¿Existe “Plan económico”? ¿Qué se exige cuando se lo demanda?

Desde diferentes voces se escucha decir que la Argentina no tiene “plan económico”. El Ministro de economía local, Martín Guzmán, señala que el plan es el “Presupuesto”. En este 2022 se prorrogó el del 2021 ante el rechazo parlamentario al presentado oportunamente. ¿Hablan de lo mismo unos y otros? No necesariamente.

El “presupuesto” sugiere un “plan de gestión” para un periodo, o varios si fuera plurianual, pero no supone en sí mismo una orientación del rumbo productivo y el tipo de relaciones sociales a promover, lo que implica definiciones sobre el modelo de desarrollo y su impacto socio-ambiental.

Tampoco resulta evidente la demanda opositora, más asentada en precisiones sobre el “clima de negocios” y por ende en las posibilidades de rentabilidad de potenciales inversiones, es decir, centradas en un enfoque de ganancias y acumulación de capitales.

Por nuestra parte, insistiremos en que aun cuando no sea explícito, siempre existe un “plan”. Ello supone describir que se espera del orden económico y social, de manera explícita o implícita, es decir, de las relaciones socio-económicas, caso del capital y el trabajo; o de la sociedad con el Estado; o del Estado con otros Estados del sistema mundial.

Solo a modo de ejemplo, desde 1975/6, con matices según sea la gestión presidencial, entre dictadura y turnos constitucionales, o entre estos, lo que viene ocurriendo se puede caracterizar como una ofensiva del capital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad. De nuevo, no es lo mismo cada gestión, existen matices importantes, pero tomado el periodo de punta a punta (1975-6/2021-2), lo que observamos es:

a) un deterioro en la relación capital trabajo a favor de los primeros, que se mide en caída de los ingresos populares, desempleo y subempleo, precariedad laboral y una orientación restrictiva al proceso de sindicalización (incluye complicidades de la burocracia sindical y política);

b) una reforma estatal favorable a los objetivos del sector privado de la economía, con desregulaciones varias y nuevas funciones estatales para el sostenimiento de la lógica del capital, subsidios empresarios mediante;

c) pero también una facilitación de la inserción subordinada del país en el sistema de la transnacionalización del capital, con el resultado de una mayor extranjerización de la estructura económica del país.

Esto último potenciado por las privatizaciones de las empresas públicas, la circulación internacional de capitales, mediados por un ciclo deliberado de endeudamiento público y privado (durante la dictadura, los noventa y recientemente entre 2015-19) y fuga de capitales; junto a una exacerbación de una producción primaria para la exportación, incluso de sectores industrializados.

El impacto en el consumo se evidencia con la referencia estructural al empobrecimiento de una parte importante de la población (más del 40%), especialmente jóvenes y niñas/os (más del 60%).

¿Hay plan en la Argentina?

Hace tiempo que prevalece la lógica de “mercado”, la que se impuso en el clivaje 1975/76, más allá de los intentos por morigerar sus impactos, especialmente a la salida de la dictadura y en la pos-crisis del 2001.

Los aspectos estructurales de las reaccionarias reformas de las relaciones capitalistas definen en esencia, el plan económico de la Argentina, con los límites que se hacen evidentes en los últimos años, en materia de crecimiento y resolución de problemas de fondo, como la inflación, la pobreza, el empleo, desempleo y precarización, la distribución del ingreso y la desigualdad, entre otros.

Se sostiene el problema del crecimiento, que en sí mismo no alcanza para discutir un “plan”. El tema es ¿qué tipo de crecimiento es el que requiere el país en este tiempo?

Responder ese interrogante supone debatir qué objetivos deben resolverse y en qué tiempo, por ende, con qué proyectos y programas concretos. ¿Es posible resolver el tema de la pobreza y del empleo, o de los ingresos suficientes para el conjunto de la población?

La respuesta estará en el modelo productivo y de desarrollo que se defina, lo que demanda orientar productivamente los componentes de la riqueza social: la tierra y el trabajo.

No se trata de “inversores privados o públicos”, sino de una acumulación originaria desde la propiedad social de los medios de producción, especialmente de la tierra.

Queda claro que no alcanza solo con “tierra”, que hace falta también asignación de recursos financieros y asistencia técnico profesional junto a radicación territorial de la población hoy marginalizada de la producción y circulación de bienes y servicios.

En ese marco resulta imprescindible definir el modelo energético, pensado en resolver necesidades socioeconómicas del plan que definimos, más que en exportaciones para obtener divisas destinadas a cancelar deuda.

Para todo ello se requiere una definición respecto del equilibrio fiscal, restringiendo gastos, entre ellos, los destinados a cancelar una deuda odiosa, ilegitima o ilegal; tanto como a mejor los ingresos fiscales con una reforma progresiva de los impuestos. No se trata del debate actual con el FMI, si equilibrio fiscal en 2027 como imagina el gobierno o antes como reclama el FMI. Las cuentas fiscales deben asociarse al plan necesario para resolver los urgentes problemas sociales identificados.

Se trata de crecer, sí, pero para resolver demandas sociales, de empleo e ingresos populares, con una producción que atiende las necesidades del mercado interno y que interactúe con el mundo, no para acercar inversores ávidos de ganancias y acumulación, sino para fomentar relaciones internacionales de beneficio mutuo.

El crecimiento supone mayor consumo y no cualquier consumo o de una minoría, si no de la mayoría de la sociedad; pero también aumento de las inversiones, las que definan un camino autónomo y de integración no subordinada; del mismo modo que unas relaciones comerciales, financieras y económicas en donde prevalezcan las relaciones solidarias entre los pueblos, a contramano de la lógica mercantil del orden capitalista.

Solo en ese marco puede instalarse una política de fondo contra la inflación, que expresa las contradicciones sociales por la apropiación de la riqueza socialmente generada.

Los límites estructurales de la economía argentina son los que explican la inflación acelerada, más allá de las tendencias globales en donde vuelve el fenómeno del encarecimiento de precios. Si en el mundo es la crisis global la que lo explica, en el país, se puede encontrar explicación en la no resolución de los problemas de fondo del orden económico, social y político.

Lo sostenido no es utópico. Si requiere de consensos mayoritarios en la sociedad. Ese es el sentido de este escrito, disputar ideas sobre la posibilidad de resolver problemas que vienen de arrastre en la Argentina actual, y pensar el presente y el futuro más allá y en contra de la lógica capitalista.

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