen de cerca qué está pasando en esas instituciones, en la judicatura y en el sistema de leyes inicuas e inocuas, y que pueden junto a nosotros ver diagnósticos y enunciar ideas que se articularán en ese espacio constituyente. En ese sentido, puntualizamos:
1. Nos sumamos a la indignación nacional por esta corrupción y al sentimiento que crece frente al control jurídico-penal sobre fenómenos de naturaleza social, económica y política, en un dramático contexto de exclusión y desigualdad.
2. Está demostrado que no será, ni con esta justicia corrompida, o con la que resulte de un maquillaje o reforma que la mantenga en los vicios más abyectos, con la que nos puedan arrinconar como reos, jurándonos cárcel por habernos levantado en armas contra la opresión. En absoluto. Ni la aceptamos antes, cuando ya la sabíamos deshonesta, ni la aceptamos ahora en tal estado de inmundicia, ni la aceptaremos retocada.
3. Para iniciar los trabajos a fin de sustanciar los cambios que deberán formularse en el escenario de compromisos políticos y garantías para una paz estable y duradera, solicitamos a los especialistas que han examinado dicho fenómeno de captura mafiosa y clientelar, selectiva e ineficaz, de los órganos de la “justicia” y no comparten esa lógica; pedimos a la academia y centros de estudio, a quienes monitorean los niveles y relaciones de esas redes de corrupción y las denuncian; a los movimientos sociales que no sólo han sufrido esa descomposición, sino que han generado formas propias de Derecho, de mandatos y visiones alternativas, para que comencemos en la Mesa de conversaciones una reflexión profunda sobre los cambios urgentes que requiere la justicia y clama indignado todo el país.
